La justicia: presionada y sin capacidades

La justicia: presionada y sin capacidades

Por:  Redacción

La justicia como una mujer con los ojos vendados y portando una balanza es parte de la iconografía popular. Según dicen, se le representa ciega porque “no distingue entre las personas y solo mira los hechos”.


Sin embargo, la realidad dista mucho de esta imagen idealizada que finalmente, representa a una maquinaria permeada por la corrupción y las malas prácticas. Entre los muchos casos que evidencian las debilidades del sistema, el más reciente es la pretensión de retirar la inmunidad a Álvaro Arzú y el fallo de la Sala Tercera de Apelaciones a favor del alcalde.


Tres elementos permiten caracterizar este hecho como ejemplificante de todo el sistema judicial:

  1. Los señalamientos contra Arzú parten del testimonio de Alejandra Reyes, viuda de Byron Lima, a quien señaló “post mortem”. Según el fallo que favoreció a Arzú, Reyes ni siquiera prestó juramento y se presume que no fue totalmente honesta en las declaraciones que la convirtieron en “colaboradora eficaz”;
  2. El magistrado Jaime González Dávila ha sido cuestionado mediáticamente más de una vez, entre otras, por ejercer como defensor del pandillero Héctor Churrimilla, alias Smay, mientras era magistrado suplente. El MP solicitó antejuicio contra González, por haber firmado el acta de una sesión en la cual no había participado;
  3. La fiscal Thelma Aldana reaccionó anunciando que interpondrá un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), contra la decisión del magistrado Jaime González Dávila.

Los tres puntos mencionados evidencian las mayores debilidades del sistema: procesos que se presentan con nombres sonoros, como Caja de Pandora (caso contra Arzú), y que suelen basarse en testimonios de “colaboradores eficaces” quienes algunas veces no dicen toda la verdad y por ello, son desestimados por los jueces.

Al mismo tiempo, los encargados de impartir justicia suelen estar señalados por diversidad de delitos, anomalías y malos procedimientos. Muchos de estos jueces y magistrados han logrado evadir las solicitudes de antejuicio planteadas por el MP, al que también se señala de presionar a los jueces amenazándolos con este recurso.

Y por último, el abuso que el MP realiza de los recursos de amparo, acudiendo a la CC cada vez que una sala de justicia no cumple con sus expectativas de retirar la inmunidad a sus señalados.

Para tener algunos elementos que permitan comprender la complejidad del sistema judicial en Guatemala, Perspectiva habló con dos abogados: Giovanni Fratti y Sergio Beltetón, quienes desde sus respectivas visiones exponen sus argumentos, y el secretario del movimiento Semilla, Samuel Pérez, economista e investigador social.

La justicia entre dos fuegos

Samuel Pérez afirma que la justicia en Guatemala está sufriendo presiones fuertes ante un MP y CICIG que llenan las salas de audiencias, mientras el sistema de justicia no tiene capacidad de resolver a la misma velocidad ni con suficiente independencia.

Es un hecho que el sistema está fundamentado en la corrupción y precisamente por eso debe reformarse, dice Pérez, quien añade: “Sin embargo la reforma está en manos de posibles implicados, que además carecen del conocimiento técnico suficiente para tener una reforma a la justicia realmente funcional, que incluya temas como el amparo, la carrera judicial y el servicio civil”.

Por lo tanto, concluye en que el problema se vuelve político: la reforma es necesaria y urgente, pero quienes deben reformar desde el Congreso deben ser renovados, tanto para evitar conflictos de intereses, como para mejorar las capacidades técnicas de quienes toman esas decisiones.

En algunos puntos de esta apreciación coincide Fratti, quien asegura que el sistema es putrefacto. “No existe un buen sistema jurídico porque es positivista, se basa en las leyes, de las cuales en el país hay unas cuarenta mil con sus respectivos reglamentos”.

Fratti continúa diciendo: “Esta maraña se origina en el sistema impuesto por la Corona española, que otorgaba privilegios. Actualmente, las mafias de derecha e izquierda se enquistaron en el Organismo Judicial y el Ministerio Público”.

Para Fratti, un camino para comenzar a “limpiar la casa”, sería entrenar al operador. La investigación es resultado de la acción encadenada de los operadores de justicia, que inicia con el policía y concluye con los jueces.

Si los gringos y los países europeos nos quisieran ayudar de verdad, tendríamos un convenio de cooperación permanente, para capacitar a nuestros investigadores, en lugar de esta anomalía llamada CICIG”, dice Fratti.

Según comenta, todos los operadores de justicia, comenzando por los agentes de policía, debieran tener por lo menos el grado de licenciatura. “Y los seguros de vida debieran ser para los policías, no para los magistrados”, agrega.

El abuso de la prisión preventiva ha creado un estado de miedo entre los guatemaltecos, afirma Fratti, quien considera que el MP realiza el papel de una Gestapo al servicio de la CICIG.

Amedrentan a los jueces, y si estos no hacen lo que la fiscal ordena, piden el antejuicio en su contra. Actúan como una mafia”, comenta.

Un ente enfocado en la corrupción

Más de 500 personajes de alto nivel son procesados actualmente, dijo uno de los participantes en el Encuentro Ciudadano ¿Estado democrático o estado capturado?, de la fundación Libertad y Desarrollo, del empresario Dionisio Gutiérrez.

Además de estos 500 procesados, hay 25 diputados con antejuicio o con solicitud de antejuicio. La Fiscal General agregó: “Mañana es jueves y sin duda, algunas personas no van a poder dormir”.

El público aplaudió emocionado ante la afirmación de la funcionaria, que en otro contexto pudo ser considerada fuera de lugar o incluso una amenaza, pero ante los grupos que participaron en las manifestaciones de 2015 para defenestrar a Otto Pérez Molina, la declaración de Aldana se consideró una muestra de la aplicación de justicia pronta y cumplida en el país.

Pese a que el combate a la corrupción es loable desde todo punto de vista, es evidente que el MP descuida otros aspectos de la investigación criminal.

Uno de los ejemplos dramáticos en este asunto es el caso del Hogar Seguro, donde 41 niñas fueron calcinadas y que hasta el momento no ha sido totalmente esclarecido, puesto que el incendio fue consecuencia de un hecho represivo de las autoridades y de la Policía Nacional Civil (PNC), ante un motín de las niñas que denunciaban violaciones sexuales, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes. Aunque las menores habían denunciado esos hechos meses antes del incendio, el MP no investigó esas denuncias.

El abogado Sergio Beltetón, quien asesora a grupos campesinos e indígenas en demandas por tierra y a favor del medio ambiente, considera que se ha avanzado bastante, especialmente en casos de corrupción.

No es válido afirmar que existe mediatización de los casos o justicia selectiva. Considero que la aplicación de la ley está pareja, se ha actuado contra los más altos dignatarios, pero también contra funcionarios menores. El MP y el juez Miguel Ángel Gálvez han trabajado con valentía”, dice Beltetón.

Empero, en el interior la situación es muy diferente y parece como si existieran dos MP con líneas opuestas. El que persigue a los corruptos y el que criminaliza a las comunidades que luchan por el territorio o por la defensa de los recursos naturales, concluye el jurista.

Todos los elementos anteriores son una pequeña muestra de los diferentes problemas que conforman la maraña de un sistema judicial que además de estar permeado por diferentes mafias, se encuentra presionado para emitir sus fallos.