El Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), son tres entidades que comienzan a recibir fuertes críticas de diversos sectores.

Las tres se han caracterizado por avalar incondicionalmente todas las acciones de la CICIG y, probablemente debido a lo mediático de los casos, que les generan “buena prensa”, o coberturas favorables, se enfocan especialmente en temas relacionados con la corrupción, aunque según expresa el abogado Omar Barrios, esto no compete ni a la PDH ni a la CC.


“Es indudable que tanto el MP como la CC y el PDH han sufrido una gran erosión debido al abuso de autoridad en que han incurrido, a consecuencia del poder que sobre ellos ejerce el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez”, asegura Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.


El MP, de ente investigador a asistente de Velásquez

El 6 de marzo, la Asociación de Fiscales de Guatemala envió una carta a la Fiscal General Thelma Aldana, solicitándole que los procesos de elección se realicen de forma transparente y equitativa, respetando los procedimientos establecidos. La misiva circuló en redes sociales y está calzada con el logotipo del MP.

Pocos días después, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones divulgó un comunicado dirigido al pueblo de Guatemala, en el cual expresa que, tanto las autoridades policíacas como el MP tienen prohibido exhibir a los capturados ante los medios de comunicación.

Los juristas expresan su total rechazo a la mediatización de los fallos y demandan el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso.

Es un hecho que el MP ha dado amplia divulgación a las capturas por casos de corrupción, tanto así que a principios de marzo, la funcionaria estadounidense Nikky Haley expresó su aval a la CICIG pero, en entrevista con los dos representantes de esos entes, les pidió no politizarse ni mediatizar los casos.

Sobre el accionar del MP, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, afirma: “Es obvio que la Fiscal General, Thelma Aldana, oficia como una simple asistente de Velásquez, quien en realidad oficia los grandes casos mediáticos en materia penal”.

Quienes aseguran que la CICIG no es la encargada de aplicar justicia, están en lo cierto. Sin embargo, es innegable que los jueces y magistrados que fallan contraviniendo las intenciones de ese ente, suelen ser detractados e incluso, sometidos a procesos de antejuicio como respuesta.

Esto fue patentizado en el pronunciamiento de los magistrados de apelaciones , quienes concluyen: “Estas acciones desafortunadas, están encaminadas a deslegitimar la función jurisdiccional, lo que significa un desgaste a la credibilidad del Estado, con lo cual se debilita el Estado de Derecho y lesiona gravemente nuestra democracia”.

Según Omar Barrios, la CICIG no es responsable de esta situación, puesto que su tarea es ser un ente de apoyo. Es el MP el que se apropió de la titularidad de la independencia judicial que corresponde a los tribunales y la CC, para servicio de la CICIG.

Debido a la “buena prensa” que tiene el combate contra la corrupción, la ciudadanía percibe positivamente que la CC y la Corte Suprema de Justicia luchen contra la corrupción. “Pero esta no es la función de organismos que deben impartir justicia de forma imparcial. No tomar bandera, solamente decidir”, afirma Barrios.

Sin embargo, dice Barrios, la justicia está permeada en temas como la falta de independencia judicial, la intromisión de actores externos y comentarios que están fuera de lugar, como ciertas publicaciones en los medios de comunicación que se expresan a favor o en contra de los actores en un proceso.

Paredes en la 12 calle y 7a. avenida zona 1, pintadas el 8 de marzo.

Esto redunda en que se produzca violación al derecho de presunción de inocencia y se atente contra la honra de las personas, que son lapidadas por la opinión y ciertas publicaciones. Además, el uso de elementos de convicción o pruebas, que deben ser solamente utilizados en los tribunales, actualmente se presentan en conferencias de prensa.

Toda esta situación, dice el jurista, se debe a los grandes errores de la CICIG en sus investigaciones. Según afirma, los profesionales guatemaltecos tienen mucho más capacidades instaladas para luchar contra la corrupción que el ente acompañante.

¿Lucha contra corrupción o conflicto de intereses?

Ya no existe una CC, sino “la justicia ejercida por Gloria Porras”, comenta Barrios, quien añade que Porras es una gran jurista, pero está actuando de forma que no es imparcial. Aunque muchos dicen que no existe justicia selectiva, el hecho es que los fallos de la CC muestran lo contrario.

Es un hecho notorio que la CC se convirtió en un juzgado más, que resuelve según la voluntad de Velásquez”,  afirma Méndez Ruiz, mientras Barrios comenta que la lucha contra la corrupción se convirtió en un conflicto de intereses y que la CICIG está rodeada por diversos grupos sectarios que ejercen influencia en la línea de sus acciones.

“Por su parte, es conocida la relación entre el Procurador Jordán Rodas y Helen Mack, quien a su vez es uno de los principales soportes de Iván Velásquez a través de la autoproclamada sociedad civil, de la que Mack es sin lugar a dudas la figura más prominente”, señala Méndez Ruiz.

Un ejemplo de esto es el grupo de autodenominados “representantes del pueblo Xinca”, a quienes avala el Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS). Hace varias semanas este grupo acampa en la entrada de la CC, para presionar un fallo que les favorezca contra la minera, en un trámite de amparo que ha demorado más de 60 días, aunque la CC tiene un antecedente, como es el caso de la hidroeléctrica Oxec, que reanudó sus operaciones en 2017.

En el caso de la minera San Rafael, “El fallo, sea negativo o positivo, debiera ser emitido lo antes posible, puesto que están en juego, no solo los intereses de los empresarios, sino el empleo de muchas personas”, señala Barrios, quien añade que el fallo favorable a Iván Velásquez se emitió en cerca de 12 horas y comenta que el comisionado no necesitaba de este fallo, porque está protegido por la inmunidad internacional que le otorga la ONU.

Mientras, la gente que está alrededor del conflicto de la minera está siendo afectada directamente. Considero que era más sencillo afectar a Jimmy Morales con el fallo favorable a Velásquez, que resolver un problema complejo y donde hay múltiples intereses”, indica el abogado.

PDH: una participación irresponsable

La participación del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, en una marcha feminista que ha sido fuertemente cuestionada porque se considera que ofende la fe cristiana, le ha acarreado al funcionario una serie de cuestionamientos.

La petición de un ciudadano al Nuncio Apostólico Mons. Nicolas Henry Marie Denis Thevenin ha logrado 13,700 firmas electrónicas en dos días, mientras la campaña para pedir su pronunciamiento ante el Vaticano.

El 14 de marzo se inició la campaña para recolectar firmas físicas frente al Palacio Nacional de la Cultura. Centenares de ciudadanos desfilaron a partir de las diez de la mañana para pedir la defenestración del PDH.

En la Plaza, las emociones estaban a flor de piel. Un académico simpatizante de la izquierda ofendió con palabras soeces a una señora de la tercera edad. Otro diletante del feminismo arengó a los participantes expresando su ateísmo con discursos encendidos.

Señora que fue insultada por ir a firmar.

Al mismo tiempo, un grupo de diputados entre quienes se encuentran Delia Back, Felipe Alejos, Estuardo Galdámez y Javier Hernández, citaron al Congreso a Rodas, para iniciar lo que podría ser un trámite para su destitución.

La Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico fueron los primeros en pronunciarse condenando el acto del magistrado de conciencia, quien divulgó un comunicado en tono de disculpa y aclaración, afirmando que se presentó a la Plaza de la Constitución para conmemorar a las víctimas del Hogar Seguro.

Sin embargo, en cualquier caso la acción de Rodas fue desafortunada y según Barrios: “Fue una participación irresponsable. Un aprovechamiento, posiblemente no intencional. Nos guste o no, la manifestación de las feministas es su libre decisión. No creo que su objetivo fuera ofender, pero un funcionario de alta jerarquía no debería aparecer en ninguna muestra pública de repudio, incluyendo el homenaje a las niñas del Hogar Seguro”, concluye.

Cambios en la política estadounidense

El mandatario estadounidense Donald Trump sustituyó al Secretario de Estado Rex Tillerson, de tendencia demócrata, por su aliado Mike Pompeo, quien dirigía la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El hecho ha generado expectativas entre quienes consideran a la CICIG un ente innecesario e intervencionista.

Para Méndez Ruiz, “Los cambios en el gobierno de los Estados Unidos generalmente demoran un buen tiempo en hacer sentir sus efectos en Guatemala, pero sin duda, el cambio de rumbo en el apoyo a Velásquez podría ser más rápido de lo esperado, ante la forma en que se han estrechado los lazos de ambos países a partir del anuncio del traslado de la embajada de Guatemala en Israel hacia Jerusalén”.

Por su parte, el internacionalista Nicholas Virzi, considera que no habrá cambios en cuanto al apoyo a la CICIG o a Velásquez. “Pero si se arma una acción contra Venezuela, se sobreentiende que Guatemala va a colaborar con Estados Unidos. Entonces habrá más apoyo al presidente Jimmy Morales, hasta que termine su mandato”.

Y aunque el experto no lo comentó, parte de este apoyo podría incluir que se acceda a que en septiembre de 2019, no se renueve el mandato del ente internacional o incluso, que se otorgue vía libre a su declaratoria de non grato a Velásquez.

 

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