Por: Redacción

Los vetos que objetan la participación de 14 juristas en el proceso que designará al Fiscal General de la República pueden interpretarse desde dos puntos de vista: en primer lugar, como el interés político en debilitar la imagen de un posible fiscal que no responda a las expectativas de quien interpone el veto, tal como señala Edgar Ortiz, analista del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

En segundo lugar, debe mencionarse que los vetos o tachas son recursos creados para que la ciudadanía independiente fiscalice el proceso y pueda evitarse el nombramiento de un personaje no idóneo como Fiscal General, afirma Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia (Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro-FADS).


Ibarra recuerda que antes de 2009 las elecciones de magistrados eran un proceso totalmente secreto para la ciudadanía. “Al aprobarse la Ley de Comisiones de Postulación se abrió una ventana que permitió constituir a los ciudadanos como monitores del proceso”, señala y agrega que es importante develar la identidad de los aspirantes.


Con lo anterior coincide Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, una de las organizaciones que veta a uno de los aspirantes. “Es muy sano que los ciudadanos presenten sus tachas. Los participantes en el proceso han sido jueces, han ejercido la abogacía. Es importante que estén bajo el escrutinio público. Y también es muy sano que los cuestionamientos estén fundamentados”.

Ortiz enfatiza en que la elección está polarizada y esto implica que podrían presentarse vetos sin fundamento contra determinados participantes. “Existen grupos que ejercen presión y pueden presentar denuncias no comprobadas, con el único fin de generar desgaste a los señalados, porque posteriormente la comisión indicada analizará las denuncias y de no ser procedentes, cualquiera de estos aspirantes podría estar entre los seis finalistas e incluso, llegar a ser Fiscal General”.

Por su parte, Ibarra señala que las tachas o vetos deben basarse en comportamientos poco éticos o vinculados a hechos irregulares en su desempeño anterior, que el denunciante conozca, pero afirma que no es válido interponer un veto por un fallo judicial que haya emitido alguno de los aspirantes.

Grupos organizados y tachas para los protagónicos

Los 15 candidatos a  encabezar el MP que no han sido cuestionados son poco conocidos y sus nombres probablemente han aparecido en alguna ocasión en los medios informativos, pero no puede decirse de ellos que se trate de “personajes mediáticos”, a diferencia de sus colegas que sí han recibido tachas y en algunos casos, hasta seis, como Roberto Molina Barreto, quien presidió la Corte de Constitucionalidad (CC).

Algunos de los señalamientos planteados exponen detalladamente la falta de idoneidad del aspirante. Por ejemplo, a Erick Álvarez se le señala “por el uso anómalo de recursos financieros del Organismo Judicial”. Esto lo amparan con informes de la Contraloría General de Cuentas.

Al Juez Miguel Ángel Gálvez, uno de los funcionarios judiciales que gozan de mejor prensa, lo señalan la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y José Luis Quilo Ayuso, presidente de la Asociación Guatemalteca de Veteranos Militares (Avemilgua).

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la citada fundación, dijo que la prueba presentada contra el juez se basa en una fotografía donde este aparece con Miguel Mohrt, un ciudadano alemán radicado en Guatemala, quien inicialmente trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), posteriormente en un equipo de antropólogos forenses y actualmente, dirige un bufete llamado Bufete Jurídico de Derechos Humanos.

Mohrt ha promovido casos contra veteranos militares y su relación con Gálvez podría ser inapropiada, dependiendo del momento en el que se haya tomado la fotografía, porque evidenciaría tráfico de influencias, de comprobarse que la reunión privada se realizó cuando Gálvez estaba llevando algún proceso contra militares retirados. Un detalle interesante, es que según los medios, el juez estaba reunido con “representantes de la comunidad internacional”, cuando Mohrt reside en el país por lo menos hace 20 años y no es diplomático ni funcionario de un organismo internacional.

Otras tachas se basan en fallos emitidos por los señalados cuando eran jueces o magistrados, lo cual pone en entredicho la independencia judicial, que otorga al juzgador la potestad de decidir.

Todo esto, como es evidente, apuntala lo expresado por Ortiz en cuanto a la polarización y el interés político por debilitar a algunos de estos personajes.

Y finalmente, cabe resaltar que la inmensa mayoría de vetos fueron interpuestos por organizaciones que pueden calificarse como “juez y parte” o por ciudadanos individuales vinculados con esas organizaciones.

Como ejemplo, la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por varias organizaciones que habrían sido afectadas por sus señalados; el Comité Campesino del Altiplano, grupo de choque (del cual es dirigente el diputado de Convergencia Leocadio Juracán), que suele hacer protestas y promover tomas de terrenos, así como por el otro lado, la Avemilgua y la Fundación contra el Terrorismo, ambas defensoras de los militares señalados por los aspirantes que ellos objetan.

Aspirantes, vetos y en qué se fundamentan los señalamientos

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