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Señalado días antes de elija al nuevo jefe del Ministerio Público (MP), Jimmy Morales atraviesa una coyuntura complicada. Quienes lo apoyan aseguran que se trata de una jugada poco ortodoxa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en tanto los partidarios del binomio Velásquez-Aldana, aplauden la posibilidad de que Morales sea despojado del derecho al antejuicio.

Por: Roxana Orantes Córdova

roxana@perspectiva.com.gt

Si en algo coinciden quienes reaccionaron ante los señalamientos de financiamiento electoral ilícito contra el mandatario, es que vivimos tiempos difíciles y estamos a las puertas de que la situación se torne más complicada.

El destape se produce luego de que ciertos diputados evidenciaran su prisa para modificar el artículo 407 literal M, que tipifica el delito, a fin de suavizar la sanción y tornarla más indulgente, menciona el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), Christians Castillo.

El abogado Raúl Falla, directivo de la Fundación contra el Terrorismo, señala que la coyuntura previa a la designación del nuevo Fiscal General pone en evidencia que todo el caso es una presión o chantaje contra el mandatario. “Es parte del estilo de marero guatemalteco que adopta el non grato”, comenta.

Falla agrega: “Estos son tiempos dolorosos y una lección para la institucionalidad. Si el Presidente no designa al fiscal elegido por el MP-CICIG, y no hay duda que ese elegido es Miguel Ángel Gálvez, podrían pedir que se le retire el antejuicio. Exigimos que el mandatario pueda ejercer su derecho a escoger un fiscal según su propio criterio, de manera tranquila, sin presiones. El Presidente debe saber que sus votantes lo apoyamos”.

Un día después de que los empresarios aparecieran disculpándose por el financiamiento electoral ilícito, el Presidente pronunció un discurso que es percibido como de confrontación y reto.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, comenta: “La reacción del Presidente a las declaraciones de los empresarios que fueron sus financistas es muy fuerte. Se esperan días aciagos y amargos para Guatemala. Esperamos que prive la institucionalidad”.

Para Montenegro, es positivo que los empresarios hayan sido quienes, voluntariamente, se presentaron a las autoridades para reconocer y presentar las pruebas de que dieron fondos de manera irregular a la campaña de Morales.

“La responsabilidad recae en el secretario general del FCN, aunque él esté lanzando el mensaje de que está recibiendo presiones para obligarlo a hacer cosas que no quiere”, señala la diputada.

Entre las posiciones expresadas, también hay optimismo. El presidente de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Juan Carlos Paiz, comenta: “Veo el fortalecimiento del Estado de derecho y la aceptación de los actores privados en la democracia de Guatemala que todos queremos vivir. Me da mucha esperanza y esto fortalece las instituciones de justicia”.

Y el doctor Nicholas Virzi Arroyave, analista independiente, afirma: “Me parece correcto que se les dé a los empresarios la oportunidad de explicar y enmendar la situación. Desde que se modificó la ley electoral, relativamente recientemente, el financiamiento secreto es ilícito. Tampoco cometieron un pecado mortal”.

Una historia de opacidad y compadrazgos

Según Raúl Falla, “es un nuevo show que se monta para establecer que el presidente electo cometió un delito, a fin de defenestrarlo y romper el orden constitucional. Lo que intentan es un golpe técnico y esto resulta evidente cuando se recuerda que la propia CICIG señaló el vínculo entre el narcotraficante Chamalé y Gloria Torres, alta dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)”.

Ciertamente, el FCN no reportó el financiamiento anónimo al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Pero no es posible señalar a Morales, quien en ese entonces era el candidato presidencial y difícilmente se hubiera ocupado de esos temas administrativos. Los partidos tienen un departamento contable, que es sobre el que pesa la responsabilidad de no haber reportado esas donaciones”, añade Falla.

El tema del financiamiento electoral es uno de los males endémicos en la política nacional y también es uno de los vicios de los que no se habla, aunque sea un secreto a voces que durante décadas, los financistas obtienen sitios de privilegio en los listados nacionales para lanzar candidaturas a diputaciones de sus familiares o allegados, así como obtener contratos muy rentables con el Estado.

El diputado Ovidio Monzón, de Todos, afirma: “Desde mi personal punto de vista no debería haber financiamiento privado. El Estado debe asumir ese compromiso y los afiliados y dirigentes asumir su responsabilidad de mantener a sus partidos. Es ridículo y es una muestra de que no hay trato igual, se sigue demostrando que hay guatemaltecos de primera y segunda categoría”.

Para Virzi, “financiar campañas políticas es perfectamente válido. Lo importante es que se actúe con transparencia de aquí a futuro. Es válido que se sepa quiénes están financiando campañas electorales. Para el buen funcionamiento de un sistema electoral, el financiamiento privado es fundamental. Si se vuelve público, se vuelve político. Y se incentiva el peor tipo de corrupción en el aparato estatal, de parte de quienes se quieren perpetuar en el poder”.

Y agrega: “Yo iría más lejos que solamente el financiamiento electoral. También es válido que se sepa quién está financiando las organizaciones sociales y las manifestaciones en el país, y la agenda detrás de eso. Y es válido conocer quiénes financian los medios y la relación de reporteros y comentaristas mediáticos con diferentes organizaciones políticamente activas y/o relevantes”.

Samuel Pérez, secretario general del movimiento Semilla, considera que el caso refleja el contexto político y la cultura democrática sustentada en la opacidad y la corrupción. “Es importante mencionar que, si bien es cierto, la ciudadanía elige a los gobernantes por medio del voto, son los financistas quienes eligen qué partidos llegan a la papeleta y, la norma en Guatemala, es que los financistas han sido ilícitos. Este contexto tiene que ser un llamado urgente a que los financistas transparentes asuman su rol y den un paso al frente para financiar proyectos políticos que busquen la renovación de la oferta política y el fortalecimiento de las instituciones públicas”.

El ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom, Carlos Menocal, dice: “Lo que está ocurriendo es resultado, en primera instancia, de la articulación del financiamiento electoral por estructuras económicas sólidas que han operado de esa forma durante décadas. Aunque todo el mundo se rasgue las vestiduras, no solo es el caso de Jimmy Morales. Durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), realizamos críticas para que hubiera transparencia en ese tema, que es resultado de la estructuración del sistema político, del cual también es producto la Fiscal General Thelma Aldana, quien llegó al puesto apadrinada por Otto Pérez Molina y luego de vínculos poco transparentes con sectores que siempre incidieron en las comisiones de postulación”.

Telón de fondo: nombramiento del Fiscal General

Entre las consecuencias del escándalo reciente, está el desgaste institucional para el mandatario, quien es visto como poco transparente, pero también para la CICIG-MP, puesto que, a las puertas de que Morales designe al nuevo Fiscal General, el hecho adquiere elementos que lo hacen ver como una maniobra.

Un dato relevante es que por lo menos dos de los empresarios señalados son accionistas en universidades privadas, cuyos decanos de Derecho integran la comisión postuladora, indicó una fuente que no desea ser citada.

Sin embargo, Samuel Pérez opina que no existe riesgo de que el mandatario escoja un Fiscal no idóneo puesto que: “El presidente recibe una lista muy depurada, por lo que, aparentemente, no tendrá opción de elegir a una persona que vaya a socavar los avances que ha logrado la actual fiscal y la colaboración de la CICIG”.

Entretanto, la diputada Sandra Morán, de Convergencia, señala: “El Presidente ya no tiene legitimidad, mucho menos con la noticia del financiamiento electoral de los empresarios y que no fue registrado, por tanto se cometió un delito. Lamentablemente, él tiene la obligación constitucional de designar a una de las personas del listado de seis candidatos. Tiene la oportunidad de redimir sus culpas, contribuyendo a que el país siga por el rumbo de la lucha contra la corrupción y la impunidad y dejar de actuar en función de sus intereses y el de sus amplias amistades, ahora muy conocidas”.

Finalmente, Christians Castillo indica que existe preocupación porque se garantice la elección de un fiscal independiente, que cumpla con el necesario principio de ingratitud. “Que sea ingrato con quienes lo promovieron”, afirma, aludiendo a que el nuevo funcionario deberá estar exento de compromisos o pagos de deudas a posibles promotores.

Una partida de ajedrez muy accidentada

El 25 de agosto de 2017, la CICIG dio a conocer que el FCN habría recibido fondos de forma ilícita, puesto que no se reportaron al TSE. El 27, Morales declaró non grato a Iván Velásquez y finalmente, luego de algunas manifestaciones de grupos afines a la CICIG, la Corte de Constitucionalidad falló a favor del colombiano, aunque según juristas, este fallo no era procedente, ni siquiera necesario.

La situación parece repetirse como una jugada de ajedrez que ya se realizara anteriormente. Grupos civiles ya comenzaron a convocar a marchas para pedir la renuncia de Morales, quien por su parte, además del encendido discurso para defenderse, solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que se revise el mandato de la CICIG.

El sociólogo y criminólogo Edy Morales, considera que las pruebas presentadas por la CICIG-MP pueden sustentar que se pida la cancelación del partido gobernante. Según dice, constituye un delito que no se hayan reportado millones recibidos como donación. “Exigimos la cancelación del FCN-Nación, antejuicio para Morales. Cárcel para los corruptos y corruptores”, concluye.

Esta posición se comienza a ver en las redes sociales. El grupo Anonymous Guatemala, que realiza activismo político en redes, publica: “Ante los últimos acontecimientos se le exige a Jimmy Morales que por honor #RenuncieYa al cargo, dado que el financiamiento Ilícito Electoral existió de parte de la cúpula empresarial para el partido FCN Nación, no olvidamos y tampoco perdonamos, el pueblo se cansó #YoNoTengoPresidente”.

Al mismo tiempo, los “colectivos de la Plaza” convocaron a una manifestación pacífica el sábado a las 15 horas, para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales. La diputada Nineth Montenegro hizo un llamado a la población para que se mantenga la institucionalidad, mientras Castillo resaltó “la emotividad” que priva en el ambiente, en un momento que Menocal define como “el ocaso de la CICIG”, puesto que esa comisión concluye su mandato en 2019.

En cualquier caso, el país está atravesando un momento complicado, en el que podrían aflorar las emociones más radicales y hasta los enfrentamientos, tanto entre quienes exigen la salida de Morales, como entre sus votantes, que, según Falla, apoyan a su mandatario.

Por: Redacción

Cuando un periodista es asesinado, su muerte constituye un ataque contra la libertad de expresión. No importa el móvil del crimen o la ideología del asesinado. El hecho es que se silencia una voz incómoda para algunos. El reciente crimen contra José Daniel Rodríguez debe ser investigado, afirman periodistas, abogados y personas que lo trataron.

Quienes lo conocieron afirman que era un hombre amable, buen conversador y lector incansable. “Era protector de los animales. Buena persona, le gustaba adoptar perros y animalitos abandonados. Uno de los fundadores de la publicación El Vigilante, fue muy apreciado en la Universidad Francisco Marroquín, donde estudió Derecho”, recuerda el columnista José Federico Rodríguez-Paul.

Escritor y columnista de opinión, José Daniel también era un personaje polémico en las redes sociales. Sus comentarios incisivos y producto de la investigación, le reportaron varios enemigos virtuales, a quienes respondía los insultos y amenazas con argumentos que respaldaban sus puntos de vista, planteados en frases lapidarias.


Según Rodríguez-Paul, José Daniel fue una persona muy querida para quienes lo conocieron. Hace poco más de un año había perdido a su madre y vivía solo, pero siempre estuvo rodeado por amistades y personas que disfrutaban de su buena conversación y su compañía. “A pesar de que le llevaba unos 20 años, nos llevábamos muy bien. Él tenía edad como para ser mi hijo”, dice.


En su último mensaje en Twitter, el 8 de abril, anunció que publicaría un artículo con el tema: “Se busca fiscal general independiente”, y afirma: “hago ver algunos aspectos, escenarios y graves riesgos que debemos tener presentes”.

Al día siguiente, se presume que desapareció y el 10 fue encontrado su cuerpo envuelto en una sábana, con las manos atadas y salvajes señales de violencia. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), murió “asfixiado por ahogamiento”.

El abogado Raúl Falla, vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo, afirma: “Era un libertario autor de artículos en los que se mostraba partidario del Estado de Derecho. Muchos de quienes lo criticaban lo trataron de descalificar con apodos despectivos. Aunque la delincuencia nos tiene rodeados y no podemos asegurar que se trata de un crimen político, exigimos el esclarecimiento de este hecho”.

Con 46 años, el escritor y periodista independiente era un autodidacta que leía constantemente y realizaba cuidadosas investigaciones antes de publicar sus columnas, dice el abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal.

“Estudió en el Liceo Guatemala y era un joven muy inteligente, acucioso investigador periodístico y convencido defensor del liberalismo republicano. Participó en política apoyando a diferentes personalidades, como Zury Ríos, Alejandro Giammattei y Eduardo Suger Cofiño”, menciona Fratti, quien agrega que su muerte constituye un acto de salvajismo y cobardía extrema.

Fratti también duda que el hecho reciba la investigación que merece y para avalar esto, recuerda los casos de Eduardo Weymann y Rodrigo Rosenberg.

El licenciado Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, expresa: “Como cámara estamos indignados por la desaparición y el crimen atroz contra este columnista de República. Lamentamos el crimen y exigimos que se investigue este hecho de sangre. Los responsables deben ser juzgados, condenados y encarcelados”.

¿Una muerte anunciada?

Hace apenas seis meses, el 12 de octubre de 2017, José Daniel le dijo a uno de sus contactos de Facebook: “Quiero comentarte algo, ayer me asaltaron, me robaron documentos personales, mi teléfono. Pero lo que más me llama la atención es que me dijeron: Y ya dejá de estar hablando y escribiendo babosadas…no puedo asegurarlo, pero me temo que sea más un acto intimidatorio que un asalto, fue enfrente de mi casa, me dieron con un tubo en la cara”.

Este diálogo fue publicado luego del asesinato y es un elemento que podría contribuir con una investigación del crimen: ¿quién asaltó a Rodríguez en octubre pasado y por qué lo amenazaron para que dejara de expresarse libremente?

Rodríguez siempre expresó su posición abiertamente: defensor de los militares juzgados por genocidio, argumentó en varios artículos por qué consideraba que Guatemala jamás fue un estado genocida. Su defensa de los militares señalados y su posición de fuerte crítica ante el comisionado Iván Velásquez, lo ubicaron en una posición antagónica ante la “buena prensa” y el consenso en el apoyo incondicional que un sector de la sociedad le otorga a Velásquez, a la CICIG y a la fiscal Thelma Aldana.

Ello le valió diversidad de críticas, amenazas, burlas y ridiculizaciones por parte de quienes consideran que toda el que ose criticar a Aldana-Velásquez, o negar el genocidio,  es un defensor de la corrupción. A Rodríguez, este consenso mediático nunca le preocupó y no parecía resultar afectado por las agresiones de los autonombrados portadores de la lucha en pro de la transparencia, dicen quienes lo trataron.

Según el informe de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Medellín, Colombia, entre el 13 y 15 de abril de este año, en Guatemala: “En este período se ha intensificado la polarización entre quienes apoyan y no el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como al Comisionado Iván Velásquez”.

Es en este contexto de polarización que se produce el asesinato contra el escritor y periodista, presentado como “twittero” ante la opinión pública, aunque ejercía el periodismo de investigación y opinión por lo menos desde 2013.

El hecho resulta tan perturbador que incluso sus detractores y las personas a quienes Rodríguez señalaba en sus escritos, se pronunciaron contra este asesinato que puede o no ser político, pero que en cualquier caso, es un grave atentado contra la libre emisión del pensamiento.

 

Por: Redacción

Por una parte, están grupos de activistas y Organizaciones no Gubernamentales integrados en la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción, apoyados por agencias internacionales de cooperación, entre estas la sueca Diakonia que en su Twitter informa: “Somos una organización sueca de cooperación internacional. Trabajamos junto con la sociedad civil guatemalteca para fortalecer la democracia”.

Como contraparte, Guatemala Inmortal, divulgó un video donde hace la misma petición. Es necesario aclarar que este grupo tiene expectativas totalmente opuestas a las de la mencionada asamblea, en cuanto a quién puede ser el fiscal idóneo para que las investigaciones criminales conduzcan a una justicia equilibrada y equitativa.


Ambos sectores ejercen su derecho a plantear sus demandas al Estado, según el artículo 28 de la Constitución Política de la República, afirma el analista Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).


La principal petición del 12 de abril fue la designación de un Fiscal General intachable o idóneo, en un momento en el cual las comisiones de postulación siguen debatiendo sobre quiénes serán los seis finalistas, de los que el Presidente designará al jefe del Ministerio Público.

Además, la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción se pronunció contra varios proyectos legislativos que calificaron como “un paquete de leyes regresivas” y al mismo tiempo, pidieron al Congreso que apruebe otras que según afirman, son de beneficio nacional, entre estas la Ley de Aguas y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Una marcha anunciada

Los grupos de la asamblea ciudadana se reunieron aproximadamente a las ocho de la mañana en la Plaza de la Constitución, desde donde emprendieron la marcha hacia la Corte Suprema de Justicia, donde se reúne la Comisión de Postulación.

En el lugar se pudo ver a la activista Helen Mack, quien lidera el Movimiento pro Justicia, que ha fiscalizado los procesos de las comisiones postuladoras desde que estos iniciaron. Los manifestantes retornaron hacia el Congreso de la República, donde leyeron una proclama y pronunciaron varios discursos en torno a sus demandas.

Elmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), dijo a Perspectiva que buscan garantizar la elección de un fiscal que no tenga nexos con el crimen organizado, para garantizar que se mantenga la lucha contra la corrupción.

La mayor parte de los manifestantes proviene del interior. Grupos organizados como el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), así como alcaldes indígenas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que hace pocas semanas también se trasladaron hasta la capital para mostrar su adhesión al procurador Jordán Rodas.

Estos grupos estuvieron acompañados por otras ONGs, como Gente Positiva, que acompaña a personas con Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), y el Sector de Mujeres de la Sociedad Civil, constituido durante las negociaciones de paz.

Entre los oradores, una representante del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), excusó la inasistencia de los estudiantes de esa casa de estudios, puesto que según dijo, se encuentran en exámenes.

También fue visible la ausencia de los estudiantes landivarianos y otros grupos urbanos que participaron activamente en la constitución de esa asamblea y en las manifestaciones de 2015.

La marcha del 12 puede definirse como una expresión de oenegés y grupos campesinos, y la explicación para la diferencia en su composición con las de 2015, es que en aquel momento se trató de manifestaciones espontáneas de ciudadanos indignados, y en esta ocasión, fue una muestra organizada por oenegés, cooperativas e incluso el aval de bancadas izquierdistas cercanas a grupos como el CCDA y el CUC.

Fiscal a la medida

Mayra Véliz es una de las aspirantes a fiscal mejor calificada. Con 70 puntos, solo es superada por Ilse Álvarez de Espada, que recibió 71. Sin embargo, Véliz es calificada por los medios de comunicación como “la favorita para ser sucesora de Thelma Aldana”, en tanto Álvarez apenas recibe alguna mención de la prensa.

Cuestionada por la Fundación contra el Terrorismo, que interpuso tres tachas en su contra, Véliz asegura que no se preocupa en absoluto por esos señalamientos. Entre estos, está acusada de autorizar pasaportes ilegales cuando dirigía un departamento en migración. Asimismo, se le ha señalado de ejercer presiones contra una ex fiscal y una juez.

Pese a estos indicios, la fiscal Aldana se expresa muy favorablemente sobre Véliz, su cercana colaboradora en el MP. Considerando su cercanía con la fiscal actual, puede interpretarse que Véliz sea favorita para los grupos civiles que manifestaron. Sin embargo, uno de los oradores en la marcha, expresó frente al Congreso que rechazan esta posibilidad.

El otro jurista que podría llenar las expectativas de los grupos que manifestaron es el juez de Mayor Riesgo B Miguel Ángel Gálvez, quien estuvo a cargo de casos como La Línea y ha sido un aliado valioso para la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por el manejos de los casos que derivaron de las investigaciones de ese ente. El 12 publicó en su cuenta de Twitter: “Mi sincero agradecimiento a todos y todas por estar pendiente en estas jornadas. Seguimos los pasos camino a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Un agradable día”

Finalmente, otro de los aspirantes que podrían ser avalados por las ONGs y grupos organizados que protestaron el 12, es Mynor Melgar, quien con 66 puntos ha sido poco mencionado por los medios, pero es cercano a la Fundación Myrna Mack, puesto que ejerció como fiscal en el caso por el asesinato de la antropóloga y también fue abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en la investigación por el asesinato de monseñor Juan Gerardi. Recientemente, el MP anunció que pretenden reactivar el caso.

De las candidaturas que los grupos civiles vetaron resalta Eric Álvarez Mancilla, a quien el Movimiento pro Justicia señala por gastos excesivos en viáticos del Organismo Judicial y Ranulfo Rojas, quien tiene tachas tanto de Pro Justicia como de la Fundación contra el Terrorismo.

Será muy difícil que la comisión postuladora pueda elegir a un fiscal que llene las expectativas de cualquiera de los grupos que fiscalizan el proceso, puesto que las posiciones de ambos sectores son totalmente divergentes. Y las dos figuras que pudieron ser favoritas para cada grupo: Claudia Escobar y Heidy Tamara de León, ya no son parte del proceso.

Por: Roxana Orantes Córdova

¿En qué puede beneficiarnos que una corte internacional emita un fallo sobre un problema de fronteras que tiene 200 años? En primera instancia, dicen habitantes del área fronteriza, en que necesitamos delimitar las fronteras.


Por esto, instan a la población a que acuda a las votaciones y más aún, promocionan que se vote a favor de la intervención de la CIJ. El asunto no llegará a la corte internacional a menos que en ambos países la respuesta de la consulta sea Sí. Y, tal como dice el abogado Giovanni Fratti, es una quimera creer que los beliceños votarán a favor de un tema que podría perjudicarles.


En cualquier caso, el embajador beliceño en Guatemala, Alexis Rosado, dijo a los medios que en su país no se ha definido fecha para la consulta, que podría ser a finales de este año, de manera que puede pasar bastante tiempo antes de que ambos países tengan la respuesta.

Ha comenzado a circular la versión de que si ganara el No, la consulta se repetiría hasta obtener un Sí como respuesta. Aunque este extremo no está contemplado ni en el Acuerdo (2007) ni en el Protocolo (2015) sobre el tema, la expectativa de las autoridades que promovieron este mecanismo es que gane el Sí.

Repetir la consulta para cumplir las expectativas de los negociadores guatemaltecos, en primer lugar resultaría demasiado oneroso para el país, que el próximo 15 de abril erogará Q300 millones, y en segundo, una evidencia de que la soberanía popular expresada en el voto, no tiene ningún valor ante los intereses políticos.

Es necesario resolver el conflicto

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), organizó un conversatorio en el cual participaron Alva Batres, representante del Consejo Comunitario de Izabal; Danilo Rodríguez, de la Cooperativa Tzalpeten, de Petén y Genaro Rojas, de la Cámara de Comercio de Izabal.

Los tres coinciden en que para quienes habitan esa región es importante, ante todo, delimitar una frontera. La ausencia de esta ha motivado que muchos guatemaltecos pasen al país vecino sin advertirlo, “por vía acuática o terrestre”, dice Batres, quien añade que esto ha motivado diferentes actos de violencia y represión de los soldados beliceños.

Según dice, existen casos de mujeres y niños vapuleados en la zona, así como hombres detenidos, heridos y asesinados, “mucho más de lo que sale en los medios de comunicación”, expresa.

Al mismo tiempo, Batres menciona que el comercio con Belice es una actividad cotidiana y productos beliceños son comercializados en Izabal por guatemaltecos que “se trasladan a Toledo a buscar mercadería”.

Al respecto, Rojas enfatiza en que existe una posición favorable al comercio bilateral entre alcaldes beliceños, quienes incluso solicitaron a la Cámara de Comercio de Izabal que personas de ese país fueran capacitadas en Guatemala. Aunque los acercamientos no concluyeron en acciones concretas, queda la voluntad y la necesidad de fomentarlos, comenta Rojas.

Danilo Rodríguez expresa que el tema es delicado y está lleno de aristas. “La perspectiva rural y del norte de Guatemala es diferente a la de otras regiones del país”, afirma. Y está convencido de que el Sí en la consulta, favorecería mucho al movimiento cooperativista, al sector de turismo, y a muchos otros aspectos de la economía y la cotidianidad en la región, donde es común que estudiantes guatemaltecos se trasladen a Belice, debido a que la educación pública allá es de mejor calidad.

Otras facetas de un tema controversial

Un análisis del Instituto de Estudios Interdisciplinarios Rafael Ayau (IEIRA), señala: “Claro está que los beliceños no irán a votar, pero nosotros debemos votar aunque no logremos nada porque los de La Haya van a decidir. Ellos son los elegidos árbitros y van a decidir por default. A nosotros sí nos sirve la tierra y nuestros descendientes estarán más agradecidos si la tienen que si no la tienen. El libre comercio no es contradictorio, es adicional. Es nuestro deber, nuestra oportunidad, nuestro momento en la historia”.

Otra posición apuesta a “ganar por la vía del comercio”, considerando que es casi imposible llegar a la vía internacional puesto que, como dice el internacionalista Nicholas Virzi, los beliceños no se van a arriesgar a someter la pertenencia de una gran parte de su territorio a un fallo judicial.

Según esta opinión, es necesario incorporar Belice a Centroamérica, aumentar el comercio y la integración para lograr una convivencia armoniosa y de beneficio para ambas partes.

Por: Redacción

Hoy terminaron las entrevistas a los profesionales que aspiran a dirigir el Ministerio Público (MP). Para el jueves 12, la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad convocó a una concentración en la Plaza de la Constitución.

Esto, a fin de exigir que el mandatario designe a un fiscal que llene las expectativas de quienes integran la asamblea, entre estos el Comité de Unidad Campesina (CUC); la Batucada del Pueblo; Justicia Ya y algunos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Universidad Rafael Landívar (URL).


Aldana se despide con todo el respaldo de una sociedad civil que la fustigó cuando resultó electa, debido a que se le consideraba una operadora al servicio de Otto Pérez Molina y Roberto López Villatoro, el “rey del tenis”. Ambos resultaron presos durante la gestión de la fiscal, quien casi inmediatamente después de asumir el cargo, resultó la aliada más efectiva para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).


Tanto, que quienes la detractaban cuando fue designada por Otto Pérez Molina, consideran que su sucesor debe ser electo de una terna cuyos integrantes sean de la misma línea que Aldana. Esta sería la única forma de garantizar que el presidente Jimmy Morales nombre a un fiscal idóneo, afirman.

MP: un balance positivo

Gustavo García, analista jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), que ha dado seguimiento a la gestión del MP, considera que uno de los principales avances de Aldana es la profesionalización de los investigadores, establecida en las reformas a la Ley Orgánica del MP.

“Evidentemente, esto incide en la investigación criminal”, señala el jurista, quien añade que hay un evidente desempeño positivo del MP en la investigación y persecución del delito.

Según comenta, se ha implementado una red de fiscalías liquidadoras en el país, a fin de reducir la mora fiscal, “para que los casos no se queden esperando”.  Asimismo, se ha impulsado una política criminal que contrasta con etapas anteriores, cuando prácticamente no existía la investigación.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, afirma: “Tenemos buena evidencia del trabajo de la Fiscal General. Claro que no todo es miel sobre hojuelas, pero es necesario reconocer los avances en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, falta trabajar más los delitos de alto impacto social, el crimen que afecta día a día a los ciudadanos”, afirmó.

Asimismo, Ibarra enfatizó en que existen avances en temas como violencia contra las mujeres y la niñez. “Este relevo no puede llegar en momento más crucial en la lucha contra la impunidad. O se continúa o se emprende un camino de retroceso. La comisión postuladora debe elegir a los más calificados, para que el Presidente pueda elegir entre los mejores”, concluyó.

No todo es miel sobre hojuelas”

Una de las voces más críticas contra la gestión de Aldana es la periodista y politóloga Roxana Ávila, quien en diferentes pronunciamientos publicados en las redes, evidencia los errores del MP.

Según afirma, este es “una entidad ineficiente para gestionar la investigación de miles de casos, porque el personal carece de criterios, infraestructura y capacitación”.

Ávila expresa que la burocracia y el mal desempeño son evidentes y que los fiscales no se dan abasto para atender los casos. Con Aldana, la mora judicial ha crecido, porque se da prioridad a delitos en detrimento de otros y muchas investigaciones tardan años. “El método para impartir justicia en Guatemala es obsoleto, lento y de ajuste, politizado”, afirma.

Esto contrasta con la aparente eficiencia de las investigaciones que son acompañadas por la CICIG, indica Ávila, quien asegura en su publicación que “se dan violaciones a la presunción de inocencia, capturas con dedicatoria y show mediáticos para amedrentar, coaccionar, e inducir las investigaciones para favorecer intereses particulares”.

Es imprescindible que el sustituto de Aldana sea “una persona que conozca la institución, respete las leyes y sea capaz de depurar un manejo de investigación y gestión de casos más eficiente”, afirma.

Atentados, señalamientos y un pasado incómodo

El estigma de su alianza con Otto Pérez Molina acompañó las primeras semanas de Aldana, quien pronto conquistó el favor de los medios y la sociedad civil. Una de las primeras publicaciones que la mencionaron, recuerda que cuando fue electa magistrada, el entonces comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, “pidió al Congreso que diera marcha atrás en la elección de los magistrados y los diputados dejaron fuera a cuatro de los seis de López Villatoro”.

De los seis candidatos de López Villatoro, solo se salvaron Thelma Aldana (la actual Fiscal General) y el magistrado Mynor Franco. Ambos, según fuentes judiciales, pasaron a orbitar tiempo después alrededor de Gustavo Herrera, el operador político del gobierno de Otto Pérez Molina, y abandonaron la esfera de López Villatoro”, señala la publicación mencionada.

Otro artículo de la época, titulado Thelma Esperanza Aldana Hernández, ¿Quién es la nueva Fiscal General?, dice textualmente: “Con redes de militares se le encuentra solamente la relación con el FRG durante la gestión de Portillo a través de Roberto López Villatoro, y las documentadas relaciones que ha tenido con el actual gobierno a través de Gustavo Herrera”.


El estigma de su pasado incómodo fue rápidamente borrado cuando Aldana comenzó a perseguir sin tregua a sus presuntos antiguos aliados. El primero en caer fue Pérez Molina (que la había nombrado). A Pérez siguieron Roxana Baldetti, Blanca Stalling y López Villatoro, de quien la fiscal dijo a los medios que fue el “operador de una estrategia para influir en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014”.


Sin embargo, nadie había mencionado nexos de Aldana con Juan Carlos Monzón, ex Secretario Privado de Baldetti convertido en “colaborador eficaz”. Fue la ex vicemandataria la primera en declarar que ella habría ordenado a Monzón entrevistarse con Aldana, para protegerlo en un caso de corrupción relacionado con la “Bolsa Segura”.

Luego de las declaraciones de Baldetti, y las posteriores de Monzón, la fiscal denunció que un grupo vinculado al caso “La Línea” pretendía atentar en su contra y la atención mediática se enfocó en las amenazas de muerte a la funcionaria, quien dijo a los medios: “la corrupción me está pasando factura”.

En 2017, Aldana volvió a ser amenazada por “fuerzas oscuras” y si bien no se ha develado la trama de las estructuras criminales que han estado al acecho de la funcionaria, los dos casos tuvieron amplia divulgación.

Recientemente, Monzón volvió a señalar a la fiscal ante el tribunal. Al respecto, Gustavo García dice: “Claro que todo lo que exprese tiene que ser corroborado con otros medios de prueba. No es suficiente la declaración, no es verdad absoluta. Lo que Monzón dijo de la fiscal ya lo había expresado anteriormente, una cosa similar podría esperarse, ella debe demostrar que desconocía la situación de Monzón”.

Otra relación que puede resultar incómoda para la funcionaria que concluye su mandato, es Dionisio Gutiérrez, quien organizó un Encuentro Ciudadano contra la Corrupción, durante el que resultó evidente su química con la fiscal. Poco después, el empresario resultó señalado por Monzón, junto con su familiar Felipe Bosch, de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota (PP).

Las declaraciones del ex funcionario ponen “el dedo en la llaga” del sistema. Tal como dijo uno de sus defensores en 2016: “O Monzón miente, o Aldana cometió delito”.

En cualquiera de los dos casos, esto sería una mancha muy desagradable para la gestión de quien se constituyó en la líder de la lucha contra la corrupción. Ello, aunque los admiradores de la fiscal ya mencionan que existe una estrategia de la defensa de Monzón para desprestigiarla a ella y al comisionado Iván Velásquez.

 

Por: Redacción

Toda la audiencia lo vio en la televisión y las redes sociales, saludando con un abrazo a las organizadoras de la polémica manifestación de “la poderosa vulva”, que desató las pasiones entre ateos y cristianos.

Está documentada su plática con las dirigentes del evento en la Plaza de la Constitución  y a un metro de Rodas, se observa el polémico estandarte de las manifestantes.


Sin embargo, Jordán Rodas negó rotundamente que haya participado en la marcha y aseguró que no vio las pancartas con la imagen del órgano femenino porque “no tiene ojos en la espalda”.


Mientras el funcionario se defendía de forma tan bizarra, en las afueras del edificio de la reunión se congregaban miembros del Comité Campesino del Altiplano y el Comité de Unidad Campesina, quienes coreaban consignas como “Jordán amigo el pueblo está contigo”, parafraseando el slogan del Papa Juan Pablo Segundo en sus visitas a Guatemala.

El doctor Marco Vinicio Mejía considera que la citación de Rodas fue “un nuevo pulso entre fuerzas antagónicas que defienden intereses”. Según dice, la polémica en torno a Rodas se diluirá con el prolongado asueto de Semana Santa.

Por su parte, el abogado Raúl Falla comenta la improcedencia de ampararse en un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), convertida en un operador político de grupos que le son afines, dice Falla.

La mayor fortaleza de Rodas es que está acuerpado por una diversidad de grupos que van de organizaciones campesinas a agencias del gobierno estadounidense. Aunque en el país el número de sus adeptos no es significativo, se trata de un sector pequeño, pero con peso suficiente como para obtener un recurso de amparo de la CC en menos de una hora y lograr que el citado al Congreso eludiera su obligación constitucional sin ninguna consecuencia.

Entre sus desaciertos, lo más evidente son declaraciones públicas donde se evidencian elementos como el racismo, la parcialidad y el dogmatismo. Cualquier ciudadano es libre de rechazar a determinados grupos étnicos o culturales, o preferir a un grupo político sobre otro. Pero esto debiera estar prohibido al funcionario designado precisamente para velar por la equidad y el respeto a los derechos de todos.

Por último, en el pasado y el presente de Rodas existen varios puntos que generan dudas sobre su transparencia. El mal uso de fondos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, durante su vicepresidencia, así como diferentes conflictos de intereses, proyectan esa sombra sobre su gestión.

Lo bueno: aliados poderosos

A su favor, Rodas cuenta con un enjambre de aliados, que le permiten desde muy buena prensa hasta pronunciamientos públicos a su favor. Entre otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 falló porque  se pagaran US$ 146,429 a su familia como indemnización por la muerte de su hermano, Joaquín Rodas Andrade, en 1985. El Estado no ha cumplido el pago, lo cual implica que Rodas mantiene una demanda contra su empleador.

En su cuenta de Twitter, Rodas da a conocer que tiene como aliados estratégicos de la PDH al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a la USAID Guatemala, entidades con las que “coordina acciones para impulsar procesos de formación en materia de derechos humanos”.

Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala (OACNUDH), señala que apoyan los esfuerzos de Rodas, para “garantizar que su trabajo, importante e independiente, sea plenamente respetado por el gobierno”.

En el Legislativo, el PDH también cuenta con aliados influyentes. Cabe mencionar que participó como candidato a alcalde de Xelajú por un comité cívico, en alianza con Encuentro por Guatemala (EG), cuya secretaria general es la diputada Nineth Montenegro, quien sugirió que la reciente citación se realizara en la Comisión de Derechos Humanos, donde el PDH cuenta con por lo menos cuatro diputados afines: Walter Félix, de URNG; Amílcar Pop, de Winaq; Sandra Morán, de Convergencia y Montenegro, de EG.

Además de estos grupos, toda la llamada “sociedad civil” opuesta al “pacto de corruptos” avala incondicionalmente a Rodas y lo manifestó a través de comunicados públicos.

Probablemente, el aliado más poderoso del procurador sea Iván Velásquez, debido a que Rodas ha interpuesto tres amparos a favor de Velásquez ante la CC: solicitó medidas cautelares para garantizar la vida del funcionario internacional; pidió que se frenara la decisión de Jimmy Morales, quien pretendía declarar non grato al colombiano y pidió que se revoque la petición presidencial para que Velásquez salga del país.

Una de las mayores fortalezas que sus aliados reconocen a Rodas, es que se trata de un luchador incansable contra la corrupción. Probablemente esta aura sea resultado de su obsecuencia ante la CICIG.

Sin embargo, es indispensable anotar que la función de la PDH no está relacionada con el combate a la corrupción, sino con la mediación entre conflictos para velar por el respeto a todos los ciudadanos sin distinción y la lucha por garantizar que el Estado no transgreda las libertades y garantías individuales.

Lo malo: tráfico de influencias y poca coherencia

Uno de los aspectos más visibles en todos los hechos alrededor de la “marcha de la vulva” y sus consecuencias para el PDH, es el descarnado tráfico de influencias y los varios conflictos de intereses en torno a la figura que lidera la lucha por la transparencia, según sus adeptos.

Entre los grupos locales que manifestaron su adhesión al magistrado de conciencia, resalta la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). Un elemento que empaña el pronunciamiento del grupo, es que la secretaria de esa organización, Lenina García, fue una de las mujeres participantes en la marcha del 8 de marzo, origen del cuestionamiento actual a Rodas. Es decir, AEU aparece como “juez y parte” en este incidente.

Lo mismo sucedió con las organizaciones campesinas que avalaron a Rodas actuando como fuerza de choque durante toda la mañana del 21 de marzo ante el edificio donde se reunió la Comisión de Derechos Humanos, para lo cual viajaron desde la noche del 20 en varios buses alquilados.

El Comité Campesino del Altiplano (CCDA), es uno de los que manifestó su lealtad a Rodas. Esto sería perfectamente válido, si no fuera porque uno de los diputados de Convergencia, Leocadio Juracán, saltó a la política desde ese comité.

Y precisamente, fue la bancada de Convergencia la que interpuso el amparo ante la CC para que Rodas pudiera eludir su obligación constitucional de presentarse al Congreso.

Al respecto, Falla dice: “En este amparo ilegal, la CC se arroga de nuevo facultades que no tiene. Todos los ciudadanos tenemos derecho a no asistir a una citación del Congreso, amparándonos en que el artículo 32 de la Constitución señala que ningún ciudadano particular tiene que asistir si en la citación no se establece claramente el objeto de la citación. Pero esto es para los ciudadanos particulares, no para los funcionarios, quienes están obligados a asistir a las citaciones del Congreso, que puede limitarse a exponer que se les está citando para aclarar determinada situación o para rendir cuentas”.

El precedente es crítico, dice Falla, porque “mañana, cualquier otro funcionario podrá solicitar un amparo con base en el mismo argumento”.

Sumándose a lo anterior,  la esposa del presidente de la CC, Francisco de Mata Vela, Dora Luvia Ruiz Méndez, es empleada de la PDH. Según Falla, aunque no haya sido contratada por Rodas, y tenga décadas laborando en la PDH,  la situación plantea un evidente conflicto de intereses. “El magistrado debió inhibirse en este caso, por una razón de ética”, concluye Falla.

Similar situación se produce con la declaración de Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), quien afirmó: “Es perverso que algunos diputados se aprovechen de una ofensa a un sentimiento religioso para cuestionar el trabajo del PDH”. Al expresar esto, Rodenas omitió decir que el PDH es el empleador de su hija, Cristel Arabela Rodas.

Lo feo: declaraciones que atentan contra la inteligencia y la dignidad

Sus respuestas poco convencionales y que suelen herir susceptibilidades no son las más adecuadas a un ombudsman. Las más recientes fueron transcritas de la grabación a las interrogantes de Fernando Linares Beltranena, cuando además de asegurar que “no tiene ojos en la espalda”, afirmó que pese a estar en medio de las mujeres manifestantes,  no se había percatado de que estaba asistiendo a una manifestación.

“Me di cuenta hasta después, por los medios de comunicación”, fue su respuesta que además de ser desafiante, suena poco creíble, puesto que es un secreto a voces que las feministas manifiestan hacia la Plaza de la Constitución cada 8 de marzo. Al mismo tiempo, si el funcionario se hubiera limitado a asistir a la conmemoración de las niñas muertas en el Hogar Seguro, era evidente que esa actividad se trataba de una manifestación pública.

Sus declaraciones polémicas iniciaron con su mandato. Una de sus primeras declaraciones fue: “Quiero acompañarme de personas no ladinas en mi equipo de trabajo” (Emisoras Unidas). Esta afirmación tiene un carácter evidentemente racista y excluyente, además de la connotación peyorativa del término “ladino”.

Posteriormente, cuando un pequeño falleció durante un bloqueo que impidió a los bomberos llegar al bus donde el niño era trasladado hacia su casa, puesto que estaba agonizante, Rodas dijo: “El niño no falleció a consecuencia de los bloqueos, él estaba desahuciado”. En ningún momento condenó el bloqueo que impidió a los bomberos auxiliar al niño.

Al mismo tiempo, lamentó con mucho más emoción la muerte de un miembro del grupo que protagonizaba el bloqueo, quien falleció atropellado.

Su posición ante la opinión de los ciudadanos se evidenció durante la reunión en el Congreso, cuando un diputado le preguntó sobre su opinión en torno a las firmas que piden su destitución y él respondió: “las respeto, como a las 40 mil firmas que presentaron en Totonicapán para pedir la salida de varios diputados”.

Finalmente, el Colegio de Abogados y Notarios investiga dos hechos relacionados con Rodas: la emisión de dos documentos notariales que constan de errores graves y pueden llevar al cliente de Rodas a perder dos propiedades en Quetzaltenango y la investigación por un faltante de Q300 mil, que presuntamente Rodas habría justificado como “viáticos” cuando fue vicepresidente del CANG.

Por: Redacción

Los vetos que objetan la participación de 14 juristas en el proceso que designará al Fiscal General de la República pueden interpretarse desde dos puntos de vista: en primer lugar, como el interés político en debilitar la imagen de un posible fiscal que no responda a las expectativas de quien interpone el veto, tal como señala Edgar Ortiz, analista del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

En segundo lugar, debe mencionarse que los vetos o tachas son recursos creados para que la ciudadanía independiente fiscalice el proceso y pueda evitarse el nombramiento de un personaje no idóneo como Fiscal General, afirma Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia (Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro-FADS).


Ibarra recuerda que antes de 2009 las elecciones de magistrados eran un proceso totalmente secreto para la ciudadanía. “Al aprobarse la Ley de Comisiones de Postulación se abrió una ventana que permitió constituir a los ciudadanos como monitores del proceso”, señala y agrega que es importante develar la identidad de los aspirantes.


Con lo anterior coincide Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, una de las organizaciones que veta a uno de los aspirantes. “Es muy sano que los ciudadanos presenten sus tachas. Los participantes en el proceso han sido jueces, han ejercido la abogacía. Es importante que estén bajo el escrutinio público. Y también es muy sano que los cuestionamientos estén fundamentados”.

Ortiz enfatiza en que la elección está polarizada y esto implica que podrían presentarse vetos sin fundamento contra determinados participantes. “Existen grupos que ejercen presión y pueden presentar denuncias no comprobadas, con el único fin de generar desgaste a los señalados, porque posteriormente la comisión indicada analizará las denuncias y de no ser procedentes, cualquiera de estos aspirantes podría estar entre los seis finalistas e incluso, llegar a ser Fiscal General”.

Por su parte, Ibarra señala que las tachas o vetos deben basarse en comportamientos poco éticos o vinculados a hechos irregulares en su desempeño anterior, que el denunciante conozca, pero afirma que no es válido interponer un veto por un fallo judicial que haya emitido alguno de los aspirantes.

Grupos organizados y tachas para los protagónicos

Los 15 candidatos a  encabezar el MP que no han sido cuestionados son poco conocidos y sus nombres probablemente han aparecido en alguna ocasión en los medios informativos, pero no puede decirse de ellos que se trate de “personajes mediáticos”, a diferencia de sus colegas que sí han recibido tachas y en algunos casos, hasta seis, como Roberto Molina Barreto, quien presidió la Corte de Constitucionalidad (CC).

Algunos de los señalamientos planteados exponen detalladamente la falta de idoneidad del aspirante. Por ejemplo, a Erick Álvarez se le señala “por el uso anómalo de recursos financieros del Organismo Judicial”. Esto lo amparan con informes de la Contraloría General de Cuentas.

Al Juez Miguel Ángel Gálvez, uno de los funcionarios judiciales que gozan de mejor prensa, lo señalan la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y José Luis Quilo Ayuso, presidente de la Asociación Guatemalteca de Veteranos Militares (Avemilgua).

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la citada fundación, dijo que la prueba presentada contra el juez se basa en una fotografía donde este aparece con Miguel Mohrt, un ciudadano alemán radicado en Guatemala, quien inicialmente trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), posteriormente en un equipo de antropólogos forenses y actualmente, dirige un bufete llamado Bufete Jurídico de Derechos Humanos.

Mohrt ha promovido casos contra veteranos militares y su relación con Gálvez podría ser inapropiada, dependiendo del momento en el que se haya tomado la fotografía, porque evidenciaría tráfico de influencias, de comprobarse que la reunión privada se realizó cuando Gálvez estaba llevando algún proceso contra militares retirados. Un detalle interesante, es que según los medios, el juez estaba reunido con “representantes de la comunidad internacional”, cuando Mohrt reside en el país por lo menos hace 20 años y no es diplomático ni funcionario de un organismo internacional.

Otras tachas se basan en fallos emitidos por los señalados cuando eran jueces o magistrados, lo cual pone en entredicho la independencia judicial, que otorga al juzgador la potestad de decidir.

Todo esto, como es evidente, apuntala lo expresado por Ortiz en cuanto a la polarización y el interés político por debilitar a algunos de estos personajes.

Y finalmente, cabe resaltar que la inmensa mayoría de vetos fueron interpuestos por organizaciones que pueden calificarse como “juez y parte” o por ciudadanos individuales vinculados con esas organizaciones.

Como ejemplo, la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por varias organizaciones que habrían sido afectadas por sus señalados; el Comité Campesino del Altiplano, grupo de choque (del cual es dirigente el diputado de Convergencia Leocadio Juracán), que suele hacer protestas y promover tomas de terrenos, así como por el otro lado, la Avemilgua y la Fundación contra el Terrorismo, ambas defensoras de los militares señalados por los aspirantes que ellos objetan.

Aspirantes, vetos y en qué se fundamentan los señalamientos

Fuente Propia
Fuente Propia

El Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), son tres entidades que comienzan a recibir fuertes críticas de diversos sectores.

Las tres se han caracterizado por avalar incondicionalmente todas las acciones de la CICIG y, probablemente debido a lo mediático de los casos, que les generan “buena prensa”, o coberturas favorables, se enfocan especialmente en temas relacionados con la corrupción, aunque según expresa el abogado Omar Barrios, esto no compete ni a la PDH ni a la CC.


“Es indudable que tanto el MP como la CC y el PDH han sufrido una gran erosión debido al abuso de autoridad en que han incurrido, a consecuencia del poder que sobre ellos ejerce el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez”, asegura Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.


El MP, de ente investigador a asistente de Velásquez

El 6 de marzo, la Asociación de Fiscales de Guatemala envió una carta a la Fiscal General Thelma Aldana, solicitándole que los procesos de elección se realicen de forma transparente y equitativa, respetando los procedimientos establecidos. La misiva circuló en redes sociales y está calzada con el logotipo del MP.

Pocos días después, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones divulgó un comunicado dirigido al pueblo de Guatemala, en el cual expresa que, tanto las autoridades policíacas como el MP tienen prohibido exhibir a los capturados ante los medios de comunicación.

Los juristas expresan su total rechazo a la mediatización de los fallos y demandan el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso.

Es un hecho que el MP ha dado amplia divulgación a las capturas por casos de corrupción, tanto así que a principios de marzo, la funcionaria estadounidense Nikky Haley expresó su aval a la CICIG pero, en entrevista con los dos representantes de esos entes, les pidió no politizarse ni mediatizar los casos.

Sobre el accionar del MP, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, afirma: “Es obvio que la Fiscal General, Thelma Aldana, oficia como una simple asistente de Velásquez, quien en realidad oficia los grandes casos mediáticos en materia penal”.

Quienes aseguran que la CICIG no es la encargada de aplicar justicia, están en lo cierto. Sin embargo, es innegable que los jueces y magistrados que fallan contraviniendo las intenciones de ese ente, suelen ser detractados e incluso, sometidos a procesos de antejuicio como respuesta.

Esto fue patentizado en el pronunciamiento de los magistrados de apelaciones , quienes concluyen: “Estas acciones desafortunadas, están encaminadas a deslegitimar la función jurisdiccional, lo que significa un desgaste a la credibilidad del Estado, con lo cual se debilita el Estado de Derecho y lesiona gravemente nuestra democracia”.

Según Omar Barrios, la CICIG no es responsable de esta situación, puesto que su tarea es ser un ente de apoyo. Es el MP el que se apropió de la titularidad de la independencia judicial que corresponde a los tribunales y la CC, para servicio de la CICIG.

Debido a la “buena prensa” que tiene el combate contra la corrupción, la ciudadanía percibe positivamente que la CC y la Corte Suprema de Justicia luchen contra la corrupción. “Pero esta no es la función de organismos que deben impartir justicia de forma imparcial. No tomar bandera, solamente decidir”, afirma Barrios.

Sin embargo, dice Barrios, la justicia está permeada en temas como la falta de independencia judicial, la intromisión de actores externos y comentarios que están fuera de lugar, como ciertas publicaciones en los medios de comunicación que se expresan a favor o en contra de los actores en un proceso.

Paredes en la 12 calle y 7a. avenida zona 1, pintadas el 8 de marzo.

Esto redunda en que se produzca violación al derecho de presunción de inocencia y se atente contra la honra de las personas, que son lapidadas por la opinión y ciertas publicaciones. Además, el uso de elementos de convicción o pruebas, que deben ser solamente utilizados en los tribunales, actualmente se presentan en conferencias de prensa.

Toda esta situación, dice el jurista, se debe a los grandes errores de la CICIG en sus investigaciones. Según afirma, los profesionales guatemaltecos tienen mucho más capacidades instaladas para luchar contra la corrupción que el ente acompañante.

¿Lucha contra corrupción o conflicto de intereses?

Ya no existe una CC, sino “la justicia ejercida por Gloria Porras”, comenta Barrios, quien añade que Porras es una gran jurista, pero está actuando de forma que no es imparcial. Aunque muchos dicen que no existe justicia selectiva, el hecho es que los fallos de la CC muestran lo contrario.

Es un hecho notorio que la CC se convirtió en un juzgado más, que resuelve según la voluntad de Velásquez”,  afirma Méndez Ruiz, mientras Barrios comenta que la lucha contra la corrupción se convirtió en un conflicto de intereses y que la CICIG está rodeada por diversos grupos sectarios que ejercen influencia en la línea de sus acciones.

“Por su parte, es conocida la relación entre el Procurador Jordán Rodas y Helen Mack, quien a su vez es uno de los principales soportes de Iván Velásquez a través de la autoproclamada sociedad civil, de la que Mack es sin lugar a dudas la figura más prominente”, señala Méndez Ruiz.

Un ejemplo de esto es el grupo de autodenominados “representantes del pueblo Xinca”, a quienes avala el Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS). Hace varias semanas este grupo acampa en la entrada de la CC, para presionar un fallo que les favorezca contra la minera, en un trámite de amparo que ha demorado más de 60 días, aunque la CC tiene un antecedente, como es el caso de la hidroeléctrica Oxec, que reanudó sus operaciones en 2017.

En el caso de la minera San Rafael, “El fallo, sea negativo o positivo, debiera ser emitido lo antes posible, puesto que están en juego, no solo los intereses de los empresarios, sino el empleo de muchas personas”, señala Barrios, quien añade que el fallo favorable a Iván Velásquez se emitió en cerca de 12 horas y comenta que el comisionado no necesitaba de este fallo, porque está protegido por la inmunidad internacional que le otorga la ONU.

Mientras, la gente que está alrededor del conflicto de la minera está siendo afectada directamente. Considero que era más sencillo afectar a Jimmy Morales con el fallo favorable a Velásquez, que resolver un problema complejo y donde hay múltiples intereses”, indica el abogado.

PDH: una participación irresponsable

La participación del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, en una marcha feminista que ha sido fuertemente cuestionada porque se considera que ofende la fe cristiana, le ha acarreado al funcionario una serie de cuestionamientos.

La petición de un ciudadano al Nuncio Apostólico Mons. Nicolas Henry Marie Denis Thevenin ha logrado 13,700 firmas electrónicas en dos días, mientras la campaña para pedir su pronunciamiento ante el Vaticano.

El 14 de marzo se inició la campaña para recolectar firmas físicas frente al Palacio Nacional de la Cultura. Centenares de ciudadanos desfilaron a partir de las diez de la mañana para pedir la defenestración del PDH.

En la Plaza, las emociones estaban a flor de piel. Un académico simpatizante de la izquierda ofendió con palabras soeces a una señora de la tercera edad. Otro diletante del feminismo arengó a los participantes expresando su ateísmo con discursos encendidos.

Señora que fue insultada por ir a firmar.

Al mismo tiempo, un grupo de diputados entre quienes se encuentran Delia Back, Felipe Alejos, Estuardo Galdámez y Javier Hernández, citaron al Congreso a Rodas, para iniciar lo que podría ser un trámite para su destitución.

La Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico fueron los primeros en pronunciarse condenando el acto del magistrado de conciencia, quien divulgó un comunicado en tono de disculpa y aclaración, afirmando que se presentó a la Plaza de la Constitución para conmemorar a las víctimas del Hogar Seguro.

Sin embargo, en cualquier caso la acción de Rodas fue desafortunada y según Barrios: “Fue una participación irresponsable. Un aprovechamiento, posiblemente no intencional. Nos guste o no, la manifestación de las feministas es su libre decisión. No creo que su objetivo fuera ofender, pero un funcionario de alta jerarquía no debería aparecer en ninguna muestra pública de repudio, incluyendo el homenaje a las niñas del Hogar Seguro”, concluye.

Cambios en la política estadounidense

El mandatario estadounidense Donald Trump sustituyó al Secretario de Estado Rex Tillerson, de tendencia demócrata, por su aliado Mike Pompeo, quien dirigía la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El hecho ha generado expectativas entre quienes consideran a la CICIG un ente innecesario e intervencionista.

Para Méndez Ruiz, “Los cambios en el gobierno de los Estados Unidos generalmente demoran un buen tiempo en hacer sentir sus efectos en Guatemala, pero sin duda, el cambio de rumbo en el apoyo a Velásquez podría ser más rápido de lo esperado, ante la forma en que se han estrechado los lazos de ambos países a partir del anuncio del traslado de la embajada de Guatemala en Israel hacia Jerusalén”.

Por su parte, el internacionalista Nicholas Virzi, considera que no habrá cambios en cuanto al apoyo a la CICIG o a Velásquez. “Pero si se arma una acción contra Venezuela, se sobreentiende que Guatemala va a colaborar con Estados Unidos. Entonces habrá más apoyo al presidente Jimmy Morales, hasta que termine su mandato”.

Y aunque el experto no lo comentó, parte de este apoyo podría incluir que se acceda a que en septiembre de 2019, no se renueve el mandato del ente internacional o incluso, que se otorgue vía libre a su declaratoria de non grato a Velásquez.