Las revelaciones de la Fiscal General Consuelo Porras sobre una estructura que facilitó ascensos de forma anómala debieran ser investigadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), afirma Victoria Sandoval, abogada de la familia Bitkov. El hecho fue explicado en una conferencia de prensa durante la cual Porras enfatizó en la necesidad de que los procesos establecidos se cumplan a cabalidad. En la conferencia se evidenció que este caso puede ser apenas la “punta del iceberg” de un sinfín de anomalías y señales de malos procedimientos que podrían ser el inicio de una investigación que llegue hasta la ex fiscal Thelma Aldana, opinan analistas.

Roxana Orantes Córdova

Anomalías en los procesos de ascensos de nueve fiscales del Ministerio Público (MP), quienes tomaron posesión en noviembre de 2017, fueron denunciadas a la Fiscal General Consuelo Porras, quien decidió investigar a fondo los hechos, con una comisión integrada por el departamento de Recursos Humanos y el asesor del despacho.

En la conferencia de prensa,  Porras señaló que sindicalistas y fiscales del MP denunciaron que los ascensos de 2017 no habían respetado los procesos establecidos. Luego de conocer la denuncia, solicitó un “estudio analítico serio y bien fundamentado”, que dio como resultado un informe en el cual se expone que los nombramientos para cargos en el MP deben seguir los procesos establecidos.

Según el artículo 78 de la Ley Orgánica del MP, los nombramientos deben basarse en méritos, dijo la Fiscal, quien agregó que existen irregularidades en la precalificación, en las pruebas de oposición y en los exámenes de méritos realizados.

Las primeras irregularidades mencionadas por Porras son relativas a la convocatoria, que se realizó sin que se hubiera elaborado un reglamento, como establece el artículo 22 del reglamento interno de trabajo del MP.

Además, la convocatoria no se publicó en el diario oficial y según la normativa vigente, debe ser publicada por lo menos una vez en ese medio.

Junto a lo anterior, entre la convocatoria y el inicio del proceso de selección transcurrieron dos días, lo cual a criterio de la Fiscal es un tiempo insuficiente. Estas anomalías se suman a muchas otras que la Fiscal detalló en la conferencia.

Un proceso de selección sui generis

Según señaló Porras, la normativa establece que quienes califican las pruebas de conocimiento no pueden saber la identidad de los examinados. Sin embargo, Porras, añadió que  “los aspirantes se calificaron entre ellos”.

Lo anterior, con base en que quienes actuaron como evaluadores habían sido jefes inmediatos de los evaluados. Por ejemplo, Aura Elena Guzmán Loyo era parte de la terna y “debió inhibirse porque su área era la administrativa”.

Para Porras, es inadmisible que una directiva del área administrativa evalúe a fiscales, un campo totalmente diferente. Además, uno de sus evaluados era su subalterno. Pese al evidente conflicto de intereses y pese a que el sentido común obligaba a inhibirse, no lo hizo, señaló la Fiscal.

Miriam Ambrocio y Aura Colindres integraron la terna y según la Fiscal, examinaron a quienes habían sido sus subalternos y a personas con quienes habían laborado en las mismas agencias fiscales.

Entre el cúmulo de irregularidades en el proceso, resalta que los contratados para impartir las capacitaciones previas a la selección fueron Juan Francisco Solórzano Foppa, Ricardo Guzmán Loyo y Rottman Pérez.

De 78 examinados, solamente 10 superaron la primera fase, lo que motivó la duda de Porras, quien argumentó que es imposible que fiscales fogueados durante años hayan tenido un resultado previo tan desastroso. A la par de esta selección, resalta que los seleccionados obtuvieron calificaciones entre promedio y bajas en pruebas escritas y orales, pero quienes no fueron seleccionados y tuvieron notas altas (94 y 95 puntos), recibieron 40 y 50 en una prueba bastante simple, explicó Porras, quien concluyó que “no hubo igualdad de oportunidades”.

Entre los ascensos anulados se mencionó a Stuardo Campo, Brenner Ronaldo López, Manuel Lemus, Elder Fuentes, Aura Colindres, coordinadora nacional y Miriam Ambrocio, de la Región Central. Estas últimas, presentaron sus renuncias al terminar la reunión que Porras sostuvo el viernes recién pasado con todos los fiscales que fueron ascendidos a finales de 2017.

Según lo narrado por la Fiscal, expuso detalladamente las anomalías en el proceso de selección y les informó a los fiscales que los ascensos quedarían sin efecto.

Poco después, Ambrocio y Colindres presentaron sus renuncias y denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que fueron coaccionadas para tomar esa decisión. Según se mencionó en la conferencia, las afectadas podrían llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consultado por Perspectiva, el PDH, Augusto Jordán Rodas, respondió: “Existe una denuncia y nos pronunciaremos después de pedir los informes respectivos al MP”.

Al comentar las declaraciones de la Fiscal, Victoria Sandoval señaló: “Lo principal quedó claro. Hubo nombramientos irregulares que evidencian la existencia de una estructura interna operando en el MP y habrá que establecer la relación de Thelma Aldana con esto”.

Sandoval expresó: “Según lo dicho por la Fiscal Porras, no se cumplió la Ley Orgánica del MP en relación con los ascensos. Se violaron varias normas. Los nombramientos no fueron legales y lo que el MP hizo fue anunciarles la revocatoria, no despedirlos. Un dato importante es que abogados expertos hayan afirmado que se les obligó a renunciar. Este es un argumento infantil y desafortunado. Nadie puede obligar a firmar un documento a un fiscal con capacidades”.

Lo que se evidenció  hoy en la conferencia de prensa, fue la existencia de una estructura al margen de la ley. Es necesario que se investigue si Thelma Aldana tenía conocimiento o relación con esta estructura, concluye Sandoval.

Entre los cuestionamientos que se realizaron a la Fiscal resalta la mención a Diana Benavides, ex jefe del Departamento Jurídico quien el 15 de octubre publicó un comunicado solicitando “el acompañamiento de la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional” porque, según dice, fue coaccionada y humillada para que renunciara.

Benavides aseguró que el hecho fue una amenaza para que no interpusiera un recurso. Al no presentarlo, el MP deberá pagar cerca de Q251 millones a las empresas COPRECA y Globalcorp Internacional.

A esto, la Fiscal comentó que ya se interpusieron varios recursos anteriormente y que ninguno fue aceptado por contener diversos errores. La deuda es un lastre que el MP hereda de administraciones anteriores y según dijo, tendrán que cancelarla.

En cuanto a la renuncia de Benavides, Porras mencionó que la jefatura del Departamento Jurídico es una plaza de confianza y que Benavides puso el cargo a disposición.

Como conclusión, Porras aseguró que sus 40 años de experiencia y una trayectoria intachable la facultan para llegar hasta el fondo de las investigaciones sobre todas las anomalías que puedan haber ocurrido en el MP, incluyendo cualquier implicación de Thelma Aldana en hechos irregulares.

Y finalmente, cabe mencionar que en las redes sociales se mencionó que el jefe del Departamento Jurídico del MP está “muy unido” al dictamen de la compra sobrevaluada del edificio fantasma en la zona 5.

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