Por: Roxana Orantes Córdova

Una carta divulgada en medios y en redes sociales, levantó alguna alarma sobre un pretendido intento del presidente Jimmy Morales de implantar Estado de Sitio para finalmente, expulsar al comisionado Iván Velásquez. El hecho tiene muchos visos de ser un rumor construido para favorecer a determinados intereses, afirma el analista Mario Mérida.


Mientras el caso Bitkov era llevado ante la Comisión Helsinki,  en algunos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, circuló una supuesta carta del Consejo Superior Universitario (CSU) al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); donde se exponía el temor de los académicos por la “amenaza del Presidente de la República de suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos guatemaltecos y declarar estado de sitio”.


En la cobertura que recibió la misiva, se especula que Morales tomaría la medida con el fin de expulsar a Iván Velásquez del país, aprovechando “estratégicamente” el asueto largo del 1 de mayo. Vale la pena desglosar los elementos que rodean este aparente rumor, puesto que la difusión de este tipo de informaciones motiva una alarma que, según Mario Mérida, resulta muy conveniente para un sector que podría ser ajeno, tanto a los que se oponen a Iván Velásquez, como a quienes lo consideran el paladín de la lucha contra la corrupción e impunidad.

El primer elemento que vale la pena considerar en la carta que habría llegado a los medios por una aparente filtración, es que la parte inferior del documento aparece cortada y no es posible leer más que la mitad de una firma. Es decir, el lector no puede saber quiénes son los firmantes. Y esto es interesante, puesto que en el CSU participan 43 personas, entre representantes académicos, de los colegios profesionales, estudiantiles y otro personal.

Transcurrió el fin de semana y hasta el momento, no existe ningún indicador que permita suponer que nos encontramos al borde de una guerra civil. Porque hay que tomar en cuenta que “el estado de sitio es la última medida que se adopta antes de una guerra”, señala Mérida.

Rumor con una referencia concreta

Según el diputado Amílcar Pop, para implantar el estado de sitio, medida un mandatario necesita una mayoría calificada (105 votos) a favor de la propuesta. Aunque Pop no descarta que hubiera existido la intención de implantar el cese de garantías civiles, reconoce que el mandatario no ha realizado ninguna solicitud al respecto.

Es probable que la situación se haya modificado a raíz de la muerte del alcalde”, señala el legislador de Winaq. Cabe mencionar que en una de las publicaciones que divulgaron esa información se afirmaba que el alcalde era uno de los puntales de Morales para implantar el estado de sitio.

“El rumor tiene una referencia concreta, y es que el Presidente fijó una posición contraria a la CICIG y motivó la preocupación del CSU. No veo razonable que se implemente un estado de excepción o de sitio para justificar la expulsión del comisionado Velásquez, y por otra parte, el mandatario no tiene el suficiente aval, ni en el Congreso, ni en la Corte de Constitucionalidad (CC) como para implementar esa medida”, afirma el diputado.

Pop agrega que el contexto en el cual circuló esta información es la reunión ante la Comisión de Helsinki, que considera irrelevante, puesto que en esa comisión participan 20 senadores y solamente estuvieron presentes dos. La denuncia en Washington también perdió relevancia porque precisamente un día antes de la audiencia, la CC anuló la condena contra los Bitkov y ordenó revisar el juicio, concluye Pop.

 Guatemala no es una nación confrontada

El primer elemento para comprender lo que sucede en el contexto, es que existe la disyuntiva sobre si existe una confrontación entre la CICIG y el Gobierno o entre Jimmy Morales e Iván Velásquez, afirma Mérida, quien considera que es poco realista pensar que el mandatario pudiera expulsar a Velásquez en un contexto de estado de sitio, considerando que se trata de un funcionario  que dirige una entidad solicitada por Guatemala y a quien la Organización de Naciones Unidas (ONU), le otorgó el rango de diplomático.

Según comenta: “Independientemente de si son personas o instancias, es evidente el distanciamiento entre actores pro CICIG, que levantan la bandera de la lucha anticorrupción y quienes consideran que la CICIG realiza una interferencia más allá de lo pactado”.

El principal problema que señala este analista es la mala comunicación entre el gobernante y el jefe de la CICIG, pese a que el embajador estadounidense Luis Arriaga, los instó a mejorar su comunicación. “Están desaprovechando esa ventana de oportunidad”, señala.

A lo anterior, se suma la poca comunicación del gobierno a la ciudadanía. “La ceremonia de honras fúnebres al alcalde pudo ser un momento idóneo para que el Presidente explicara la situación con claridad, pero no lo hizo y la declaración del vocero, descartando abruptamente que se pretenda implantar el estado de sitio, fue insuficiente”; afirma.

Otro elemento que es necesario considerar, es que las redes sociales no son medios de comunicación y a través de estas, circula una enorme cantidad de desinformación.

La difusión masiva de datos en las redes ha motivado la proliferación de expertos y analistas, quienes divulgando sus opiniones, lograron motivar cierta incertidumbre en el imaginario social, omitiendo explicar que el estado de sitio es la última medida previa a un estado de guerra y sin citar el artículo 16 de la Ley de Orden Público, donde se establece que esa medida extrema solamente puede establecerse cuando en el país existe un clima de ingobernabilidad debido al terrorismo o la sedición”, afirma.

A partir de esas circunstancias, pareciera que Guatemala es una nación confrontada entre corruptos y no corruptos, lo cual dista mucho de la realidad, indica Mérida, quien añade que la última manifestación masiva, convocada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), fue pacífica “exceptuando la colocación de tablas con clavos en algunas calles”.

Por todo lo anterior, cabe suponer que existen “terceros en discordia”, interesados en incentivar un nivel de incertidumbre generalizado para que Guatemala se vea como un país polarizado.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. En las áreas rurales, las preocupaciones más inmediatas están vinculadas con la escasez de maíz, que obliga a algunos agricultores a comprarlo en el sur de México,  y también con la llegada de un invierno tempranero que puede afectar sus cosechas.

Para los capitalinos y habitantes de áreas urbanas, existen otros motivos de alarma, tales como el costo de la gasolina, las extorsiones, el sicariato y la inseguridad en general.  “Considero que a un alto porcentaje de la población, especialmente la rural, no le interesa ni preocupa en lo mínimo la CICIG o el Presidente, quién resulta electo Fiscal General o la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, señala.

Y concluye: “¿A quién le sirven los rumores? Esta es una variable a determinar y difícilmente, le servirán a los actores que avalan o adversan a la CICIG. Es importante conocer quién lucra con estos temas, quién pagó la marcha de CODECA. Es a la Dirección de Inteligencia Civil (Digici), a la que corresponde identificar a estos actores”.

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