Hace 12 meses, el mandatario Jimmy Morales anunció sorpresivamente su decisión de declarar non grato al comisionado Iván Velásquez. Tres abogados consultados por Perspectiva analizan una situación semejante a una obra tragicómica del “teatro del absurdo”,  con la diferencia de que todos los despropósitos que rodean la disputa entre el mandatario y el comisionado han tenido como consecuencia un evidente deterioro socioeconómico y el incremento de una polarización entre grupos de ciudadanos pro y contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),  que actúan movidos por emociones, más que por información, señala el penalista Omar Barrios.

Roxana Orantes Córdova

Uno de los elementos que se convirtió en una piedra para el zapato de la CICIG es el caso Bitkov. José Rolando Alvarado, abogado de la familia rusa, enfatiza en que la suspensión de fondos estadounidenses para la CICIG no se originó en el “lobby” emprendido por detractores de la comisión mencionada, sino fue consecuencia de las denuncias documentadas por las diversas violaciones contra los derechos de los Bitkov, así como las evidentes irregularidades en el proceso.

El 23 de agosto recién pasado se conoció que EE.UU. liberó dichos fondos, correspondientes al año fiscal 2017. Sin embargo, al mismo tiempo circuló una versión sobre determinados condicionamientos que el Departamento de Estado estadounidense habría impuesto a la CICIG para entregarle ese financiamiento que asciende a US$ 6 millones.

“Como bufete, solicitamos al Departamento de Estado conocer el contenido de la carta oficial donde se menciona el desbloqueo de los fondos, porque aparentemente existen algunas condiciones para el desembolso. Es probable que no la recibamos inmediatamente, porque en este momento hay vacaciones de verano en Estados Unidos”.

Lo que sí es un hecho, señala Alvarado, es que en septiembre, el Inspector General del Departamento de Estado visitará Guatemala para investigar detalladamente las acciones de dicha comisión.  Septiembre será un mes crucial para la CICIG, porque además de que será fiscalizada por el funcionario estadounidense, es el mes en el cual vence la visa de trabajo de Velásquez, lo que podría dar lugar a que Morales decidiera que no se renueve y de esta manera, pedir nuevamente su retiro del país, comenta el abogado.

Finalmente, expresa que constantemente salen a luz nuevos elementos de irregularidad que vinculan a la CICIG y a organizaciones afines. El más reciente, es la mención que el Centro de Medios Independientes realizó sobre Alfonso Carrillo, al que menciona como abogado de Oderbrecht, la constructora vinculada en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. Al mismo tiempo, Carrillo es miembro del Frente Ciudadano contra la Corrupción y asesor del banco ruso Gazprombank, que persiguió implacablemente a la familia Bitkov.

Decisiones improcedentes: declaratoria de non grato y amparo a Rodas

Al declarar non grato a Velásquez, el presidente Morales transgredió el principio de legalidad que rige las acciones de todos los funcionarios, expresa el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, Subsecretario Técnico del Consejo Asesor de Seguridad hasta marzo de 2017, meses antes de que Morales cometiera el error que le sigue pasando factura.

Según recuerda, el entonces Canciller, Carlos Morales Moscoso, no firmó la petición, que por otra parte contenía varias irregularidades. Esto originó que la Corte de Constitucionalidad (CC), fallara a favor del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas, quien interpuso un amparo improcedente para defender a un funcionario internacional.

Mejía comenta que la polémica aparición de Morales leyendo la declaratoria de non grato fue casi simultánea a una conferencia de prensa del Ministerio Público (MP) y la recordada afirmación de Thelma Aldana, quien amenazó con renunciar si Velásquez se iba del país.

“El ex canciller Carlos Morales estaba en desacuerdo con la medida, pero fue Francisco Rivas quien filtró a los medios los detalles de este incidente”, señala Mejía, quien califica de aberrantes los amparos solicitados para Velásquez (protegido por su calidad de funcionario internacional).

“El amparo de Carrillo, quien trabaja para Dionisio Gutiérrez, no hizo bulla, mientras el del PDH fue atendido con sorprendente rapidez, pese a que era absolutamente improcedente, debido a que el PDH es el funcionario encargado de velar por los derechos de los ciudadanos guatemaltecos de a pie, no de funcionarios internacionales”, concluye.

“Velásquez perdió el rumbo. Morales, nunca lo tuvo”

El penalista Omar Barrios, director del Centro de Estudios en Derecho (CEDE), expresa que los guatemaltecos estamos ante una disputa que tiene al país paralizado en varios campos. “En el transcurso de todo este desencuentro se han manifestado errores tan garrafales que a veces parecieran ser intencionales”, dice Barrios.

En primer lugar, está la desafortunada declaración de non grato realizada por Morales hace un año. Barrios explica: “Según el derecho internacional, el tratado que da origen a la CICIG es el marco legal que rige su funcionamiento. En el artículo 12 de dicho tratado se especifica que cualquier controversia entre Guatemala y la CICIG se resolverá a través de la negociación. No es posible aplicar la figura de non grato, destinada a los diplomáticos, a un comisionado especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.

Y si la declaración de non grato estuvo mal, mucho peor fue el amparo solicitado por el PDH, que aparentemente quiso lucirse como defensor del comisionado y a quien el amparo le fue otorgado instantáneamente por la CC, que sin entrar a conocer a fondo el asunto, se limitó a mandarle a Morales este mensaje: “vaya a hacer bien las cosas”. De cualquier manera, al final la respuesta de la CC hubiera sido no, puesto que no era posible aplicar la figura de non grato a Velásquez.

Un año después, es evidente el deterioro en los campos económico y social. Parece una pelea personal entre dos egos. Afirma Barrios: “Por un lado, la comisión, con su insistencia en meterse en áreas que no son de su competencia, al tiempo que no ha desmantelado ni un solo aparato clandestino de seguridad”.

Mientras tanto, la gente parece feliz al ver los supuestos avances en la cruzada contra la corrupción, sin percatarse de que se han destinado millones de euros para tener como único logro este año, la desarticulación de dos minipartidos: Encuentro por Guatemala y el oficialista FCN, que si acaso, cometieron un ilícito administrativo al que se aplican multas, no sanciones penales”.

Lo más grave, es que existe un consenso de negación en la sociedad para negar o no ver cualquier error de la CICIG. Esto está relacionado con la “buena prensa” que el comisionado tiene entre algunos medios, asegura Barrios.

Entretanto, partidos que según el informe de la CICIG sobre financiamiento ilícito, sí tienen indicios de vínculos con el crimen organizado, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no son tocados.

Según Barrios: “La CICIG no ha verificado corrupción en los puertos, en las aduanas, en áreas copadas por el narcotráfico como algunos sitios en Huehuetenango, mientras se estigmatiza y se destruye la carrera política de una líder como Nineth Montenegro, quien en la década de los ochenta se enfrentó a los CIACS valientemente y además, ha sido símbolo de la fiscalización durante décadas”.

Junto a lo anterior, el endiosamiento del comisionado lo lleva a perder la perspectiva de sus atribuciones y constantemente se extralimita. El 27, en la inauguración de las “capacitaciones” al TSE, que según Barrios transgreden más de una normativa nacional, Velásquez publicó en el twitter de la CICIG: “Lo que incomoda a algunos sectores es que en la próximas elecciones quedará claro que aquel que no cumpla la ley, tendrá sus consecuencias”.

Por su parte, la solicitud de antejuicio contra Morales será conocida por el Congreso el 28 por la tarde. Luego de designar por sorteo a una comisión pesquisidora de cinco diputados, se conocerá la petición de la Corte Suprema de Justicia. El siguiente paso será la votación en el pleno, que requiere una mayoría calificada (el voto de 105 diputados). Probablemente, Morales no perderá el derecho de antejuicio y todo seguirá igual.

Lo cierto, dice Barrios, es que en septiembre de 2019 vence el plazo para la permanencia de la CICIG y existe la posibilidad de que Morales termine por renovarlo, “aunque sea por un año más”.

La situación es tan absurda, tan llena de errores manifiestos y contradicciones surrealistas, que cabe afirmar: “Velásquez perdió el rumbo. Morales, nunca lo tuvo”, concluye Barrios.

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