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El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno que marca un parteaguas en la historia política de México, donde según analistas, la crisis permanente llevó a la izquierda a obtener una victoria avasalladora.

Para comprender el fenómeno y sus implicaciones en Guatemala, dos analistas hablaron con Perspectiva: Otto Zeissig, ex subsecretario de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), quien además es un político de izquierda democrática y el pastor evangélico Marco Antonio Díaz, ingeniero químico de profesión, quien afirma que “está dedicado a la iglesia y a la incidencia evangélica en la política del país, promoviendo la unidad y participación integral cristiana y sus valores en todos los aspectos de la vida nacional”.

Roxana Orantes Córdova

¿Cuál es el significado histórico del triunfo electoral de la coalición izquierdista en México?

Histórico y coyunturalmente complicado. El nivel de crisis política e institucional mexicano es complicadísimo. No solo emergió esta opción, alimentada con sectores sociales, sectores académicos, artistas, sino al parecer implosionó el sistema de partidos políticos de derecha.

Lo que pasó en los partidos tradicionales mexicanos: PRI, PRD, PAN, es relevante para entender el triunfo tan arrasador de Andrés Manuel López Obrador y esta opción de izquierda. Y esto no sucede en un año, es un proceso de descomposición de la última década. Pero sin duda alguna, también es una oportunidad para renovar una agenda progresista en América Latina.

Es complicado pensar en que México voltee a ver al Sur con mucho interés, tomando en cuenta que es hacia el Norte donde se juega la problemática de todos los países latinoamericanos y la de México con Estados Unidos es central.

Algo relevante es el papel  que tuvo en el triunfo de Morena el sociólogo nacido en Guatemala Carlos Figueroa Ibarra.

Aquí apuntaría un elemento. El perfil de Carlos Figueroa Ojalá esa fuera una señal para que México también voltee a ver a sus hermanos del sur. Que esa fuera una oportunidad para América Latina en general.

¿Cómo incide esto en Guatemala?

La izquierda guatemalteca tiene una comunicación estrecha con líderes políticos de izquierda tradicionales en México. Seguramente van a haber vasos comunicantes, aunque este liderazgo actual es surgido en un proceso de corto tiempo y desplazó a los liderazgos tradicionales de la izquierda mexicana. Pero seguro habrá vasos comunicantes.

Aunque Morena ha repetido que México no es Venezuela, ¿existe riesgo de que se implanten restricciones similares, por ejemplo a la libre expresión?

Ayer, en su primer discurso, AMLO confirma que no habrá políticas sorpresivas o radicales. Casi un mensaje de tranquilidad a todos los sectores que se pudieron haber sentido más amenazados. Y seguramente, respondiendo a la última y desesperada parte de la campaña de un sector de la derecha que se lanzó a generar pánico. En su intervención, Andrés Manuel habla de apertura, sometimiento a la ley, respeto al libre mercado, a la empresa. Fue un discurso como para calmar a ese sector y espantar a esos fantasmas. Hasta en la segunda parte de su discurso menciona su orientación social, su decisión de voltear a ver a los menos favorecidos, pero su pronunciamiento es un llamado a la paz y a la necesidad de disminuir los niveles de violencia que afectan a la sociedad mexicana.

¿Considera que la polarización ideológica puede agudizarse en estos meses previos a la toma de posesión?

Un primer elemento es entender el período tan largo de transición entre la elección y la toma de posesión, que será en diciembre. Incluso el diseño de la campaña contaba con un riesgo. En esa etapa, el proceso todavía es susceptible. De ahí el discurso conciliador de Andrés Manuel, incluso con un ramo de Olivo a Peña Nieto, a quien agradeció no haber contaminado el proceso. Pero va a ser complicado porque es muy largo el tiempo de la transición. Y es necesario tomar en cuenta que si bien mencionó la posibilidad de revisar el tema de la corrupción, da certeza jurídica a los negocios que se implementaron al amparo de la privatización en el último sexenio.

¿Que implica este triunfo electoral en un contexto complicado para la izquierda latinoamericana, con casos como los de Nicaragua y Venezuela?

Evo Morales es la excepción y con un crecimiento económico impresionante. Pero el contexto para la izquierda latinoamericana está rodeado de elementos desfavorables o negativos. Y demuestra que los pueblos no están cruzados de brazos ni se compran. Cada situación: Nicaragua, Venezuela, Ecuador, tienen sus propios personajes. Pero sin duda es un parteaguas en la situación de los proyectos progresistas latinoamericanos, que venían a menos en sus posibilidades electorales. Es muy importante que esto suceda en México, sin duda alguna es un hito histórico. Otro elemento es que en el equipo cercano de López Obrador hay figuras que son connotados dirigentes empresariales y parece que van a tener un peso en su gabinete.

AMLO entra con una correlación de fuerzas favorable, ¿qué implica esto para la democracia y la gobernabilidad?

El peso de la alianza izquierdista es innegable, tiene el aval del Senado, la alcaldía y el sector empresarial. Esto configura un mandato y en este sentido es valioso que haya apertura en Morena hacia diversos sectores, porque no necesitarán gestionar el contenido de un pacto sino en la propia Morena saldrá el contenido de su mandato.

En su discurso mencionó la necesidad de un pacto de reconciliación y paz. Obviamente, no es un pacto con el crimen organizado. Esto cimenta la gobernabilidad. La lucha contra la corrupción fue la principal bandera de esta alianza. La fuerza que tiene el gobierno de AMLO es para hacer cosas muy serias en materia de la lucha contra la corrupción en México.

¿Considera que podrían darse señalamientos similares a los que AMLO realizó contra procesos electorales donde no ganó?

No creo. Incluso fue inmediato el reconocimiento a la legitimidad de Morena por los partidos contendientes. La diferencia es tan avasalladora que no deja duda y un elemento interesante es que más de diez millones de votantes son parte de la generación millenial. Esto es una fuerza política tan grande como tener al legislativo. Es un mensaje de esperanza, no por ser AMLO y una opción de izquierda democrática, sino por haber sido la respuesta ciudadana a un momento de tremenda crisis.

“Los problemas de nuestros países no los resuelven izquierdas ni derechas, sino ciudadanos comprometidos en los puestos públicos”

Pastor Marco Antonio Díaz

¿Cuál es el significado histórico del triunfo electoral de la coalición izquierdista en México?

La elección actual cierra un ciclo, no solo electoral sino político, marcado por el final de la dictadura partidaria del PRI y de un desgastado discurso y estrategia política que no pudieron con las demandas crecientes de la problemática social y económica de México.

Quiero aclarar que no gana la izquierda, sino pierde la derecha, luego de tres intentos de no responder adecuadamente a las demandas del país. La izquierda, ahora, tiene la oportunidad de demostrar que puede ganar.

López Obrador tendrá seis años para definir de qué tipo de “izquierda” estamos hablando. Esto se verá mejor en el acomodo de las fuerzas que se disputan en el extenso territorio mexicano, tanto en el período de transición y en el primer año de gobierno.

AMLO necesitó una coalición. No pudo y no podía alcanzar el triunfo electoral solo. La alianza más relevante e inesperada fue con el Partido Encuentro Social (PES), de pensamiento evangélico.

Un factor que debe considerarse es que la gestión de López Obrador gravitará bajo la influencia republicana, no demócrata, en los Estados Unidos gobernado por Donald Trump.

¿Cómo incide esto en Guatemala?

Es una pregunta forzosa, cómo incidirá este reacomodo de fuerzas en las tensiones de la región, hablando no solo de Guatemala sino en el Triángulo Norte. Más que en la economía, el impacto será en la gobernabilidad y las disputas de los carteles del crimen organizado con intereses en la región. Presumiblemente esto ya ha sido detectado por el Departamento de Estado de los USA.

Aunque Morena ha repetido que México no es Venezuela, ¿existe riesgo de que se implanten restricciones similares, por ejemplo a la libre expresión?

Este fantasma y  sombra de los regímenes de izquierda en la región, son los que ha desmentido continuamente López Obrador en sus discursos de campaña. Ya como presidente electo, ha llamado a la reconciliación nacional y a la calma a los empresarios e inversores.

En México, la libertad de prensa ha sido crítica, quizá la peor de la región. A Morena se le ha cuestionado, tanto por la libertad de prensa como por la libertad religiosa. Sus respuestas han sido más que claras. Se ha comprometido a gobernar respetando las leyes y la Constitución.

¿Considera que la polarización ideológica puede agudizarse en estos meses previos a la toma de posesión?

Pude ver algunos de los debates de campaña y, leyendo entrelíneas los discursos y las respuestas, se puede vislumbrar que Morena tiene una actitud conciliadora. Es decir, entre los militantes y los nuevos actores políticos, hubo un reacomodo no solo de fuerzas sino de actores como Morena y la coalición que quiere hacer historia. Pienso que en ideología se limaron asperezas, porque la campaña de López Obrador lleva tres intentos. Ahora, al que menos le conviene la polarización, es al gobierno entrante.

¿Que implica este triunfo electoral en un contexto complicado para la izquierda latinoamericana, con casos como los de Nicaragua y Venezuela?

La izquierda mexicana no se parece a la venezolana ni gira en la misma órbita que gira Venezuela. Es más parecida a la izquierda brasileña, la cual no pudo soportar el reto de la corrupción, hundiéndose vergonzosamente en su propio sistema.

Este es el reto que se ha planteado López Obrador, y esto se le va a exigir, en cuanto asuma: la lucha contra la corrupción. El 53% con que ha ganado la presidencia es un record, pero también un índice de los compromisos adquiridos con un electorado que va a ser muy crítico y demandante. López Obrador no llega en un buen momento. Llega en medio de la crisis de un país que espera  resultados inmediatos. No hay tiempo para darle el beneficio de la duda.

AMLO entra con una correlación de fuerzas favorable, ¿qué implica esto para la democracia y la gobernabilidad?

Estos dos valores son el punto de partida para el bien del pueblo mexicano. El triunfo de AMLO es un fruto del sistema democrático, debe recordarse muy bien, y la izquierda ha de honrar la democracia, lo que no ha pasado en Venezuela y Nicaragua, donde los actuales regímenes se burlaron de la democracia y el resultado es desgracia.

La oposición que han prometido Anaya y los otros contendientes tiene como tarea, hacer cumplir las promesas de campaña y cerrar filas contra el abuso y transgresión de la ley. La gobernabilidad será el resultado de la apertura para los distintos y diferentes actores de la sociedad. La gobernabilidad es una meta. Actualmente, se considera que el estado mexicano es fallido, por las deficiencias en seguridad pública y la generalizada corrupción. En este proceso electoral hubo 48 candidatos muertos y 133 políticos asesinados. Si hablamos de correlación de fuerzas y gobernabilidad, México no lo puede hacer solo, mucho menos AMLO, quien necesita las fuerzas de la región. Me parece que por ahí va la felicitación de Trump al nuevo presidente y el ofrecimiento de trabajar juntos.

¿Considera que podrían darse señalamientos similares a los que AMLO realizó contra procesos electorales donde no ganó?

Es irónico, hoy todos los adversarios de campaña reconocieron el triunfo de AMLO aun antes del conteo oficial. En su momento, AMLO amenazó con impedir la toma de posesión de Felipe Calderón en 2006, instalándose por tres meses en la Avenida Paseo de la Reforma. Actitudes parecidas tomó en el 2012 frente a Peña Nieto. Hoy se arrepentirá de sus palabras, amenazas y actitudes antidemocráticas.

Finalmente puedo agregar que la problemática de nuestros países no la resuelven izquierdas ni derechas, sino el ciudadano comprometido en los puestos públicos con los principios y valores dados por Dios, los cuales inspiran nuestras máximas constitucionales.  Porque el Estado es responsabilidad de todos, no de unos cuantos oportunistas que se perpetúan en el poder sin permitir la participación de los mejores en la sociedad. Esto es en esencia la democracia, la participación en libertad y en ley. “Estad atentos a mí,  pueblo mío,  y oídme,  nación mía;  porque de mí saldrá la ley,  y mi justicia para luz de los pueblos”. Isaías 51:4

Dos expertos en temática agraria exponen sus puntos de vista sobre las perspectivas para el desarrollo agrícola del país y mencionan los principales problemas.

Adrián Zapata, profesor retirado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), fue militante del movimiento revolucionario guatemalteco. Abogado, con maestría en Políticas Públicas y doctorado en Ciencias Sociales, fue director y fundador del IPNUSAC, donde está a cargo del área Desarrollo Rural. Temporalmente, es asesor en el tema de tierras para la reincorporación de los ex combatientes, en la misión verificadora de Naciones Unidas en Colombia.

Nils Leporowski es un empresario productor y exportador de café. Actualmente, preside la Cámara del Agro y es vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Ha presidido la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural (FUNCAFE).

Roxana Orantes Córdova

Adrián Zapata: “Por difícil que sea, tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar el desarrollo rural integral, de manera concertada”

¿Cuál es el origen histórico de la conflictividad agraria?

Hay tres hitos históricos que son las raíces de la conflictividad agraria en Guatemala. Primero, el despojo de tierras a los pueblos indígenas durante la conquista, concretado durante la colonia mediante las instituciones de la encomienda y el repartimiento. Tierra e indios para que la trabajaran fue la motivación de la conquista y luego de la colonización.

El segundo fue la reforma liberal, con don Justo Rufino Barrios. Así nació la oligarquía cafetalera, con el modelo de hacienda, que significaba la concentración de las tierras en pocas manos y la mano de obra abundante, desposeída, para trabajarla. Allí está un origen del perverso modelo latifundio/minifundio.

El tercer hito fue la contrarrevolución de 1954, con la CIA como el actor fundamental, que dio al traste con la reforma agraria decretada por el gobierno de Árbenz, mediante la cual se intentaba modernizar el campo guatemalteco, superando las estructuras pre capitalistas existentes y construir un mercado interno que fuera la base de una economía capitalista moderna que produjera prosperidad, cerrando la brecha entre lo urbano y lo rural. Abortar este proceso creó las condiciones de fondo para la dramática historia de guerra que vivimos los guatemaltecos durante 36 años.

¿Y los principales problemas del agro?

Se derivan de la situación referida en la pregunta anterior. Se constituyó una estructura agraria groseramente concentradora, un modelo económico donde la agroexportación fue un eje fundamental, en beneficio de los dueños  y concentradores de la tierra y en perjuicio de la inmensa mayoría de la población rural que no tuvo acceso a ese recurso productivo y se vio sometida a la pobreza y la exclusión.

El catastro nacional fue una demanda hace décadas, ¿sigue siendo un tema no resuelto?

El catastro sigue siendo un tema pendiente, los avances logrados son aún insuficientes. Sigue habiendo un aspecto medular y controversial, como los excesos que se evidencian con el catastro y que deberían servirle al Estado para alimentar una política de acceso a la tierra para quienes no la tienen.

Conjuntamente con la realización del catastro y debido, entre otras cosas, a las posibles situaciones conflictivas que de allí se derivan, se hace necesaria una legislación y jurisdicción agraria, que no se ha emitido. El catastro requiere de la existencia de lo referido. Lamentablemente, hay prejuicios en los sectores conservadores del agro y estos han evitado que se cumpla con ello, a pesar de que la constitución de dicha legislación y jurisdicción están previstas.

¿Qué efectos tiene la agroindustria en la economía campesina?

La agroindustria, que está ligada a los monocultivos, hace un aporte importante al Producto Interno Bruto del país, posibilita cierta producción de empleo y algún aporte a la fiscalidad. Pero, paralelamente, no se pueden desconocer los efectos negativos en lo referido a la sostenibilidad ambiental, así como la absorción de tierras que podrían estar dedicadas a la producción de alimentos, lo cual es una actividad que es propia de la agricultura familiar.

Hace aproximadamente seis años planteamos lo que denominamos “la estrategia de las dos puertas”, que pretendía compatibilizar la agroindustria y la economía campesina, de la cual la agricultura familiar es su componente principal. Me parece que esta vía debería volverse a considerar, pero siempre teniendo en cuenta que lo principal es garantizar la producción de alimentos para la población guatemalteca, función que cumple la agricultura familiar.

¿En qué situación están los minifundios frente a los latifundios?

Aunque no tenemos un censo agropecuario confiable, el existente tiene ya un excesivo tiempo de haberse elaborado, la información con que se cuenta nos dice que, en lo fundamental, la estructura de tenencia de la tierra no se ha modificado, persistiendo la concentración de este estratégico recurso en pocas manos, mientras la gran mayoría de campesinos permanecen sin tierra o con tierra insuficiente.

Sigue siendo importante modificar esta perversa estructura, teniendo para el efecto como guía las llamadas “Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra…”, signada por los estados miembros de la ONU, entre ellos, obviamente, Guatemala, cuyo impulso está a cargo de la FAO.

Es importante mencionar que ya existe, formalmente, una Política Agraria, cuya implementación es responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), política que es una concreción de las mencionadas directrices voluntarias a la realidad nacional.

¿Cuál es la situación actual de las ocupaciones y los desalojos?

La situación actual de las llamadas ocupaciones de tierras y la ejecución de desalojos, constituyen un riesgo para la estabilidad social y política del país. Muchas de estas se deben a causas laborales (prestaciones no cumplidas por los empleadores), aunque también hay de orden agrario.

La solución de esta problemática no debe, ni puede, ser represiva.  Como ya se ha demostrado en Guatemala y en muchos otros países, la represión estatal mediante la ejecución de desalojos, solo aviva la llama de la conflictividad social y la inestabilidad. El argumento de la legalidad, una impuesta por los intereses de los sectores hegemónicos, no puede resolver esta problemática estructural.

En todo caso, aun aplicando mecánicamente normas del derecho penal (ocupación agravada) para resolver una situación conflictiva de orden social (la ocupación de tierras no puede ser entendida, y menos resuelta, mediante argumentos jurídicos que criminaliza una problemática social), deberían observarse todas las normas y protocolos nacionales e internacionales a la hora que se pretendiera ejecutar desalojos.

¿Existen propuestas viables para el desarrollo agrario?

Lo primero que debe entenderse es que la modificación de la estructura agraria del país, aunque necesaria, no es “la solución” para lograr el desarrollo de esos territorios y el alcance de una vida digna para quienes los habitan. Como lo hemos dichos anteriormente, la tierra no es el camino, pero no hay camino sin tierra.

La reforma agraria de la Revolución de Octubre respondió a un contexto histórico determinado, que obviamente ya no es el actual, nacional, ni internacional. Lamentablemente, en el imaginario de sectores enfrentados por esta problemática, dicha reforma es “la tarea histórica pendiente” o bien el “fantasma comunista” que continúa amenazando la democracia y la propiedad privada. Ninguna de las dos angustias es real. El contexto histórico ha cambiado y el Decreto 900 ya murió en su viabilidad política y socioeconómica.

A mi juicio, el camino correcto y único posible, es retomar el espíritu del Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), derivada de ese acuerdo y que está formalmente vigente, porque fue aprobada por el órgano competente.

La política agraria es sólo un componente de la multi e inter sectorialidad que caracteriza la PNDRI. Es una aberración pretender reducir el desarrollo rural a la problemática agraria, como también lo es enarbolar la bandera del desarrollo rural para ocultar la necesidad de transformar la estructura agraria prevaleciente.

La PNDRI contiene políticas sectoriales como educación, salud, infraestructura (caminos rurales, básicamente), protección social, laboral, ambiental, agropecuaria y otras. La agraria es solo una más. En esencia, el desarrollo rural es el desarrollo humano de quienes habitan en el área rural.

Alrededor de la problemática rural debe haber un acuerdo nacional. Es imposible pensar en el desarrollo nacional sin resolverla. Debe romperse el círculo vicioso de las contradicciones que impiden avanzar hacia una priorización que nos indique por dónde empezar.

Impulsar la agricultura familiar, como una política prioritaria de Estado, puede ser el camino viable. Para ello, es determinante que se apruebe la Ley de Agricultura Familiar, pendiente de aprobarse en tercera lectura.  El actor gubernamental fundamental para impulsar esta propuesta que planteo, es el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que tiene como responsabilidad fundamental garantizar los alimentos a la población. Esta tarea la cumple la agricultura familiar, a la cual se dedican unas 800 mil familias.

Alrededor de esta prioridad, debe articularse la construcción de infraestructura productiva y programas de protección social, salud y educación. En espíritu conciliatorio entre propuestas que pueden ser complementarias, cabe mencionar que el planteamiento de impulsar ciudades intermedias es acertado, siempre y cuando no se hagan con el propósito insano y perverso de invisibilizar la necesidad de impulsar el desarrollo rural.

Esas ciudades intermedias pueden llegar a ser espacios territoriales donde se avance en la articulación de lo urbano y lo rural. Si se insiste en sustituir el desarrollo rural integral con el impuso de ciudades intermedias, sólo se producirán nuevos asentamientos de pobreza, porque a ellas llegarán los pobres y excluidos expulsados del campo por falta de oportunidades.

Los empresarios del agro tienen la inmensa responsabilidad de flexibilizar sus posiciones y superar esquematismos y prejuicios. Si no lo hacen, están contribuyendo a acortar la mecha del estallido social, así como a favorecer el surgimiento de opciones que ellos denominan populistas, a las cuales les tienen terror.

Los liderazgos campesinos también tienen la inmensa tarea de romper esquemas y entender la gradualidad de los procesos. Por último, quiero decir que el dramático vacío de ejercicio gubernamental que caracteriza al actual gobierno, podría ser visto como una oportunidad para concertar una agenda mínima que incorpore el desarrollo rural integral del país como uno de sus temas fundamentales.  Esta agenda podría ser la propuesta que, desde la sociedad civil, se haga al próximo gobierno que sea producto de elecciones o de la defenestración de la fracasada y agotada administración de Jimmy Morales.

Con los niveles de pobreza, pobreza extrema, exclusión, atraso y desigualdad que priva en el campo guatemalteco, no será posible avanzar en un camino de desarrollo nacional y en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que son la agenda mundial de desarrollo.  Incluso el angustiante tema de la migración, principalmente a los Estados Unidos, tiene en el desarrollo rural, el camino de abordaje para las causas estructurales que lo provocan. La gente migra expulsada de sus territorios, por falta de oportunidades para tener una vida digna.

Por difícil que sea, tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar el desarrollo rural integral, con enfoque territorial, de una manera concertada.

Nils Leporowsky: “Guatemala tiene el primer lugar de productividad por hectárea a nivel mundial, en muchos subsectores de agricultura comercial”

¿Cuál es el origen histórico de la conflictividad agraria?

Es más adecuado decir que en Guatemala existe un problema de certeza de la propiedad, más que conflictividad agraria. Y debido a ese problema de falta de regularización y certeza de la propiedad, se han dado históricamente una serie de disputas legales, pero también una serie de abusos que resultan en invasiones.

Esta apreciación se confirma al verificar los registros de la Secretaría de Asuntos Agrarios a lo largo de los años.

¿Y los principales problemas del agro?

El principal problema es la falta de certeza y seguridad jurídica sobre la propiedad. Según la SAA en Guatemala existen más de 700 mil familias que son poseedoras legítimas de tierra en el área rural, pero carecen de la documentación que acredite la propiedad a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Según la SAA, disputa de derechos de propiedad y regularización, son los dos principales motivos de los casos de conflictividad registrados en esa entidad. En segundo lugar, están las invasiones.

Cada año, la SAA registra unos mil doscientos casos como conflictos agrarios. Aproximadamente la tercera parte de estos, se origina en causas externas a la propiedad de la tierra. Por ejemplo, problemas laborales o comerciales. En realidad, estos conflictos no debieran registrarse como agrarios, porque no están vinculados con la propiedad de la tierra.

¿El catastro nacional fue una demanda de décadas, sigue siendo un tema no resuelto?

La Ley del Registro de Información Catastral (RIC), está vigente desde hace más de 10 años.  Sin embargo, el proceso de levantar el catastro ha sido lento. Hemos observado, de acuerdo con procesos de conocimiento público que se encuentran en investigación penal, que algunos funcionarios y políticos han utilizado al RIC como bolsón de corrupción por parte de algunos funcionarios y políticos.

El adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional del RIC es fundamental para avanzar en la ruta de la certeza de la propiedad en el país.  Que el registro avance con el catastro, no solo disminuirá la conflictividad relacionada con disputas de derechos, sino contribuirá a mejorar el clima de negocios.

¿Qué efectos tiene la agroindustria en la economía campesina?

La agricultura comercial en general, incluyendo a la agroindustria y la agroexportación, integra a todos los productores a cadenas mundiales transfiriendo buenas prácticas agrícolas que incrementan la productividad y permiten cumplir con los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos, así como contribuyen con la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental y laboral.

Prueba de ello, es que en muchos de los subsectores de la agricultura comercial, Guatemala ocupa los primeros puestos de productividad por hectárea a nivel mundial.

Además, la agricultura comercial permite la diversificación agrícola hacia cultivos que permiten mayores y mejores ingresos.

¿En qué situación están los minifundios frente a los latifundios?

Hablar en esos términos es un tanto anacrónico.  Es más adecuado referirse a las capacidades productivas, y así clasificar a los productores en pequeños, medianos o grandes.

Existen diversos cultivos que, debido a sus características, son más rentables para los pequeños productores, quienes a su vez se integran a cadenas productivas. Por economías de escala, otros requieren una integración a mayor escala.

¿Cuál es la situación actual de las ocupaciones y los desalojos?

El primer punto que es necesario resaltar, es que invadir propiedad privada es un delito penado por la ley con varios años de cárcel. Además de ser un derecho humano universal, la propiedad es un derecho contemplado en la Constitución Política de la República y las leyes guatemaltecas. Por ello, lo apropiado no es llamar ocupación al delito de invasión y quien invade la propiedad de otra persona, comete un delito que debe ser tratado como tal por el sistema de justicia.

En Guatemala hay dos tipos de propiedades invadidas en este momento:  por un lado están las invasiones a propiedad del Estado, principalmente en lugares considerados como áreas protegidas; y el segundo son las invasiones a la propiedad privada de productores y empresarios de actividades agroindustriales, principalmente de los sectores hidroeléctrico y minero.

En el caso de productores agropecuarios, tenemos registro de más de 40 fincas invadidas, principalmente en Izabal y Alta Verapaz. La mayor parte de estas invasiones han sido perpetradas violentamente, por grupos que han ingresado a talar con motosierras plantaciones enteras, a destruir y robar maquinaria e instalaciones, y a secuestrar y atentar contra la vida de trabajadores y comunitarios. En algunos casos, los invasores, incluso han talado árboles de maderas preciosas  para venderlas a bandas de contrabandistas. Además, han cometido diferentes delitos contra el ambiente.

Muchas de estas invasiones llevan años, sin que las autoridades muestren el menor interés en cumplir con las órdenes de los juzgados para efectuar los desalojos. En los pocos casos donde se ha intentado cumplir con las órdenes del juez competente, oficiales desarmados y que cumplen con todos los protocolos de derechos humanos, han sido atacados por los invasores con armas de grueso calibre y de esta manera, han impedido el desalojo.  Un claro ejemplo de esto fue lo sucedido en finca Murciélago, en El Estor, donde tres oficiales resultaron heridos de bala.

En ninguno de estos casos hemos visto avances en las investigaciones del Ministerio Público. Tampoco se ha visto interés de la oficina del Procurador de Derechos Humanos para hacer valer el derecho de propiedad y los derechos humanos de todos los afectados. El desinterés de las autoridades para hacer cumplir el imperio de la ley ha sido evidente.

¿Existen propuestas viables para el desarrollo agrario?

Claro que sí, desde Cámara del Agro hemos hecho propuestas durante años en varias líneas. La primera, es que para mejorar la certeza de la propiedad es necesario avanzar en el catastro nacional; se debe fortalecer el Registro de la Propiedad (en especial el de Quetzaltenango) y se deben promover reformas a la Ley de Titulación Supletoria para reducir costos y pasos. Esto permitirá que 700 mil familias rurales puedan pasar, de poseedores a propietarios, lo que además de darles más certeza, incrementaría las opciones de acceso a crédito.

La segunda es la propuesta que como Cámara del Agro hemos hecho sobre agenda de política pública para el incremento de la productividad agrícola del país; que incluye acciones, tanto del Organismo Ejecutivo y sus Ministerios como acciones concretas de Congreso.  Esta agenda incluye varios temas pero menciono los prioritarios:

1) Plan de Caminos Rurales y Recuperación de Infraestructura Vial;

2) Modernización de la visión e institucionalidad del Ministerio de Agricultura para que se enfoque en la productividad, la innovación y la tecnología agrícola;

3) Simplificación fiscal y laboral, para reducir los altos niveles de informalidad.

 

Por: Roxana Orantes Córdova

El magistrado de conciencia de Guatemala, Jordán Rodas, es una figura admirada y criticada por igual. Quienes lo adversan están pidiendo al Congreso su destitución y obtuvieron 35 mil firmas para avalar su solicitud.

Por otro lado, sus simpatizantes aseguran que se trata de un funcionario comprometido con la defensa de los derechos humanos y la cruzada contra la corrupción. Para tener las dos versiones, entrevistamos a Cristian Otzoy, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, que avala a Rodas, y como contraparte, a José Urrutia, abogado litigante que participa en Guatemala Inmortal, uno de los grupos que recaudó las firmas contra Rodas.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental”

Cristian Otzoy, Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala

  1. ¿Cómo valora la gestión del PDH?

En su gestión ha demostrado que la PDH es un canal adecuado para la promoción y defensa de los derechos humanos. Su posición ha sido clara en la defensa de los derechos, pero además se ha ubicado del lado de la lucha contra la corrupción.

Consideramos que es un avance significativo que el magistrado de conciencia adopte una posición contra la corrupción sin miedo, cuando ha interpuesto amparos en defensa de los derechos humanos.

En cuanto al aspecto institucional, conocemos que existen avances en el plan estratégico de la PDH. Esto permitirá que la institución no actúe coyunturalmente, sino de acuerdo con un plan establecido.

  1. ¿Por qué lo apoyan organizaciones mayas y de la sociedad civil?

Conocemos la trayectoria profesional y académica del Procurador, quien desde diferentes espacios ha mostrado un interés prominente en defender los derechos humanos. Como abogado, jurista y ahora como magistrado de conciencia.

  1. ¿Qué me comenta sobre las declaraciones polémicas que ha realizado Rodas desde que inició su gestión?

Las declaraciones del PDH reflejan su libertad de opinión. Como procurador, Rodas debe promover los derechos, entre estos la libertad de expresión, un derecho fundamental y uno de los principios que obligatoriamente debe defender el PDH.

A muchos les disgustan algunas declaraciones del procurador, porque chocan con sus propias visiones e interpretaciones, incluso creencias. Descontextualizan las declaraciones y esto crea enemistad.

Sin embargo, vivimos en una sociedad donde el pensamiento y la expresión son libres y aunque no nos guste lo que alguien opina, debemos respetar las manifestaciones del pensamiento, que son derechos humanos.

Prohibir o tratar de impedir que los demás expresen sus posiciones no promueve los derechos humanos.

  1. ¿Considera que la “procesión de la vulva” ofendió los sentimientos religiosos de los cristianos, sean católicos o evangélicos?

De cierta manera puede decirse que se hizo una sátira que involucró un ejercicio religioso, como son las procesiones. Considero que se trató de un ejercicio de las mujeres organizadas para visibilizar el órgano sexual femenino, un elemento que ha sido estigmatizado y que desde una mirada machista es un objeto de satisfacción.

Las mujeres empoderadas le otorgan otro valor y tratan de visibilizarlo, a través de una procesión. La Iglesia se atribuye la exclusividad de las procesiones. Considero que las mujeres intentaron demostrar cómo la Iglesia Católica ha ocultado diferentes temas a la sociedad, entre estos la sexualidad femenina.

No veo que existan restricciones para que el PDH se presente, o acompañe una muestra de esa naturaleza, aunque el haya negado que acudió específicamente a esa demostración. Las mujeres necesitan institucionalizar sus derechos, necesitan apoyo. El cargo no le impide al PDH velar por los derechos de las mujeres, que están empezando a defender su cuerpo como un territorio que ha sido transgredido por el mundo machista.

  1. ¿Cree que el procurador es hostigado? ¿Quién lo hostiga o acosa?

El PDH recibe acoso a su ejecución, porque se ha ubicado desde una posición de lucha contra la corrupción y la impunidad. La corrupción es un mal estructural que se ha prolongado durante décadas y a través de personas inescrupulosas que han acrecentado sus fortunas con la corrupción. Ellos han llevado al país a una crisis estructural y ante la posibilidad de ser juzgados, sienten amenazados sus intereses y promueven la destitución del procurador.

El crimen organizado tiene distintos matices, no solo a nivel nacional sino internacional. Y es ahí donde estas personas han realizado un costoso trabajo de lobby, para el cese de la lucha contra la corrupción. En esa línea se inscribe el intento por expulsar al embajador Anders Kompass, un diplomático que representa a un país que durante años ha aportado al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.

  1. ¿Es positivo o negativo que el puesto de PDH lo ejerza un actor político que ya ha estado postulado a cargos de elección popular?

Es posible, en tanto no mezcle la actividad política con su gestión institucional y se limite a su ejercicio. Vincular este con la política partidista es un grave riesgo para la institucionalidad.

“Rodas es una pieza del entramado criminal que secuestró al sistema judicial”

José Urrutia, abogado litigante y miembro de Guatemala Inmortal

  1. ¿Cómo valora la gestión del PDH?

En lugar de ejercer sus funciones constitucionales, ha hecho activismo político. En cada actividad que realiza se ha manifestado esto. Con su defensa oficiosa de funcionarios internacionales, interponiendo amparos ilegales que además están fuera de lugar. Ha sido evidente su compromiso en la implementación de acciones para defender la línea ideológica de la extrema izquierda.

Es un funcionario al servicio de intereses económicos de organizaciones patrocinadas por el millonario George Soros y que intentan introducir en el país la agenda de la extrema izquierda.

  1. ¿Por qué recolectaron firmas en su contra?

Entre las múltiples ilegalidades y actitudes fuera de su mandato, el PDH participó en la infame procesión de la vulva, dando señas de irresponsabilidad al avalar un evento que ofendió gravemente a la cristiandad guatemalteca.

Esto motivó que grupos de la verdadera sociedad civil, no financiada, recolectaran más de treinta mil firmas para pedir al Congreso su destitución. Todas las firmas son originales, verificables una por una y todas las personas firmaron de manera voluntaria y consciente.

  1. ¿Qué me comenta sobre las declaraciones polémicas que ha realizado Rodas desde que inició su gestión?

Ha realizado diversas declaraciones nefastas que decepcionan a cualquier ciudadano, evidenció racismo al iniciar su gestión cuando dijo que no quería personas no indígenas en su equipo, pero contradijo esto porque sus dos funcionarias más cercanas son no indígenas.

Creo que sus declaraciones son hipócritas y no son dignas de un funcionario de conciencia. Ha mostrado poca humanidad, poca empatía y muchos intentos por ser gracioso que han sido desafortunados y solo evidencian cinismo.

Considero que es un promotor de la agenda marxista, es parte de un plan perpetrado por la izquierda, que ha logrado influenciar varias instituciones de justicia. Él es solo una pieza en este sistema perverso que implica al MP, la CICIG, la CC y algunas cortes.

  1. ¿Considera que la “procesión de la vulva” ofendió los sentimientos religiosos de los cristianos, sean católicos o evangélicos?

Absolutamente. Presentar el órgano femenino como una vulgar imitación de la Santa Madre de nuestro salvador es una ofensa para todos los cristianos. Además pueden contarse las consignas abusivas y vulgares que gritaban esas mujeres, así como las pintas de paredes que realizaron.

Es un evento bastante ofensivo para los fieles y de muy mal gusto que el PDH las haya avalado, sin defender a los fieles cristianos, quienes por ello firmaron en su contra. Esperamos que el Congreso cumpla su papel, tome en cuenta los más de treinta mil firmas y lo destituya.

  1. ¿Cree que el procurador es hostigado? ¿Quién lo hostiga o acosa?

Él es el acosador y el hostigador. Lejos de la actitud de víctimas que manifiestan, los grupos de izquierda se han expandido y han infiltrado las instituciones. Deciden sobre la vida y la libertad de las personas, violan la ley, varios son los casos de persecución realizadas por la CICIG-MP, en los que Rodas, en lugar de ser un contrapeso y velar por las víctimas, actúa como un alfil de esos grupos.

  1. ¿Es positivo o negativo que el puesto de PDH lo ejerza un actor político que ya ha estado postulado a cargos de elección popular?

Jordán Rodas es un político. Está en su derecho para participar en política. Ya fue candidato por Encuentro por Guatemala, el partido que apoya el empresario Dionisio Gutiérrez y que podría postular también a Thelma Aldana.

No es un problema que el PDH sea un político, lo grave es si intenta revolver su agenda política con su gestión. Lo que quiero reiterar, es que es una pieza del entramado criminal que ha secuestrado al sistema judicial de Guatemala.

Por: Roxana Orantes Córdova

Alejandro Pineda,  activista en la Batucada del Pueblo, y Petronila Senté, vendedora de la Terminal, son dos ciudadanos que tienen cosas en común aunque sus perspectivas son muy diferentes. Ambos son comerciantes y ambos han acudido recientemente a diferentes manifestaciones.


 

La Batucada, que surgió durante las protestas de 2015, ha realizado dos convocatorias  recientes que no tuvieron mucho eco. En tanto, los vendedores de la Terminal lograron reunir a más de veinte mil personas.


Dos de los protagonistas de estos eventos explican ambas situaciones, desde sus particulares puntos de vista.

“Cuando uno dice la verdad, mucha gente comienza a hablar mal” 

Petronila Senté Salvador, vendedora de la Terminal

¿Qué es la Asociación de Vendedores del Mercado de la Terminal?

Es una agrupación que se formó para mejorar el mercado, velamos para que las instalaciones estén limpias, que no haya desorden. Somos 178 representantes de diferentes sectores: tomatero, cebollas, carnicerías y muchos otros.

¿Por qué acudieron a manifestar ante el Congreso y el Palacio Nacional de la Cultura?

Ya estamos hartos de que se diga que el comité nos obligó a manifestar. Lo hicimos en protesta contra los bloqueos de carreteras, que afectan nuestras ventas. Yo vendo comida y cuando hay un bloqueo de carreteras pierdo porque casi no viene gente a comprar.

También se descomponen muchas mercaderías como las carnes y mariscos. Nadie nos obligó a manifestar ni nosotros presionamos a nadie. Yo fui a manifestar porque soy madre y padre para mis hijos. Me levanto a las dos de la mañana para comenzar a trabajar. Y  cuando ha habido bloqueos no vendo nada. Entonces, ¿qué les doy de comer a mis hijos si no vendo nada?

Y así como yo, todos los comerciantes pensamos que cuando hay bloqueos tenemos muchas pérdidas. Se queda todo silencio cuando los de Codeca hacen bloqueos. Ya no hay venta.

Pero todos los informativos están diciendo que ustedes fueron presionados o pagados, se habla de unos tickets que recibieron ¿qué me puede decir de esto?

No tomamos en cuenta las habladurías. Fuimos por la verdad, por la necesidad y a decirle al Presidente que nos atienda en nuestras peticiones. Ante los ojos de Dios, todos fuimos caminando por nuestra cuenta al Palacio. Los tickets sirvieron para identificarnos como comerciantes, porque hay personas que acuden a hacer relajos, a romper cosas.

La manifestación fue una acción que pensamos entre comerciantes. Nadie nos dijo “vayan, que les pagaremos cincuenta o veinticinco quetzales”. Yo, la verdad no me gano ni cincuenta ni veinticinco quetzales en el mercado,  soy trabajadora,  soy padre y madre de mis hijos, trabajo para darles de comer, no me van a comprar con esa cantidad.

Tampoco necesito que me den un ticket para comer. Puedo pagarme mi comida, gracias a Dios. Esa manifestación que tuvimos ayer la hicimos por nuestros hijos, por nuestros nietos y biznietos.

Están hablando mal de nosotros, pero no nos llevaron. No nos pagaron camionetas, no nos pagaron el pasaje, no nos llevaron. Hay gentes que dicen “los llevaron a la fuerza”. Eso es mentira. Nosotros decimos la verdad. Usted sabe, cuando la gente dice la verdad, otro montón comienza a hablar mal.

¿Cuántas personas asistieron?

Fuimos unos veinticinco mil o más.

¿Están apoyando al Presidente?

No fuimos por apoyar a alguien. Fuimos por nuestra necesidad. Hablamos con el Presidente para que nos apoye como vendedores. Que ponga en la mesa nuestra petición como vendedores de la Terminal. No fuimos para quitar ni poner a nadie. Fuimos por nuestra necesidad. El Presidente nos tiene que atender y poner en la mesa nuestra petición.

¿Qué piensa de otros grupos que llaman a manifestar?

Llega poca gente, porque están mintiendo. Porque quieren quitar o poner a alguien. Nosotros hablamos con la verdad, de nuestros problemas de cada día. Estamos pidiendo apoyo, que las autoridades nos atiendan. Ya estamos cansados de los bloqueos de Codeca.

¿Es verdad que Codeca acudió a pedirles apoyo hace un tiempo?

Vinieron a pedirnos  ayuda a los inquilinos del mercado. Pero nosotros no queremos.

“Exigimos la renuncia del Presidente y los diputados corruptos”

Alejandro Pineda, la Batucada del Pueblo

¿Qué es la Batucada del Pueblo?

Es un grupo de acción de calle que se conforma a partir de las movilizaciones de 2015. Tiene un grupo de miembros constantes que podemos calificar como adultos jóvenes,  es un grupo consistente de unas 10 a 15 personas, entre 25 y 35 años.

Nos vinculó el sentimiento de indignación en contra de los casos de corrupción, develada claramente a partir del caso conocido como La Línea, que involucraba a las principales figuras del gobierno del Partido Patriota.

En el marco previo a las elecciones tuvimos una postura crítica y abrazamos la consigna de que “en estas condiciones no queremos elecciones”.  El espíritu del grupo es mantener la denuncia de lo que sigue estando en la impunidad, la estructura desigual de poder político y económico diseñado en este país con una composición social muy injusta.

Hemos denunciado la corrupción tanto de las figuras de gobierno como del empresariado que han figurado como corruptores. Viéndolo desde un plano más elaborado, son estas élites oligárquicas quienes han tenido en sus manos el diseño de este sistema actual, con la mano que le han metido al funcionamiento del aparato estatal, lo han moldeado a su conveniencia. Estamos claros que en este momento se está dando una disputa de élite. Tenemos que seguir vigilantes y activos como ciudadanos. En el momento actual, el financiamiento electoral ilícito evidencia que las élites financiaron ilícitamente al partido FCN Nación para que sus privilegios quedaran intactos.

Las últimas dos manifestaciones de La Batucada tuvieron poca asistencia ¿por qué?

Una de las explicaciones que encontramos es que a nivel mediático ha habido un ir y venir de posturas encontradas. Debemos reconocer que la ciudadanía está desinformada, despolitizada, es fácil de amedrentar por campañas negras. Ha costado mucho mantener la participación activa. Debemos trabajar mucho para terminar con el miedo y la apatía. Muchos tampoco se informan lo suficiente y también está el tiempo y energía que les toma sacar adelante a sus familias. Todos esos factores juegan para que a favor o en contra, las convocatorias sean exitosas o no.

Los medios, empezando por el monopolio de la televisión, se han encargado a desinformar demasiado. La batalla también es a nivel mediático, a nivel de discurso y de la presencia que la información tiene.

¿Siguen pidiendo la cancelación del FCN?

Seguimos exigiendo la renuncia de Jimmy Morales por todos los casos de corrupción en su contra, por el crimen del Hogar Seguro que lo involucra directamente. También pedimos la renuncia de todos los diputados involucrados en el Pacto de Corruptos.

Aunado a esto, demandamos la cancelación de otros partidos que han sido señalados de financiamiento ilícito. En el caso de FCN Nación, la presencia que tienen en el Organismo Legislativo como bancada, en los puestos de Junta Directiva en el Congreso. Están haciendo un paquete de leyes como la de ONG´s donde quieren mutilar a organizaciones que incluso se han encargado de cumplir tareas del Estado y realizan actividades de fiscalización. También quieren modificar otras normativas, imponer ley mordaza, hay unas 15 leyes. La cancelación del FCN es impostergable, fue el partido que supuestamente iba a depurar el gobierno y vino a hacer más de lo mismo. Por dignidad  ante la población, y por su falta de ética, pedimos que los cancelen. De esta manera, perderán la incidencia que tienen como bancada y se frenará la agenda regresiva.

¿Qué efecto tienen los bloqueos de Codeca?

El lenguaje es importante. Los medios, en el imaginario de la ciudadanía han implantado el término como una connotación negativa.

Hablemos entonces de las marchas, manifestaciones y otras expresiones populares

Como cualquier otro llamado legítimo, las demandas de Codeca coinciden con las de nuestro grupo de acción de calle. Es necesario un proceso de un llamado para una asamblea constituyente plurinacional y popular. Es necesario discutir abiertamente, públicamente, como se va a llevar a cabo ese proceso. Como Batucada, coincidimos con la postura crítica y anti hegemónica de Codeca.

Por: Roxana Orantes Córdova       

El martes recién pasado llegaron a la capital centenares de buses que transportaban a miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Los manifestantes entraron por diferentes puntos de acceso a la capital y caminaron por algunas calles y avenidas, para reunirse en la Plaza de la Constitución.

Según el twitter de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), hubo manifestantes que adelantaron media hora el inicio de la caminata, lo cual afectó a usuarios del transporte público, quienes debieron caminar largas distancias. Otro cambio sorpresivo, fue que cambiaron rutas que ya habían anunciado a la PMT.

En redes sociales se denunció que presuntamente, algunos de los manifestantes colocaron tablas con clavos para evitar la locomoción a vehículos.


Pese a esos inconvenientes, la manifestación distó mucho de ser masiva y aunque con bastante más afluencia que la del sábado, no alcanzó a llenar por completo la Plaza de la Constitución.


Mauro Vay señala que quienes llegaron a la capital son representantes de diferentes comunidades, quienes costean su traslado y vienen a ejercer el derecho a la protesta consignado en la Constitución, indignados por la corrupción gubernamental.

Por el contrario, Javier Zepeda enfatiza en que estas personas son trasladadas mediante una erogación significativa de fondos cuya procedencia puede no ser transparente y provenir de una actividad ilegal: hurto de fluido eléctrico. Además, el ejecutivo señala que también podría haber financiamiento del extranjero a las actividades de Codeca.

Entrevistados por Perspectiva, expresaron sus posiciones respectivas sobre las manifestaciones recientes, que piden la renuncia del Presidente. Una de las diferencias más significativas, es que según Vay, la protesta actual mantiene el espíritu de las manifestaciones en 2015, mientras Zepeda afirma que no existe nada en común entre ambas protestas.

“La protesta del 24 de abril y las de 2015, son la misma”

Mauro Vay, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca)

1. ¿Qué es Codeca?

Es una organización pro derechos humanos. Trabajamos por derechos laborales como el salario justo, las prestaciones laborales, el derecho a la tierra, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho de las mujeres, el derecho de la juventud y el derecho a los recursos naturales.  Ese es nuestro marco de línea de acción.

2. ¿Cómo logran movilizar a tantas personas?

Ha sido un proceso. Iniciamos en 1992. A raíz de la lucha por los derechos, avanzamos en la Costa Sur en la lucha por la tierra y por el trabajo. Luego fue la lucha por el territorio lo que nos extendió en todo el país.

En 2007 empezamos a ver los derechos de los servicios sociales y los recursos naturales. Entre esos están las hidroeléctricas, las mineras, la energía eléctrica. Eso hizo que nos expandiéramos en el país.

Con todo ese trabajo que hacemos, se dio la persecución, y la misma persecución hizo que el movimiento se expandiera en todo el país, y la gente generara conciencia de que tiene que luchar, dada la situación de opresión y persecución que se vive en el país.

Eso ha hecho que ahorita, cuando nosotros decimos que hay una movilización, la gente viene con sus propios recursos, ponen sus banderines, mantas, aparatos de sonido. Vienen a manifestar con sus propios recursos. Nosotros no gastamos ni un centavo. Lo único que gastamos es en nuestros pasajes o combustible para trasladarnos a la capital, como el día de hoy.

3. ¿Cuándo es válida una protesta y cuándo no?

De acuerdo con la ley que tenemos en Guatemala, existe la libertad de manifestar.  Eso está claro. Y la ley no establece un mecanismo para hacerlo. No dice cómo se debe hacer la manifestación. Manifestar, es manifestar. Puede hacerse en un parque, en una carretera, en un campo, en una calle, en cualquier lugar del país tenemos derecho a protestar.

Tal vez si utilizáramos armas no sería legítimo. Lo que se hace en Guatemala es un derecho de manifestación y nadie está utilizando armas. Algunas comunidades hacen una manifestación y se llevan sus machetes o palos, pero solo lo llevan, no lo utilizan.

En Codeca orientamos a la gente para que no lleve machetes ni palos, todos salimos sin material. Aunque eso no quita la cultura de Oriente, que a veces andan con su machetío envainado. Pero no es un asunto de atacar.

Además de eso tenemos una política de no chocar con la policía, de evitar confrontación con la policía. En algunos momentos, la policía se ha mostrado violenta, pero hemos evitado chocar con ellos.

4. ¿Las marchas y paros de Codeca dañan la economía?

Yo no sé cuál es la idea de decir eso. Nuestras manifestaciones son pacíficas. Cuando hay paros en las carreteras se deja que pasen las personas que tienen ventas, con sus ventas. Se deja pasar enfermos, mujeres embarazadas. No tenemos ningún problema.

A lo mejor, podrían dañarse algún producto que se puede descomponer. Pero nosotros tenemos derecho y las pérdidas que se dan son culpa del gobierno por no atender las demandas. Porque nosotros estamos haciendo las demandas como debe ser. A través de un memorial solicitándole al Presidente, pero como hace caso omiso, por eso llegamos a las manifestaciones.

Igual ahorita, desde el principio pedimos la renuncia de Jimmy Morales y su gabinete, los diputados que se corrompieron con el caso Oderbrecht. Pero no se hizo justicia. Si eso se hubiera resuelto de acuerdo con la ley, no tendríamos esa necesidad. Desgraciadamente, en Guatemala las propias autoridades y la iniciativa privada violan las leyes.

5. ¿Qué tienen en común las protestas de hoy con las de 2015?

Es la misma protesta. Las marchas y protestas son las mismas, es la ciudadanía que está cansada de la corrupción. Cada día se descubren nuevos casos. Como Codeca hemos denunciado desde el principio la corrupción en el Organismo Ejecutivo y el Legislativo. Y más recientemente se han descubierto también casos de jueces y fiscales.

Hoy se ha descubierto un nuevo caso. Hemos dicho que el CACIF es el primero implicado en todo lo que pasa en el país en relación con la corrupción. Y hoy tenemos pruebas, son confesos de eso. Hemos dicho que las maras están dirigidas por militares, por el negocio de armas y hoy tenemos claro eso, a través de las investigaciones, de que sí son ellos. Hemos dicho todo, por eso seguimos el proceso de protesta. Toda esa gente debería estar en la cárcel, con todas las violaciones a la ley que han hecho en Guatemala.

Nosotros tenemos claro que las leyes en Guatemala no están hechas para favorecer todos nuestros derechos legítimos, pero aún con los pocos derechos que hay, han sido violadas por el gobierno y por la iniciativa privada.

6.  ¿Por qué los capitalinos no acudieron a protestar masivamente el sábado?

Desgraciadamente, por un lado está la cuestión económica y por otro la laboral. Por otro lado, los sectores poderosos han impulsado terror en el país. Esas son tres causas que hacen que no todos lleguen al parque. Algunos estudian, otros trabajan. Eso limita que hagan lo que debería hacer todo ciudadano guatemalteco.

Nosotros podríamos venir todos los días, pero por la situación económica buscamos la manera de equilibrar, la situación económica y el derecho a ejercer nuestro deber como guatemaltecos.

7. ¿Considera que la demostración de hoy representa legítimamente al pueblo guatemalteco?

Totalmente. Eso se sabe. Aquí están los diferentes pueblos. Todos los pueblos representados en el país están acá. Ahí se mira que no solo es un sector. Vienen representantes de cada pueblo, no todas las bases de Codeca, por lo que ya dijimos anteriormente.

Hoy vienen representaciones, esa es la cantidad de gente que se mira en las calles. Aquí está el pueblo de Guatemala, manifestando su rechazo por las politiquerías sucias, corrupción e impunidad que se está viviendo en el país.

8. ¿Cómo valora lo que está pasando en Nicaragua?

No tengo la mayor información. Considero que, como todo revolucionario, a veces cometemos errores. Pero lo que sí está claro es que prevalecen los intereses de las grandes compañías transnacionales y el propio Estados Unidos, el gran imperio.

Basado en eso, siento que tanto los nicaragüenses como Daniel (Ortega), deben reflexionar y sentarse a platicar para buscar una alternativa a la problemática que se vive allá. Siento que no es solo un problema de Daniel sino un interés de los yanquis para poder dominar siempre Centroamérica, y por eso están ahí atrás. Desgraciadamente, hubo un error de Daniel y están aprovechando ese momento para contrarrestar la lucha que se está haciendo en Nicaragua.

“Afectan la economía, pero principalmente la competitividad del país”

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala

1. ¿Qué es Codeca?

Codeca es un movimiento que tiene cientos de denuncias ante las autoridades de gobierno por hurto de energía. Es un movimiento que pretende que Guatemala, a través de peticiones fuera de la realidad y de la institucionalidad,  se convierta cada día en un país con mayores niveles de pobreza y conflictividad.

2. ¿Cómo logran movilizar a tantas personas?

Es algo que valdría la pena que ellos demuestren de manera clara y no solo con palabras. Movilizar personas requiere de recursos económicos, los cuales, una parte importante consideramos que la obtienen al realizar acciones que están afuera del marco de la ley.

Están financiando sus actividades hurtando fluido eléctrico, que termina siendo pagado por las personas que sí pagan por el servicio.  Por otro lado, creemos que podría haber algún financiamiento del exterior. Es importante mencionar que muchas de las personas que participan en este tipo de manifestaciones, muchas veces desconocen los motivos o razones por los cuales están protestando.

 3. ¿Cuándo es válida una protesta y cuándo no?

El derecho a manifestar, al igual que el de libre locomoción, está consagrado en la Constitución Política de la República y nosotros lo respetamos. Consideramos que este tipo de manifestaciones buscan llamar la atención de algunos sectores y para ello aprovechan a afectar e incomodar a la población, poniendo en riesgo su seguridad, e interfieren con el derecho de libre locomoción de los ciudadanos.

Hay notas de prensa que mencionan que un niño murió a causa de los bloqueos; aquí estamos hablando de la pérdida de vidas humanas que seguramente se hubieran evitado si Codeca no hubiera quitado el derecho a la libre locomoción. Las autoridades deben investigar de oficio este tipo de actos con consecuencias trágicas y deducir las responsabilidades a los responsables.

4. ¿Las marchas y paros de Codeca dañan la economía?

Por supuesto que lo hacen. Pero principalmente afectan la competitividad del país y esto solo genera pobreza en un país en donde lo que necesitamos es generar oportunidades de empleo. Con este tipo de movilizaciones, las personas ponen en riesgo sus empleos al no poder llegar a ellos, pero insistimos en que lo más importante es que ponen en riesgo la seguridad y la vida de millones de personas.

5. ¿Qué tienen en común las protestas de hoy con las de 2015?

Consideramos que no tienen nada en común. En ese entonces a las protestas se sumó de manera voluntaria un alto porcentaje de la población y se hicieron de forma pacífica y organizada sin afectar al resto de ciudadanos. La población ya está cansada de protestas como la de hoy.

6. ¿Por qué los capitalinos no acudieron a protestar masivamente el sábado?

Desconocemos la razón. Sin embargo, como representantes del sector industrial buscamos y apoyamos siempre la generación de empleo y de oportunidades de crecimiento del país y no realizar acciones que puedan afectar nuestra competitividad como nación y perjudicar a los guatemaltecos.

7. ¿Considera que la demostración de hoy representa legítimamente al pueblo guatemalteco?

Bajo ninguna circunstancia se puede considerar que es una manifestación legítima del pueblo guatemalteco por las razones anteriormente indicadas. Adicionalmente, tampoco la cantidad de personas fue representativa de la mayoría de la población.

8.  ¿Cómo valora lo que está pasando en Nicaragua?

Recientemente emitimos un comunicado desde Fecaica, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, en donde manifestamos nuestra preocupación ante los hechos de violencia que están ocurriendo en Nicaragua. Rechazamos las acciones de represión a la libertad que atentan contra el estado de derecho de los nicaragüenses y hacemos un llamado a la reflexión y la paz en dicho país.

Por: Roxana Orantes Córdova

Genocidio es el delito que le fuera imputado al ex Jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, en el proceso suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC), días después de la condena.

Según la diputada de Convergencia Sandra Morán, artista y activista por los derechos de las mujeres, en Guatemala se cometió un genocidio muy similar al holocausto judío, con la finalidad de exterminar al pueblo ixil y otros grupos indígenas.


“No puede haber reconciliación sin justicia”, afirma Morán, quien enfatiza en que no puede perdonarse a quien no ha pedido perdón, aludiendo a los militares señalados por delitos de lesa humanidad.


En el otro extremo se ubica el capitán retirado Rodolfo Muñoz Piloña, organizador del golpe de Estado del 23 de marzo y acompañó la breve gestión de Ríos Montt. Según afirma, la ex guerrilla no puede perdonarle la derrota militar al general.

Y, según dice, esta derrota no fue lograda a través de actos genocidas, sino de un cambio en la estrategia militar que logró acercar a los militares y la población civil en las áreas de mayor confrontación.

Para Muñoz Piloña, una de las evidencias de que esta estrategia resultó efectiva a largo plazo, es que en el área conocida como “triángulo ixil”,  es donde el partido liderado por Ríos Montt obtuvo triunfos electorales indiscutibles.

“Existieron crímenes de lesa humanidad”

Diputada Sandra Morán

  1. ¿Qué es genocidio?

Es un delito de lesa humanidad que está definido en la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es la matanza de poblaciones con la intención de desaparecer a un grupo de población.

Este delito nace y se relaciona con el holocausto de los judíos, a quienes se intentó exterminar por ser ellos. Hay declaraciones del propio Ríos Montt describiendo a los ixiles como el enemigo interno. A esto se suma que Guatemala es un país racista.

El racismo institucionalizado se conjugó con los intereses militares, en el marco del conflicto armado o la guerra interna. En el contexto de la guerra fría, donde se estaban dirimiendo los intereses geopolíticos de Estados Unidos, quienes buscaban una participación política democrática, así como los pueblos indígenas, nos convertimos en el enemigo interno.

Desde la década del 70, Israel y EEUU apoyaron a los gobiernos militares. Fue el coronel Carlos Arana Osorio (1970-74), el primer gobernante que aprovechó el contexto del conflicto para beneficio propio. Las poblaciones donde se cometieron actos de “tierra arrasada” pasaron a posesión de militares.

Un ejemplo es Fray Bartolomé de las Casas, que era tierra propiedad del general Benedicto Lucas, quien vendió esas tierras a Natura Aceites. Entonces, actualmente existe un conflicto de tierras porque una empresa es propietaria de la cabecera municipal.

  1. ¿Por qué se señala a Ríos Montt de genocidio?

Es búsqueda de justicia. En primer lugar, el genocidio ixil, cometido durante su mandato, fue el ataque más fuerte contra una población indígena. Los ixiles fueron el grupo más afectado por las masacres y la tierra arrasada, algo que denominaron “quitarle el agua al pez”.

Después de cada matanza se producía mucho más control del Estado sobre las poblaciones, se instalaron las aldeas modelo. El uso de fuerza a través de los asesinatos y masacres fue seguido por el control ideológico de la sociedad. Uno de los elementos de ese control fue la iglesia evangélica, como una oposición a la teología de la liberación del catolicismo.

Se identifica a Ríos Montt como la figura más visible, porque el proceso judicial en su contra fue el más trabajado, el más desarrollado. Pero igualmente podemos hablar de un genocidio kaqchiquel, en San Luis Jilotepeque; Achí, en Río Negro y muchos otros casos que no han llegado ante la justicia. Este llegó y tuvo una sentencia condenatoria, que la CC logró botar a través de maniobras.

  1. ¿Hay otros señalados por el mismo crimen?

Por ejemplo, está el caso Creompaz, donde la acusación no es por genocidio, Sepur Zarco y muchos más. En casi todos se cometió violencia sexual contra las mujeres, muertes de nonatos y bebés, así como ancianos. Esto es uno de los elementos presentes en el genocidio, romper la continuidad de la vida, la tradición y sabiduría de los ancianos, terminar con la reproducción de la vida que representan las mujeres.

  1. ¿Hay un número aproximado de víctimas en el genocidio ixil?

El dato más claro que hay es que en el territorio ixil se cometieron 626 masacres y la inmensa mayoría de estas, sucedió entre 1982 y 1983.

Mientras Fernando Romeo Lucas (1978-82), destruyó la organización ciudadana especialmente en los centros urbanos, Ríos Montt se enfocó en las áreas rurales. Por eso, quienes lo aplauden lo ven como un héroe y consideran que las masacres fueron “costos colaterales”. Además se le aplaude que evitara la llegada del comunismo al poder.

  1. ¿Hubo uno o más representantes indígenas en el Consejo de Estado de Ríos Montt, o como asesores de gobierno?

No lo sé.

  1. ¿Las acciones del Ejército fueron para exterminar a la población indígena o fueron parte de la contrainsurgencia? Esto, considerando que un gran sector del Ejército estaba compuesto por indígenas

En la década del noventa, la Coordinadora Nacional de Viudas (Conavigua), logró una ley para que no se diera el reclutamiento militar forzoso. Los patojos eran obligados a ingresar al Ejército.

Era un ejercicio de poder y de clase, porque la tropa, compuesta en su mayoría por indígenas, era maltratada, subordinada y obligada a combatir. Si no hacían lo que les ordenaban eran declarados traidores y fusilados.

El tema de genocidio puede ser discutido eternamente, sin llegar a un acuerdo. Los responsables pretenden reconciliación cuando ni siquiera han pedido perdón por sus crímenes. En cambio, evidencian una actitud de soberbia y negación. Lo que no se discute y se comprobó es que existieron asesinatos de lesa humanidad.

  1. El fallecimiento de Ríos Montt termina con el proceso en su contra. ¿Cree que seguirán los juicios por genocidio?

Por supuesto, están iniciados procesos como Dos Erres, Creompaz y otros. Por eso, recientemente un diputado de ultraderecha propuso reformar la Ley de Reconciliación Nacional, para evitar que otros militares puedan ser declarados culpables.

  1. ¿Cuál fue la etapa más dura del conflicto armado interno?

El gobierno de Ríos Montt. En su período se reportan más masacres y una política caracterizada por el terror. Murió siendo un genocida.

“No le perdonan la derrota militar de la guerrilla”

Capitán Rodolfo Muñoz Piloña

  1. ¿Qué es genocidio?

Es un acto por el cual una fuerza armada elimina física o psicológicamente a una etnia o grupo humano.

  1. ¿Por qué se señala a Ríos Montt de genocidio?

En 1982, oficiales jóvenes organizamos el golpe de Estado y llamamos a Ríos Montt. Le contamos la situación y le expresamos que era necesario cambiar la estrategia que se había estado implementando, de un ejército de ocupación que está alejado de los pobladores, a un ejército de integración que se une a su población.

Mao Tse Tung dijo que el pueblo es a la guerrilla lo que el agua es al pez. En un libro de un militar colombiano se menciona que es necesario “quitarle el agua al pez” haciéndonos amigos de la población. Ganarle sus bases de apoyo era equivalente a quitarle el poder a la subversión.

Comencé a caminar solo, sin escolta, por las calles de San Juan Cotzal. Me decían “te van a matar”, porque era una población influenciada por la guerrilla. Pero logré ganarme la confianza de la gente.

En la estrategia anterior, del ejército actuaba como una fuerza de ocupación y  la gente vivía temerosa. Cuando un militar levantaba la mano, las personas se tapaban la cara, temiendo que los fueran a golpear.

Pero eso fue cambiando y poco a poco, la población se acercó al Ejército, sobre todo porque cuando la guerrilla comenzó a ser derrotada militarmente, se llevó a la gente del triángulo ixil para las montañas y después huyeron del país, dejándolos abandonados en lugares inhóspitos donde padecieron toda clase de calamidades. Los dejaron vendidos.

Fuimos apoyados por un ixil que iba en helicóptero con un megáfono, llamando a la gente a salir, a acogerse a la amnistía y poco a poco, la gente iba saliendo y se integraban en los polos de desarrollo, donde recibieron apoyo. Regresaban hechos lata de la montaña.

No hay que olvidar que Ríos Montt promulgó tres amnistías y una tregua. Era un hombre de paz y fue el primero que intentó firmar la paz con la guerrilla, que aceptó su derrota militar en México pero se negaba a firmar la paz.

Aunque reconocieron su derrota militar, eso no se lo perdonaron jamás al general Ríos. Les robamos a la gente, “quitándole el agua al pez”. El apoyo de los ixiles al general Ríos se evidenció en los procesos electorales de 1995 y 1999, donde el FRG arrasó con los votos en Chajul, Nebaj y Cotzal.

  1. ¿Hay otros señalados por el mismo crimen?

El conflicto armado duró 36 años y el general gobernó 16 meses. El tema es un negocio, porque si se llegara a declarar al Estado guatemalteco como un estado genocida, habría mucho dinero de por medio.

Con Ríos Montt se suma el rencor por haberlos derrotado militarmente. No puede decirse que hubiera genocidio. Existían y existen indígenas, tanto en el ejército como en la población. El conflicto no fue una guerra étnica.

La Ley de Reconciliación Nacional amnistió todos los delitos comunes conexos con el enfrentamiento armado, pero dejó genocidio y desaparición forzada como delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Y años después le endosaron al general Ríos el famoso genocidio.

  1. ¿Hay un número aproximado de víctimas en el genocidio ixil?

No lo sé. No existen estadísticas confiables. Yo no creo en ellas. Le voy a contar una anécdota sin mencionar el lugar donde sucedió. Estuve en un combate que duró varias horas en un poblado afín a la guerrilla, donde la gente se enfrentó a las fuerzas armadas.

Al final, se hizo el recuento de las víctimas y resultó que había tres muertos y 15 heridos. Años después, en el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), leí que daban cuenta de 60 muertos y 300 heridos. Eso, en una población que tenía unos 105 vecinos.

  1. ¿Hubo uno o más representantes indígenas en el Consejo de Estado de Ríos Montt, o como asesores de gobierno?

Me consta que los hubo, varios representantes indígenas. Gente muy digna, no “mayas políticos” sino auténticos líderes comunitarios que fueron acercados al gobierno por Alfred Kaltschmitt y Harris Whitbeck, quienes tenían muchos conocidos entre la población.

  1. ¿Las acciones del Ejército fueron para exterminar a la población indígena o fueron parte de la contrainsurgencia?

Le voy a hablar de un caso documentado que no sucedió en el gobierno de Ríos Montt, sino en el de Eugenio Lauguerud García. Es el caso de Panzós, donde los vecinos acudieron a hablar con los soldados llevando a gente armada con fusiles galil (que el ejército no tenía en ese tiempo).

Esta gente armada iba entre la muchedumbre donde llevaban también a mujeres embarazadas y niños. Alguien macheteó al soldado que estaba de guardia en la base, alguien más disparó y eso desencadenó la masacre.

  1. El fallecimiento de Ríos Montt termina con el proceso en su contra. ¿Cree que seguirán los juicios por genocidio?

Creemos que Thelma Aldana pretende despedirse con bombos y platillos, armando algún caso para demostrar que no les teme a los militares. Quiere meter militares presos antes de retirarse.

  1. ¿Cuál fue la etapa más dura del conflicto armado interno?

Los meses que duró el gobierno del general Efraín Ríos Montt.

 

Dos elementos de la coyuntura reciente colocan la libertad de expresión como un tema de actualidad nacional: el cierre de cuentas en redes sociales y el manejo mediático de procesos judiciales por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP)

Ambos temas son polémicos. Para la politóloga y periodista Roxana Ávila, la suspensión de cuentas que están identificadas con el nombre de personas reales, atenta contra la libre expresión de pensamiento. Por otra parte, el catedrático universitario y periodista Carlos Morales, el límite de los derechos humanos es cuando se afecta a otros.

Otro punto en el que discrepan los entrevistados es en el papel de la CICIG-MP. Ávila afirma que han sobrepasado límites al exponer a personas investigadas y que existe un periodismo cooptado que informa parcialmente.

En tanto, Morales narra que la exposición mediática de personas señaladas y testigos, muchas veces es forzada por los medios, aunque esta mediatización no debiera afectar la aplicación de la justicia, puesto que el juez debe escuchar a ambas partes y “debiera ser imparcial en su análisis y sus conclusiones”.

“Suspender cuentas de personas reales que firman con su nombre, atenta contra la libre expresión”

Roxana Ávila, periodista y politóloga

¿Cómo define la libertad de expresión?

En Guatemala, la libertad de expresión es un derecho de orden constitucional que está limitado únicamente cuando se vulnera la moral o la vida privada de personas que no ostentan un cargo público.

La libertad de pensar, hablar, comunicar por cualquier medio no debe tener limitación alguna. La libre emisión del pensamiento es una garantía para que los ciudadanos hagan señalamientos a los funcionarios públicos o personas que afecten los intereses de la comunidad.

¿Considera que la libertad de expresión debe tener límites?

Las redes sociales han ampliado los límites a la expresión de ideas, señalamientos, denuncias, incluso a la mofa de todo aquel que se convierta en figura pública. No solo los funcionarios del gobierno están bajo la lupa. Los periodistas, dueños de medios de comunicación, deportistas, artistas y personas comunes que tengan participación en escándalos o hechos delictivos también son vulnerables a la crítica.

Existen límites contemplados en nuestras leyes, así como existen procedimientos para hacer que se cumplan. No debe tolerarse cualquier otra forma de censura que no esté contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.

¿Cuáles son estos límites?

Según la ley, existen límites a expresiones que puedan considerarse excesivas, como los artículos o comentarios que vulneran la privacidad y los derechos individuales de las personas contra las cuales se emiten.

Existen sanciones previstas en caso de faltas graves, injurias, calumnias o cuando se hacen publicaciones apócrifas e infundadas.

Los medios de comunicación están llamados a ser cuidadosos de esos aspectos. Es importante que los comentarios contengan firma de autor y que las personas puedan tener derecho de aclaración en casos especiales, cuando consideren que los comentarios les afecten. Este derecho de respuesta va en concordancia con la libre expresión, que es de dos vías.

¿Cree que suspender cuentas de redes por denuncias de personas que se consideran ofendidas, es una violación contra la libre expresión?

La suspensión de cuentas de personas reales que ponen su nombre verdadero y dan la cara frente a la sociedad es un atentado a la libre emisión del pensamiento.

Las empresas que manejan las redes sociales no pueden convertirse en árbitros de conciencia ni cancelar los perfiles de quienes tienen todo el derecho a expresarse, siempre que no constituyan perfiles falsos o se escondan detrás de nombres supuestos.

En todo caso, las personas son libres de seguir los comentarios de quienes deseen y este derecho no debe ser vulnerado bajo el criterio de una violación a sus estatutos.

¿Por qué?

Las personas que tienen a su cargo las redes no pueden sustituir a los jueces o tribunales de prensa, mucho menos bajo el criterio de una petición de grupos que no están de acuerdo con lo expresado por el afectado. Esta es una violación puntual a esa libre expresión.

¿Considera que CICIG-MP han hecho exposición indebida y mediática de los casos que investigan?

Se debe respetar el debido proceso a todos los señalados de cometer delitos. La CICIG y el MP, amparados en un artículo de la Constitución que solo obliga a la Policía a respetar el derecho de los detenidos han sobrepasado los límites permitidos al exponer nombres de personas que están siendo investigadas.

Incluso, al realizar sus ruedas de prensa, muchas veces exponen los nombres de personas que no están sujetas a proceso penal. La violación constante del derecho a la presunción de inocencia es un tema que debería analizarse y plantear alternativas a los shows mediáticos.

El Estado de derecho está siendo vulnerado por una institución externa al sistema jurídico que es intocable. Por ejemplo, un ciudadano que es expuesto ante los medios y luego es declarado inocente se halla impotente frente a un ente como la CICIG que goza de total inmunidad y por tanto puede actuar impunemente en contra de los señalados de delitos.

Es posible que, detrás del accionar de los personajes que se lucen exponiendo a los acusados, exista una intención política y que sus actos estén encaminados a enaltecer sus figuras para participar en futuras contiendas electorales; una falta que podría ser sancionada por el Tribunal Supremo Electoral.

¿Esto afecta los procesos judiciales?

Bajo las circunstancias actuales, los funcionarios como la Fiscal General Thelma Aldana, son intocables. Ningún ciudadano tiene la posibilidad de confrontar un poder absoluto, en tanto las cortes estén sujetas a la coacción jurídica que ejercen la Comisión y la Fiscalía. Los jueces y magistrados sufren de una forma de coacción velada que no les permite ejercer sus funciones con libertad.

Los fallos que no siguen la línea de investigación que la CICIG y el MP plantean pueden dar lugar a sanciones y persecución penal en contra de los juzgadores. El señalamiento de colaborar con los imputados de hechos delictivos es un arma poderosa que hace retroceder o retorcer el criterio apegado a derecho.

¿Qué elementos debe considerar el público para detectar sesgo en una cobertura?

Se puede determinar el sesgo de un medio de comunicación cuando no presenta un análisis balanceado de un tema. Cuando no se comunica la noticia desde diferentes puntos de vista y se resaltan solo los elementos que convienen a sus intereses ocultando aspectos de la noticia que son relevantes. Algunos medios de comunicación se han dado a la tarea de resaltar en sus encabezados aspectos irrelevantes que llevan la intención de formar una opinión tergiversada entre la población.

Se percibe que existe un contubernio para señalar de corrupción a personas y agrupaciones que no les son afines, pero se ocultan los señalamientos a los grupos y personas que colaboran con ellos incondicionalmente.

Las redes sociales se han convertido en un bastión importante para la libertad de expresión. Sin ellas quedaríamos a merced de un periodismo cooptado por un poder paralelo que viola los derechos de los ciudadanos de manera flagrante y constante. La censura en los medios y en las redes no debe tolerarse porque vulnera nuestro derecho a estar informados en la forma que cada ciudadano elija.

“El límite de cualquier derecho humano está en el momento mismo en el que violenta o transgrede el derecho de otros”

Carlos Morales Monzón, periodista y profesor universitario

¿Cómo define la libertad de expresión?

Es un derecho humano que garantiza poder decir lo que pensamos. Es universal y como tal está contenido en la declaración Universal de los Derechos del Hombre.

¿Considera que la libertad de expresión debe tener límites?

Por supuesto. Todas las libertades tienen límites. Quien no lo vea así es simplemente un abusador y violador de los derechos de los demás.

¿Cuáles son estos?

El límite de cualquier derecho humano está en el momento mismo en el que violenta o transgrede el derecho de otros. Cuando al emitir opiniones se ofende o se afecta la dignidad de otras personas, entonces nos extralimitamos en nuestra libertad de expresión. En su artículo 1, la declaración universal dice que “todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

¿Cree que suspender cuentas de redes por denuncias de personas que se consideran ofendidas, es una violación contra la libre expresión?

Depende. Si la ofensa existió, no creo que se viole la libertad de expresión. Nadie debiera intentar hacer valer un derecho propio a costa de violentar el derecho de otros.

¿Por qué?

Pues porque quien viola un derecho ajeno comete faltas o delitos, dependiendo del orden legal en que su vida se circunscriba.

¿Considera que CICIG-MP han hecho exposición indebida y mediática de los casos que investigan?

Siempre he sostenido que en buena medida lo que hacen la CICIG y el MP, es una exposición de los detalles de sus investigaciones. Y esa presentación de casos es empujada, en muchos casos, por los mismos medios de comunicación.

He visto como los mismos colegas les exigen a las autoridades que den detalles indebidos de investigaciones. En una oportunidad, por ejemplo, escuché en una radio, a un reportero exigiéndole a un vocero de la Corte Suprema de Justicia que revelara el nombre de un testigo protegido. Luego, en los telenoticieros de la noche vi a fotógrafos y camarógrafos buscando, a toda costa, conseguir imágenes del mismo testigo protegido.

¿Esto afecta los procesos judiciales?

La verdad no creo que los afecte. En un proceso judicial, el juez siempre escuchará a ambas partes y debiera ser imparcial en su análisis y sus conclusiones.

¿Qué elementos debe considerar el público para detectar sesgo en una cobertura?

Si solo le ofrecen un lado de la historia, ya se puede empezar a sospechar que podría haber sesgo. Por eso es que el principio periodístico del balance informativo es clave para que un medio informe sin sesgo. Un periodista debe mostrarle a su público las distintas versiones de una historia, para que sea la audiencia la que saque sus propias conclusiones sobre los hechos.

La opinión pública se mantiene dividida por temas como la citación (y probablemente, interpelación) a la canciller Sandra Jovel; el papel del comisionado Iván Velásquez; una aplicación de la justicia que puede estar parcializada y la mediatización de los procesos judiciales.

Aunque quienes avalan la labor de Velásquez aseguran que no se trata de una confrontación ideológica, el grupo de ciudadanos que cuestiona al comisionado asegura que el problema de fondo es la ideología.

Para conocer cómo piensa cada uno de estos sectores, Perspectiva habló con el diputado Enrique Álvarez, cabeza del frente parlamentario que citó a Jovel, y Raúl Falla, abogado y directivo de la Fundación contra el Terrorismo. 

 “Es histórico que el Estado es visto como botín de los grupos de poder”

Enrique Álvarez, diputado del Frente Transparencia 

  1. ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?

Una ayuda de memoria presuntamente de la Cancillería, describe en detalle lo que se habló en esa reunión. Abunda en detalles, algunos confirmados. Ahí se habla de las violaciones contra los derechos humanos de los detenidos, del acoso a los jueces, la mediatización de la justicia, habla de que la CICG está polarizando al país. Estas son muchas de las cosas fueron dichas por la ministra en la citación.

Nos han asegurado que el documento es verídico. Que es lo que se habló en la reunión de la ONU. La ministra no lo ratifica ni lo niega.

La filtración de documentos no es cosa nueva, en Estados Unidos hasta sirvió para la renuncia de Nixon. Lo que me parece condenable es que se filtren documentos apócrifos, con el fin de dañar a una institución o persona. Pero los medios electrónicos han facilitado niveles de intercambio de información que antes eran impensables.        

No veo un escenario en el que Iván Velásquez sea retirado por la ONU, que ha reconocido públicamente el trabajo de la comisión. Incluso Estados Unidos, uno de los países que más contribuye con la CICIG, tiene un acuerdo inter partidario. Demócratas y republicanos apoyan la CICIG, la lucha contra la impunidad y a Iván Velásquez. Parece que los esfuerzos para su retiro serán vanos.

  1. ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?

Hay que valorar la responsabilidad con la que la prensa utiliza la información pero la censura no debe darse jamás. Siempre es mala idea limitar el libre acceso a la información.

Estoy de acuerdo en que la exposición de personas que no han sido condenadas no es deseable. Pero esto debe ser para todos los casos, no solo para quienes están siendo acusados ahora y no solo casos de corrupción.

Se ven abusos en ese tipo de exposiciones, por ejemplo fotos de gente a la que se señala de pertenecer a las maras, que aparecen hincados, algunos hasta cuando están siendo vejados, golpeados. En ese sentido, sí se estimula el morbo. Y es negativo que algunas personas quieren venganza, más que justicia.

  1. ¿Y entre la UNE y la CICIG?

Este escenario de dualidad entre la CICIG o el MP dirigen las acusaciones a cierto sector es una construcción basada en argumentos que únicamente buscan oponerse a la lucha anticorrupción, porque tienen poder o una capacidad económica notable.

Lo que pasó con la UNE es que Colom se reconoció como socialdemócrata y generó una enorme cantidad de rencores. La captura del ex presidente Colom y su gabinete es una evidencia de que la justicia se imparte cuando hay delitos. No tiene ideología.

Me parece lamentable que se haya desperdiciado la oportunidad de construir un sistema de transporte que los habitantes de la ciudad merecen. Los vicios del programa de Transurbano fueron denunciados hace tiempo. Buses sobrevalorados, entre otros.

Hay mucha sensibilidad sobre los tiempos, pero para presentar una acusación sólida, el MP trata de tener la mayor cantidad de datos posible. Según la explicación de la Fiscal General, fue todo un proceso obtener datos bancarios. Hagan lo que hagan la CICIG-MP, van a recibir críticas de quienes se oponen. No me parece que pueda ser un indicador, porque lo que se expresa es la defensa de intereses de personas o grupos con poder.

  1. Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?

No hay ninguna razón para afirmar que la lucha contra la corrupción tiene ideología. Hay corruptos de izquierda y derecha. En Guatemala hemos tenido una enorme mayoría de gobiernos de derecha

  1. Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?

Desde mi perspectiva se está promoviendo un escenario en el cual Iván Velásquez salga del país y se nombre al frente del MP a una persona que no esté comprometida con la lucha contra la corrupción.

Esto beneficiaría a todos los que están procesados desde hace casi tres años. Es una intencionalidad y puede haber un retroceso si se nombra a una persona que no esté comprometida tan decididamente como lo han estado, primero Claudia Paz y Paz, y ahora, Thelma Aldana, en la lucha por desmantelar estos aparatos que han puesto al Estado en una situación casi de estado fallido.

Eso podría pasar. También puede pasar que aunque se elija a una persona sin un compromiso expreso con estas luchas, el entorno lo obligue a actuar en favor de la justicia. 

El estado de Guatemala nació con el estigma de haber sido diseñado para grupos poderosos. Históricamente se ha marginado a la mayoría de la población, en particular a los pueblos originarios. El Estado visto como instrumento de grupos de poder es histórico.

Lo que se puede constatar ahora es que los niveles de corrupción actual son demenciales. Se han malgastado miles de millones de quetzales en un país que, a pesar de tener la economía más grande de América Central, tiene más del 60 por ciento de población en la pobreza.

No tiene ningún sentido que un país con niveles de desigualdad aberrantes. Un indicador de esto es que Guatemala es el país que tiene más helicópteros privados. A esto se agrega el limitadísimo alcance de la educación, la falta de cobertura en salud. Todo esto es resultado de la corrupción y por ello es tan relevante que el próximo fiscal general cumpla con su papel.

“La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz”

Raúl Falla, directivo de la Fundación contra el Terrorismo

  1. ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?

En este momento, el gobierno está asumiendo una postura derivada de ciertos aspectos relacionados con la gestión de Iván Velásquez, muy incompleta en aspectos como el judicial, jurídico y constitucional.

Raramente se otorgan medidas para sustituir a la prisión preventiva. A los acusados se les trata como criminales de alto impacto. Algunos llevan más de cuatro años en prisión preventiva, que según la ley no debería superar los tres meses.

Se les olvida que hacer justicia no es solamente encarcelar a presuntos culpables. Un ejemplo es el del hijo del Presidente, un joven de 19 años que no cometió dolo pero cuyo delito fue tipificado por un juez de alto impacto, mientras al grupo del ex presidente Álvaro Colom se le tipificó un delito administrativo. Todo esto por la injerencia del comisionado en la aplicación de las leyes.

Otro momento en el que Velásquez ha extralimitado sus funciones es cuando acudió al Congreso para presionar a los diputados a votar a favor de las reformas constitucionales. Acudió acompañado por el entonces embajador estadounidense y los legisladores fueron amenazados de perder las visas estadounidenses si no aprobaban ese paquete de leyes.

  1. ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?

Se han mediatizado muchos casos y los presuntos culpables son exhibidos ante la opinión pública como si fueran culpables vencidos en juicio. Se les nombra “jefe de una red criminal”, por ejemplo, sin que siquiera hayan iniciado los procesos.

Esto ejerce una influencia indebida en la opinión pública. Claramente existe complicidad entre los medios y la CICIG, probablemente porque algunos informativos tienen serios problemas fiscales y al favorecer la imagen de ciertos funcionarios pretenden logar impunidad. Velásquez ha venido a violentar la soberanía del país en varios campos.

  1. ¿Y entre la UNE y la CICIG?

Transurbano fue un caso de corrupción muy sonado que pasó nueve años impune. Algo parecido puede decirse del caso Sigma, el dragado de Champerico y otros hechos de corrupción que salpican a la UNE.

Como fundación, no pensamos que Transurbano llegue a ser un ejemplo de aplicación de la justicia. Falta Sandra Torres, que fue la artífice, aunque no fuera funcionaria. Tampoco el hijo del presidente actual es funcionario.

Los acusados de la UNE no fueron llevados ante un juez de impacto. Se olvidó que están implicados en una situación dolosa. Probablemente les otorguen medidas sustitutivas.

  1. Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?

Pues claro. La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz. Hay 73 miembros del Ejército en prisión por hechos relacionados con el conflicto y solamente un guerrillero, cuyo grado sería el equivalente al de un recluta mientras el que era su jefe ha trabajado con el Estado.

Si realmente siguieran la línea de mando, ese ex “comandante” estaría preso, junto con los otros ex dirigentes de la guerrilla. Actualmente, muchos de los grupos que apoyan la gestión de Velásquez tienen entre sus integrantes a personas que participaron en grupos de izquierda que pretendieron llegar al poder por la vía de las armas y fueron derrotados militarmente.

Posteriormente mostraron un fracaso sostenido en las urnas, cuando intentaron llegar al poder por la vía electoral. Ahora pretenden llegar al Estado utilizando la vía judicial. Si algo hay que reconocerles es su habilidad para utilizar y manipular.

Si estos grupos logran cooptar el Organismo Judicial y el Congreso, podrían defenestrar al presidente sin necesidad de disparar una bala. Sin embargo, son un grupúsculo alrededor de la CICIG-MP.

  1. Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?

Los grupúsculos que apoyan al comisionado temen que llegue un fiscal realmente objetivo y apegado a derecho. En las comisiones de postulación no debieran haber jueces ni fiscales, porque esto pervierte el proceso.