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Miles de hombres han pasado por la cárcel por negarse a cumplir la obligación de sostener a sus hijos. Aunque dejar sin sustento a la familia es un delito tipificado en la ley nacional, la cárcel por impago de obligaciones familiares resulta un problema mucho mayor del que pretende resolver.

Redacción

Este día, el sistema penitenciario informa que tienen 24,140 personas privadas de libertad. De estos, únicamente 11,616 están sentenciados y 12,524 son clasificados como “preventivos”. Hasta cinco mil de estas personas estarían recluidas por impago de pensión alimenticia, si bien el dato es una estimación no confirmada. Perspectiva intentó reiteradamente comunicarse con el vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, pero fue imposible.

Un dato publicado por la Policía Nacional Civil (PNC), es que entre enero y el 13 de mayo de 2018, hubo 679 capturados por incumplimiento de sus obligaciones familiares. Según lo desglosa la PNC, el número de capturas por mes es el siguiente:

Fuente: datos de PNC

Según datos del Sistema Penitenciario proporcionados a medios de comunicación, la manutención de cada privado de libertad es de Q55.45 por día. Esta suma es el doble de lo que el Estado destina a cada estudiante del sistema nacional de educación y resulta considerable cuando se multiplica por los más de veinte mil hombres y mujeres que permanecen en las cárceles, más de la mitad de ellos sin condena durante varios años, aunque según la ley vigente, la prisión preventiva no debiera superar los tres meses.

Condenado al inframundo, por irresponsable o desempleado

Es ampliamente conocida la situación infrahumana de los presidios guatemaltecos, donde sucede toda clase de delitos y transacciones comerciales pero no se evidencia la rehabilitación. Desde hace décadas, el sistema carcelario es conocido como “escuela de delincuentes” y es casi imposible que una persona logre rehabilitarse en las prisiones, donde por el contrario, quien ingresa por delitos administrativos, de tránsito o incumplimiento de obligaciones, termina contactando de una u otra forma con grupos criminales.

Dos casos ilustrativos son los de Jorge y Leonel (nombres supuestos). Jorge es un joven del interior, que no supera los 30 años y fue encarcelado por no pagar pensión alimenticia a su pequeña hija. Su actuación irresponsable y la posterior prisión obligaron a su madre a vender la casa familiar, situada en una colonia popular, para poder pagar las extorsiones a las que los pandilleros sometían a su hijo, a quien amenazaron con la violación si no les daba determinada suma.

Cuando la madre, quien trabajaba como maestra en una escuela pública, les expresó que ya no tenía nada para darles, la obligaron a introducir droga en la prisión. Como ella jamás había delinquido, mostró su nerviosismo cuando ingresaba la droga al penal y fue capturada. Actualmente, madre e hijo permanecen en la cárcel sin juicio.

Leonel es un poco mayor. A los 45 años fue capturado porque su esposa lo señaló de incumplimiento de obligaciones. Había abandonado el hogar con una mujer joven y luego de su captura, pandilleros del penal lo sometieron a toda clase de vejaciones y fue obligado a proporcionarles todos sus contactos telefónicos para extorsionarlos.

Ambos casos son reales y según la integrante de la asociación Padres por justicia, Elizabeth Quiroa, hay abundancia de situaciones similares documentadas. Para Quiroa, la manutención de los hijos es una obligación inherente a ser padre o madre.

“Sin embargo, algunos son irresponsables. Y es justo que la ley proceda con ellos. Y meterlos en prisión deja mucho más desprotegida a la familia y genera otros problemas. En primer lugar, estar encarcelados les impide cumplir con sus obligaciones. En segundo lugar, significa un costo para el Estado y adicionalmente, la familia paga extorsiones para mantener al recluido con un mínimo nivel de comodidad y seguridad”.

Según dice, es preciso que la justicia analice detenidamente cada caso y no debiera llegarse a tanto como meterlos a prisión. Es necesario apelar al Organismo Judicial y al Sistema Penitenciario para que encuentren alternativas, como sanciones, atención psicológica y la creación de una escuela para padres donde estos progenitores debieran adquirir conciencia de sus obligaciones.

El último factor contrario a que se encarcele como respuesta a la irresponsabilidad (y algunas veces, la dificultad de obtener un empleo), es que al salir de la cárcel, los hombres ya están estigmatizados y les será mucho más difícil encargarse de su familia, señala la profesional.

Entretanto, el ex director del Sistema Penitenciario y criminólogo, Edy Morales, concuerda con esta visión y afirma que “el delito de negación de asistencia económica debe tener medida sustitutiva de caución económica y no de arresto. El hombre debe pagar lo que adeuda, sin necesidad de prisión, que debe considerarse siempre en última ratio”.

Es un secreto a voces que Thelma Aldana podría postularse como candidata presidencial. La pregunta obligada es qué partido apostará por ella y las implicaciones que su candidatura puedan tener para el panorama político. A este escenario, Mario Mérida agrega una variable que es importante considerar: el proceso electoral podría interrumpirse por la ruptura del orden constitucional.

Roxana Orantes Córdova

Aunque por el momento se trata de una especulación, hace meses se menciona la posible candidatura a la Presidencia de la ex Fiscal General, quien tiene como factores positivos, su desempeño en la cruzada contra la corrupción que emprendiera como colaboradora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); su conocimiento de la realidad nacional y su imagen pública, altamente promociondada durante su gestión al frente del Ministerio Público (MP), en los “jueves de CICIG”.

Entre los factores adversos que pueden voltearse contra Aldana, están las críticas por su historial como operadora de la “vieja política”, documentado por la CICIG antes de que fuera Fiscal. Además de ello, se le cuestiona la “justicia selectiva”, evidente en que no se realizó siquiera un intento de investigar a la Secretaria del MP, Mayra Véliz, aparentemente vinculada a una red que extendió documentos a migrantes sirios.

Y finalmente, dos hechos recientes que pueden salpicar su imagen de luchadora por la transparencia: la compra del “edificio fantasma”, que costó Q35 millones al MP y a la fecha no tiene ningún uso, y la asignación a su persona y a Véliz de prebendas que exceden lo que normalmente goza un funcionario: vehículos blindados y “normales” para su uso personal, con gasolina y mantenimiento, además de los agentes para su protección, todo esto establecido en un decreto que ella misma firmó, lo que implicaría que en la campaña electoral, su seguridad y transporte serán costeados por el MP.

Para conocer lo que piensan sobre la posible postulación presidencial de la ex fiscal, Perspectiva consultó a varios analistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Cada uno de ellos planteó su interpretación sobre la probabilidad de esta candidatura.

Los partidos políticos son como carros a los que se suben los candidatos. Más que organizaciones ideológico políticas, son vehículos electorales. Está por verse a cuál de ellos se subirá la ex fiscal.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, afirma “hay que ver la posible candidatura de Aldana desde dos perspectivas: en primer lugar, es alguien que tiene un alto conocimiento de la población, de acuerdo con sondeos existentes. Por otra parte, hay que considerar que una cosa es ser un funcionario público y otra, entrar en la arena política. Tendrá que hacer varias tareas: con quién va a participar, quién participará con ella como vice presidenciable”.

Otro factor que debe considerarse, según Zepeda, es que la campaña que se avecina será de poca presencia partidaria en los medios y mucha tarima. No puede darse por automático que su nivel de aceptación le otorgue la misma presencia en las tarimas de la campaña, concluye.

Por otra parte, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, que durante varios años ha coordinado el Mirador Electoral, señala: “creo que hay altas posibilidades. Ella misma lo ha mencionado. Puede plantearse como una candidatura fuerte, considerando que genera mucho apoyo en un sector. Obviamente tiene sus detractores, pero sería una candidata a vencer”.

Marroquín agrega: “El país necesita nuevas opciones. Estamos viviendo bajo el viejo modelo político y bajo este, es imposible que se avance. Se necesitan otras nuevas propuestas, más frescas. Gente con trayectoria y reputación. Lo que hemos visto hasta ahora son candidatos constituidos a base de inversión monetaria”.

El ex Subsecretario de la SAE, Otto Zeissig, considera: “La plataforma que ella encabece va a despalzar a varios partidos que sobrevive de la vieja política, puede ser el fin del pacto de corruptos. No porque no tengan cabida personajes como Dionisio Gutiérrez, quien parece que está y estará, sino porque pueden estar, pero entendiendo y aceptando otras reglas de juego”.

El abogado Marco Vinicio Mejía, fundador del doctorado en Seguridad Estratégica, señala: “Aldana parece tener más respaldo en sectores urbanos, con instrucción y que se oponen a las perversiones de este sistema en el que han arraigado las corrupciones”, a lo que el fundador del IPNUSAC y analista de ese instituto,  Adrián Zapata, agrega:

“La lucha contra la corrupción genera altos niveles de simpatía y capacidad de movilización masiva.  Se produce la impresión que la corrupción es la culpable de todos los males, por consiguiente la lucha contra ella genera la reacción referida. Esto puede plantear la posibilidad de que a partir de allì se forme una plataforma política que tiene altas posibilidades electorales. El reciente caso mexicano, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, es, en parte, expresión de este fenómeno.

Por lo anterior, me parece que la ex Fiscal General Aldana tiene altas probabilidades de contar con el voto a su favor si participara en la próxima contienda electoral. Mucho dependerá de con quiènes aparezca públicamente en este intento”.

Zapata añade a su interpretación un elemento que puede ir contra Aldana: “Ahora bien, la lucha contra la corrupción es insuficiente para gobernar un país. En el caso de Guatemala subsisten graves, complejos y profundos problemas estructurales, tales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión, etc., que requieren ser atendidos. El reto de la ex Fiscal sería asumir una plataforma programática integral, que vaya más allí de la lucha contra la corrupción, una agenda mínima alrededor de la cual se concertara un acuerdo nacional”.

“Definitivamente, no”

Entre los diputados y dirigentes de organizaciones políticas consultados sobre la posible postulación de Aldana, Samuel López, de Semilla  (actualmente, comité pro formación), se abstuvo de responder, al igual que la diputada Sandra Morán de Convergencia. Otros negaron la posibilidad.

Mauro Vay, quien dirige el Movimiento por la Liberación de los Pueblos, un comité que ya comenzó el proceso para inscribirse, afirma: “Totalmente no. Somos un movimiento que creó un isntrumento político para alcanzar las demandas de los guatemaltecos. Todos deben sumar a la lucha para convertir esto en realidad. Todos son bienvenidos, siempre y cuando no vengan a poner condiciones”.

Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso y diputado por TODOS, comenta: “Totalmente no. No compartimos y de hecho rechazamos su actuar desde el MP. Durante su gestión se dedicó a politizar la justicia, engañando a la población que sus investigaciones eran producto de su compromiso con un trabajo objetivo. Pero antepuso su ambición política y usó los casos para hacerse imagen, prevaleciendo violaciones a la ley, y a los derechos humanos de incontables acusados.

Fue electa por la vieja política y nombrada jueza de la impunidad por la CICIG, En su paso por la fiscalía se dedicó a politizar la justicia y mediatizar los casos por intereses particulares. Se dedicó a violar el Estado de Derecho, la constitución y la presunción de inocencia. Está vinculada con el edificio de la corrupción que adquirieron en su administración, sobrevalorado en más de un cuarenta por ciento, robándoles a los guatemaltecos a plena luz del día.

También ayudó a procurar impunidad a Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón en el caso El Bodegón. Trafico influencias y ha sido denunciada por miembros de la comisión de postulación. Se dedicó a presionar a fiscales y jueces para entregar y aceptar pruebas falsas. Su brazo derecho, Mayra Véliz, ex secretaria general del MP forma parte de una red que otorgó varios pasaportes falsos y fue encubierta por ella durante toda su administración. Se tiene conocimiento público que su nombramiento como fiscal se realizó en el último nivel de un hotel. Todos los que asistieron eran del crimen organizado e Iván Velásquez conoce ese video”.

Similar posición manifiesta el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien dice: “Es un hecho anunciado aunque ella lo negó repetidas veces, lo cual es comprensible debido a las sanciones que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), impone por campaña anticipada.

Debido a las relaciones políticas que, a pesar de no ser oficiales sí son un hecho notorio, Aldana participaría por el partido Encuentro por Guatemala, que contaría con el financiamiento de Dionisio Gutiérrez. La participación de la ex Fiscal proporcionaría un termómetro muy preciso sobre la apreciación que la población tiene sobre su desempeño en el MP. En aras de un proceso electoral libre, es indispensable que al oficializarse su candidatura ya no esté Iván Velásquez, aunque su poder ha mermado ostensiblemente todavía podría ejercerlo a favor de Aldana, descalificando a sus potenciales adversarios en la justa electoral”.

El contexto de una candidatura anunciada

Aunque es reiterativo decirlo, la ley electoral vigente sanciona la promoción anticipada. Sin embargo, en el caso de Aldana, cuando todavía era Fiscal General, aceptó en público que está interesada en participar como presidenciable, en más de una ocasión, entre estas, en febrero, durante la presentación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción, liderado por Dionisio Gutiérrez.

El abogado y político Danilo Roca, considera: “La especulación en torno a su candidatura es parte de un proceso de posicionamiento anticipado de imagen pública y de hecho, un proceso de precampaña que en otras circunstancias, dadas las limitaciones legales, no se podría hacer. Es una estrategia usada muchas veces para fijar en la mente de los electores la relación de una persona con un cargo de elección popular”. Y agrega:

“No dudo que las encuestas que a diario inundan la red parten de una iniciativa programada en ese sentido por quienes promueven su candidatura. La figura de la señora Aldana es polémica y una pretensión de ese nivel reclama una preparación previa que prepare y al mismo tiempo defina a sus eventuales partidarios y opositores. Una técnica vieja, usada como nueva, en medio de una gran confusión y confrontación política”.

Finalmente, el coronel y columnista Mario Mérida, señala: “En primer lugar, la candidatura de Aldana confirmaría rumores que iniciaron desde finales del año pasado. El hecho iría en desmedro de toda su actividad para crear una política fiscal y perjudicaría cualquier discurso que ella usara para dirigirse a los guatemaltecos como candidata.

No tiene tantas ventajas como se hace ver. Es seguida por un círculo cerrado, de nivel mediático y reducido a las áreas urbanas.

En cuanto a su imagen como “punta de lanza” en la lucha contra la corrupción, también es discutible, porque para muchos, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la que tiene el mérito.

Otro aspecto que va en detrimento de las posibilidades que pueda tener, es su falta de experiencia en la contienda electoral y en el quehacer político. Habrá que verla en un debate con otras potenciales candidatos que sí están fogueados, como Alejandro Giammattei, Sandra Torres o Zury Ríos, quien podría convertirse en su némesis, puesto que cuenta con experiencia en el Congreso y ha sido candidata a la Presidencia.

Para quienes acarician esa idea, es bueno mencionar que Thelma Aldana no va a ser AMLO, quien además de estar sumamente fogueado contó con un excelente equipo. No puede decirse que ella cuente con esos valores agregados que se necesitan.

En cuanto al vehículo electoral al que se subiría la ex fiscal, Gonzalo Asturias mencionó una encuesta de CID-Gallup que la ubica como posible candidata de Encuentro por Guatemala y le otorga un 40 por ciento de simpatías. Sin embargo, este tipo de especulaciones se saltan lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Una variable puede afectar a todo el proceso electoral. Se está construyendo la deslegitimación del Presidente con señalamientos estilo los que se realizaron contra Bill Clinton.

Si Edgar Gutiérrez tiene pruebas, debió presentarlas formalmente, como cualquier ciudadano. Sin embargo, no fue apropiado que la Fiscal Consuelo Porras lo recibiera y le diera ese espacio. Ese es un elemento grave y se suma a que el Presidente carece de un equipo que pueda conformar un comité de crisis.

Gutiérrez pudo presentar las pruebas y constituirse en un testigo protegido. Que no lo haya hecho, pareciera evidenciar que los señalamientos son parte de una confabulación que busca defenestrar a Morales”, concluye Mérida.

El Ejecutivo aprobó un acuerdo para prorrogar por 30 días el Estado de Calamidad Pública por la erupción del volcán de Fuego, lo que el Congreso deberá ratificar o improbar. Entretanto, el número total de damnificados sigue siendo incierto y organizaciones civiles, como TECHO, incrementan sus esfuerzos para la reconstrucción.

Redacción

“A la fecha, persisten los efectos causados por la erupción del volcán de Fuego”, señala el acuerdo gubernativo aprobado por el gabinete de Gobierno, en el cual se plantea la prórroga al Estado de Calamidad Pública, debido a que permanece la situación de emergencia en las áreas afectadas, en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

Según datos oficiales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se reportan 113 fallecidos, 197 desaparecidos, 1. 714,387 afectados y 3,636 albergados.

Sin embargo, el abogado ambientalista Rafael Maldonado señala que los números pueden ser distantes de la realidad, puesto que una de las carencias más evidentes en el país es la de registros confiables y según un vecino dijo a los medios, solamente en San Miguel los Lotes habitaban 2,500 personas.

Entre las secuelas del evento trágico, está la denuncia de cinco diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia contra el secretario de Conred, Sergio García Cabañas, a quien responsabilizan por negligencia y omisión al no ordenar la evacuación a tiempo.

Maldonado señala que la tragedia debe ser una enseñanza para que las autoridades tomen medidas que eviten desastres semejantes. Entre otros, dice, la cultura de reacción y no previsión fue evidente en los efectos desastrosos de la erupción.

Según menciona, todas las zonas afectadas debieran ser declaradas inhabitables y destinarse, por ejemplo, a áreas protegidas. “Aunque hay comunidades bastante antiguas, también es cierto que en el lugar se ubicaron, hace unos veinte años, por lo menos dos grupos de retornados. Ya en aquella época, el sitio no debió ser poblado. De la misma manera, la construcción de colonias, la autorización de lotificaciones y el cambio en la altura de los puentes nunca debieron darse”, afirma.

Según dice, cuando la carretera era de terracería, los puentes estaban suficientemente elevados sobre los cauces de los ríos. Al asfaltar la ruta entre Escuintla y Antigua Guatemala, el nivel de los puentes bajó y esto fue uno de los factores que agravó el desastre. En cuanto a la prórroga del Estado de Calamidad Pública, considera que “si el gobierno está haciendo bien las cosas, es una medida necesaria”.

“Toda esta tragedia debe ser una alerta para que las autoridades no repitan los mismos errores y comencemos a actuar de forma preventiva, no reactiva”, concluye.

Comenzando a levantarse de nuevo

Entre el 29 de junio y el 1 de julio, TECHO movilizó a 400 jóvenes, quienes construyeron 17 módulos habitacionales y 17 viviendas temporales, que albergarán a 85 familias.

“Las familias habitarán estas construcciones durante unos seis meses, mientras el gobierno  construye las viviendas definitivas. Estamos conscientes de que muchas de estas personas vivían en mejores condiciones pero es una solución temporal”, señala Reneé Seijas, vocera de TECHO.

Esta acción es parte de la segunda fase de respuesta ante la emergencia. En la primera fase, los voluntarios levantaron la información de monitoreo y encuestaron a más de mil familias. “Los datos están siendo analizados”, dice Seijas, quien narra que esta labor se realizó en siete días de trabajo, en albergues oficiales y no oficiales, en Escuintla, Alotenango y Antigua Guatemala.

Los módulos habitacionales ocupan 72 metros cuadrados y están subdivididos en cuatro módulos unifamiliares. La meta de TECHO es instalar 130 módulos y 80 viviendas de emergencia.

“La organización tiene experiencia en diferentes emergencias en Latinoamérica y su objetivo es dar una respuesta urgente y de calidad a familias que, a casi un mes de la erupción, aún se encuentran en albergues comunitarios”, informa el comunicado de TECHO.

Según la organización, “la emergencia inmediata responde a una emergencia previa, donde miles de familias guatemaltecas viven en situación de pobreza y desigualdad, obligados a vivir en zonas de riesgo”.

Cada semana, la organización construirá estos módulos de emergencia, y esperan tener a 600 familias albergadas a principios de agosto

El 20 de junio, el Congreso de la República interpuso una denuncia penal contra el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, a quien se señala de varios delitos. Diputados, analistas y el propio Marroquín, califican de improcedente la acción, a la vez que restan potestad y representatividad al presidente del Congreso. La acción se produce en un contexto de confrontación entre el Organismo Legislativo y grupos que se identifican como sociedad civil. Como contraparte, el abogado Raúl Falla expone que el Congreso actúa acertadamente.

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Entre los antecedentes de la denuncia penal se encuentra, en primer lugar, el recurso que Acción Ciudadana interpuso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para demandar una nueva elección de Junta Directiva, aduciendo que en esta había diputados tránsfugas. Según Marroquín, este acto originó la venganza del Presidente del Congreso en su contra.

A Marroquín se le acusa por los siguientes delitos: falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, estafa propia, caso especial de estafa y lavado de dinero. La denuncia penal agrega que Marroquín fue nombrado presidente de la Junta Directiva y representante legal “por tiempo indefinido” en el año 2007.

Esto, señala la denuncia, transgrede los estatutos de esa organización, que en 2006 establecían que ambos cargos solamente podían ejercerse por un año. De acuerdo con esto, Marroquín habría cometido los delitos que se le imputan, señala la denuncia presentada al MP por tres abogados del Congreso: Rudy Federico Escobar Villagrán, Silvia Patricia Valiente Castro y Héctor Hernández Reyes.

Otro antecedente cercano que es necesario tomar en cuenta, son las continuas manifestaciones frente al Congreso. Más de una vez, algunos de los manifestantes han agredido a los legisladores. El caso más reciente es el de la diputada Patricia Sandoval, quien demandó ante la justicia a su agresor, un hombre que aparece constantemente en redes sociales, participando en manifestaciones y marchas contra el gobierno, aunque organizaciones civiles y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), en cuyas fotos aparece más frecuentemente, niegan que sea miembro de algún grupo o directiva.

Reacciones ante la denuncia

La legisladora Alejandra Carrillo, quien había sido electa tercera vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, antes de que la CC ordenara repetir la elección como respuesta al recurso de Acción Ciudadana, se excusó de mencionar la reciente denuncia contra Marroquín, pero recordó: “por su recurso es que no soy parte de la Junta Directiva”.

Algunos diputados expresaron que la denuncia penal fue realizada por el Presidente del Congreso sin consultarles y afirmaron que no se sienten representados por la acción de Arzú. Al respecto, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso señala:

“Artículo 17. Jerarquía y funciones. El Presidente del Congreso de la República es el funcionario de más alta jerarquía del Organismo Legislativo, y como tal, ejerce la dirección, ejecución y representación de dicho Organismo”.

Consultado sobre el tema, Marroquín dijo: “es una denuncia sin sustento. Al analizarla con detalle, es evidente que se trata de una vendetta por nuestras acciones contra el transfuguismo, que dejaron sin jefatura de bloque a diez diputados”.

El diputado Amílcar Pop señala que con la denuncia, el Congreso manifiesta que se trata de un poder dividido internamente y al mismo tiempo, confrontado con la sociedad civil, cuyas organizaciones han logrado impactar en temas como la corrupción, el genocidio y la cooptación del Estado.

Como respuesta y como evidencia de una recomposición interna, dice Pop, los diputados intentan implantar una ley para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) e implantar la censura a la libertad de expresión, en un contexto en el que se han cometido varios asesinatos contra activistas y dirigentes campesinos ante la pasividad del Estado, concluye.

La politóloga Celia Luna, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), afirma: “es preocupante que el Congreso señale a Manfredo Marroquín o a Acción Ciudadana. No le compete, puesto que no está en sus atribuciones, que son: representación, fiscalización y legislación”.

Según esta posición, es totalmente improcedente que un organismo del Estado denuncie penalmente al presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana, puesto que si él estuviera transgrediendo la normativa interna o estatutos de esa organización, sería la propia organización o en cualquier caso, Transparencia Internacional, la apropiada para interponer la denuncia. Ello, porque Acción Ciudadana es el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional hace 20 años.

En cuanto a la iniciativa de fiscalizar a las Ongs, Luna expresa su asombro por el desconocimiento de los legisladores sobre leyes vigentes, al emitir normativas nuevas. Según comenta, el ente rector de los financiamientos a las Ongs que reciben fondos del Estado, es la Secretaría General de Planificación (Segeplan), y cuando los recursos provienen del exterior, son los propios donantes los que fiscalizan.

¿Una denuncia necesaria?

El vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos, reafirmó lo ya expresado por Arzú en conferencia de prensa: la acción penal era una acción necesaria, puesto que de lo contrario, el Congreso hubiera caído en el delito de omisión de denuncia.

El abogado Raúl Falla coincide con la Junta Directiva del Congreso y afirma: “según entiendo, la representación de Manfredo Marroquín venció en 2007. Si esto es cierto, se vería imposibilitado de firmar convenios y contratos. Habría incurrido en los delitos que se le imputan. Un hecho que vale la pena mencionar es que Acción Ciudadana ha sido protagonista en casi todos los capítulos de la crisis social. Entre otros, accionó contra la Canciller Sandra Jovel. Es muy sencillo comprobar si Marroquín es realmente el representante legal de Acción Ciudadana. Basta con acudir al Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, donde tiene que constar esto”.

Puesto que Acción Ciudadana tiene convenios con varias entidades del Estado, incluyendo al Congreso, este puede ser considerado como entidad ofendida y como tal, tiene todo el derecho a accionar y cuenta con personalidad jurídica. Basta recordar el caso de MDF y la estafa de Q80 millones, donde el legislativo fue querellante, recuerda Falla.

“Siempre existe un pelo en la sopa” y en este caso, el hecho que puede empañar la acción del Congreso es que la denuncia penal fue interpuesta por el abogado Rudy Federico Escobar Villagrán, mandatario judicial del Congreso y quien en 2015 fue uno de los ocho capturados por el caso conocido como “plazas fantasma”.

 

Un señalamiento de abuso sexual contra el presidente Jimmy Morales, publicado en una columna de prensa, fue rápidamente replicado en espacios de opinión, programas radiales e incluso en notas informativas. La acusación no incluye el nombre de la (o las) agraviadas, y el Ministerio Público (MP), informó que no han recibido ninguna denuncia, tal como aseguró un medio escrito. Periodistas con varias décadas de experiencia, analizaron este hecho para Perspectiva.

Roxana Orantes Córdova

Los días 20 y 22 de junio, el columnista de y ex Canciller Edgar Gutiérrez, publicó dos columnas, con los títulos: “El peor de los presidentes” y “No tengamos miedo al cambio”. En ambas se refiere a lo que considera la desastrosa gestión de Jimmy Morales y lo insta a renunciar y refugiarse en Israel, pero también hace un llamamiento a la población para continuar con “el camino que iniciamos en 2015”.

Carlos López, un periodista de investigación con sede en el Reino Unido, afirma: “Existe una línea paralela del periodismo, que es la opinión. Estas son personales y no tienen que reflejar la realidad necesariamente. Las opiniones están basadas en el criterio y la perspectiva del autor. Regularmente se publican como columnas o editoriales”.

La peculiaridad de estos dos espacios, que no hubieran tenido la resonancia que tuvieron de no incluir un elemento perturbador que ha removido las aguas periodísticas, fue el señalamiento contra Morales, por “abusar de jovencitas”, amparado en su cargo.

Las acusaciones tuvieron repercusiones inmediatas. En primera instancia, la opinión fue replicada y complementada por una columna de Oscar Clemente Marroquín (La Hora), quien agregó que uno de los casos sucedió en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contra una empleada de esa institución. El hecho fue negado por el gobierno, por el ministerio mencionado e incluso por el MP, que asegura no haber recibido ninguna denuncia al respecto.

El señalamiento trascendió el terreno de la opinión y varios espacios noticiosos, incluyendo notas informativas medios internacionales, dieron a conocer que el mandatario guatemalteco es un abusador sexual, y que una de sus víctimas “habría” interpuesto una denuncia.

Carlos Morales, periodista con 30 años de experiencia y quien ha ocupado todos los puestos en los informativos, desde reportero a director de medios, comenta: “Los señalamientos se producen en medio de la vorágine por la pérdida de credibilidad y de respeto al Presidente”. Al mismo tiempo, señala que existe una tendencia en el periodismo actual a no realizar investigaciones profundas sobre los hechos, que considera una de las características de la mercantilización del periodismo. “En este caso hay dos culpables, los actores del hecho y los que escriben la noticia. Ambos tienen la responsabilidad a partes iguales”.

Para el columnista y abogado Giovanni Fratti, la importancia que los espacios noticiosos dieron a una acusación vertida en una columna de opinión, es resultado de que “muchos medios y comunicadores están actuando como un cardumen de peces que se dirigen hacia el mismo punto. Repiten lo expresado dándolo por hecho. No chequean, no verifican la información. Eso no es periodismo sino agitación política, incluso sedición”.

Según Fratti: “Evidentemente se trata de la construcción de una realidad falsa, pero lo grave es el apoyo a estas narrativas que se manifiesta en la resonancia que tienen cuando otros medios las replican. Entre otros, Luis Felipe Valenzuela comentó el señalamiento de Gutiérrez, dándolo por hecho”.

La utilidad de un rumor lanzado oportunamente

Según López: “Los rumores son chismes, creencias de personas no identificadas, que no son basados en hechos reales, pueden tener algún elemento de realidad, pero generalmente no está comprobado. En algunas oportunidades, estos rumores pueden proceder de agentes manipuladores de la opinión, para establecer en la población una creencia muchas veces basada en falsedades.”.

Carlos Morales considera que para hablar de fake news, primero es necesario entender qué es una noticia. “Es importante tener certeza de lo que dice una información es falso. En el caso del que se habla, un medio afirmó que la víctima “estaría presentando su declaración formal”.

Es decir, si la presunta víctima realmente llegara a presentar una declaración formal ante el MP, se evidenciaría que no se trató de un rumor tendiente a mermar aún más el muy debilitado prestigio de Jimmy Morales, quien podría encontrarse en medio de un escándalo sin precedentes e incluso, ser defenestrado.

Al final de la columna publicada el 22, Gutiérrez deja entrever que muchas denuncias de esa naturaleza contra Morales podrían dispararse. Pero si eso no sucede, cabría suponer que la cobertura posterior a sus columnas se trató de una “noticia falsa”, basada en una afirmación que no fue debidamente sustentada.

Un periodista menciona en su cuenta de twitter: “O es investigado el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, o es investigado Edgar Gutiérrez por una acusación falsa, pero esto no puede quedar en un simple artículo de opinión”.

Fratti insiste en que el señalamiento puede calificarse como la construcción de una realidad falsa, lo cual no le extrañaría porque: “de él puede decirse, no que tenga techo de vidrio. Tiene una catedral de vidrio sobre su cabeza, puesto que fue comparsa y compinche de Alfonso Portillo, el presidente más corrupto en la historia de Guatemala, que a la corrupción sumó el cinismo cuando reconoció que se había robado dos millones de dólares provenientes de una donación taiwanesa”.

Al mismo tiempo, coincide con Carlos Morales en la pérdida de credibilidad del Presidente y considera que esto se debe a que Jimmy Morales llegó de manera fortuita a la Presidencia, gracias al voto de castigo contra Sandra Torres.

Fratti asegura que el mandatario debió defenderse de una forma más contundente, llevando el tema por lo menos a un tribunal de imprenta. El mandatario ha enfocado su defensa en insinuar que contra él se tramó una fake news.

Al respecto de este término, el periodista y ex ministro de Gobernación Carlos Menocal afirma: “Los medios de comunicación no transmiten noticias falsas, sino hechos, relatos e historias que atañen e interesan a la población. Ahora bien, en redes sociales sí hay información falsa que apela a los sentimientos de los usuarios. Por ello, las personas deben discernir qué es información y qué son falsas noticias.

“No comparto lo que dice el presidente Morales en cuanto a que los medios de comunicación transmiten falsas noticias, sobre todo porque la credibilidad es el valor de los medios. Es la esencia del periodismo”.

Sin embargo, es un hecho que existen las noticias falsas, que el rumor es un instrumento político poderoso y sobre todo, que mientras no se hayan reportado una o varias denuncias contra Morales ante las autoridades correspondientes, la cobertura noticiosa a los señalamientos de agresión sexual, tiene muchas características de ser una construcción mediática.

Entre otras, el uso de un lenguaje impreciso, la falta de identificación de las víctimas, la falsa afirmación de que el caso había sido denunciado y sobre todo, la final apelación al temor por sus vidas de las presuntas ofendidas. Y esta impresión de que se divulgó un señalamiento sin sustentarlo periodísticamente, podrá permanecer mientras las presuntas ofendidas no se decidan a denunciar. O bien, hasta que un nuevo escándalo, real o construido, sustituya al tema en los titulares.

La cancelación de un partido en el gobierno es un hecho inédito en la historia del país. Por ello, Perspectiva consultó con analistas políticos que plantean escenarios ante la probabilidad de que esto suceda.

Roxana Orantes Córdova

El Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido gobernante, puede ser cancelado por orden del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a la acusación de financiamiento electoral ilícito, delito revelado en agosto de 2017, cuando el Ministerio Público (MP) y la CICIG dieron a conocer que entre enero de 2015 y enero de 2016, los representantes de fiscalización y contabilidad del FCN-Nación “incumplieron con sus obligaciones de rendición de cuentas al TSE y se identificaron montos de aportación anónima”.

Los empresarios montaron un mecanismo ilegal para pagar a fiscales de mesa, a través de la empresa Novaservicios, S.A. Según la investigación de CICIG-MP, estuvieron implicados Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Ramiro Castillo, Herbert González, Stefano Olivero, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte y Fraterno Vila.

Luego de una disculpa pública, los financistas fueron condenados a pagar fianzas de entre Q200 mil y Q 1 millón. Los cinco fueron sentenciados a arresto domiciliario y podrán salir del país solamente con autorización judicial, se dio a conocer en todos los medios de comunicación.

Días después, el TSE inició los trámites para cancelar el FCN-Nación, lo que de concretarse, sería un hecho sin precedentes, coinciden en afirmar analistas consultados por Perspectiva.

La historia del FCN, un cuento de hadas muy breve

El FCN-Nación es una organización política cuya historia puede calificarse como sui generis. Según Congreso Visible, se inscribió como comité pro formación de partido político en 2004, como respuesta de un grupo de ex veteranos militares, indignados porque habían sido insultados por activistas de derechos humanos en la festividad del 30 de junio de ese año.

En 2008 se convirtió en partido político y en 2011 participa por primera vez en las elecciones. Su candidato a la presidencia fue el abogado Ricardo Sagastume, quien declinó la candidatura porque el partido no contaba con fondos para sostener una campaña de esa naturaleza. El FCN postuló candidatos a alcaldes y diputados y lograron menos del 0.33% del voto, pero no fue cancelado porque no había participado en la elección presidencial.

El momento triunfal de esa organización fue en 2015, cuando sorpresivamente, su candidato Jimmy Morales alcanzó la presidencia. Morales se presentó como debutante en política, lo cual no es exacto, puesto que en 2011 había sido candidato a la alcaldía de Mixco por el partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN), liderado por Adela Camacho de Torrebiarte.

Morales llegó al FCN apadrinado por Edgar Justino Ovalle, quien alcanzó una diputación y actualmente, es prófugo porque el MP lo señaló en el caso Creompaz. La curul de Ovalle fue ocupada por el comediante Juan Adriel Orozco Mejía.

Aunque Morales logró la presidencia, su partido apenas obtuvo 11 curules, un hecho inédito hasta el momento pero que duró pocas semanas, puesto que semanas después de la toma de posesión, la bancada oficial creció significativamente con la incorporación de tránsfugas.

El FCN lo tenía todo y lo había logrado en un período relativamente breve: el poder Ejecutivo y una bancada con 36 legisladores. La amenaza del TSE podría terminar con ese cuento de hadas, con el agravante de que las reformas legislativas impiden a los diputados independientes incorporarse a otros partidos.

Para conocer (especulando un poco), lo que puede suceder con el partido gobernante, en caso de que sea cancelado, tres analistas plantean sus escenarios.

¿Antesala para la “limpia” del sistema político?

José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señala: “en principio, si se llegara a concretar la disolución del FCN, se trataría de un hito histórico. Nunca se ha dado la cancelación del partido gobernante durante su gestión”.

Entre los efectos de la hipotética disolución, menciona que en primer lugar se incrementará significativamente el número de diputados independientes. “Esto impactará en los nombramientos de presidencias de comisiones y Junta Directiva, puesto que los independientes no pueden ocupar esos puestos”, comenta.

Además, el Ejecutivo quedaría “mal parado”, puesto que podría perder el apoyo en el Legislativo, al desaparecer su bancada. “Si con bloque legislativo ya le era difícil llegar a acuerdos, le sería mucho más complicado”. La pérdida de espacio institucional obligaría al Ejecutivo a activar otros mecanismos de negociación, concluye.

Entretanto, la directora de Guatemala Visible, Marielos Fuentes , menciona que varias comisiones de trabajo del Congreso están presididas por diputados que tendrían que dejar ese puesto. Uno de los efectos, dice Fuentes, sería la reagrupación de las fuerzas políticas del Congreso en torno a intereses personales, no partidarios.

Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC) , menciona que la disolución del FCN es la conclusión de un proceso que está en marcha, pero que: “si se da antes de enero de 2020, será un hecho sin precedentes. El TSE estará demostrando su condición de “supremo”, evidenciará el delito cometido por ese partido y por quienes lo lo financiaron”.

La investigación y proceso por financiamiento electoral ilícito, que está tipificado en el artículo 407 N del Código Penal. “Es un precedente poderosísimo”, señala y recuerda que la investigación de financiamiento ilícito ha sido extensa y llegó a su segunda fase.

En cuanto a cómo afectaría el tema a Morales, recuerda que si bien fue secretario general de FCN, usó a esa organización como vehículo. “Hay que tomar en cuenta que FCN-Nación era un partido marginal que le dio facilidad para postularse a Morales, quien era prácticamente desconocido en política y fue tránsfuga, al migrar desde otra organización”.

Esta opinión también indica que la mayor parte del equipo de trabajo de Morales no es parte del FCN, y que la bancada no es leal al mandatario, además de estar integrada en su mayoría por tránsfugas de otras organizaciones que no tienen posibilidad de buscar la reelección, puesto que en la última reforma a la normativa electoral, se prohibe a los partidos cobijar a los que cambiaron de organización.

Los diputados independientes podrían actuar como kamikazees, las jefaturas de comisiones deberían ser dirigidas por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos y otros partidos. Otro efecto, sería la desparición de los cacicazgos, que implicaría el retiro de varios diputados ampliamente conocidos aunque es previsible que postulen a sus hijos o familiares, señala Fuentes.

En conclusión, lo que está sucediendo con el FCN puede calificarse como la antesala para una limpia del sistema político finaliza Castillo.

Las consecuencias de una negociación que podría ser perjudicial para el Estado comienzan a aflorar. La petición de que la compra se declare lesiva y la fiscalización del diputado Fernando Linares Beltranena, son dos acciones que podrían esclarecer una compra, no solo confusa, sino realizada en el mismo año en que terminó la gestión de Thelma Aldana.

Redacción

Algunas negociaciones que reúnen varios elementos de opacidad pueden resultar incómodas, sobre todo si salpican a las puntas de lanza de la lucha contra la corrupción en el país.

Este es el caso de la compraventa de un inmueble que además de estar sobrevalorado, tiene varias características que pueden develar un caso de poca transparencia en una negociación, con el agravante de que la compra se realizó en el mismo año que concluía el mandato de la ex fiscal Thelma Aldana, de quien se ha dicho que aspira a ser candidata presidencial y sigue siendo percibida por un sector de la ciudadanía como una figura emblemática en la lucha contra la corrupción.

El 13 de junio, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, presentó una petición a la Procuraduría General de la Nación (PGN), la petición de que la compra del edificio se declare lesiva para el Estado.

Según afirma: “para la adquisición del inmueble se llevó a cabo un procedimiento viciado desde el principio, como lo demuestra el hecho de que el MP sabía que estaba registrado por un valor de solo Q2 millones, con el obvio propósito de evadir impuestos”.

Además, señala que la jefe del departamento jurídico que se opuso a la compra fue trasladada a otro departamento y en su lugar se colocó a una funcionaria que no puso ninguna objeción al negocio.

“Esos son dos elementos entre varios muy importantes que el Ministerio Público, ahora bajo la jefatura de la licenciada Consuelo Porras, deberá tomar en cuenta al investigar un negocio, a todas luces corrupto, que se efectuó con el visto bueno de la entonces fiscal general Thelma Aldana y pleno conocimiento de su ex secretaria, Mayra Véliz”, concluye.

Por su parte, el diputado panista Fernando Linares Beltranena menciona que esta situación debe ser conocida como “El caso del edificio fantasma”.

Según dice, es válido denominar edificio fantasma a un inmueble cuyas condiciones lo convierten en inconveniente para la venta y suele permanecer vacío algún tiempo. Esto lo convierte en candidato a ser vendido al Estado, que paga por el error empresarial.

“Un antecedente es la Torre Marfil, donde se ubican las salas de apelación civil del Organismo Judicial”, afirma, y agrega que dicha edificación se encuentra en una zona eminentemente hospitalaria y tiene otros muchos inconvenientes.

A los defectos del edificio adquirido en la zona 5 por el Ministerio Público (MP), se suma el dato de que la titular de esa institución realizó la compra justamente en el año que concluía su mandato.

Y, según dice Linares: “Cualquier compra grande antes de dejar el cargo, es sospechosa. Sobre todo si hay opciones, como en el caso del MP, que en su sede de Gerona, tiene capacidad para que se le construyan más niveles, además de que en los parqueos tiene área suficiente para agregar otra edificación”.

En la carta que Linares le mandó a César Elías Ajca, Sub Contralor General de Cuentas, se exponen varios puntos que deben ser esclarecidos para saber si la venta es lesiva:

  1. Localización indispensable, requerida por la Ley de Contrataciones. El MP no la justifica y especialmente, pudo construir en los terrenos que ya tiene;
  2. Velocidad de adjudicación: los estudios jurídicos se hicieron meses antes, pero la adjudicación se realizó en un día;
  3. Habitabilidad: hay diferentes defectos que dificultan la habitabilidad del inmueble.

Algunos datos curiosos sobre el “edificio fantasma”

Según los documentos que el MP entregó al Congreso de la República, la propiedad está ubicada en la zona 5 y estaba valorada en Q2, 326.249.35.

El edificio, consta de 5,151 metros cuadrados. Información a los medios de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi), indica que la zona 5 es una de las que tienen más barato el costo de un metro cuadrado de tierra.

En ese sector el precio del metro cuadrado oscila entre US$200 (en la colonia Arrivillaga y cercanías) a US$ 400 (Campo de Marte y Jardines de la Asunción). Mientras, en sectores como la Avenida las Américas, puede llegar a los US$1,000 y en las zonas 15, 10 y 9 alcanza los US$800. Según este dato, el terreno pudo costar poco más de Q7 millones y sumándole la construcción, no llegaría a los Q20 millones, afirmó Méndez Ruiz.

Entre los documentos que el MP entregó al Congreso sobre la venta, está la evaluación realizada al inmueble por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Llama la atención que la finca donde se construyó el inmueble aparece en algunos documentos como propiedad de Ayton5 Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Mynor Enrique Lobos Agustín. Sin embargo, el inmueble fue vendido por Bertram S.A., que también tiene a Lobos Agustín como representante legal. Cuando se realizó la transacción, Lobos tenía apenas 23 años, y según la Fundación contra el Terrorismo, reside en Villa Nueva.

Ayton5 se inscribió recientemente en Guatecompras, para ofertar actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Hasta el momento no ha recibido ninguna adjudicación del Estado. En tanto, Bertram está inhabilitada temporalmente y solamente fue beneficiada con una adjudicación, que pese a ser de Q35 millones, se otorgó en un día.

 

Con dictamen favorable y protestas en ciernes, la reforma a la Ley de Reconciliación, que podría amnistiar los delitos derivados del conflicto armado interno avanza en el Congreso. Perspectiva entrevistó a ex guerrilleros, militares y juristas para “tomarle el pulso” a las opiniones en torno a un hecho que, según el coronel Mario Mérida, no es de relevancia para la mayor parte de los guatemaltecos, quienes consideran el conflicto armado como una situación del pasado que no se relaciona con sus vidas cotidianas.

Roxana Orantes Córdova

El martes 12 y miércoles 13 de junio, el Congreso podría estar rodeado nuevamente por manifestantes convocados por la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, como protesta porque la propuesta de reforma a la iniciativa 5377 recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, lo cual significa que pasaría al pleno para su aprobación en lecturas.

La propuesta de reformas está firmada por los diputados Claude Harmelin de León, Armando Melgar, Javier Hernández Franco, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Boris España, Delia Bac, Julio Lainfiesta, Javier Hernández Ovalle, Manuel Conde Orellana y José Ubico, además de una firma ilegible.

Aunque para muchos guatemaltecos, especialmente los más jóvenes, el conflicto armado es una parte de la historia que ven como algo lejano y difícilmente repetible, otro sector permanece dividido en dos posiciones establecidas durante la “guerra fría” que si bien es cosa del pasado en la mayor parte del mundo, en Guatemala sigue motivando pasiones y desencuentros.

Esto se debe a que mientras la ex guerrilla y sus organizaciones afines, agrupadas en la “sociedad civil”, demandan el cumplimiento de la justicia transicional, los militares, sus familiares y personas cercanas a ellos se sienten traicionados por el grupo que, dicen, después de resultar vencido en el enfrentamiento armado, ahora los lleva a juicio.

Tal es la posición de José Urrutia, abogado litigante y miembro de Guatemala Inmortal, para quien solamente la amnistía total podrá sanar a la sociedad guatemalteca. “Es una ley que finalmente firmará la paz para los guatemaltecos.  Aquella firma de la paz de 1996 fue suscrita práctica y únicamente por el Estado de Guatemala y su Ejército. No así por los terroristas marxistas, quienes continuaron la guerra que ellos mismos provocaron 36 años antes, por medio de la guerra judicial (lawfare), contra los oficiales que los derrotaron en el campo de batalla. Es una ley que definitivamente hará justicia y evitará que esos sinvergüenzas y vividores sigan lucrando con el Estado a través de los resarcimientos”, afirma.

En el otro extremo, el ex ministro de Gobernación Carlos Menocal considera que la propuesta es “una aberración jurídica que va en contra de todos los principios de los Derechos Humanos”. A esta afirmación se suma el comentario de la diputada Sandra Morán, quien señala que se trata de una ley que genera amnistía general e impunidad.

La directora de Seguridad en Democracia (Sedem) y defensora de derechos humanos, Iduvina Hernández, indica: “Es una propuesta de impunidad, la cual a mi parecer es el único tema del quehacer del diputado Linares Beltranena. Es inconstitucional y de avanzar el trámite, hay riesgo de sanciones por los compromisos que el país asumió en materia de Derechos Humanos”.

Por el momento, el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de no Repetición, pidieron al Congreso no reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

El oficial Edy Morales, sociólogo especializado en criminología, fue uno de los militares que participó en combates durante el conflicto armado. Además, fue parte del movimiento de oficiales jóvenes que llevaron a la jefatura del Estado a Efraín Ríos Montt. A su criterio, “la reconciliación nacional es necesaria, pero no sin antes haber sido sentenciados aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben según el derecho internacional. No debe ser una ley que apoye a la impunidad sino todo lo contrario, que cohesione a la sociedad guatemalteca”.

¿Será posible “conciliar verdad y perdón”?

El doctor Adrián Zapata, encargado de Desarrollo Rural en el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), quien fue funcionario público y dirigente de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), comenta:

“Dicha iniciativa contradice el derecho internacional correspondiente a esta materia, y la impunidad no es el camino para lograr la deseada reconciliación nacional. Hay que buscar, con creatividad, cómo se logra conciliar verdad y perdón, sin impunidad”.

Con la posición de Zapata concuerda el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, experto en análisis estratégico, quien afirma: “Hay crímenes contra la humanidad que están contemplados desde 1996 en el Código Penal, como la tortura y la desaparición forzada. Estos son imprescriptibles, pues son incompatibles con el olvido. Hay un grave error en la iniciativa del diputado Fernando Linares Beltranena, al homologar la prescripción (como un acto de voluntad) con la amnistía o la gracia”.

Para Mejía, “los crímenes contra la humanidad no pueden prescribir, pues no expresan el perdón de los hombres sino el olvido del tiempo, de tal manera que garantizaría la impunidad de los crímenes después de transcurrido cierto plazo desde que los hechos fueron perpetrados. Así, se impide la persecución penal o prescripción de la acción pública desde la condena relacionada con la prescripción de la pena, la cual no será ejecutada. Mientras la impunidad obstaculice cualquier proceso, clausura la posibilidad de formar la memoria. La memoria no tiene como fin estancarse en el pasado, sino fortalecer el presente”.

La amnistía, explicada por militares

En la exposición de motivos del proyecto legislativo, se menciona que “durante el conflicto armado, nadie fue muerto por ser indígena ni para eliminar total o parcialmente a los indígenas. Tanto en las fuerzas armadas insurgentes como contrainsurgentes, la mayoría de los combatientes eran indígenas”.

Esto, debido a que el concepto de genocidio se sustenta en la intención estatal de eliminar a una etnia determinada, lo cual es negado enfáticamente por los oficiales que participaron en la confrontación, quienes aseguran que la insurgencia también cometió masacres contra aldeas y caseríos indígenas.

Uno de los malestares expresados por quienes promueven la normativa es que de la firma de la paz a la fecha, se contravino lo convenido durante las negociaciones de paz, a través de las acciones judiciales con una de las partes confrontadas, que resulta ser la parte vencedora.

La exposición de motivos de la propuesta de amnistía documenta que hay 120 militares imputados y 71 detenidos  por delitos relacionados con el conflicto, en tanto solamente un ex insurgente juzgado y condenado, por el caso de El Aguacate.

Según afirma Recinos, el Ministerio Público (MP), ha ignorado las 135 denuncias que suman 64,342 delitos atribuidos a la insurgencia. “Uno de los bufetes de derechos humanos más activos en las acusaciones contra militares, está dirigido por un abogado cuya esposa es subdirectora del archivo de la Policía Nacional. Entonces, cuando llegamos a pedirles información, difícilmente nos la dan”, comenta.

Asimismo, dicen los militares, se da muy comúnmente la exacerbación de los conflictos de intereses “son víctimas, peritos, investigadores y jueces”, aseguran. Y como ejemplo, mencionan a los jueces en el proceso de genocidio, contra Efraín Ríos Montt: Yasmín Barrios, afín a la izquierda; Patricia Bustamante, hermana de un desaparecido y Pablo Xitumul, cuyo padre habría muerto en un destacamento militar.

El coronel Mario Mérida, director de Inteligencia del EMD y viceministro de Gobernación entre 1992 y 1994, añade que uno de los mayores motivos de descontento para los castrenses es que la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), se negó a recibir el aporte de varios tomos (entre 7 y 10), entregados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), mientras aceptó como insumo el informe realizado en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), por un equipo de investigadores afín a la insurgencia.

De la misma manera, señala Mérida, hubo perversión en la CEH, cuyos miembros fueron Christian Tomuschat, quien por haber participado en las negociaciones de paz debió abstenerse, señala, así como Alfredo Balsells Tojo, quien presidió la CEH, Otilia Lux y otros que, si no miembros de organizaciones subversivas, fueron afines a la izquierda.

“Es complicado hablar de reconciliación en un país que desde antes de la conquista y colonización ha estado sin conciliación. Enfrentamientos entre los señoríos mayas, antes y durante la colonia, diferentes confrontaciones históricas han sido una constante”, expresa.

Según narra el coronel y abogado Juan José Recinos, la Ley de Reconciliación Nacional tuvo un nacimiento ilegal, puesto que se aprobó contrarreloj cuatro días antes de que se firmara la paz. En ese momento, se le agregó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad (genocidio y desaparición forzada).

Sin embargo, “no puede juzgarse un crimen ni imponerse una pena sin una ley anterior. La Ley de Reconciliación Nacional se redactó entre 1995 y 1996”. Para Recinos, al conflicto armado no puede aplicarse el Estatuto de Roma, al que el país se adhirió en 2012, y que fue creado después de la Primera Guerra Mundial para juzgar crímenes de Guerra.

“En Guatemala jamás se declaró la guerra. Esta declaración la debe hacer el Congreso. Las fuerzas irregulares fueron catalogadas como delincuencia subversiva y tuvieron el beneficio de varias amnistías. Entonces cabe preguntarse ¿por qué las amnistías tienen efecto para un sector y para otro no? Aparte de estas irregularidades y falta de sustento, los juicios contra militares en tribunales civiles, transgreden la Constitución, cuyo artículo 212 establece que son los tribunales militares los que conocerán los delitos o faltas cometidos por miembros del Ejército”, afirma.

Y Recinos concluye: “Si este proyecto de reforma no pasa, entonces que se haga justicia para todos. Tenemos a varios diputados y personajes públicos señalados, entre ellos al diputado al Parlacen Pablo Ceto, quien combatió en el frente Ho Chi Minh, del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)”.