Cinco constitucionalistas con amplia trayectoria, participaron en un foro Análisis del fallo de la CC con relación a la CICIG e Iván Velásquez y las repercusiones de las impugnaciones de la Ley Electoral en el proceso electoral. El evento fue organizado por la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) y asistieron representantes de unos 40 medios, dijo esa entidad en su cuenta de Twitter.

Roxana Orantes Córdova

Los medios deben comparar información, analizar y dar a conocer las diferentes aristas de cada situación, especialmente en un contexto donde existe una crisis y la polarización ideológica se suma a la carencia de analistas que fundamenten sus posiciones con base en el estudio y el conocimiento.

Esas fueron, aproximadamente, las palabras iniciales de Silvia Gereda, vicepresidenta de la CGP, entidad que organizó el foro donde cinco constitucionalistas de renombre expresaron diferentes elementos para el análisis de un fallo. Stuardo Ralón, Roberto Molina Barreto, José Quesada y Mario Fuentes Destarac son juristas que han hecho historia y tienen todos los argumentos para analizar el tema, aportando con ello los datos necesarios para que los comunicadores trasladen una información pertinente y balanceada.

“Es tiempo de que la ignorancia deje de ser una caja de resonancia para el tema del “pacto de corruptos”. Solicitar que la ley se aplique como fue planteada, no es corrupción”, señaló Gereda, quien enfatizó en que, ante un panorama como el actual, es preciso volver a recurrir a quienes han hecho historia en las leyes del país. “En este momento, es necesario defender el Estado de Derecho”, agregó.

La moderadora del foro fue Marta Altolaguirre, ex presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), y presidente de la Escuela de Gobierno. Además, Altolaguirre fue vicecanciller, columnista de El Periódico y presidió la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos.

Los participantes fueron: Stuardo Ralón, constitucionalista con posgrados en universidades de España y Chile, quien ha sido asesor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y de la Cámara del Agro; José Quesada, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Roberto Molina Barreto, quien presidió la CC en dos ocasiones y Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y constitucionalista.

Ralón expuso un análisis técnico del fallo y para ello, se fundamentó en las reglas: la CC no es un poder absoluto. Sus límites están expresados en el artículo 268 de la Constitución Política de la República. Los límites de un juez constitucional no deben caerse y sus interpretaciones siempre deben estar en armonía con la Constitución, afirmó.

“La CC no puede crear derecho constitucional”, señaló Ralón y comentó que la resolución relacionada con la CICIG y la permanencia de Velásquez tiene tres momentos: en primer lugar, un amparo provisional unánime. En segundo, una decisión dividida y el voto disidente de Dina Ochoa”.

Según explicó, un amparo provisional es un mecanismo que protege una resolución. Entre los aspectos técnicos de la resolución, señaló que claramente, se estableció que cualquier controversia entre el Estado y la CICIG debe resolverse a través de la negociación entre las partes, como establece el acuerdo que dio vida a la comisión.

“Es el Presidente de la República el responsable directo de la política exterior. Existen parámetros según los cuales es el único encargado y con potestad para agotar la negociación con la ONU”, señaló Ralón.

Molina Barreto agregó que el gran responsable de la crisis es Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, por “sus abusos e irrespeto de nuestra soberanía”. El ex presidente de la CC enfatizó en que el titular de la ONU ni siquiera respondió al mandatario, lo que constituye un agravio y una falta de respeto.

Asimismo, responsabilizó a la CC por usurpar funciones propias de un mandatario. Según dijo, a un tribunal constitucional no le compete definir las relaciones entre el Estado de Guatemala y un organismo internacional. Esta función es únicamente del mandatario y en cualquier caso, el tema puede dirimirse ante un tribunal internacional pero jamás en una corte local como es la CC.

Ralón agregó que Guatemala y la ONU deben agotar el diálogo, tal como establecen los convenios internacionales. Los arreglos pueden permitir que retorne Iván Velásquez o nombrar un nuevo comisionado. Esto fue lo que el primer fallo indicaba.

Por otra parte, los juristas indicaron que el abogado Alfonso Carrillo demandó que la CC fallara a sus recursos de amparo según su exigencia, lo cual es totalmente improcedente, enfatizó Molina Barreto, quien explica que el solicitante puede interponer un amparo, pero es la CC la encargada de fallar según sus criterios jurídicos.

Quesada recordó que según la Constitución, el mandatario tiene discrecionalidad para declarar non grato a cualquier diplomático, como sería el caso de Velásquez. El año pasado se argumentó que faltaba una firma y este detalle impidió que se realizara la declaración, pero la ley faculta a los mandatarios para declarar a cualquier diplomático non grato, “con o sin razón”.

Quesada también mencionó que la CC no consideró los acuerdos que rigen los convenios internacionales, especialmente los convenios de Viena, que no pueden interpretarse en cortes nacionales. La CC no tiene jurisdicción para resolver.

Existe otro fallo pendiente en la CC y es la resolución de un recurso interpuesto por la CGP en relación con cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que según las reformas, podría sancionar a los medios de comunicación. Esta normativa incluso prohíbe las encuestas en la etapa final de las elecciones. Según Fuentes Destarac, es preciso que la CC resuelva esto, porque de lo contrario, el proceso electoral corre el riesgo de realizarse sin libertad de expresión.

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