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El 17 de julio, AmCham presentó el panorama económico del país para el cierre de este año, con la participación de Sergio Recinos, presidente del Banguat; Acisclo Valladares, ministro de Economía;  Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria;  Paulo de León, Fundador de CABI; Ben Sywulka, experto en innovación y Nicholas Virzi, presidente del Comité Promoción de Inversión de AmCham.

 “Queremos presentar las oportunidades de inversión en Guatemala para el segundo semestre del año 2018, considerando los indicadores económicos principales, el impacto del impulso a nuevas políticas y actividades por parte de nuestro principal socio comercial Estados Unidos”, expresó Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala.

Para el panorama concreto sobre la situación del país, es importante considerar que factores como la falta de certeza jurídica, el estado deplorable de las carreteras y los bajos niveles de ejecución del gasto público, inciden sobre el clima de negocios desacelerando la economía local.

“Para AmCham es fundamental que los empresarios del país y nuestros socios conozcan los retos y oportunidades que Guatemala tiene ante el mundo, ya que pueden ayudar a generar empleos y estrategias que se puedan implementar para atraer inversión extranjera al país”, concluyó Carrasco.

Los pactos colectivos son uno de los mecanismos que otorgan prebendas fuera de lo común a los empleados públicos. Junto a estos, algunos funcionarios emplean recursos legales que les permiten gozar de comodidades extraordinarias, costeadas con fondos estatales. Abogados y analistas exponen su opinión sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Los pactos colectivos surgieron como un instrumento para definir condiciones dignas de trabajo. Entre las prebendas que negociaban los trabajadores de las empresas privadas en las primeras décadas y a mediados del siglo XX, estaban la guardería en el lugar de trabajo, servicios médicos, dentista, bolsas de útiles escolares a principios de año e incluso la obligatoriedad patronal de compartir un convivio navideño y hacer un regalo a los hijos de los trabajadores.

En Guatemala, el sindicalismo estatal ha desplazado a las organizaciones sindicales de empresas privadas y las supera significativamente en número de afiliados, pero sobre todo, en el tema de los pactos colectivos. Los sindicalistas estatales no se limitan a demandar atención médica o guardería en la empresa, sino han llevado la figura del pacto colectivo a un nivel que lo convierte en una onerosa carga para el Estado.

Existen varios sindicatos en cada ministerio o dependencia estatal. El Ministerio de Educación tiene 50 organizaciones sindicales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), cuyo pacto cuesta al Estado más de Q2 mil millones, tiene 23 sindicatos.

Prebendas que afectan el presupuesto estatal

Entre otras prebendas, los beneficiarios de los pactos suelen sumar más salarios al año que los 14 establecidos en el Código de Trabajo (contando aguinaldo y Bono 14). Además de esas bonificaciones especiales, que pueden llegar a 16 salarios anuales, algunos, como los del MSPAS, reciben un bono de unos Q700  “para el pescado de Semana Santa” y otro similar para Navidad.

Sumado a todas las gratificaciones monetarias, los pactos mencionados incrementan el número de asuetos y descansos que disfrutan los trabajadores afiliados, cuyos dirigentes tienen mucho más prebendas que ellos. Por ejemplo, uno de los sindicatos del Congreso de la República tiene derecho a contratar un asesor con un salario de Q10 mil, además de vehículos, oficinas con computadoras, líneas telefónicas del Congreso, teléfonos celulares y varios días del año en que se les exime de acudir a sus labores para dedicarse a su trabajo sindical.

Los períodos de vacaciones de los empleados que son beneficiados con los pactos, se incrementan cada año y en algunos casos, pueden llegar a 50 días de vacaciones con goce de sueldo.

El abogado y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Luis Linares, expresa que los pactos colectivos pueden ser usados para favorecer a altos funcionarios, lo que constituye un abuso del ejercicio del cargo, cuando la negociación también resulta en beneficio de estos altos funcionarios.

“Es una práctica contraria a la ética y se respaldan en que ellos también son trabajadores. En un estudio de Asies sobre el tema, proponíamos una ley que prohíba a los jerarcas beneficiarse de los convenios colectivos. Entre otros, pueden citarse los casos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dice Linares.

Sobre los pactos colectivos, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, afirma que muchas de las prebendas de estos convenios son injustificadas y no contraponen obligaciones a derechos, son planteadas solo como derechos”.

También hay prebendas para los altos mandos

Recientemente se conoció que la ex Fiscal Thelma Aldana firmó un acuerdo que les permite, a ella y a la ex secretaria del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, el uso de vehículos, gasolina y agentes de seguridad del Estado por tiempo indefinido.

Lo anterior, pese a que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia brinda ese apoyo a los ex funcionarios que lo soliciten, según su normativa. En una conferencia de prensa, la Fiscal Consuelo Porras afirmó que el acuerdo seguirá vigente y el MP no intenta derogarlo.

Sobre esto, Linares afirma: “En el caso de Thelma Aldana, es la primera fiscal que ha puesto en peligro su vida, actual y futura, por la captura de peligrosos delincuentes y narcotraficante.  Sin embargo, aunque es razonable que el Estado le otorgue protección, debió actuar con moderación en el tema de los vehículos y combustible.”

Según dice, “más que un abuso de autoridad, es un uso abusivo de los recursos estatales, que son tan escasos. Y en el caso de prebendas como designar vehículos para familiares, esposos e hijos de funcionarios, no debieran existir”:

Y agrega: “Una característica constante en las prebendas es que se llegan a presentar como un derecho adquirido, cuando en realidad son un abuso adquirido. El funcionario que llega, las mantiene porque a su vez llegará a beneficiarse cuando sea el caso, tal como en México, donde a Andrés Manuel López Obrador le tocará otorgar una pensión millonaria a su antecesor, Enrique Peña Nieto, pese a que en enero de este año, López Obrador señaló que cada ex presidente tiene 110 funcionarios y militares a su disposición y aseguró que será fácil eliminar la pensión vitalicia millonaria de los ex presidentes”.

Según Marroquín, “en el caso de la ex Fiscal no puede hablarse de prebendas sino de un sistema de seguridad que debe garantizar su vida, puesto que ella hizo su trabajo y logró sacar a varios capos de circulación”.

Una opinión crítica ante el acuerdo de Aldana

Al referirse al acuerdo que le otorga uso de vehículos, gasolina y seguridad a las dos ex funcionarias del MP, el abogado Raúl Falla, Fundación Contra el Terrorismo, señala:

“Lo más lamentable es que los fiscales no tienen ni siquiera papel para sacar fotocopias. Lo digo porque fui fiscal del MP. En cambio a la ex fiscal se le asignaron tres vehículos blindados y dos coleros resultan ofensivos para un país como Guatemala”.

Sin embargo, dice, “el caso de Aldana no es único. Rigoberta Menchú tiene asignados cinco policías, César Montes también, así como fundaciones de la “sociedad civil”, la CICIG 45; 20 en cada consulado. Juan Francisco Solórzano Foppa también goza de un vehículo estatal, solo por haber sido titular de la SAT. En un país donde existen 17 millones de personas y 20 mil agentes de policía, lo que significa que un agente se destina para resguardar a 425 personas”.

“Si estos funcionarios y ex funcionarios ya se han convertido en millonarios en el ejercicio de su gestión, ¿por qué no contratan seguridad privada,

Los funcionarios vigentes no quieren entrarle a este tema, y nos dejan desprotegidos. Quien entra a la administración pública en un puesto directivo llega a recibir sueldos que superan cualquier expectativa, lo cual es delito de enriquecimiento ilícito. Muchos abogados buscan este tipo de puestos para ganar dinero, porque litigar en la calle es muy difícil”.

Y concluye Falla: “es al titular de la Procuraduría General de la Nación a quien corresponde investigar estos abusos y ponerles freno. No es posible que un pueblo tan necesitado de carreteras, salud y educación, les pague hasta la gasolina a sus ex funcionarios”.

La construcción del Metro Riel que conectará la Central de Transferencias del Norte, en la zona 18, y la Central de Transferencias del Sur, en la zona 12 de Villa Nueva, depende de la millonaria  inversión para obtener el derecho de vía en los 20.5 kilómetros entre Guatemala y Villa Nueva.  


Este lunes las autoridades de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Finanzas, la empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y la compañía Ferrovías firmaron este lunes un convenio de cooperación  con la que se formalizará el derecho de vía del tren ligero.


Según Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas y presidente del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, las bases de licitación  y el modelo financiero están listos.  El proyecto tiene una inversión estimada de US$770 millones, es decir, unos Q5 mil 759 millones.

El Metro Riel tiene previsto transitar en la infraestructura ferroviaria existente, pero hay áreas en las que deben efectuar intervenciones porque hay espacios ocupados por familias.  Uno de los desafíos del proyecto es la  la reubicación de familias que viven en las áreas de la línea férrea.  Según Fegua se registran 268 familias que tienen su vivienda sobre o a un lado de la vía del ferrocarril.

De acuerdo a los directivos, durante el primer año de funcionamiento del tren ligero, transitarán 37 trenes. Cada tren tiene la capacidad de movilizar a 250 usuarios.

Características del Metro Riel

  • Habrá 37 trenes para trasladar a las personas.
  • La longitud de cada tren será de 40 metros.
  • Cada tren tendrá capacidad para 440 usuarios.
  • En la ruta se establecen 20 estaciones.
  • 40 minutos durará el recorrido completo.
  • La velocidad de los trenes sería de 28 kilómetros por hora.
  • Centrales de transferencias en zona 18 capitalina y zona 12 de Villa Nueva se conectarían.
  • En la ruta se construirán dos puentes multimodales para uso de tren y automóviles.
  • Se proyecta que 252 mil personas serían transportadas cada día, en 2021.
  • Metro Riel haría 80 millones de desplazamientos al año.
  • Se estima que cada usuario reduciría una hora su permanencia en el tránsito vehicular.
  • Con el proyecto se estima que se dejarían de ingresar a la capital 10 mil 500 automóviles.
  • Habrá accesibilidad universal para los usuarios.
  • Se proyecta ampliación de la ruta al norte de la zona 18.
  • El proyecto podría ampliarse hacia San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva.
  • Algunos tramos de la ruta incluirán ciclovías y senderos para caminatas.
  • En cinco ejes se divide la ruta del Metro Riel.
  • En el Centro Cívico se construirán estaciones.
  • La calzada Atanasio Tzul será importante para los ejes del sur.
  • Habrá una estación en el barrio Gerona, zona 1.
  • Se estima que la inversión sería de Q5 mil 759 millones

Anadie prevé iniciar el proceso de precalificación de inversionistas para el metro riel en septiembre próximo y según el director ejecutivo de Anadie, Roberto Sagastume, están listos para avanzar en un proceso de precalificación de inversionistas para recibir las manifestaciones de interés en enero de 2019, y en marzo avanzar hacia un proceso de licitación.  Esperan adjudicarlo en el segundo semestre de 2019 y presentar la propuesta al Congreso a finales de dicho año o inicio de 2020.

Desde el 8 de enero, el grupo ya ha integrado trece ONG de ciudades europeas y asiáticas, contribuyendo voluntariamente con causas relevantes, viviendo con poblaciones necesitadas, niños en riesgo, ayudando a refugiados y colaborando en proyectos de reconstrucción y preservación ambiental.


Los próximos destinos serán América Latina hasta fines de noviembre de 2018.


El trabajo voluntario desarrollado por el grupo en organizaciones no gubernamentales (ONG) locales de diferentes comunidades se realizó basado en modelos prácticos de quienes tienen más necesidades. Los embajadores de World Life Experience han estado aumentando valores sociales clave para apoyar causas globales relevantes involucrando gente, organizaciones no gubernamentales y entidades comerciales como miembros activos del proyecto.

António Dias, fundador de World Life Experience, busca contribuir con el desarrollo de la responsabilidad social y con la sostenibilidad en el Mundo: “Creo que las generaciones más jóvenes desean colaborar en un movimiento que tenga un impacto positivo sobre el Mundo. Hoy en día, se requiere una mayor conciencia de toda la gente y de las entidades gubernamentales y privadas por la importancia de la responsabilidad social y la sostenibilidad del Planeta. Consideré esencial compartir mi visión: que todos deberíamos cumplir un rol activo en la transformación social y ambiental que debe ocurrir, y es por eso que creé World Life Experience. Deseo facilitar la intervención social con quienes más lo necesitan, uniendo a las comunidades, preservando el ambiente y superando las barreras sociales y culturales”.

Está abierta la presentación de solicitudes para la segunda edición de World Life Experience para todos los que estén interesados en viajar a veinte destinos del mundo, para conocer diferentes sociedades y culturas, para desarrollar trabajo social en ONG, con los gastos pagos durante un año (viaje, transporte, alimentación, seguro, hospedaje), además de un sueldo mensual.

Los 11 participantes futuros viajarán a veinte destinos internacionales: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Portugal, España, Holanda, Alemania, República Checa, Grecia, Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia, Japón, Australia y Sudáfrica.

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En horas de la tarde, la Fiscal General de la República, María Consuelo Porras Argueta, recibió la visita de representantes de la Fundación Contra el Terrorismo. La Fiscal General compareció acompañada por Estuardo López, Segundo Subsecretario General; Julio César Cordón; Secretario de Política Criminal; Angel Pineda, Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación; María Eugenia Erazo Guerra.

Otros funcionarios del Ministerio Público que acudieron a la reunión fueron la Subsecretaria Privada y de Asuntos Estratégicos; Aura Teresa Colindres, Coordinadora Nacional y Stuardo Campo, Fiscal Regional Metropolitano.

Entre los miembros de la FTC que acudieron al encuentro están su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, así como los también directivos de esa fundación, los abogados Raúl Falla y José Pineda.

En un encuentro previo que la FTC, Guatemala Inmortal y Asojure sostuvieron con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Méndez Ruiz expuso que, ante todo, ellos no son grupos integrantes de la “sociedad civil”, sino de la sociedad guatemalteca, que ven con preocupación la falta de certeza jurídica y las irregularidades en muchos de los casos que se investigan y juzgan en el país, que según afirma, han motivado un significativo descenso en las inversiones.

Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, viejo enemigo de la  Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ocupará el puesto que dejó María Consuelo Porras en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Este lunes la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  eligió como magistrado suplente a Reyes, quien en 2010 fue nombrado como Fiscal General durante el gobierno de Álvaro Colom, pero la Corte de Constitucionalidad  anuló la designación por considerar que no se cumplió el debido proceso y que posiblemente existieron influencias de organizaciones ilícitas.


Además fue señalado por Carlos Castresana, el entonces Jefe  de la CICIG, de tener vínculos con el crimen organizado.


Conrado Reyes enfrentó a otros siente aspirantes al puesto de Fiscal General, y recibió los votos favorables de los magistrados  Josué Felipe Baquiax, Nery Medina, Ranulfo Rojas, Silvia Patricia Valdés Quezada, José Antonio Pineda Barales, Vitalina Orellana,  Nester Vásquez Pimentel y Sergio Pineda.

 

Un juzgado federal ordenó este lunes al Gobierno de Estados Unidos detener las deportaciones de familias reunificadas para permitir un argumento completo de la petición de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de pausar las deportaciones de los padres una semana después de las reunificaciones.

La jueza Dana Sabraw abordó el tema al principio de una audiencia sobre el estado del caso de separaciones familiares pedida por la ACLU.


Para que el Gobierno tenga tiempo de responder por escrito al requerimiento de ACLU este lunes por la mañana, el juez le dio al Departamento de Justicia una semana para responder.


Pero mientras tanto, ordenó una “suspensión” de las deportaciones hasta que ese tema pueda ser litigado.

La petición de la ACLU

La ACLU presentó una moción de emergencia este lunes por la mañana solicitando a un juez federal en San Diego, el juez Dana Sabraw, que haga una pausa temporal de las deportaciones de los padres hasta una semana después de haberse reunido con sus hijos.

Los abogados dicen que esto se debe a “los persistentes y crecientes rumores -que los demandados se negaron a negar- de que las deportaciones masivas pueden realizarse inminente e inmediatamente después de la reunificación”.

Argumentan que esta cuestión está “directamente relacionada con la decisión del Tribunal de que los padres decidan dejar a sus hijos atrás en una decisión informada y sin coacción”.

Fuente: CNN

Fuente Fotográfica: CNN

Recientemente, circuló la versión de que, según el Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Keneth Merten, no existe colusión entre Rusia y la CICIG, en el caso Bitkov.  Sin embargo, un video filmado en la audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, muestra cómo los representantes Chris Smith, vicepresidente de la Comisión Helsinki y Ed Royce, cuestionaron al  Merten, quien aceptó que no conoce los detalles del caso. La conclusión de la audiencia es que solicitarán la investigación del Inspector General del Departamento de Estado.

Perspectiva entrevistó a los abogados Rolando Alvarado y Victoria Sandoval, quienes valientemente acudieron el 27 de abril pasado a la Comisión de Helsinki a denunciar los innumerables atropellos contra sus clientes y las irregularidades del proceso, que según dicen, podrían dar lugar a que más de un personaje sea sancionado con la Ley Magnitsky, si la investigación resultante determina que hubo colusión.

Roxana Orantes Córdova

La primera impresión que se tiene al dialogar con los abogados Alvarado y Sandoval es su desconcierto ante la divulgación parcializada sobre lo sucedido en la audiencia efectuada el 11 de julio en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Ambos señalan que la cobertura y las informaciones que circularon sobre el hecho están plagadas de confusiones. Una de estas es que “según el Departamento de Estado, no existe colusión”. Al mismo tiempo, es imposible ocultar que el Inspector General del Departamento de Estado podría investigar el caso. Según explica Victoria Sandoval:

“El Departamento de Estado tiene en su estructura diferentes misiones en diferentes países. Además, programas de apoyo según la situación geopolítica o social de cada Estado, en determinadas embajadas. Lo que se está pidiendo es que a través de esta estructura se investigue el caso de los Bitkov y esta colusión entre Rusia y CICIG”.

A lo anterior, Alvarado agrega: “El funcionario cuestionado, al que sentaron a rendir cuentas, es el Subsecretario Adjunto, Keneth Merken. Es evidente en el video que no sabe qué responder”. Cuando el representante Ed Royce le pregunta sobre su posición ante la intención rusa de repatriar a Vladimir, entonces de tres años, la respuesta de Merken fue: “odio expresar esto, pero sobrepasa mi expertis”.

Prácticamente, fue evidenciado que Merken no sabía nada. En otro video, los representantes le dicen: “no queremos que le pregunte a Iván Velásquez, queremos que usted haga su propia investigación”, enfatiza Alvarado.

Sandoval, recuerda que desde la Audiencia Helsinki ha habido muchas comunicaciones entre la embajada estadounidense y el Congreso de ese país. “Lo que pasa es que hay muchos actores y varios tienen los mismos intereses ideológicos”.

Lo que se pretende con la reciente audiencia, es generar una investigación imparcial, eliminar a la embajada estadounidense y otros entes ubicados en Guatemala para que sea directamente el Inspector General del Departamento de Estado quien realice una investigación puramente objetiva, coinciden los abogados.

Alvarado agrega que es necesario romper el vínculo de afinidad ideológica o simpatía personal que pueda haber, a fin de que la investigación no esté contaminada. Lo cierto es que existe desconfianza sobre las innumerables irregularidades del caso, y los abusos contra la familia Bitkov. “Huele a colusión”; dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Muchos son los detalles que pueden evidenciar que este señalamiento de colusión no es producto de una teoría de “conspiración o de paranoia anti CICIG”. Entre otros, es real que la embajada rusa trató por varios medios de repatriar al niño Vladimir, nacido en Guatemala. Por ejemplo, intentaron presionar a Irina para que accediera a cambiar la ciudadanía del niño para llevarlo a Rusia.

Otro elemento es la cobertura que la prensa rusa daba al caso, y sobre todo, el hecho de que el abogado Alfonso Carrillo, vinculado con la CICIG desde la época de Carlos Castresana, y quien ha interpuesto recursos de amparo a favor de la CICIG, también representa legalmente al banco de Vladimir Putin GAZPROMBANK.

Henry Comte, el magistrado suplente de la CC, que ha tenido un papel relevante en otorgar amparos a la CICIG, representa al otro banco estatal ruso, VTB. “Y aunque se ha inhibido de participar en lo relacionado a los Bitkov, no puede descartarse que pueda haber influido de alguna manera”, dicen los abogados.

Cabe mencionar que ambos bancos son los instrumentos administrativos que persiguieron a los Bitkov en Rusia y los acusan de estafa y otros delitos. Según la pareja, ellos fueron clientes que tenían crédito bancario y pagaban sus obligaciones puntualmente.

Aunque el crédito tenía 15 años de plazo, uno de estos bancos estatales que ahora los acusa, les puso un término de 48 horas para cancelar y finalmente se quedó con sus empresas que actualmente, se manejan deficientemente, afirmó Irina Bitkova en una entrevista con Perspectiva.

El 11 de julio, el vicepresidente de la Comisión Helsinki, Chris Smith, pidió verbalmente la intervención del Inspector General del Departamento de Estado, y agregó que pronto lo solicitará por escrito. Es de preverse que los resultados no sean favorables para la CICIG, considerando la larga cadena de abusos e irregularidades tan notorios, que uno de los representantes calificó de ridículo el accionar de la Corte de Constitucionalidad (CC), que desligó a los Bitkov de proceso en abril, dos días antes de la audiencia en la Comisión Helsinki, para retractarse de su propio fallo semanas después, cuando aceptó el ocurso de la juez Erika Aifan que liga a Igor Bitkov nuevamente, con argumentos que para estos juristas no tienen sentido.

“Aceptan que la Convención de Palermo protege a Bitkov por usar DPI y pasaporte guatemalteco, pero no por la licencia y la tarjeta de crédito”, dijo Alvarado.

Evidentemente, ante los senadores de la Comisión Helsinki quedó evidenciado que el fallo de la CC del 25 de abril, tiene características de haber sido una medida desesperada para evitar la comparecencia ante esa comisión, que se realizó el 27 y a la que no acudió Iván Velásquez, pese a estar  citado.

Como agravante, señalan los entrevistados, Alvarado fue “notificado” del segundo fallo de la CC por un periodista, mientras a Bitkov, el principal interesado, se le hizo saber oficialmente varios días después. Es decir, la prensa tuvo acceso a un fallo de la máxima autoridad constitucional, mucho antes que el afectado y su defensor.

Y esta es apenas una “pequeña” irregularidad en la maraña llamada caso Migración y Corrupción, donde una familia de empresarios que escapaba de la implacable persecución del gobierno ruso, terminó involucrada pese a que, por ser migrantes que usaron documentación irregular, debieron ser considerados víctimas de trata y no criminales a quienes la juez Jasmín Barrios condenó a penas propias de crímenes de alto impacto.

Como corolario de los absurdos, mientras condenaba a los Bitkov a penas de 19 y 14 años en prisión, la misma juez Barrios impuso una condena de cinco años conmutables a dos mareros salvadoreños que usaban documentos obtenidos irregularmente para realizar extorsiones y salieron libres inmediatamente, con una caución económica muy cómoda para ambos delincuentes, quienes según afirma Alvarado, “seguramente en este momento están cometiendo algún crimen”.