Equipo editorial Perspectiva

La denuncia del ministro Carlos Soto contra Lucrecia Hernández Mack por la supuesta contratación de mil digitadores sin equipo, tiene como trasfondo supuestas presiones del diputado Luis Azmitia sobre Soto, afirma Hernández en un comunicado que publicó en su Facebook.

La trama de la historia es semejante a la de cualquier novela negra, de esas en las que al final casi todos los personajes resultan salpicados por diferentes grados de culpabilidad. Los protagonistas son: un diputado, un ministro, una ex ministra y varios beneficiados con plazas de digitadores, de una forma poco regular.


Según la denuncia de Soto, durante el período de ejercicio fiscal 2017, fueron contratados digitadores para implementar el Modelo Incluyente de Salud (MIS), en las siguientes regiones: Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Quiché, Totonicapán, área Ixil, Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa y el suroccidente de Petén.


En el documento que el médico presentó ante el Ministerio Público (MP), no se menciona el número de digitadores contratados sin equipo. Sin embargo, medios de comunicación y redes sociales difundieron reiteradamente la cifra de 4,846 plazas, de las cuales “mil eran de digitadores sin computadora”, según palabras atribuidas a Soto.

Entre las explicaciones de la ex ministra está que: “La implementación del Modelo Incluyente en Salud (MIS) implicaba la contratación de auxiliares de enfermería, técnicos en salud rural y digitadores para el SIMIS (Sistema de información del MIS), para todas hubo fundamentos técnicos”.

Alejandro Argueta, ex asesor jurídico de Hernández en el tema laboral, mencionó que Soto no debió esperar hasta 2018 para realizar una denuncia que debió haber hecho meses antes, cuando asumió el ministerio.

Los actores de la trama

La ex ministra Lucrecia Hernández se incorporó al gabinete de Jimmy Morales en julio de 2016. En enero de ese año, al conocer la composición del gabinete, había escrito en su cuenta de Twitter: “Aquí no hay planes de gobierno, señores, sólo un Ejecutivo que se prepara como maquinaria electoral y para el clientelismo político”.

Sin embargo aceptó el puesto y llegó al ministerio rodeada por un aura de transparencia consecuente de su activa participación en las manifestaciones contra la corruptela del gobierno del Partido Patriota en 2015.

Profesionalmente, es médico y cirujano especialista en salud pública y trabajó en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Se define como “militante de izquierdas y feminista”, y meses después de renunciar al ministerio, publicó un video donde reconoce su participación en el movimiento Semilla, pro formación de partido que tiene a Juan Alberto Fuentes Knigth entre sus fundadores.

Uno de los proyectos emblemáticos de Hernández al frente del MSPAS fue el establecimiento del MIS, que no pasó de ser un plan piloto debido a la pronta renuncia de la funcionaria, cuya gestión tuvo como principal objetivo la transparencia y que entre otras acciones, enfrentó a los grupos sindicales en el tema del pacto de condiciones laborales lesivo.

Además de las presuntas contrataciones de digitadores sin equipo denunciadas por Soto, existen por lo menos otros dos hechos que pueden empañar la gestión de Hernández: una unidad de comunicación social con actividades como alertar sobre críticas al ministerio y el pago de viáticos por el mecanismo de compras directas.´

Briseida Milián Lemus, que ya ha sido mencionada en varios medios de comunicación, afirma en su cuenta de Twitter que las contrataciones y los eventos para comprar equipo se “levantaron” simultáneamente, aunque la única localidad que logró “completar su brecha en equipo” fue Sololá, por “la terminación prematura de la implementación”.

Un artículo titulado “Los nuevos rostros de la política”, publicado en 2016, presenta reseñas biográficas de varios de los jóvenes que participaron en las protestas de “La Plaza”. Entre ellos se menciona a Briseida Milián, quien en ese momento tenía 25 años. El texto informa: “Estudió Diseño Gráfico y Psicología Social y se dedica a la comunicación”, aunque no especifica en qué medios y campos de la comunicación obtuvo su experiencia.

Milián fue parte del equipo que entró al MSPAS de la mano de Hernández. Según narra en sus redes el 20 de febrero: “En el equipo del MSPAS inicié en comunicación de medios sociales de la institución y luego pasé a subcoordinadora. Nunca manejé “netcenters”, pero sí el equipo de comunicación de 12 personas. No fue “fantasma”, trabajábamos de 7 a 19 hrs y muchos fines de semana”.

Es revelador revisar su informe de planificación de actividades correspondiente al contrato administrativo 20102900990-2016,  de octubre de 2016, que se encuentra en Guatecompras y donde se detallan las tareas de comunicación que realizaba:

  • Generaré contenido para la producción de materiales para publicaciones en las redes sociales del Ministerio;
  • Participaré en la promoción de la imagen del Ministerio;
  • Mantendré alerta ante alguna información que pueda parecer nociva para el Ministerio.

Las actividades de este equipo, integrado por 12 personas, son más amplias que lo mencionado, pero las tres anteriores llaman la atención por su semejanza con las tareas que realizan los llamados “net centers”.

Especialmente, porque el MSPAS ya  cuenta con una dirección o unidad de Comunicación Social. Al revisar el presupuesto de gastos aprobados para 2017 en el MSPAS, es patente que la mayor parte de rubros autorizados no tienen absolutamente ninguna relación con la promoción de la imagen, la detección de críticas en las redes o la publicación de contenidos en las redes sociales.

En cuanto al pago de viáticos por viajes al exterior de la ex funcionaria, cabe mencionar que durante su gestión, la ex ministra cobró viáticos por Q. 36,994.46. Para esta compra directa, Hernández consta como proveedora del Estado en “compras de baja cuantía”, según Guatecompras.

El abogado Marco Vinicio Mejía afirma que un funcionario en ejercicio no puede ser inscrito al mismo tiempo como proveedor del Estado y que, por otra parte, los viáticos de los funcionarios se contemplan en el presupuesto de cada institución como “gastos de representación”.

En Guatecompras se indica que el “pago de viático al exterior en comisión oficial a Ginebra, Suiza, a la 70ª Asamblea Mundial de la Salud” se ampara en el artículo 43, inciso A de la Ley de Contrataciones del Estado. Este artículo señala que las compras de baja cuantía no deben superar los Q10 mil y se publicarán en Guatecompras “una vez recibido el bien, servicio o suministro”. Al respecto, Mejía insiste en que estos pagos de viáticos fueron ilegales.

El doctor y el diputado

Según la ex ministra Hernández, Carlos Soto interpuso su denuncia motivado por la supuesta presión del diputado Luis Hernández Azmitia. Ambos han sido personajes mediáticos y polémicos.

Soto es un cardiólogo y médico reputado que durante cuatro años dirigió el Hospital Roosevelt. Un jurista que lo conoció durante la gestión de Hernández Mack, debido a las protestas de los médicos del Roosevelt, lo define como “uno de esos médicos que tienen prósperas clínicas privadas y se pasean con batas impolutas entre la suciedad ofensiva de los hospitales públicos”

Conocido por oponerse al innecesario traslado de reos a los hospitales públicos, Soto obtuvo el favor de la opinión pública con la campaña #Ni un reo más, luego de la masacre en el hospital que dirigía. Su liderazgo es innegable, pero también es innegable que durante varios años administró la crisis del Roosevelt sin que su bata sufriera una sola mancha y mientras los enfermos recluidos en ese centro asistencial han debido pasar por epidemias, mal trato de médicos y enfermeras, mortandad que pudo prevenirse y toda clase de escasez, hechos derivados no tanto de la falta de presupuesto, sino de la corrupción instalada y la falta de sentido humanitario de los galenos y enfermeros.

En 2016, Soto solicitó que se le retirara la inmunidad al diputado Luis Hernández Azmitia, jefe de la bancada Movimiento Reformador (MR), uno de los bloques que no participó en la elección y se conformó con tránsfugas de partidos que desaparecieron. La solicitud argumentaba difamación, abuso de autoridad y denuncia falsa.

Las aguas han corrido y recientemente, el actual ministro fue visto en un restaurante junto al diputado. El funcionario afirmó en conferencia pública que tiene todo el derecho de reunirse con cualquier diputado que considere, aunque cabe mencionar que la reunión fue poco antes de la citación a la bancada del MR, donde Soto hizo la denuncia.

Probablemente con estas bases, Hernández Mack afirma que existió presión del diputado al ministro. Y como todas las piezas del rompecabezas que constituyen la denuncia de Soto, este elemento es otro de los tantos fragmentos que muestran la profundidad de las prácticas corruptas entre quienes toman las decisiones de Estado en Guatemala.

 

Total
3
Shares

¡Suscríbete a nuestro newsletter!

Información importante para ti

Al marcar esta casilla, confirma que ha leído y está de acuerdo con nuestros términos de uso con respecto al almacenamiento de los datos enviados a través de este formulario.