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El peligro que representa la travesía a Estados Unidos no desalienta a los migrantes. En lo que va de 2018, 83,490 fueron aprehendidos, de los cuales 10,853 son menores no acompañados. El impacto económico de las remesas que envían quienes logran establecerse, es uno de los factores que mantienen la migración ilegal.

Redacción

El 17 de septiembre  pasado, Guadalupe Robelo Álvarez, enfermera y madre de familia guatemalteca, decidió emprender la aventura de adentrarse sin papeles a Estados Unidos.

Cuando el grupo de migrantes llegó a Mc Allen, Texas, y después de hablar con sus familiares por teléfono, “Lupita” afirmó que no se sentiía bien. Aparentemente fue abandonada por el grupo y desde ese momento no se volvieron a tener noticias de ella. Sus hijos adolescentes siguen rezando para que aparezca con vida.

Este caso, documentado por informativos y en organizaciones que apoyan a los migrantes, es uno de tantos que la mayor parte de veces tiene un final trágico. Aproximadamente 500 mil migrantes, la mayoría procedente del Triángulo Norte de Centroamérica atraviesa la frontera sur de México cada año.

232  de ellos murió en el trayecto, entre enero y septiembre de 2017. En el mismo período del año anterior, la cifra fue de 204, señala el centro de datos sobre inmigrantes de la OIM.

En lo que va del 2018, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos 52,825 individuos provenientes del Triángulo Norte. Durante 2017, la cifra fue de 186,007 personas,de los cuales poco más de 40 mil eran menores no acompañados. Ese año fueron aprehendidos 300 mil migrantes. Entre enero y la fecha, han sido aprehendidos 83,490 migrantes centroamericanos en EE.UU.

Importancia económica de las remesas

Quienes logran llegar y establecerse, inmediatamente comienzan a enviar remesas familiares a sus países de origen. Según afirma el doctor Manuel Orozco, director del Programa Migración Remesas y Desarrollo, se estima que en 2017 ingresaron US$ 75,052 millones provenientes de remesas a 16 países latinoamericanos.

En Guatemala,la cifra fue de US$ 8,192 millones y corresponde a un 10% del PIB nacional, como se observa en la gráfica.

Migraciones y remesas: causas y características

Orozco menciona que el promedio de los envíos que realizan los guatemaltecos es de Q3, 900 mensual. La mayoría de familias que reciben remesas subsiste o mejora su calidad de vida con ese monto.

El promedio de envíos anuales oscila entre 13 y 15. Los incrementos detectados están relacionados con el temor a la deportación, afirma el especialista, quien señala que a partir de los incrementos en las deportaciones, han crecido los montos y la periodicidad de los envíos.

Las migraciones son un fenómeno social que se aborda desde diferentes enfoques, dice Andrés Navas, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

Según la interpretación neoclásica, la migración es consecuencia de una decisión individual. Sin embargo, dice Navas, actualmente se analizan desde la perspectiva de las redes familiares. Es la familia la que decide que el padre o hijo viajen en busca de oportunidades y posteriormente, quienes se establecen mandan por los demás, comenta el analista.

Los motivos son diversos, pero es un hecho que los países que carecen de servicios públicos adecuados están entre los que más migrantes reportan. Asimismo, inciden situaciones como la violencia, crisis política y otras, mencionaron.

Enero concluyó con una buena noticia: la tasa de homicidios es la más baja de los últimos años. Sin embargo, Guatemala sigue entre los diez países más violentos del mundo. Entrevistamos a cuatro expertos en seguridad para conocer sus visiones sobre el tema.

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Es un hecho que ha disminuido la cifra de homicidios en el país. Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), asegura que el índice de criminalidad mejoró en 2017 y sigue mejorando. Según dice: “los homicidios son el termómetro. Muchos se cometen en el contexto de otros delitos, como robo o extorsión”.

El año pasado cerró con una tasa de 26.1 homicidios. En 2016, la cifra era de 27.3. Lo anterior significa que por cada 100 mil habitantes, se cometieron 26.1 homicidios, y si bien ha habido años como 2008, cuando la tasa fue de 46, la cifra sigue siendo alta, considerando que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un país que supera la tasa de 10 por ciento sufre una epidemia homicida, asegura Menchú.

La Policía Nacional Civil (PNC), tiene como meta reducir 500 homicidios cada año. En enero recién pasado, la PNC reporta 361 casos, la cifra más baja de los últimos diez años, que en promedio, superaban los 400 homicidios mensuales desde 2008.

Edy Morales es un sociólogo con doctorado en criminología, ha sido director del Sistema Penitenciario dos veces y actualmente, es catedrático universitario en criminología. Según dice: “Los avances en seguridad están orientados al combate directo contra las estructuras criminales de narcotráfico y las maras. Sin embargo las perspectivas son inciertas, debido a la crisis de credibilidad del sistema político y de justicia, por la corrupción imperante que debilita la institucionalidad”.

Mario Bosos, con estudios de doctorado en Seguridad Estratégica, fue jefe de la fuerza de tarea antiextorsiones y afirma que se han logrado avances sustantivos: disminución de acciones violentas, incautaciones de armas ligeras y disminución del sicariato, “producto de hallazgos inevitables del método especial de intercepción telefónica”.

“Se está ampliando y ganando terreno en la seguridad ciudadana debido al acercamiento policial a la comunidad. Eso también se llama prevención”, dice Bosos, quien participa en una iniciativa San Antonio las Flores, donde los vecinos están construyendo una estación policial, apoyados por la alcaldía de Chinautla y una hidroeléctrica que opera en el lugar.

Finalmente, este académico que inició su carrera como agente de la PNC afirma: “Se siguen ampliando promociones y agentes del curso y especialización en diferentes campos y se suman las adquisiciones de logística y parque vehicular”.

Principales problemas

Según Menchú, entre los factores que impactan en el desempeño de la PNC está la coyuntura política. Por ejemplo, el año pasado se utilizaron agentes para resguardar el Congreso de la República y esto los desvía de su principal función, que es trabajar por la seguridad ciudadana.

Entretanto, Morales afirma: “La seguridad pública está debilitada por lo que se requiere un trabajo conjunto de inteligencia e investigación criminal aparte de los operativos policiales. Es evidente la debilidad sistémica de la institución.

En cuanto a los problemas graves está el fenómeno de la violencia diaria La extorsión se ha convertido un grave flagelo que afecta la economía en general, especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa, que incluso dentro de su presupuesto disponen de un renglón para el pago de extorsiones. Algunos se trasladan de zona o cierran sus negocios”.

Menchú señala que junto con el descenso en los homicidios se ha incrementado el número de denuncias por extorsiones. Al respecto, Morales dice: “Son una industria criminal lucrativa que afecta la economía las empresas y el patrimonio produciendo pérdida de confianza en las autoridades y obligando a que la población haga justicia por mano propia. Tenemos un Estado débil. Un sistema penitenciario obsoleto y con 300 por ciento de población reclusa. Muchas extorsiones provienen de las cárceles”.

Una visión crítica

Marco Vinicio Mejía Dávila es Doctor en Filosofía y en Derecho. Es el creador e impulsor del Doctorado en Seguridad Estratégica que funciona en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su visión cuestiona el abordaje que el Estado le da a la seguridad.

Según afirma, para analizar los avances, es preciso considerar si existe un enfoque tradicional o multidimensional. El primero enfatiza en la seguridad personal y la reacción, con una prevención limitada, que se reduce a una función viceministerial.

“El aporte de educación, cultura y deportes para organizar a la ciudadanía en programas de prevención es mínimo”, dice Mejía, quien agrega que la prevención tiene como propósito, lograr el control social de la violencia sin imposiciones, para “aprender a pensar, esforzarse por el bien común, entretener y reforzar valores que los hogares no refuerzan para que se practiquen en sociedad”

Mejía menciona que entre los problemas de fondo que deben abordarse, están la gran cantidad de embarazos adolescentes. Según afirma, problemas sociales como la niñez no deseada y el incremento de las migraciones provocan que muchos adolescentes integren pandillas buscando hogares sustitutos.

Sumado a esto, “Guatemala padece de hipertrofia urbana. Para el logro de resultados nacionales, se requiere resolver las distintas congestiones en la capital, como se evidencia en lugares como la zona 18, por ejemplo, con dimensiones de un municipio, y en las otras zonas más densamente pobladas, como la 7,11 y 12”.

Según dice, la PNC tiene muchas deficiencias. “Debido a que no se da la refundación de la PNC, es crucial pensar en un ente intermedio, que podría denominarse Guardia Nacional, para que no haya un divorcio entre el Ejército y la PNC debido a que no debe “militarizarse” la seguridad pública. Esta Guardia Nacional sería un híbrido, en que haya una verdadera profesionalización, formación, disciplina y adecuada remuneración de los trabajadores de la seguridad estatal, que absorbería a la Guardia Penitenciaria”, propone.

Entre los avances menciona: “Existen controles eficientes en la Dirección General de Empresas Privadas de Seguridad, con controles eficientes, situación que no se dio en gobiernos anteriores. Esto implica una limitación significativa del control de armas, municiones y explosivos, ya que la mayoría de homicidios se cometen con armas de fuego”.

“Jimmy Morales incumplió sus promesas de campaña. Es necesario crear un Ministerio de Seguridad, descentralizar la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario, además de trasladar la Tipografía Nacional y el Diario de Centro América. Migración y el Sistema Penitenciario se transformarían en entes descentralizados y debiera investigarse si es conveniente que se privaticen”, concluye.

A partir de la captura de Arístides Crespo se desencadenaron nuevas acciones del Ministerio Público (MP), que alcanzaron a empresas exportadoras y al diputado Felipe Alejos. La polarización resultante de estas acciones tiene su campo de batalla en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde la ciudadanía reproduce los argumentos de las cúpulas que expresan posiciones encontradas.

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Las acciones del MP fueron el preludio del incremento en la polarización de las opiniones ciudadanas en las redes. Los señalamientos llegan al insulto y la amenaza entre dos grupos que se señalan como #Pacto de corruptos vrs. #Pacto de terroristas.

Las reacciones de quienes opinan muestran que un sector de la ciudadanía (por pequeño que sea), se mantiene en una postura de confrontación latente que abunda en improperios ante opiniones divergentes de las suyas.

Esta confrontación a través de las redes se manifiesta al mismo tiempo que las comisiones de postulación para elegir al Fiscal General iniciaran sus reuniones y poco antes de que la Corte de Constitucionalidad (CC), decida sobre el amparo solicitado por el MP para retirar el antejuicio al presidente Jimmy Morales.

A esto se suman las acciones del MP-Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra empresas exportadoras a las que se sindica en el caso llamado Traficantes de Influencias, que implica al primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos.

Reacciones ante el accionar del MP

Sobre la captura de Arístides Crespo, la diputada Sandra Morán, de Convergencia,  comenta: “Ya se lo esperaba él y nosotros también, desde el momento en que le fue retirado el antejuicio y estaba en investigación. Crespo había indicado que no se iba. Su captura era cuestión de tiempo”.

Según afirma Morán, “se están clarificando formas de operar que instalaron los partidos desde el año 85. El clientelismo, buscar el triunfo electoral como única finalidad del ejercicio político que convirtió al Estado en un botín”.  En relación con el caso Traficantes de Influencias, menciona: “También se devela cómo los empresarios han usado mecanismos que vinculan a partidos políticos y corrupción estatal para obtener contratos millonarios”.

Para el secretario general del partido Semilla, Samuel Pérez, “La captura de Arístides Crespo es un golpe más a los actores y partidos tradicionales por parte de los esfuerzos de CICIG, y MP. Es particularmente icónico porque Crespo es un auténtico cacique en Escuintla, muestra que no hay multipartidismo en Guatemala sino una sola bancada de impunidad que no distingue marcas partidarias pero tiene clara su agenda: la corrupción y la impunidad”

Morán concluye que la captura de Crespo es una pieza que se quita. “Quitando piezas se debilita el mecanismo. Falta mucho para construir un Estado transparente, porque durante tantos años la corrupción se normalizó”.

“Se degrada la institucionalidad”

El Dr. Nicholas Virzi, analista independiente, afirma que la ley permite solicitar la devolución del crédito fiscal.  “La SAT tiene la obligación de devolver el dinero a los empresarios en un plazo de 60 días, pero desde hace años no lo hace en ese intervalo de tiempo.  En el caso de los exportadores, a la fecha la SAT mantiene más de Q3 mil millones sin devolver a toda la industria exportadora. Es este hecho que se debe de considerar como la verdadera infamia”, señala.

Para Virzi, la raíz del escándalo son “los mismos incentivos perversos y mala conducta de parte de las autoridades de gobierno desde hace años, no es algo reciente. Por licencias, por dejar salir un producto de aduanas o por devolverle a una empresa honesta su propio dinero, el chantaje viene desde el gobierno.

Los ingenios no estaban fabricando crédito fiscal, cómo lo hacen algunos corruptos.  El dinero devuelto les correspondía y era el gobierno que no se los daba en el tiempo que la ley manda”.

A su vez, el ingenio Magdalena emitió un comunicado en el cual señala que desde 2012, la SAT mantiene la represa de crédito fiscal por Q3 mil millones. Esto los obligó a contratar una empresa para agilizar el trámite de la devolución, indica el comunicado.

La excesiva discrecionalidad y los incentivos perversos son parte de este problema, comenta Virzi, quien añade que el caso es similar “a la infamia que pasó con algunos empresarios constructores honestos que fueron víctimas de la corrupción estatal, que amenazaba con quebrarlos si no pagaban a funcionarios públicos para que no les bloquearan la devolución o pago de su propio dinero”.

Asimismo, comenta que existe un abuso extremo de discrecionalidad cuando no se dan medidas sustitutivas en estos casos. “No había necesidad de capturar a un empresario honorable cuando se le podía haber simplemente citado para que llegue a tribunales cuando corresponde, sobre todo cuando el raíz del problema es la corrupción e ineficiencia en el Estado.  Con esta conducta, el sistema de justicia no construye institucionalidad ni legitimidad, la degrada, en detrimento de la sociedad proba, honesta y transparente que se quiere construir”, concluye.

La guerrita tuitera. Intercambio de insultos anacrónicos

La expectativa para que se termine la inmunidad (y el mandato) de Morales se mantiene entre quienes promueven un levantamiento pacífico de la ciudadanía bajo la bandera de la lucha anticorrupción, similar al del 2015.

Una de las “tuiteras” más activas, Brenda Hernández, quien en 2015 realizó una huelga de hambre para exigir la renuncia de Otto Pérez, publicó en su cuenta el siguiente mensaje: “¿Y si nos autoconvocamos el sábado 3 a las 3, para empezar a sacar a esta rata de una vez?”

Otro de los mensajes de la red que cabe mencionar, es el del doctor Edgar Balsells Conde, encargado del área económica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC). Balsells escribió: “El azucarero más grande y el palmero más grande. Te fuiste a home, Thelma Valiente. La historia te recordará”.

Esto, por el lado de quienes avalan al MP-CICIG y plantean la necesidad de reformular el Estado. En cuanto a quienes se oponen a las acciones de esta instancia, un “tuitero” identificado como Insumiso Insurrecto recibió el siguiente mensaje, de parte de @salazar: “Usted tranquilo porque la mano blanca lo puede alcanzar”.

“Vendepatrias, guerrilleros, vividores y periodistas faferos” son algunos de los insultos de este grupo, que responde a las acusaciones de “netcenteros, fascistas, retrógrados y defensores de la corrupción” que emiten los admiradores del MP-CICIG.

Todo este intercambio de insultos floridos podría ser un detalle folclórico que aporte color a la coyuntura, si no fuera porque las confrontaciones más serias suelen iniciar con palabras.

Las nubes que empañan al MP

En medio del mar de desahogos emocionales que externan los “tuiteros” que critican al MP-CICIG, se encuentran argumentos y datos que las autoridades debieran investigar. Entre estos, están los señalamientos al MP por la compra de un edificio de Q35 millones que podría ser irregular y estar sobrevaluado, así como por lo menos dos hechos que señalan a la Secretaria del MP, Mayra Véliz, de varias acciones irregulares, incluyendo coaccionar a una de sus subalternas para que emprendiera persecución legal contra juristas.

El caso de Véliz no ha prosperado y aunque Aldana aseguró que se investigarían las denuncias en su contra, los medios de comunicación no han vuelto a mencionar el tema.

Las reiteradas amenazas contra la integridad de la Fiscal General tampoco han sido resueltas. En 2016 se conoció por primera vez que Aldana estaba amenazada y ella declaró que drones sobrevolaban su vivienda. El tema se diluyó pronto entre otras noticias de la coyuntura. Igualmente sucedió en 2017, cuando los medios informaron que seis sicarios habrían sido contratados para asesinarla.

Finalmente, a mediados de enero de este año, se restringió el ingreso al MP para evitar acciones contra los operadores de esa entidad, dijo la Fiscal a los medios. Ninguna de esas amenazas ha sido esclarecida ni los responsables capturados.

Las amenazas han coincidido con la develación de diferentes casos investigados. Todos ellos, con nombres sugestivos: Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, Agua Mágica, Cooperacha, Lavado y Política y Traficantes de Influencias, entre otros.

Los nombres de estos casos y la captura de varios de los implicados, así como sus largos períodos de prisión preventiva (la mayoría permanecen en la cárcel sin condena), han dado lugar al fuerte descontento de un sector de la sociedad que cada vez se opone con más fuerza a las acciones del MP-CICIG.

Finalmente, la falta de presunción de inocencia explícita en el lenguaje de la funcionaria y de muchos medios informativos es otro elemento que motiva el descontento de los críticos al MP-CICIG. El uso de términos como “redes, mafias, organizaciones criminales y otros similares, viola la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo acusado”, afirman estas voces.

Finalmente, están el sesgo  y el uso de la expresión “justicia selectiva”, que las expresiones de la propia Aldana parecieran avalar. Por ejemplo, cuando declaró a la prensa: “Darle una explicación a los netcenters sobre las compras del MP me parece inadecuado, pero la población sí merece explicaciones”, dijo sobre el tema del edificio, cuando aseguró que el proceso estaba en Guatecompras desde 2016.

Al usar el término netcenters, la funcionaria pareciera alinearse a los que, a su vez, la avalan y acusan de “netcenter” a todo aquel que ose cuestionar al MP, sin que se haya probado la existencia de los net center. Y finalmente, sobre el señalamiento de “justicia selectiva”, la siguiente afirmación de la fiscal es bastante evidente, cuando habló sobre los señalamientos contra Mayra Véliz: “Hay denuncias que presentó la Fundación contra el Terrorismo y a esas denuncias no les he dado seguimiento, tengo casos más importantes que atender”.

El 15 de abril los guatemaltecos irán a las urnas para votar en la Consulta Popular donde se decidirá si Guatemala está a favor de que el diferendo territorial con Belice se lleve a la Corte Internacional de Justicia. Si en la consulta beliceña gana el No, el tema no irá a la instancia internacional. Y en caso de que se llegue, es probable que la Corte falle a favor de Belice.

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Hace diez años, Guatemala y Belice firmaron un acuerdo especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, tal como Guatemala solicitaba desde 1994. A finales de 2017, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), convocó a la consulta que tendrá un costo de Q 300 millones.

Aproximadamente siete millones de votantes guatemaltecos deberán responder en las urnas si están de acuerdo con que sea la Corte Internacional de Justicia la que conozca y resuelva para siempre el diferendo territorial, insular y marítimo entre ambos países.

Si las consultas de ambos países tienen resultados afirmativos, el diferendo será resuelto por la instancia internacional, tal como fue acordado en 2008. La Consulta Popular no será realizada en la misma fecha, cada país decidirá cuándo hacerla.

Una de las limitantes para el éxito del evento es la falta de información sobre el tema. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a Perspectiva que tienen la obligación de realizar una campaña divulgativa, pero debido a que están funcionando con el presupuesto vigente el año anterior, tienen muchas limitantes. Por ello, iniciaron a informar a través de redes sociales y consideran solicitar al Congreso una ampliación del presupuesto.

Llevar el diferendo ante la Corte Internacional de Justicia fue una demanda sostenida por Guatemala desde 1994 y según afirma el diplomático e internacionalista Gustavo Adolfo Orellana Portillo en un texto que analiza el tema: “La sentencia dará certeza jurídica a ambos países sobre los territorios que les corresponden y, en consecuencia, determinará las fronteras entre ambos estados en beneficio de sus poblaciones”.

Argumentos favorables al SÍ

En una columna de opinión, el director de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), Juan Carlos Zapata, expresó que Guatemala siempre ha mostrado una actitud propositiva para resolver el diferendo, pese a la oposición de Gran Bretaña e incluso de Belice. “Siempre es más fácil dejar las cosas como están, aún y cuando con ello sigamos heredando un problema latente de falta de cooperación entre ambos países, de un conflicto que data desde finales del siglo diecinueve”.

Entre las ventajas de resolver el diferendo de manera favorable para Guatemala, Zapata expone: “Guatemala tendría la oportunidad de recuperar 12 mil 272 kilómetros cuadrados de territorio continental y un sin número de islas, mejorando su proyección hacia el mar y daría cumplimiento al Artículo 19  de la Constitución Política de la República, que faculta al Ejecutivo resolver la situación de los derechos del país respecto a Belice”.

El autor citado argumenta que, es más fácil que en Guatemala gane el SÍ, “porque tenemos más que ganar”. Sin embargo, agrega, “muchos críticos del proceso opinan que es más fácil no hacer nada, porque en Belice seguramente ganará el NO”.

Un documento informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores responde con los siguientes términos a la pregunta ¿En qué beneficia a los guatemaltecos resolver el diferendo con Belice?: 1. Resolver los derechos de Guatemala respecto a Belice; 2. Evitar la muerte de más campesinos guatemaltecos en la zona de adyacencia; 3. Luego de que la Corte Internacional de Justicia defina los derechos de Guatemala, se fijará una frontera entre ambos países; 4. Mayor desarrollo económico en los departamentos de Petén e Izabal; 5. Incremento en las relaciones comerciales; 6. Incremento en las inversiones; 7. Mejor aprovechamiento del turismo entre ambos países; 8. Mejor coordinación en materia de seguridad; 9. Una mejor relación entre las poblaciones de ambos países.

¿Qué ganan los beliceños?

La disputa por el territorio se extiende a una época en la cual las fronteras eran algo difuso puesto que la región centroamericana todavía no había cobrado forma. Piratas madereros ingleses incursionaban constantemente en la región mesoamericana para aserrar diferentes clases de árboles.

La Convención anglo guatemalteca de 1859 fue un acuerdo de cesión territorial a cambio de una compensación económica que jamás fue cumplida. Este es el argumento que desde hace décadas, sustenta el reclamo de Guatemala sobre el territorio beliceño que se encuentra en disputa y abarca, aproximadamente, la mitad de Belice.

La zona del diferendo abarca 12 mil 272 kilómetros cuadrados y tres distritos beliceños: Toledo, Stan Creek y Cayo. Los habitantes de esos poblados no se identifican como guatemaltecos sino como beliceños, la mayoría no hablan español y es un hecho que esta mayoría de personas no tiene ningún interés en cambiar su identidad debido a una decisión jurídica.

Probablemente este sea el argumento de mayor peso para que en Belice resulte ganador el NO, de manera que aunque en Guatemala ganara el SÍ, el tema podría no ir a la instancia internacional y el diferendo permanecer vigente por varios años más. Esto, incluso si se decidiera repetir las consultas hasta que resulte triunfador el SÍ en ambos países, como declaró un ex funcionario el año pasado.

Las perspectivas económicas para 2018 no son muy prometedoras, opinan tres conocedores del tema. Sin embargo, aspectos como el contexto internacional favorable y la reactivación de la actividad en la mina San Rafael podrían ser elementos positivos.

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En las proyecciones económicas que el Banco de Guatemala (Banguat) realizó para este año, se afirma que el crecimiento económico “se mantendría estable, ubicándose en 3.6% en 2017 y 3.4% en 2018, apoyado por el dinamismo del consumo privado, debido en alguna medida, al aumento de las remesas familiares, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero también por las mejores expectativas respecto al desempeño de la actividad económica estadounidense, su principal socio comercial. No obstante, permanecen los riesgos relativos al alcance que tendrían las reformas migratorias en ese país”.

Claudia García, responsable del área de estudios económicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), afirma que el crecimiento al cierre del año fue del 2.8% y las estimaciones estaban entre 3% y 3.8%. Por este antecedente, es temprano para vislumbrar lo que pueda suceder en el año que inicia, aunque coincide con el Banguat en cuanto a que la recuperación económica estadounidense podría abrir expectativas favorables.

Edgar Ortiz, investigador del Centro de Estudios Económico Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), señala: “2018 será un año de bajo crecimiento económico. Redondeando las proyecciones que hacen Banco de Guatemala, FMI y otras entidades, se estima que Guatemala crecerá un 3% el año próximo. Una tasa que está dentro del promedio de crecimiento de los últimos 10 años pero que no es suficiente para sacar a millones de guatemaltecos de la pobreza”.

La economía nacional es sumamente dependiente de las remesas que representan casi el 11% del PIB. El Índice de Actividad Económica ha venido a la baja en los últimos meses y el ritmo de crecimiento del crédito al sector productivo viene en caída desde 2016. Si entre 2012 y 2015 el crédito bancario crecía a cifras de dos dígitos, hoy apenas crece a una tasa del 5%, dice Ortiz.

En cuanto a la economía sectorial, el Banguat indica: “Se estima que la actividad de explotación de minas y canteras (con una participación de 0.6% en el PIB y una contribución al crecimiento de 0.04 puntos porcentuales) crezca 3.6%, ante a la recuperación en la extracción de minerales metálicos de reiniciar operaciones la Minera San Rafael, así como al incremento en la demanda de piedra, arena y arcilla, por parte de la actividad de construcción”.

Al respecto, García menciona: “El cierre de la minera San Rafael el año pasado incidió en disminución de actividad económica en la zona, su reactivación puede incidir en los empleos directos e indirectos que se generan alrededor de la actividad minera”. Y concluye que para favorecer al crecimiento económico, el país podría apostar a variables como la construcción, el turismo, el agro y las remesas.

Juan Carlos Paiz, uno de los directivos de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), señala: “Creo que en 2018 la economía seguirá creciendo únicamente por consumo, o sea por el aumento de las remesas de EEUU que seguirá empujando el tipo de cambio a la baja. Esto presionará fuertemente a que las exportaciones no suban, aunque seguirá creciendo la industria que produce para el consumo. Es decir, se agravará el problema de la enfermedad holandesa por dólares”.

Infraestructura, en el abandono

Durante el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2017, el mandatario Jimmy Morales se mostró optimista en relación al tema de la infraestructura, vital para el desarrollo del país. Morales aseguró que el estado cuenta con los fondos para la reparación y mantenimiento de la red vial.

Poco después se conoció que el Presupuesto General de la Nación vigente en 2017 permanecería durante el año en curso, debido a que en el Congreso de la República ni siquiera se discutió esta ley que tiene especial relevancia para el país. Esto dejará muchos rubros proyectados sin fondos para ejecutarse y de estos, la infraestructura será uno de ellos.

Según García: “El proyecto de PGN que no se aprobó contemplaba el mantenimiento de algunos tramos carreteros que no se atienden hace varios años. Aunque no era el total de la red vial lo que se contemplaba, la no aprobación del PGN influirá en que esto se readecúe y probablemente no se atienda este sector, lo que también incidirá en la actividad económica”.

En relación a la infraestructura, Ortiz considera que el contexto internacional es favorable para Guatemala, pues Estados Unidos y otros socios comerciales importantes experimentarán una actividad económica positiva. Sin embargo, “mientras la infraestructura continúe en el estado calamitoso en que se encuentra hoy será difícil para nuestro país aprovechar las ventajas de ese contexto económico”.

El mismo presupuesto, un factor negativo

Que el Congreso no aprobara el presupuesto proyectado para este año es un elemento que afectará a varios rubros, señaló desde mediados de diciembre ASIES.

En primer lugar, lo proyectado con base en el supuesto de más fondos para el Estado no se podrá realizar. La ejecución siempre ha sido una debilidad del gobierno, que destina la mayor parte de sus fondos a funcionamiento (sueldos de los empleados públicos), pero con menos dinero, esto se agravará.

Según el Banguat, cabe esperar una situación similar a la de 2014: “el último año fiscal para el que no se aprobó el presupuesto fue en 2014 y, para darle viabilidad a la ejecución presupuestaria, el Organismo Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas solicitó al Congreso de la República dos ampliaciones presupuestarias y la sustitución de varias fuentes de financiamiento”.

El déficit fiscal también se incrementaría, dice el banco central, que considera un monto alrededor de “Q10,443.2 millones, equivalente a 1.8% del PIB, porcentaje superior a la estimación de cierre para 2017 (1.0% del PIB). En lo que respecta al financiamiento del déficit, al igual que en 2017, la principal fuente de financiamiento sería la colocación de bonos del tesoro, la cual, tomando en cuenta las condiciones financieras relativamente favorables a nivel mundial, el Ministerio de Finanzas Públicas podría realizarla en el mercado internacional”.

La temible enfermedad holandesa

La “enfermedad holandesa por dólares” mencionada por Paiz es un término económico que comenzó a utilizarse en los años sesenta, cuando en Holanda se descubrieron grandes yacimientos de gas natural que provocaron un aumento en las exportaciones, y por ende una entrada inesperada de divisas, con la consecuente reducción en la moneda holandesa de aquellos años.

La vida inicia con la concepción, dicen las integrantes de la organización Sí a la vida, quienes mensualmente apoyan a cerca de 40 mujeres con embarazos en crisis, (incluyendo casos de violación). El apoyo psicológico, médico, legal y económico que esas mujeres reciben les permite convertirse en madres quienes poco tiempo después, manifiestan que tener a sus hijos fue la mejor decisión que pudieron tomar.

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El miedo es el primer sentimiento que una joven o mujer de cualquier edad suele tener ante un embarazo no planificado, cuenta Andrea, quien hace diez años terminó sus estudios universitarios y viajó fuera del país para estudiar un posgrado.

“Al terminar la maestría, había conseguido un contrato de trabajo en un país de mayoría musulmana. Entretanto, mi novio italiano me invitó a pasar las vacaciones recorriendo varios lugares de Europa y fue entonces cuando resulté embarazada. Lo primero que sentí es que mi carrera iba a ser truncada”, recuerda.

El embarazo le haría perder el contrato laboral. “Además, no estaba casada y en esa cultura no se acepta la maternidad en soltería. Los primeros días no le conté a nadie, ni siquiera al padre de mi hijo. En algún momento pensé en no tener a ese bebé. Varios países europeos tienen legalizado el aborto, pero siempre tuve conciencia de que la vida empieza en la concepción. No me sentía capaz de encargarme de otra persona, quería desarrollarme como profesional y sentía que ese embarazo me estaba truncando la vida”.

Andrea atravesó todas las dudas y temores que sienten las mujeres al enterarse de un embarazo inesperado. Sin embargo, sus convicciones y principios fueron más fuertes que los temores y se decidió a hablar con su novio, quien reaccionó con mucha alegría. “Ese apoyo inicial me tranquilizó, aunque luego el decidió no ser parte de la vida de mi hijo. Nos separamos y sé que es mejor estar sola que mal acompañada. También sé que al tener a mi hijo, tomé la mejor de las decisiones. Esto lo supe desde que pude escuchar su corazón latiendo en los exámenes y cuando vi su imagen en los ultrasonidos”.

Aunque su vida cambió radicalmente, no truncó su carrera profesional, como temía al inicio del embarazo. Cambió de profesión, pero su carrera ya no es tan importante como lo creía. Actualmente, Andrea disfruta de su trabajo y de su hijo. “Nadie puede decir que tiene en sus manos la vida de un hijo por nacer. En mi caso, tomé decisiones y aprendí a responsabilizarme por las consecuencias de esas decisiones”, concluye.

La importancia del apoyo

Sí a la vida es una organización no lucrativa que apoya a mujeres en diferentes situaciones pero con un problema común: embarazos en crisis. Muchas son madres de familia que habían pensado no procrear más hijos. Otras, como Andrea, son jóvenes profesionales que comienzan sus carreras y lo que menos quieren es embarazarse. Y también acuden en busca de apoyo mujeres y adolescentes que fueron violadas.

Teresa Hurtarte es la encargada de la asistencia en línea de esa organización, que cada semana atiende por lo menos 25 casos en su página http://sialavidaguatemala.org/ o en el facebook de la organización “Se logran concretar entre 10 y 15 citas y alrededor del 90 % de las atendidas deciden tener a su bebé”, cuenta Hurtarte.

El apoyo que Sí a la vida ofrece a las mujeres es integral. “Lo primero que hacemos es conocer la situación que están atravesando, la complejidad de cada historia”, dice. Dependiendo de esto, pueden recibir atención psicológica o médica. Según narra, algunas mujeres llegan después de haber intentado un aborto.

Estos casos son remitidos a médicos que forman parte de esta red de apoyo y analizan la condición del nonato. Muchas reciben atención médica durante todo el embarazo, se les apoya en la asistencia del parto y si lo necesitan, también con ropa y otros implementos para el bebé.

Los embarazos críticos más dramáticos son los que resultan de una violación. “Algunas de las que llegan han sido abusadas por familiares. Lo primero que se hace es separarlas del agresor y llevarlas al Ministerio Público a que pongan la denuncia. Esto es fundamental. Si el abusador es un desconocido, es vital que las autoridades lo localicen y capturen. Cuando se trata de alguien de su círculo, para que no vuelvan a tener contacto con el violador se les lleva a un hogar de acogida, donde en ocasiones hay hasta 10 futuras mamás”, dice Hurtarte.

Algunas de las mujeres que fueron víctimas de violación deciden dar a sus hijos en adopción. Para ello, Sí a la vida tiene contacto con el Consejo Nacional de Adopciones, que se encarga de los niños candidatos a la adopción. Pero la gran mayoría de estas mujeres, independientemente de la edad o condición que tengan, deciden conservar a sus pequeños y muchas de ellas, envían las fotos de sus hijos a la página de la organización, con cartas de agradecimiento por el apoyo que recibieron para tomar la mejor de todas las decisiones: aceptar y asumir la maternidad que llegó a ellas de manera inesperada.

Al finalizar el año, varias tareas le quedaron pendientes al Estado. Para empezar, en 2018 deberá operar con el presupuesto anterior, lo cual puede abrir las puertas a la opacidad. Además de esto, varios eventos programados para el nuevo año podrían convertirse en verdaderos frentes de batalla que plantearán duras pruebas al gobierno de Jimmy Morales.

Equipo editorial Perspectiva

Manejar el presupuesto del año anterior puede abrir las puertas a la opacidad, señalan analistas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Por otra parte, la situación económica de Estados Unidos podría afectar la de Guatemala, indica el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Funcionar con el presupuesto del año anterior siempre será complicado para un gobierno que ya había realizado proyecciones con incrementos en varios rubros. Ciertamente, estas proyecciones casi siempre están basadas en “cuentas alegres”, como las estimaciones de crecimiento económico y recaudación tributaria, que jamás han llegado a cumplirse. Este año terminó con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.8%, inferior a la previsión que se había realizado, mientras sigue creciendo la brecha fiscal.

Eduardo Olmedo, de ASIES, indicó que no se cumplió la meta de recaudación fiscal propuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Según dijo, tenemos la recaudación más baja de Centroamérica y la segunda más baja de Latinoamérica.  Al mismo tiempo, no existe certeza para las inversiones y Standard & Pools redujo la calificación de riesgo por país a Guatemala, concluyó.

Por su parte, el CIEN señaló que para el año entrante se espera que el mundo crezca un 3.7%, Centroamérica un 3.5% y Guatemala suba del 3.0% al 4.0%, según estimaciones del Banco de Guatemala (Banguat), basadas en el desempeño positivo que se espera “de las remesas, las exportaciones y el crédito”. Las dos primeras dependen de Estados Unidos, donde las políticas monetarias y migratorias generan incertidumbre en cuanto al impacto que puedan tener sobre Guatemala, señaló el CIEN.

Según ASIES, no se aprobaron normativas económicas importantes para el país, como la ley de competencia, una ley para fomentar el emprendimiento y leyes que incentiven la inversión y el acceso a capital productivo. “El país requiere políticas estructurales que estimulen la inversión privada y fortalezcan la pública, que ha disminuido en 2017”.

La mayor debilidad: el presupuesto de la nación

El año entrante podría iniciar con protestas y paros magisteriales, debido a que el Estado tendrá que funcionar con el mismo presupuesto de 2017 y esto reducirá las finanzas del Ministerio de Educación.  Uno de los aspectos que pueden resultar afectados es el de la alimentación escolar.

Este año se aprobó una ley que regula el tema, aunque difícilmente podrá implementarse debido a que el rubro no estaba incluido en el proyecto de presupuesto 2017, que será el vigente en 2018.

Para poder funcionar, el gobierno deberá utilizar transferencias de fondos entre un rubro y otro, limitando programas existentes. Esto puede abrir las puertas para la opacidad y la discrecionalidad, afirmaron los analistas de ASIES.

Sumándose a esto, varios eventos que pueden convertirse en verdaderos frentes de batalla le plantearán duras pruebas al gobierno de Jimmy Morales.  Lorena Escobar, de ASIES, explica que la existencia de reglas claras permite atender los problemas de forma rápida y eficiente. Un Estado de Derecho necesita de un sistema jurídico fortalecido.

Para 2018, la ciudadanía debe estar atenta a los procesos de nombramiento en el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN). La idoneidad y capacidades de los funcionarios nombrados podrían determinar los temas de corrupción y transparencia en el país.

Es importante que se transparente todo el proceso, desde la integración de las comisiones postuladoras hasta el nombramiento, afirmó Escobar, quien recuerda que las tres autoridades son designadas por el presidente de la República.

Problemas endémicos en el país
En el ámbito de la seguridad ciudadana, el CIEN presentó el Índice de Avance de la Seguridad, que muestra la tendencia mensual de diferentes delitos hasta octubre de este año, usando como año base 2012.

En se documento se informa que en los primeros diez meses del año se reportaron 94 homicidios menos que en el mismo período del año anterior. Según ASIES, el 67% de las víctimas de homicidio son hombres entre los 18 y 25 años.

 En cuanto a las extorsiones, el CIEN señaló que en octubre se reportaron 893 denuncias por extorsión, lo que significa un incremento significativo respecto a los meses anteriores, que reportaron entre 600 y 700.

ASIES informó que en el país existen 15 mil pandilleros, con base en datos de la Dirección de Inteligencia Civil. “Es indispensable analizar las causas y circunstancias que conducen a la niñez, adolescencia y juventud a integrarse a estos grupos y, como consecuencia, actuar en forma violenta”, dice esa asociación.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos indica que cada año, 200 mil jóvenes buscan empleo. De estos, solamente el 10 por ciento lo encuentra, lo que deja a miles sin un trabajo digno. La baja cobertura educativa hace que más de un millón de jóvenes del nivel medio y diversificado no asisten a estudiar, lo cual los deja vulnerables a involucrarse en la delincuencia o migrar al extranjero, señaló ASIES.

Retos y oportunidades de Morales

El gobierno de Jimmy Morales llegará a su tercer año en un clima de desencanto ciudadano, especialmente debido a las altas expectativas que generó el movimiento civil de 2015. Varios eventos minaron la imagen del mandatario en el año que concluye: el escándalo que involucró a su hijo y hermano; el crimen contra las niñas recluidas en el Hogar Seguro; declaraciones polémicas que el binomio presidencial realiza constantemente y finalmente, el declarar non grato al comisionado Ivan Velásquez con un procedimiento errado que impidió la defenestración del funcionario internacional.

De septiembre a diciembre han corrido las aguas y Morales se ha reposicionado como un presidente que, pese a todo, hace esfuerzos por sacar adelante la tarea de gobernar un país con situación crítica. Una de las debilidades más grandes que enfrenta el mandatario es la bancada oficialista débil, constituida en su mayoría por tránsfugas de otros partidos que además tienen diferentes señalamientos.

La bancada del Frente de Convergencia Nacional (FCN), es como un carro tirado por varios caballos, pero cada uno de ellos tira hacia un sitio diferente. Al mismo tiempo, el partido que llevó a Morales a la presidencia podría ser disuelto si no logra reorganizarse en el interior, donde su presencia no cumple los requisitos establecidos por la ley.

Entre las tareas pendientes que le esperan al Estado encabezado por Morales en 2018 se encuentran la organización de la consulta popular sobre Belice, la aprobación de varias leyes y el inicio de las obras de infraestructura a las que se comprometió ante el sector empresarial organizado en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), recién pasado.

No debe pasarse por alto que 2018 es un año preelectoral, lo que significa que la mayor parte de legisladores iniciará a preparar sus campañas de reelección. Esto seguramente quitará atención a la agenda legislativa y puede incidir en que muchas leyes se queden estancadas, incluyendo las que provienen de propuestas realizadas por la sociedad civil, lo que podría implicar nuevos motivos de descontento que terminen en otras protestas ciudadanas.

Pese a todos los frentes que se le pueden abrir a Morales el año entrante, la evidente modificación en las relaciones entre el mandatario y la embajada estadounidense puede ser uno de los puntales para su administración en los meses que vienen.

El 1 de diciembre, el embajador Luis Arreaga dio su espaldarazo a Morales, con declaraciones en las cuales dejó claro que Morales apoya la lucha contra la corrupción, incluyendo el aval al MP. Según Arreaga, existe buena cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y el MP en el tema de la lucha anticorrupción, que “no es solo un tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.

Durante las primeras semanas de enero, Perspectiva publicará una serie de artículos donde se presentarán los diferentes escenarios para el 2018 en los temas de economía, política, educación y salud e infraestructura.

El Organismo Legislativo recibe un elevado presupuesto de funcionamiento. Si bien cada año deja una parte sin ejecutar y ha logrado tener ahorros considerables, los gastos superfluos de los que hace gala se evidencian en sus informes financieros. Según Andrés Ayau, estos gastos muestran el subdesarrollo del país.

Equipo editorial Perspectiva

Quienes trabajan en el Congreso de la República, desde los diputados hasta los conserjes y los profesionales contratados temporalmente, pueden presumir de un estatus laboral único en el país.

Esta situación se sostiene con el presupuesto que recibe el Organismo Legislativo. Para 2017, recibió Q 913, 398,000.00. Restando las asignaciones que corresponden a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y a la Corte Centroamericana de Justicia, el Congreso dispuso de Q 762,398,000.00, de los cuales Q 600,000,000.00 provienen de la administración central y el resto son ingresos propios, correspondientes a intereses obtenidos del sistema bancario y saldos de ejercicios fiscales anteriores.

El 67% del presupuesto del Congreso, que asciende a Q 602, 000,000.00, se destina al rubro “Servicios personales” que designa el pago de salarios de los 158 diputados, más el personal permanente contratado en el renglón 011, los asesores y asistentes que laboran en el renglón 022 y otros trabajadores no permanentes, indica uno de los dos informes cuatrimestrales que se encuentran en la página del Congreso de la República.

Un trabajador contratado en el renglón 011 o personal permanente, tiene un sueldo base y varios complementos que incluyen el complemento por antigüedad, el complemento al salario, cuotas por horas extras o “servicios extraordinarios” y las bonificaciones de ley, como el Aguinaldo, Bono 14 y vacaciones.

Los salarios base para los empleados permanentes del Congreso van de Q5 mil un operativo hasta Q28 mil que gana un director, señala el manual de puestos. Entre estos dos extremos, los sueldos base pueden ser de Q14 mil o Q12 mil. A este monto se suman todos los bonos ya citados.

El informe llamado Ejecución de egresos del legislativo, que va de enero a agosto de este año, señala que en este período, se erogaron Q66,712,052.31 en salarios de personal permanente. En el siguiente cuadro se aprecian los montos por complementos y bonos al personal permanente, además de los salarios ya citados:

Concepto Monto (en quetzales)
Complemento a personal permanente 127,290,968.97
Complemento por antigüedad 3,064.227.65
Complemento específico 9,865.015
Complemento por calidad profesional Q96.77
Complemento por servicios extraordinarios 2,491,005.62
Aguinaldo 514,048.05
Bono 14 24,715, 561.91
Bono vacacional 21,195.03

Fuente: Informe de Ejecución de Egresos, Congreso de la República, pág. web

Cabe señalar que la mayor parte de los complementos fueron establecidos como consecuencia del pacto colectivo de condiciones de trabajo y trascienden los complementos y bonificaciones de ley: servicios extraordinarios (horas extras), Bono 14 y Aguinaldo, que gozan todos los trabajadores permanentes en el país.

Al consultársele sobre la ejecución presupuestaria del Congreso, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), aseguró que ese organismo se caracteriza por una ejecución aceptable, en cuanto a que logra terminar el ejercicio fiscal con un fondo que regresa a sus arcas.

Sobre el tema de los gastos superfluos en el legislativo, Montenegro señaló que muchos de esos gastos están relacionados con el desempeño de cada bloque legislativo y calificó como lamentable que se realicen erogaciones innecesarias.

Gastos que muestran el subdesarrollo

El Congreso de la República es visitado constantemente por diferentes grupos estudiantiles. Desde pequeños de primaria hasta universitarios acuden al legislativo para conocer el funcionamiento de uno de los tres poderes.

Y el Congreso los agasaja con refacciones probablemente sencillas, pero que a fin de año significan cifras nada despreciables.  Una de las empresas que presta este servicio al legislativo, Banquetes de Guatemala S.A., facturó entre enero y agosto Q 340,241, mientras el restaurante El Adobe, que provee almuerzos a los legisladores, sumó Q 41,925 y una empresa de hamburguesas vendió al legislativo Q 33, 564. En total, indica el informe de enero a agosto, los gastos bajo el rubro “alimentos para personas” sumaron Q 2, 023.799.43.

Las discusiones con grupos civiles de un proyecto de ley y casi cualquier presentación de temáticas vinculadas con el legislativo también son pretextos para que se realicen eventos en diferentes hoteles o salones para eventos, donde se sirven abundantes comidas.

El café en diferentes presentaciones es otro de los productos que el Congreso consume con frecuencia. En sus informes de gastos se menciona la compra de café para máquinas de capuchino de diferentes sabores por Q 27,386, mientras el café instantáneo se compró por Q 18,125, ambos en períodos de uno o dos meses.

Las cuentas por uso de telefonía celular pueden llegar hasta los Q 156, 717, consta en uno de los informes citados. Tanto los legisladores como varios de los empleados, gozan del servicio de celular pagado. El cable televisivo es otro de los gastos cotidianos en el Congreso, que suele cancelar más de 10 mil mensuales por ese servicio. Internet para móviles, Tablet y computadoras fijas es otro de los rubros que el Congreso cancela puntualmente, así como las suscripciones a varios diarios impresos.

El informe analizado para este artículo indica textualmente: “Asignación anual vigente de Q 6, 545,000.00 se utiliza para el pago de seguros de vida y gastos médicos de los señores diputados, seguros de vehículos, y seguro de bienes muebles, durante el primer cuatrimestre se devengó la cantidad de: Q 5, 633,880.00, para el pago de seguro de los señores diputados y anexos correspondientes al Ejercicio fiscal 2017”.

Es obvio que un organismo estatal debe mantener múltiples gastos de funcionamiento y que estos pueden ser altos. Por ejemplo, los gastos protocolarios de eventos especiales, el funcionamiento de oficinas y el mantenimiento de los inmuebles oficiales. Sin embargo, no cabe duda de que muchos de los gastos mencionados son personales y muy bien pudieran ser costeados por sus beneficiarios, quienes como ya se mencionó, perciben sueldos que equivalen al 67% de los 762, 398,000.00 que recibe el Congreso del erario nacional.

En un contexto como el de Guatemala, estos gastos muchas veces pueden calificarse como bizarros. Por ejemplo, la compra de un celular de última generación para uso de una secretaria o arreglos florales que llegan a los Q 2,500 para un evento.

El secretario general del Partido Liberal de Guatemala (PLG), Andrés Ayau García, afirma que estos gastos evidencian la condición de subdesarrollo de nuestro país. “Es evidente que tanto los diputados como los trabajadores del Congreso deben tener ingresos dignos, así como algún tipo de regalía o prebenda derivado de su actividad. Sin embargo no es aceptable que se mantengan gastos en ese nivel”.

La propuesta de Ayau, desde su organización política, incluye la reducción de diputados a 88 y el voto nominal. La reducción en el número de diputados, así como en el personal del Congreso implicaría también reducir el número de inmuebles que actualmente alquila el Congreso, los cuales representan uno de los rubros más elevados en sus gastos. Y sumado a esto, un control ciudadano sobre el tema, podrían reducir estas erogaciones innecesarias en un país donde lo que menos hay es bonanza económica.