Con dictamen favorable y protestas en ciernes, la reforma a la Ley de Reconciliación, que podría amnistiar los delitos derivados del conflicto armado interno avanza en el Congreso. Perspectiva entrevistó a ex guerrilleros, militares y juristas para “tomarle el pulso” a las opiniones en torno a un hecho que, según el coronel Mario Mérida, no es de relevancia para la mayor parte de los guatemaltecos, quienes consideran el conflicto armado como una situación del pasado que no se relaciona con sus vidas cotidianas.

Roxana Orantes Córdova

El martes 12 y miércoles 13 de junio, el Congreso podría estar rodeado nuevamente por manifestantes convocados por la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, como protesta porque la propuesta de reforma a la iniciativa 5377 recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, lo cual significa que pasaría al pleno para su aprobación en lecturas.

La propuesta de reformas está firmada por los diputados Claude Harmelin de León, Armando Melgar, Javier Hernández Franco, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Boris España, Delia Bac, Julio Lainfiesta, Javier Hernández Ovalle, Manuel Conde Orellana y José Ubico, además de una firma ilegible.

Aunque para muchos guatemaltecos, especialmente los más jóvenes, el conflicto armado es una parte de la historia que ven como algo lejano y difícilmente repetible, otro sector permanece dividido en dos posiciones establecidas durante la “guerra fría” que si bien es cosa del pasado en la mayor parte del mundo, en Guatemala sigue motivando pasiones y desencuentros.

Esto se debe a que mientras la ex guerrilla y sus organizaciones afines, agrupadas en la “sociedad civil”, demandan el cumplimiento de la justicia transicional, los militares, sus familiares y personas cercanas a ellos se sienten traicionados por el grupo que, dicen, después de resultar vencido en el enfrentamiento armado, ahora los lleva a juicio.

Tal es la posición de José Urrutia, abogado litigante y miembro de Guatemala Inmortal, para quien solamente la amnistía total podrá sanar a la sociedad guatemalteca. “Es una ley que finalmente firmará la paz para los guatemaltecos.  Aquella firma de la paz de 1996 fue suscrita práctica y únicamente por el Estado de Guatemala y su Ejército. No así por los terroristas marxistas, quienes continuaron la guerra que ellos mismos provocaron 36 años antes, por medio de la guerra judicial (lawfare), contra los oficiales que los derrotaron en el campo de batalla. Es una ley que definitivamente hará justicia y evitará que esos sinvergüenzas y vividores sigan lucrando con el Estado a través de los resarcimientos”, afirma.

En el otro extremo, el ex ministro de Gobernación Carlos Menocal considera que la propuesta es “una aberración jurídica que va en contra de todos los principios de los Derechos Humanos”. A esta afirmación se suma el comentario de la diputada Sandra Morán, quien señala que se trata de una ley que genera amnistía general e impunidad.

La directora de Seguridad en Democracia (Sedem) y defensora de derechos humanos, Iduvina Hernández, indica: “Es una propuesta de impunidad, la cual a mi parecer es el único tema del quehacer del diputado Linares Beltranena. Es inconstitucional y de avanzar el trámite, hay riesgo de sanciones por los compromisos que el país asumió en materia de Derechos Humanos”.

Por el momento, el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de no Repetición, pidieron al Congreso no reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

El oficial Edy Morales, sociólogo especializado en criminología, fue uno de los militares que participó en combates durante el conflicto armado. Además, fue parte del movimiento de oficiales jóvenes que llevaron a la jefatura del Estado a Efraín Ríos Montt. A su criterio, “la reconciliación nacional es necesaria, pero no sin antes haber sido sentenciados aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben según el derecho internacional. No debe ser una ley que apoye a la impunidad sino todo lo contrario, que cohesione a la sociedad guatemalteca”.

¿Será posible “conciliar verdad y perdón”?

El doctor Adrián Zapata, encargado de Desarrollo Rural en el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), quien fue funcionario público y dirigente de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), comenta:

“Dicha iniciativa contradice el derecho internacional correspondiente a esta materia, y la impunidad no es el camino para lograr la deseada reconciliación nacional. Hay que buscar, con creatividad, cómo se logra conciliar verdad y perdón, sin impunidad”.

Con la posición de Zapata concuerda el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, experto en análisis estratégico, quien afirma: “Hay crímenes contra la humanidad que están contemplados desde 1996 en el Código Penal, como la tortura y la desaparición forzada. Estos son imprescriptibles, pues son incompatibles con el olvido. Hay un grave error en la iniciativa del diputado Fernando Linares Beltranena, al homologar la prescripción (como un acto de voluntad) con la amnistía o la gracia”.

Para Mejía, “los crímenes contra la humanidad no pueden prescribir, pues no expresan el perdón de los hombres sino el olvido del tiempo, de tal manera que garantizaría la impunidad de los crímenes después de transcurrido cierto plazo desde que los hechos fueron perpetrados. Así, se impide la persecución penal o prescripción de la acción pública desde la condena relacionada con la prescripción de la pena, la cual no será ejecutada. Mientras la impunidad obstaculice cualquier proceso, clausura la posibilidad de formar la memoria. La memoria no tiene como fin estancarse en el pasado, sino fortalecer el presente”.

La amnistía, explicada por militares

En la exposición de motivos del proyecto legislativo, se menciona que “durante el conflicto armado, nadie fue muerto por ser indígena ni para eliminar total o parcialmente a los indígenas. Tanto en las fuerzas armadas insurgentes como contrainsurgentes, la mayoría de los combatientes eran indígenas”.

Esto, debido a que el concepto de genocidio se sustenta en la intención estatal de eliminar a una etnia determinada, lo cual es negado enfáticamente por los oficiales que participaron en la confrontación, quienes aseguran que la insurgencia también cometió masacres contra aldeas y caseríos indígenas.

Uno de los malestares expresados por quienes promueven la normativa es que de la firma de la paz a la fecha, se contravino lo convenido durante las negociaciones de paz, a través de las acciones judiciales con una de las partes confrontadas, que resulta ser la parte vencedora.

La exposición de motivos de la propuesta de amnistía documenta que hay 120 militares imputados y 71 detenidos  por delitos relacionados con el conflicto, en tanto solamente un ex insurgente juzgado y condenado, por el caso de El Aguacate.

Según afirma Recinos, el Ministerio Público (MP), ha ignorado las 135 denuncias que suman 64,342 delitos atribuidos a la insurgencia. “Uno de los bufetes de derechos humanos más activos en las acusaciones contra militares, está dirigido por un abogado cuya esposa es subdirectora del archivo de la Policía Nacional. Entonces, cuando llegamos a pedirles información, difícilmente nos la dan”, comenta.

Asimismo, dicen los militares, se da muy comúnmente la exacerbación de los conflictos de intereses “son víctimas, peritos, investigadores y jueces”, aseguran. Y como ejemplo, mencionan a los jueces en el proceso de genocidio, contra Efraín Ríos Montt: Yasmín Barrios, afín a la izquierda; Patricia Bustamante, hermana de un desaparecido y Pablo Xitumul, cuyo padre habría muerto en un destacamento militar.

El coronel Mario Mérida, director de Inteligencia del EMD y viceministro de Gobernación entre 1992 y 1994, añade que uno de los mayores motivos de descontento para los castrenses es que la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), se negó a recibir el aporte de varios tomos (entre 7 y 10), entregados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), mientras aceptó como insumo el informe realizado en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), por un equipo de investigadores afín a la insurgencia.

De la misma manera, señala Mérida, hubo perversión en la CEH, cuyos miembros fueron Christian Tomuschat, quien por haber participado en las negociaciones de paz debió abstenerse, señala, así como Alfredo Balsells Tojo, quien presidió la CEH, Otilia Lux y otros que, si no miembros de organizaciones subversivas, fueron afines a la izquierda.

“Es complicado hablar de reconciliación en un país que desde antes de la conquista y colonización ha estado sin conciliación. Enfrentamientos entre los señoríos mayas, antes y durante la colonia, diferentes confrontaciones históricas han sido una constante”, expresa.

Según narra el coronel y abogado Juan José Recinos, la Ley de Reconciliación Nacional tuvo un nacimiento ilegal, puesto que se aprobó contrarreloj cuatro días antes de que se firmara la paz. En ese momento, se le agregó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad (genocidio y desaparición forzada).

Sin embargo, “no puede juzgarse un crimen ni imponerse una pena sin una ley anterior. La Ley de Reconciliación Nacional se redactó entre 1995 y 1996”. Para Recinos, al conflicto armado no puede aplicarse el Estatuto de Roma, al que el país se adhirió en 2012, y que fue creado después de la Primera Guerra Mundial para juzgar crímenes de Guerra.

“En Guatemala jamás se declaró la guerra. Esta declaración la debe hacer el Congreso. Las fuerzas irregulares fueron catalogadas como delincuencia subversiva y tuvieron el beneficio de varias amnistías. Entonces cabe preguntarse ¿por qué las amnistías tienen efecto para un sector y para otro no? Aparte de estas irregularidades y falta de sustento, los juicios contra militares en tribunales civiles, transgreden la Constitución, cuyo artículo 212 establece que son los tribunales militares los que conocerán los delitos o faltas cometidos por miembros del Ejército”, afirma.

Y Recinos concluye: “Si este proyecto de reforma no pasa, entonces que se haga justicia para todos. Tenemos a varios diputados y personajes públicos señalados, entre ellos al diputado al Parlacen Pablo Ceto, quien combatió en el frente Ho Chi Minh, del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)”.

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