Salacuim, una masacre atribuida a la guerrilla | PERSPECTIVA

Salacuim, una masacre atribuida a la guerrilla

El 10 de mayo se cumplió un año de la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt, que poco después fue anulada. Ese día también se cumplieron 36 años de una masacre atribuida a la guerrilla. Rodolfo Muñoz Piloña, participante en el golpe de Estado de 1982, considera que es necesario dejar atrás el pasado y agrega: “Si seguimos midiendo a ver quién puede más, vamos a terminar peleando de nuevo”.

Redacción

Hace 37 años, el poblado de Salacuim fue atacado, con el saldo de 22 personas asesinadas. Sobrevivientes atribuyen el hecho a la guerrilla y esperan que el MP traslade el caso a un juzgado. La denuncia fue presentada por el Movimiento Justicia y Reconciliación, que agrupa a 26 organizaciones cívico militares, entre estas la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y la Fundación contra el Terrorismo.

El abogado y coronel Juan José Recinos señala: “La denuncia se interpuso hace más de un año en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en la Unidad de Conflicto Armado y su sección de delitos cometidos por agentes no estatales”, y agrega que el único caso de esa fiscalía llevado a juicio hasta el momento, es la masacre del Aguacate, por la que guarda prisión un elemento ex guerrillero de bajo rango, mientras los superiores jerárquicos permanecen impunes.

“Esperamos llegar a juicio este año”, señala Recinos, quien agrega que la fiscalía solicita información al Archivo Histórico de la Policía Nacional, dirigido por Gustavo Meoño, uno de los sindicados por los sobrevivientes de Salacuim.

Meoño, quien fue director de la Fundación Rigoberta Menchú, ha sido mencionado como organizador de la toma de la Embajada de España y partícipe en el fusilamiento de por lo menos tres jóvenes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Nicaragua.

Según Recinos, más de 200 masacres cometidas por la guerrilla están documentadas. Sin embargo, dice que esto no se reflejó en el informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), elaborado por varios ex miembros de la insurgencia y que nutrió el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). “Los miembros de Avemilgua entregamos a la CEH un informe con más de diez tomos que no nos aceptaron. Pero sí aceptaron el de Remhi. Ahora ya llevamos documentados más de 20 tomos”, comenta.

Otro de los tropiezos que han encontrado quienes señalan a grupos guerrilleros por violaciones contra los derechos humanos es que la agencia del MP que investiga delitos cometidos por grupos no estatales, tiene 132 denuncias que suman 10,777 delitos. Para investigar estos casos, hay un jefe y dos auxiliares. La agencia citada incluso carece de vehículo, dice Recinos.

Contexto de confrontación

La noticia sobre el aniversario de Salacuim se divulgó a través de una radio, mientras se realizan las audiencias del caso Molina Theissen, donde son acusados los generales Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas; el comandante y coronel Francisco Luis Gordillo y Edilberto Letona, segundo comandante.

La diputada Sandra Morán, del partido Convergencia, explica que el caso de Salacuim se menciona al mismo tiempo que una campaña de desprestigio se dio a conocer en medios de Cobán contra el diputado Leocadio Juracán.

“También se acaba de producir la discusión de leyes regresivas, como la que pretende regular a las Organizaciones no Gubernamentales, la ley mordaza y otras. Junto a esto, el intento de retirar al embajador sueco Anders Kompass y la venezolana Elena Salcedo, así como las acciones de lobby contra la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y finalmente, las muertes violentas de dos activistas del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca)”, señala Morán.

Todo esto, indica la diputada, se suma a los rumores que circularon sobre la posibilidad de que el mandatario implantara estado de sitio y se presenta en un contexto de confrontación donde el señalamiento contra la ex guerrilla por una masacre solo es uno más entre los elementos de la confrontación.

Por su parte, Muñoz Piloña menciona que el Movimiento Justicia y Reconciliación surgió “a raíz de las capturas contra nuestros oficiales, como propuesta para defender la legalidad de los casos. Se están creando juicios basados en testigos protegidos que en ocasiones podrían ser pagados, como el caso de las mujeres ixiles que acudieron a declarar con la cara tapada, en un claro montaje”.

Según dice, “considero que todos estos casos deben dejarse en paz. No abrir las heridas del pasado, si ya se les dio amnistía, ya se firmó la paz. Deberíamos preocuparnos por las diferentes situaciones que el país vive ahora. Pero la codicia de los oenegeros es enorme. Ninguno de los campesinos que debió recibir dinero por resarcimientos lo recibió, todo se quedó en los organizadores”.

“El que no vaya es enemigo”

Un documento titulado La otra memoria histórica, publicado en 2013 por la Fundación contra el Terrorismo y escrito por Evelio y Bernardo Prado, que se presentó a la Fiscalía de Aparatos no Estatales, narra que la aldea Salacuim, Cobán, fue hostigada por el EGP desde finales de los años setenta.

Asesinatos contra finqueros y personas que no simpatizaban con la guerrilla fueron comunes en esa época. En noviembre de 1981, una patrulla guerrillera ingresó a la aldea, preguntando si había presencia del ejército en el lugar. Curiosamente, recuerda Prado, todos los vecinos coincidieron en responder que no, aunque sí había soldados en la comunidad. Los guerrilleros lograron escapar, pero quedó claro que esa aldea no simpatizaba con ellos, dice el texto.

Lo que el testigo considera una venganza contra la población, es narrado de la siguiente manera:

“Eran las seis de la mañana del 10 de mayo de 1982 cuando empezó nuestro calvario. Un contingente del EGP avanzó sigilosamente por todo lo ancho de la parte sur de nuestra aldea e inició su ataque, así como quien cobra una cuenta pendiente. Las primeras personas en caer ametralladas fueron sorprendidas en los pozos mientras buscaban agua y también los que iban en camino a su trabajo.

Las primeras detonaciones alarmaron a todo mundo, en el instante entendimos de qué se trababa. Empezó el caos y la confusión, la gente corría, cargaban a sus niños, se escucharon gritos de auxilio y las ráfagas de ametralladora intensificaban su fragor. Yo vi a muchas personas ensangrentadas que no sabían a donde ir, unos estaban heridos de las piernas y se arrastraban para ponerse a salvo, era espantoso escuchar a la gente gritar de pánico y el estruendo de las armas era incesante. Las casas empezaron a arder en llamas. Los malditos terroristas traían planes de destrucción total. Los muertos quedaban tirados por todos lados.”

Hombres, mujeres, ancianos y niños cayeron bajo las balas, narra Prado, quien señala que después de la matanza, donde perdió a siete familiares, por lo menos un centenar de casas fue quemado. Esta fue una de los centenares de masacres atribuidas a la guerrilla y al ejército.

Mientras se discutían los acuerdos de paz, se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, normativa que eximía de los crímenes y hechos delictivos conexos con el conflicto armado. Recinos afirma que fueron los diputados del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), quienes agregaron la imprescriptibilidad de delitos como tortura, genocidio y desaparición forzada.

Este detalle es la puerta para los juicios contra militares, que para Recinos, violan más de una vez la Constitución Política de la República. Y la respuesta ante estos ataques, es la búsqueda de un equilibrio, a través de la solicitud de procesos contra la ex guerrilla. “La amnistía a todos los crímenes cometidos en la época de la insurgencia es el único camino para la verdadera reconciliación”.

Y Muñoz Piloña agrega: “si vamos a comenzar con la actitud de “quién puede más”, vamos a terminar peleando de nuevo. Mientras tanto, los Estados Unidos y Rusia, que nos pusieron a pelear durante la guerra fría, hicieron las paces hace tiempo. Y aquí se sigue peleando, sudando calenturas ajenas”.