Belice y la Mala Fe

Belice y la Mala Fe

Por: Marco Vinicio Mejía

El 27 de abril de 2012, Guatemala y Belice acordaron que las Consultas Populares se celebrarían, simultáneamente, el 6 de octubre de 2013. Guatemala renunció a celebrar su referéndum al conocer que Belice modificó su legislación electoral, para que la consulta popular se ganara con más del 60 por ciento de aprobación y no con el 51 por ciento como en Guatemala. Belice contravino el Principio de Buena Fe contemplado en la Convención de Viena de 1969, sobre Derecho de los Tratados.


La mala fe ha prevalecido durante el prolongado reclamo de Guatemala sobre Belice. En 1826, Gran Bretaña y México suscribieron un «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación», en que acordaron asuntos de límites sin tomar en cuenta a Guatemala. Ambos países salieron beneficiados y el territorio guatemalteco empezó a ser mutilado. El control británico sobre Belice abarcaba hasta el río Sibún, o sea, la mitad del actual Belice.


En 1842, Guatemala enfrentó la invasión mexicana del Soconusco. Gran Bretaña aprovechó el conflicto para expandir su invasión de Belice y amplió los límites que no estaban demarcados en las concesiones de 1783 y 1786 para la explotación del palo de tinte. El Congreso de Guatemala emitió el Decreto número 49, en 1850, que reivindicó sus derechos territoriales, reconoció las concesiones a favor de Gran Bretaña en el siglo XVIII y que llegaban hasta el río Sibún.

En 1859, Guatemala y el Reino Unido suscribieron el Tratado Aycinena-Wyke, con el compromiso británico de construir una carretera que uniera Guatemala con la ciudad beliceña de Punta Gorda. El camino nunca fue construido. En la Convención de 1864, Gran Bretaña se comprometió a pagar 50 mil libras esterlinas en sustitución de la ruta, pero el pago nunca se efectuó.

El 17 de agosto de 1937, los británicos se comprometieron a pagar 50 mil libras esterlinas a Guatemala en compensación y, otra vez, contravinieron su compromiso. El 7 de septiembre de 1991, Gran Bretaña ofreció aportar 22.5 millones de libras esterlinas (36.4 millones de dólares de entonces), luego del reconocimiento inconstitucional del «derecho del pueblo beliceño a la autodeterminación». Ese reconocimiento debió ser sometido a Consulta Popular. En octubre de 1997, Gran Bretaña prometió pagar 15 millones de libras esterlinas (24 millones de dólares), sujeto al arreglo del diferendo con Belice.

El 8 de diciembre de 2008 se suscribió el «Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia». El 25 de mayo de 2015 se firmó el «Protocolo» con el cual cambiaron las disposiciones del Acuerdo Especial de que las consultas populares se efectuaran de manera simultánea; dejó a la discrecionalidad de ambos países para fijar la fecha de convocatoria a referéndum. Tampoco estableció qué sucederá si las consultas no son aprobadas por los pueblos de Guatemala y Belice. El anterior Canciller, Carlos Raúl Morales Moscoso, tiene conocimiento de estas lagunas jurídicas y no debió suscribir el Protocolo, pues su esposa Lizette Marie Matus Castro y sus hijos Camilo Andrés y Emiliano Esteban, son beliceños. Tenía conflicto de intereses y, por lo mismo, actuó contra los intereses de nuestro país.

Belice consolidó la usurpación de territorio que Guatemala reclama como propio; no le conviene que la disputa se dirima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y no hay medio para obligar al pueblo beliceño para que acuda a consulta popular. Guatemala ha demostrado su buena fe al convocar a Consulta Popular en 2018, pero se ha incumplido con promover «esfuerzos de opinión pública activa» en Guatemala y Belice, para que ciudadanos y ciudadanas estén «completamente informados» sobre lo que reclama Guatemala; se desconoce la historia de la disputa, las razones por las cuales se somete la resolución del diferendo a una sentencia de la CIJ y cuáles son los resultados que espera obtener Guatemala.

Lo más conveniente para Guatemala es suspender la Consulta Popular, denunciar el citado Protocolo y reiniciar las negociaciones con Belice. El nuevo fin sería que haya precisión en esos acuerdos internacionales, en el sentido de que es condición suficiente la realización de una de las consultas populares en uno de los países en pugna, con el previo cumplimiento de que se han garantizado «esfuerzos de opinión pública activa», para que el reclamo de Guatemala sea presentado y dirimido en la Corte Internacional de Justicia.