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La opinión pública se mantiene dividida por temas como la citación (y probablemente, interpelación) a la canciller Sandra Jovel; el papel del comisionado Iván Velásquez; una aplicación de la justicia que puede estar parcializada y la mediatización de los procesos judiciales.

Aunque quienes avalan la labor de Velásquez aseguran que no se trata de una confrontación ideológica, el grupo de ciudadanos que cuestiona al comisionado asegura que el problema de fondo es la ideología.

Para conocer cómo piensa cada uno de estos sectores, Perspectiva habló con el diputado Enrique Álvarez, cabeza del frente parlamentario que citó a Jovel, y Raúl Falla, abogado y directivo de la Fundación contra el Terrorismo. 

 “Es histórico que el Estado es visto como botín de los grupos de poder”

Enrique Álvarez, diputado del Frente Transparencia 

  1. ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?

Una ayuda de memoria presuntamente de la Cancillería, describe en detalle lo que se habló en esa reunión. Abunda en detalles, algunos confirmados. Ahí se habla de las violaciones contra los derechos humanos de los detenidos, del acoso a los jueces, la mediatización de la justicia, habla de que la CICG está polarizando al país. Estas son muchas de las cosas fueron dichas por la ministra en la citación.

Nos han asegurado que el documento es verídico. Que es lo que se habló en la reunión de la ONU. La ministra no lo ratifica ni lo niega.

La filtración de documentos no es cosa nueva, en Estados Unidos hasta sirvió para la renuncia de Nixon. Lo que me parece condenable es que se filtren documentos apócrifos, con el fin de dañar a una institución o persona. Pero los medios electrónicos han facilitado niveles de intercambio de información que antes eran impensables.        

No veo un escenario en el que Iván Velásquez sea retirado por la ONU, que ha reconocido públicamente el trabajo de la comisión. Incluso Estados Unidos, uno de los países que más contribuye con la CICIG, tiene un acuerdo inter partidario. Demócratas y republicanos apoyan la CICIG, la lucha contra la impunidad y a Iván Velásquez. Parece que los esfuerzos para su retiro serán vanos.

  1. ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?

Hay que valorar la responsabilidad con la que la prensa utiliza la información pero la censura no debe darse jamás. Siempre es mala idea limitar el libre acceso a la información.

Estoy de acuerdo en que la exposición de personas que no han sido condenadas no es deseable. Pero esto debe ser para todos los casos, no solo para quienes están siendo acusados ahora y no solo casos de corrupción.

Se ven abusos en ese tipo de exposiciones, por ejemplo fotos de gente a la que se señala de pertenecer a las maras, que aparecen hincados, algunos hasta cuando están siendo vejados, golpeados. En ese sentido, sí se estimula el morbo. Y es negativo que algunas personas quieren venganza, más que justicia.

  1. ¿Y entre la UNE y la CICIG?

Este escenario de dualidad entre la CICIG o el MP dirigen las acusaciones a cierto sector es una construcción basada en argumentos que únicamente buscan oponerse a la lucha anticorrupción, porque tienen poder o una capacidad económica notable.

Lo que pasó con la UNE es que Colom se reconoció como socialdemócrata y generó una enorme cantidad de rencores. La captura del ex presidente Colom y su gabinete es una evidencia de que la justicia se imparte cuando hay delitos. No tiene ideología.

Me parece lamentable que se haya desperdiciado la oportunidad de construir un sistema de transporte que los habitantes de la ciudad merecen. Los vicios del programa de Transurbano fueron denunciados hace tiempo. Buses sobrevalorados, entre otros.

Hay mucha sensibilidad sobre los tiempos, pero para presentar una acusación sólida, el MP trata de tener la mayor cantidad de datos posible. Según la explicación de la Fiscal General, fue todo un proceso obtener datos bancarios. Hagan lo que hagan la CICIG-MP, van a recibir críticas de quienes se oponen. No me parece que pueda ser un indicador, porque lo que se expresa es la defensa de intereses de personas o grupos con poder.

  1. Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?

No hay ninguna razón para afirmar que la lucha contra la corrupción tiene ideología. Hay corruptos de izquierda y derecha. En Guatemala hemos tenido una enorme mayoría de gobiernos de derecha

  1. Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?

Desde mi perspectiva se está promoviendo un escenario en el cual Iván Velásquez salga del país y se nombre al frente del MP a una persona que no esté comprometida con la lucha contra la corrupción.

Esto beneficiaría a todos los que están procesados desde hace casi tres años. Es una intencionalidad y puede haber un retroceso si se nombra a una persona que no esté comprometida tan decididamente como lo han estado, primero Claudia Paz y Paz, y ahora, Thelma Aldana, en la lucha por desmantelar estos aparatos que han puesto al Estado en una situación casi de estado fallido.

Eso podría pasar. También puede pasar que aunque se elija a una persona sin un compromiso expreso con estas luchas, el entorno lo obligue a actuar en favor de la justicia. 

El estado de Guatemala nació con el estigma de haber sido diseñado para grupos poderosos. Históricamente se ha marginado a la mayoría de la población, en particular a los pueblos originarios. El Estado visto como instrumento de grupos de poder es histórico.

Lo que se puede constatar ahora es que los niveles de corrupción actual son demenciales. Se han malgastado miles de millones de quetzales en un país que, a pesar de tener la economía más grande de América Central, tiene más del 60 por ciento de población en la pobreza.

No tiene ningún sentido que un país con niveles de desigualdad aberrantes. Un indicador de esto es que Guatemala es el país que tiene más helicópteros privados. A esto se agrega el limitadísimo alcance de la educación, la falta de cobertura en salud. Todo esto es resultado de la corrupción y por ello es tan relevante que el próximo fiscal general cumpla con su papel.

“La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz”

Raúl Falla, directivo de la Fundación contra el Terrorismo

  1. ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?

En este momento, el gobierno está asumiendo una postura derivada de ciertos aspectos relacionados con la gestión de Iván Velásquez, muy incompleta en aspectos como el judicial, jurídico y constitucional.

Raramente se otorgan medidas para sustituir a la prisión preventiva. A los acusados se les trata como criminales de alto impacto. Algunos llevan más de cuatro años en prisión preventiva, que según la ley no debería superar los tres meses.

Se les olvida que hacer justicia no es solamente encarcelar a presuntos culpables. Un ejemplo es el del hijo del Presidente, un joven de 19 años que no cometió dolo pero cuyo delito fue tipificado por un juez de alto impacto, mientras al grupo del ex presidente Álvaro Colom se le tipificó un delito administrativo. Todo esto por la injerencia del comisionado en la aplicación de las leyes.

Otro momento en el que Velásquez ha extralimitado sus funciones es cuando acudió al Congreso para presionar a los diputados a votar a favor de las reformas constitucionales. Acudió acompañado por el entonces embajador estadounidense y los legisladores fueron amenazados de perder las visas estadounidenses si no aprobaban ese paquete de leyes.

  1. ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?

Se han mediatizado muchos casos y los presuntos culpables son exhibidos ante la opinión pública como si fueran culpables vencidos en juicio. Se les nombra “jefe de una red criminal”, por ejemplo, sin que siquiera hayan iniciado los procesos.

Esto ejerce una influencia indebida en la opinión pública. Claramente existe complicidad entre los medios y la CICIG, probablemente porque algunos informativos tienen serios problemas fiscales y al favorecer la imagen de ciertos funcionarios pretenden logar impunidad. Velásquez ha venido a violentar la soberanía del país en varios campos.

  1. ¿Y entre la UNE y la CICIG?

Transurbano fue un caso de corrupción muy sonado que pasó nueve años impune. Algo parecido puede decirse del caso Sigma, el dragado de Champerico y otros hechos de corrupción que salpican a la UNE.

Como fundación, no pensamos que Transurbano llegue a ser un ejemplo de aplicación de la justicia. Falta Sandra Torres, que fue la artífice, aunque no fuera funcionaria. Tampoco el hijo del presidente actual es funcionario.

Los acusados de la UNE no fueron llevados ante un juez de impacto. Se olvidó que están implicados en una situación dolosa. Probablemente les otorguen medidas sustitutivas.

  1. Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?

Pues claro. La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz. Hay 73 miembros del Ejército en prisión por hechos relacionados con el conflicto y solamente un guerrillero, cuyo grado sería el equivalente al de un recluta mientras el que era su jefe ha trabajado con el Estado.

Si realmente siguieran la línea de mando, ese ex “comandante” estaría preso, junto con los otros ex dirigentes de la guerrilla. Actualmente, muchos de los grupos que apoyan la gestión de Velásquez tienen entre sus integrantes a personas que participaron en grupos de izquierda que pretendieron llegar al poder por la vía de las armas y fueron derrotados militarmente.

Posteriormente mostraron un fracaso sostenido en las urnas, cuando intentaron llegar al poder por la vía electoral. Ahora pretenden llegar al Estado utilizando la vía judicial. Si algo hay que reconocerles es su habilidad para utilizar y manipular.

Si estos grupos logran cooptar el Organismo Judicial y el Congreso, podrían defenestrar al presidente sin necesidad de disparar una bala. Sin embargo, son un grupúsculo alrededor de la CICIG-MP.

  1. Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?

Los grupúsculos que apoyan al comisionado temen que llegue un fiscal realmente objetivo y apegado a derecho. En las comisiones de postulación no debieran haber jueces ni fiscales, porque esto pervierte el proceso.

En menos de un año, el cierre de la mina San Rafael ha motivado la pérdida de más de 3.500 empleos, directos e indirectos. Un grupo de trabajadores de esa mina se encuentra en huelga de hambre para que la Corte de Constitucionalidad resuelva a favor de la apertura, que les devolvería el empleo. Además, el cierre incidió fuertemente en la brecha fiscal de 2017, que terminó con la destitución del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Esta es una de las posiciones en torno al conflicto en San Rafael las Flores. Por otra parte, los opositores a la mina festejan su cierre y afirman que se trata de una empresa criminal. Para conocer los detalles de cada posición, Perspectiva entrevistó a Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), que logró el cierre con el argumento de que la mina opera en territorio xinca, y al comunicador de San Rafael, Andrés Dávila, quien asegura que, según datos oficiales, solo existen xincas en el área donde se otorgó la licencia de exploración que ya venció, pero no en la de explotación.

“Es una empresa criminal”

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social

  1. ¿Qué pasa hoy en la comunidad que rodea la mina?

Existe una gran felicidad. Esta gente tenía prácticamente diez años de sufrir las acciones criminales de la empresa. Desde crimen organizado hasta delitos ambientales.

Después de casi siete meses de cerrada la mina, toda la gente tiene una felicidad manifiesta y están a la espera de un fallo que confirme el cierre definitivo de la empresa, que había cerrado un mes antes del fallo debido a la resistencia pacífica de las comunidades.

  1. ¿Cuál es la situación legal actualmente?

Hay acciones legales pendientes, que buscan el cierre definitivo. Los habitantes de La Cuchilla, la comunidad que ellos desaparecieron derivado del uso de explosivos, presentarán un amparo para que no se reabra la mina, si el fallo no fuera favorable al pueblo xinca.

Desde que se inició el proceso para la operación de esta mina ha habido muchas violaciones a diferentes derechos. Comprobado y con sentencias en firme de las cortes: violación al derecho a la información pública, amenaza al derecho al agua, violación al debido proceso, al principio de legalidad en materia administrativa y a la participación ciudadana. Todas con sentencias en firme de tribunales de primer grado y ratificadas por la CC.

  1. ¿Cuánto duró el proceso que logró el cierre de actividades?

El amparo se presentó en mayo pasado y en junio la CC resolvió El amparo que logró el cierre de la minera es por discriminación. La minera y las autoridades niegan la existencia del pueblo xinca en el área de influencia del proyecto.

En todos los municipios de influencia directa habitan por lo menos cien mil personas, de los cuales una gran parte es xinca. Y ahora hay más. Desde que el Estado decide negarlos, las comunidades comienzan a identificarse como pueblo xinca.

El Estado se niega a consultar a los pueblos indígenas. Por eso la CC ampara a cuanta comunidad indígena acude a la corte. Le preguntamos al MEM por qué no se hizo la consulta y ellos responden que en la región no hay xincas.

En respuesta, la minera reaccionó con una estrategia de ataque mediático, criminalización y estigmatización contra CALAS. Manejan que yo, en lo personal, me he dedicado a extorsionarlos. Como aquí es “cara a cara”, reto a Andrés Dávila a que me presente los documentos y las denuncias penales en las que ellos basan ese tipo de declaraciones.

  1. ¿El cierre del proyecto afecta la economía local y nacional?

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ha hecho una serie de estudios donde se evidencia que el tema minero no representa ni el 2 por ciento de la economía nacional. Pero si nos vamos al tema de San Rafael las Flores, menos. Es uno de los argumentos que ellos han tratado de usar para manipular la opinión ciudadana, parte de la millonaria campaña que destinan al manejo de los medios de comunicación.

La minería no le está representando ningún ingreso al gobierno. De hecho, es uno de los grandes temas por los que las poblaciones urbanas rechazan la minería. La falta de pago de impuestos y regalías al Estado. La minera, por cada quetzal que se lleva, producto de la destrucción del entorno, le deja al Estado un centavo.

  1. El columnista Méndez Vides ha mencionado en más de una publicación que religiosos y terratenientes de poblados cercanos fomentan la oposición a la minera. Según este escritor, los terratenientes no pagan ni el salario mínimo, mientras la minera paga altos salarios ¿Es cierto esto?

Desconozco esa hipótesis, pero no lo creo. Tengo siete años de trabajar en la zona. Conocemos perfectamente a las comunidades, ellos fueron los que nos buscaron. La gente está preocupada por sus viviendas, por el agua, por sus comunidades. No conozco nada que pudiera probar esa afirmación. Es todo lo contrario.

  1. ¿Cuál es el daño que esa actividad extractiva causa al lugar?

Desde que la minera llegó a la zona se comportó de una manera criminal, con apoyo del gobierno de turno. Criminalizaron a los líderes comunitarios. En el tema ambiental, han contaminado el agua. Recuérdese que Carlos Roberto Morales Monzón estuvo en prisión preventiva por contaminar el agua en el 2015 y sigue ligado a proceso.

La minera intentó asesinar a la población cuando Alberto Rotondo, en complicidad con la policía disparó contra manifestantes, con armas de fuego y armas defensivas. Hubo siete heridos graves. Rotondo es peruano y está en proceso de extradición.

Resumiendo: conflictividad social, ambiental y los efectos colaterales en el largo plazo. El secamiento de las fuentes de agua. Están perforando túneles en la montaña. El mapa de aguas subterráneas del país muestra la presencia de aguas subterráneas en las montañas donde se les permitió perforar. Hay denuncias por secamiento de manantiales. Si yo tuviera que decir cuál es el principal motivo de descontento de la gente diría que el secamiento de por lo menos 64 pozos o nacimientos de agua, principalmente en la zona de Los Planes.

  1. ¿Y el beneficio?

Creo que ninguna empresa que recurra a acciones criminales para generar ganancias puede generar ningún beneficio. No hay ningún tipo de beneficio. Tal vez en lo local, las regalías a la Municipalidad. Un tema muy interesante. El alcalde actual, Roberto Pivaral, era un férreo opositor a la minera y ahora se ha vuelto su gran amigo, después de que ellos lo criminalizaron.

  1. ¿Cuáles fueron las acusaciones en su contra?

Es un caso claro de difamación. Para mí, Rafael Maldonado, la mina está detrás del reportaje periodístico. Recuérdese que Andrés Dávila trabajó en un conocido medio escrito. Ellos manipularon un caso legal mío, particular, con clientes particulares de San Rafael las Flores y quisieron hacer ver que yo le cobraba a CALAS y a la gente. Es un caso particular que llevé con La Cuchilla y ninguno de mis clientes se ha quejado de mis servicios.

  1. ¿Es probable que la minera reinicie sus actividades en San Rafael las Flores?

Si ellos tratan de volver a operar van a generar gran conflictividad social. Desde que la minera está cerrada, no ha habido ningún conflicto. Si regresan, van a comenzar a dinamitar el subsuelo, volverán los temblores, eso va a generar conflictos. Aparte de que la licencia se otorgó violentando la ley de minería, según la corte.

La minera debería aplicar desde el inicio todo el proceso. Y esto para todas las mineras. El problema es que inician sin consulta, sin información, ni legalidad. Tampoco respetan el agua y el ambiente. Esto no lo dice CALAS, lo dicen las sentencias de la CC y las cortes.

“No hay presencia xinca en el área de explotación”

Andrés Dávila, gerente de comunicaciones corporativas, minera San Rafael, S.A.

  1. ¿Qué pasa hoy en la comunidad que rodea la mina?

Con la llegada de la mina se han abierto 150 negocios en el municipio, se ha visto mejoría en la calidad de vida de los habitantes. Con mucha preocupación vemos que ahora han cerrado por lo menos 40 negocios y empresas locales. La Municipalidad tiene problemas para iniciar el ciclo escolar, porque tenía presupuestado dinero de las regalías que no va a poder usar para pagarles a los maestros. Esto a nivel local.

Datos del Banco Mundial informan que por cada empleo directo que genera la mina, cualquier mina, se generan 14 indirectos. Desde que la mina llegó ha generado 1,500 empleos directos y más de 17 mil indirectos en todo el país, a través de los más de 600 negocios y proveedores nacionales y locales. Ellos han tenido que despedir a 3,500 personas. Si los sumamos a los 250 colaboradores que nosotros ya despedimos, 3,750 personas desempleadas y familias guatemaltecas afectadas.

  1. ¿Cuál es la situación legal actualmente?

Hay un vacío legal, estamos a la espera de la resolución de la CC.

  1. ¿Cuánto duró el proceso?

Desde antes de que la mina iniciara operaciones, CALAS llevó una agenda contra la empresa. Ha interpuesto distintos amparos, ha hecho uso de muchas herramientas legales para cerrarla, y es hasta el momento, con la interpretación que las cortes le dan al tema del Convenio 169, que logran cerrar la mina.

Han realizado procesos legales que en otros países no hubieran procedido, simple y sencillamente porque no hay caso. Uno de ellos, es la contaminación del agua que adujeron cuando la mina no había comenzado a operar.

Denunciaron en 2012, la mina comenzó a operar en 2014. Sin embargo, aquí las cortes le dieron trámite a esto.  El amparo actual inició en mayo 2017, el argumento fue que el MEM no consultó a la población xinca.

Si nos vamos al estricto apego al derecho y a los documentos oficiales, vemos que ni el Renap, ni el INE, ni siquiera la página Web del Parlamento xinca, reconocen a San Rafael como un poblado xinca.  El INE menciona que hay dos xincas identificados, pero el amparo abarca un área más grande, por la licencia de exploración de San Juan Bosco, que involucra a comunidades que se autodenominan xincas. Esa licencia está vencida y no la quisimos renovar.

Jamás hemos negado la pluriculturalidad, que es la riqueza de Guatemala, pero basados en documentos oficiales, decimos que donde está la licencia de explotación, no de exploración, no hay presencia xinca.

  1. ¿El cierre del proyecto afecta la economía local y nacional?

Veamos datos de la Superintendencia de Administración Tributaria en el 2017 y veamos que la causa por la cual fue removido el superintendente fue la brecha fiscal.  En reiteradas ocasiones, el superintendente dijo que la brecha fiscal se originó en el cierre de la mina. La brecha fue de alrededor de Q160 millones y la mina representa Q125 millones. Ahí podemos darnos cuenta de que la empresa minera paga sus impuestos y es un gran contribuyente.

La mina no es una operación auto sostenible y requiere a sus 600 proveedores para operar, los costos añadidos a la operación son sumamente altos, a tal punto de que hasta la fecha se han perdido más de Q1 mil millones que circulaban en todo el país cuando estaba operando la mina. Los proveedores recibían sus pagos normales, les pagaban a sus trabajadores. Estas empresas y sus trabajadores pagan impuestos. Este círculo virtuoso se extinguió ahorita, con el cierre.

  1. El columnista Méndez Vides ha mencionado en más de una publicación que religiosos y agricultores de poblados cercanos fomentan la oposición a la minera. ¿Esto es cierto?

Es difícil saber dónde se origina la oposición y el bloqueo en Casillas. Lo cierto es que hay intereses diversos, que van desde los intereses políticos por parte de los alcaldes de la región, hasta el interés económico, así como un interés en generar ingresos de fuentes extranjeras que buscan trasladar la lucha contra la mina a sus beneficiarios.

Este sesgo, esta estrategia usada por las organizaciones opositoras a la minería es a nivel mundial y latinoamericano. Incluso tienen un folleto donde les explican cómo deben oponerse. Tienen el apoyo de Nisgua, de MiningWatch.

  1. ¿Cuál es el daño que esa actividad extractiva causa al lugar?

Las autoridades competentes comprobaron que los temblores no están relacionados con la acción minera, pero se han hecho circular leyendas alrededor de la mina.

Por ejemplo, que arriba de Casillas la mina instaló una sombrilla invisible y por eso no llueve, que en los túneles hay una mujer culebra que se come a los mineros, que hemos hecho túneles que van debajo de la iglesia o la laguna, que estamos sacando el agua, que proviene de dos fuentes: agua de lluvia que embalsamos y las filtraciones de la montaña.

Es agua limpia y se saca a la superficie. No es de yacimientos subterráneos, es pura filtración. Cuando hagamos el cierre técnico no va a haber impacto en la permeabilidad de la montaña, porque el agua siempre busca esas fracturas. De cualquier forma, el impacto de una mina subterránea en una montaña es mínimo.

  1. ¿Y el beneficio?

La intervención solo se realiza en la sexta parte de la propiedad. La mayor parte del terreno se utiliza para nuestros compromisos ambientales. Tenemos acuerdo con las municipalidades para apoyarlos en calidad del agua y otros temas. Además, reforestamos.

Cultivamos distintos productos: banano, café, cebolla, tenemos abejas para miel. Vemos con mucha satisfacción que el agua que descargamos, porque es mucha el agua que se filtra por la montaña, es agua limpia que usan nuestros vecinos, que incluso están cultivando tilapia.

La caza está prohibida en la propiedad. Ya se han encontrado tigrillos y fauna acuática que no podría vivir sin agua de buena calidad. Antes de iniciar actividad realizamos un estudio de impacto con 250 compromisos y debemos cumplir cada uno de ellos. Hay más de 160 puntos de monitoreo donde medimos los posibles impactos negativos y el Estado puede llegar sin aviso a cualquiera de esos puntos y realizar sus propias mediciones.

  1. ¿Cuáles fueron las acusaciones contra Rafael Maldonado?

Los habitantes de La Cuchilla vivían en terrenos no habitables. Esto no fue por acción de la mina. El Insivumeh y Conred, determinaron que por ser pendientes muy empinadas no eran terrenos aptos para vivir ahí.

Y aunque no teníamos nada que ver, llevamos a cabo una acción de buena fe para ayudarlos. Les ofrecimos comprarles sus terrenos, no nos interesaban en sentido práctico para operar. Les pagamos un bono de traslado. Cuando cerremos operaciones, estos terrenos serán donados a la Municipalidad para crear un parque ecológico. El 93 por ciento de estas personas ahora vive en terrenos planos, seguros, aunque Maldonado diga que destruimos la comunidad.

Lo que sucedió con Maldonado es que se aprovechó de la situación precaria de esta gente y les ofreció que iba a negociar mayor cantidad de precio por metro cuadrado y les iba a cobrar Q20 mil y una comisión por la venta a la mina. Estimamos que hubiera ganado unos Q70 millones. El no buscaba el beneficio de las familias, sino utilizó esa necesidad.

  1. ¿Es probable que la minera reinicie sus actividades en San Rafael las Flores?

Confiamos en que los magistrados sean congruentes con el fallo que emitieron el año pasado. Ya está el antecedente de la hidroeléctrica Oxec, donde los magistrados acordaron que harían una macro sentencia. Lo que involucra esta es que todos los casos de proyectos que involucren al Convenio 169, se deben resolver de la misma forma.

El problema que vemos ahora es un retardo que perjudica la resolución. Recordemos que es un amparo. La audiencia pública fue el 25 de octubre, tuvieron que resolver el 30. Son más de cien días sin que resuelvan.

Días después de que Donald Trump trasladara la sede diplomática de su país en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, el presidente Jimmy Morales replicó la acción de su homólogo y de inmediato, desató reacciones encontradas en Guatemala y fuera de nuestras fronteras.

El 8 de enero, el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, docente de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ex subtitular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, interpuso un amparo contra el mandatario a fin de que se revierta la medida, argumentando que esta viola sus derechos porque fue una decisión presidencial basada en motivos religiosos.

Por su parte, el doctor Nicholas Virzi Arroyave, profesor de Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad Francisco Marroquín y analista independiente, calificó la acción de Mejía como “un despropósito”, con base en las facultades que tiene el mandatario para conducir la política exterior del país.

Entrevistados por Perspectiva, estos académicos dan a conocer sus puntos de vista sobre el tema.

“Siento vergüenza de admitir que fui profesor y tutor de tesis de Jimmy Morales”

Marco Vinicio Mejía

¿Cuál es el objetivo del amparo interpuesto?

El amparo es una institución, una garantía constitucional para mantener o restituir los derechos de una persona ante las amenazas provenientes del poder público. No protege los derechos de otras personas naturales. Únicamente de quien lo solicita.

Siento vergüenza de admitir que fui profesor y tutor de tesis de Jimmy Morales en el Doctorado en Seguridad Estratégica que se imparte en la Universidad de San Carlos. Soy el autor de este programa. También fueron alumnos míos los dos últimos cancilleres, Carlos Raúl Morales Moscoso y Sandra Erica Jovel Polanco.

Uno de los seminarios que les impartí fue el de Dogmática Constitucional. No soy el primero en afirmar que el presidente Jimmy Morales no conoce la Constitución Política. Fui su consejero cuando fue candidato. Lo preparé en el inmueble ubicado en la 7a. calle “A” 5-24 zona 10.

Mi objetivo es que se revoque la orden de trasladar la sede de la embajada de Guatemala, de Tel Aviv a Jerusalén. Con esa disposición se contrariaron normas constitucionales, como la comunicación pública con el refrendo de la ministra de Relaciones Exteriores. El Presidente se deslegitimó como representante de la unidad nacional, violó el principio de separación Iglesia-Estado, nos aísla en el concierto de las naciones al conculcar el Derecho Internacional y atenta contra mis derechos fundamentales.

¿Qué significado político tiene el traslado de la sede diplomática?

Para Estados Unidos es una justificación para la venta de armas, ya que se avivarán los conflictos en Oriente Medio. Los países tomarán medidas militares preventivas, ya que la industria armamentista es el motor de la economía de ese país. Donald Trump responde a sus financistas.

En cambio, Jimmy Morales se congració con la Alianza Evangélica, uno de los cuatro integrantes del G-4, que lo apoyó para mantenerlo en la presidencia después de las protestas multitudinarias de septiembre de 2017.

En política exterior, nos ubica como un país satélite de Estados Unidos. Dejamos de ser su patio trasero.

¿Puede decirse que la acción de Morales es un acto de continuidad histórica al voto de García Granados en 1947 y 1948?

Hay una mitología diplomática guatemalteca. En 1875, el gobierno de Justo Rufino Barrios fue el primero en reconocer a la República de Cuba en armas. El régimen de Jorge Ubico fue el primero del planeta en reconocer a Francisco Franco cuando instaló su gobierno en Burgos, antes de la caída del régimen republicano en España.

García Granados formó parte del Plan de Partición de Palestina de 1947 y fue el primer embajador en Israel. Se dice que el voto de Guatemala fue decisivo para aprobar la creación del estado de Israel, pero la realidad es que el gobierno guatemalteco fue el segundo en instalar una embajada en el país de la Estrella de David.

Lo significativo no es solo ese reconocimiento. El 11 de abril de 2013, Guatemala reconoció a Palestina como un “Estado libre, independiente y soberano”. O sea, de acuerdo con el mandato constitucional de que las relaciones exteriores se basan en reglas, principios y prácticas, es más importante que Palestina establezca su sede diplomática en Guatemala. Lo fundamental de mi acción de amparo es que nuestro país no tome partido por el Israel Político, sino que contribuya a la paz mundial al aceptar que Palestina tenga una representación diplomática en Guatemala.

¿Morales intenta fortalecer su relación con Estados Unidos al replicar la acción de Trump?

Es un mimetismo patético. Trump es el “presidente tuitero” y Morales lo imita en las redes sociales. Trump es farandulero y megalómano. Morales es un histrión que se considera un ungido divino. Es egocéntrico y no escucha. Se deja llevar por sus emociones. Lo que pretende es obtener el beneplácito del presidente de Estados Unidos, para que en reciprocidad al ordenar el traslado de la embajada, se disminuya la persecución en contra suya y de su familia.

Igual el presidente hondureño Juan Orlando Hernández votó en contra de la resolución de las Naciones Unidas que desaprobó trasladar la embajada de Estados Unidos, para la legitimación de un mandatario que quiere aferrarse al poder, después de violar la Constitución de Honduras y de imponerse con olor a fraude.

En realidad, Jimmy Morales no tiene argumentos de geopolítica para haber tomado la decisión. Lo único que le queda es justificar la orden con seudo argumentos religiosos, ni siquiera teológicos.

¿Cree que pueden reportarse actos terroristas contra Guatemala?

Esta pregunta es sesgada. Es asumir que todos los palestinos son terroristas. Estoy en contra de Hezbolá y Hamas. Estoy a favor de la paz en Medio Oriente, para que coexistan los estados de Israel y de Palestina.

Hay más violencia homicida en Guatemala que en esa región del mundo. Un observador desconocedor de nuestra realidad, diría entonces que los guatemaltecos somos violentos por la matanza diaria que padecemos. Jimmy Morales debe concentrarse en la paz en Guatemala, pero con su decisión errática y contraria al consenso mundial, contribuye a reavivar la conflictividad en el Medio Oriente. Quienes lo aplauden, más bien deberían verlo como “candil de la calle y oscuridad de su casa”. Están manipulando la sensibilidad religiosa en Guatemala para justificar esta medida contraria a la decencia.

¿Cómo afectará a Guatemala que los países árabes ya no compren nuestro cardamomo?

No podemos manejarnos por el miedo. Justamente, esta pregunta revela el temor a represalias o a un boicot contra Guatemala, lo cual podría ser posible. Lo lamentable es que cuando le hicieron esa pregunta a Sandra Jovel, contestó con desparpajo sobre la situación de los cultivadores de cardamomo con un pobre razonamiento del aporte del cardamomo al Producto Interno Bruto. Demostró una completa insensibilidad hacia los agricultores, quienes día a día laboran para llevar comida a sus hogares.

¿Cuáles serán las implicaciones políticas para el gobierno de Guatemala ante la comunidad internacional?

En mi amparo, planteo que un deber del presidente Jimmy Morales, en consonancia con el artículo 183, literal ñ de la Constitución, es mantener la dignidad de la nación. O sea, debe respetar a la nación política (el Estado) constituida por 24 naciones culturales indígenas, tanto de ascendencia maya como de ascendencia no maya. No ha respetado la diversidad cultural y por tanto de credos.

El cristianismo es uno de esos credos, fraccionado en denominaciones, comunidades, sectas, variantes. Morales no respetó esa multiplicidad, sino se decantó por un credo específico, el cual confunde el Israel Político con el Israel Espiritual, al considerarlo el “pueblo elegido”. O sea, la gran implicación política es que cada vez pierde más legitimidad y con la decisión de trasladar la embajada dejó de ser un genuino representante de la unidad guatemalteca. Atentó contra la dignidad de la nación, y por consiguiente contra mi dignidad como persona natural e individual, porque siento que nos verán en el exterior como lacayos de Estados Unidos.

“La ONU es un órgano internacional con poca autoridad moral.  Es la organización más corrupta del mundo”

Nicholas Virzy Arroyave

  1. ¿Cuál es el objetivo de la acción legal interpuesta contra el presidente Morales?

Yo no soy abogado, pero a todas luces la acción legal es un despropósito.  El Presidente tiene toda la autoridad y facultad legítima de conducir la política exterior del país, incluyendo decidir a qué países reconocer y dónde colocar las embajadas de Guatemala.

  1. ¿Qué significado político tiene el traslado de la sede diplomática?

El significado político del traslado de la embajada es enorme. Guatemala no solo reconoce Jerusalén por lo que es, la capital del pueblo judío, se une también a la política exterior de EEUU en un tema que es muy importante para EEUU y su política exterior. Israel es el aliado más fiel de EEUU.  Ahora, tanto el Presidente de EEUU, Donald Trump, como el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, están endeudados con el presidente Jimmy Morales.

Esto pone a Guatemala en excelente posición para pedir TPS, levantamiento del embargo militar de EEUU contra Guatemala, más asistencia de EEUU para las fuerzas armadas y fuerzas de paz de Guatemala, ayuda de EEUU en el tema del diferendo territorial con Belice, entre otras cosas. Guatemala pertenece a un club exclusivo de 9 países en el mundo que votaron con EEUU en la Asamblea General de la ONU cuando se dio el voto vergonzoso, aunque irrelevante, de condenar a EEUU por reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

  1. ¿Puede decirse que la acción de Morales es un acto simbólico de continuidad histórica al voto de García Granados en los años cuarenta?

Claro que lo es. El presidente Jimmy Morales tomó una decisión consecuente y congruente con la política exterior histórica de Guatemala hacia Israel. Con esta decisión, el presidente Morales asegura su legado por haber tomado una de las decisiones más audaces y consecuentes de Guatemala en la historia reciente, en materia de política exterior.

  1. ¿Morales intenta fortalecer su relación con EEUU al replicar la acción de Trump?

Se debe suponer que sí.  Es muy probable que el presidente Trump le de audiencia personal al presidente Morales, es seguro que el Primer Ministro Netanyahu se la dé, y seguro también que Netanyahu ayude a acercar a la administración Morales con la administración Trump.  Repito. El presidente Trump le debe un gran favor a Guatemala, y el mejor aliado del presidente Trump, Benjamin Netanyahu, también está endeudado con el presidente Morales.  Tanto Trump como Netanyahu, estarán ansiosos de buscar cómo reconocer el gesto de apoyo y amistad que Guatemala mostró con EEUU e Israel.  Ya la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, convocó a un convivio especial para los países que no votaron en contra de EEUU en la ONU.

  1. ¿Cree que pueden reportarse actos terroristas contra Guatemala?

Claro que sí, porque esa es la naturaleza de los terroristas que representan al gran pueblo palestino, lamentablemente.  La autoridad palestina es terrorista, y trabaja con grupos terroristas.  Incluso los intelectuales y políticos de izquierda que han criticado la decisión del presidente Morales de reconocer a Jerusalén, han hablado abiertamente sobre el riesgo de que Guatemala sufra ataques terroristas debido a su decisión de reconocer a Jerusalén y mover su embajada ahí.

Guatemala debe pedir que EEUU e Israel sufraguen los costos de seguridad derivados de esta decisión. Guatemala debiera pedir asistencia militar y el levantamiento del embargo militar de EEUU.

  1. ¿Cómo afectará a Guatemala que los países árabes ya no compren nuestro cardamomo?

Los países árabes se tienen que poner de acuerdo primero. No se ha visto que se hayan coordinado para hacer un embargo sobre las exportaciones de Guatemala.

En caso de que se diera, estaríamos hablando de un impuesto al consumidor en sus países a un producto que les gusta mucho.  Los países árabes se tendrían que poner de acuerdo para castigar a Guatemala, que en todo caso sería un castigo temporal. Guatemala puede cambiar de destinos de exportación, o en el peor de los casos, cambiar de cultivo. Sería duro para los productores de cardamomo, pero en la política internacional ocurren este tipo de situaciones,  cuando se tocan temas de paz, guerra y seguridad.

  1. ¿Cuáles serán las implicaciones políticas para el gobierno de Morales ante la comunidad internacional?

Se sobredimensiona la importancia de la comunidad internacional.  La ONU es un órgano internacional con poca autoridad moral.  Es la organización más corrupta del mundo, no rinde cuentas a nadie, y sus decisiones son incongruentes. La Asamblea General de la ONU condena seguida y repetidamente a Israel, pero pone a dictaduras musulmanas en sus comisiones de derechos humanos.

Recientemente, Estados Unidos logró un voto unánime de 15-0 en el Consejo de Seguridad de la ONU, para condenar a Corea del Norte por sus agresiones y posturas bélicas en la península coreana.  Así que tampoco los países grandes que critican la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén han tomado medidas para distanciarse y castigar a EEUU.  No habría razón para pensar que lo harían con Guatemala.

EEUU es un país grande, la potencia hegemónica mundial, y Guatemala está en su esfera de influencia. EEUU es el mayor socio comercial de Guatemala, y el mayor socio comercial de los países vecinos de Guatemala.  En EEUU vive más de un millón de guatemaltecos, y de ese país provienen remesas que exceden el 10% del valor del Producto Interno Bruto de Guatemala.

Tiene más lógica que Guatemala quede bien con EEUU que con una multitud de países irrelevantes para Guatemala, que no representan mayor flujo de comercio, asistencia, o remesas, y que carecen de vínculos culturales, como existen en el caso de Guatemala, Israel y EEUU.

El ex candidato presidencial hondureño, Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición, anunció que el sábado 6 de enero encabezará una nueva manifestación de protesta contra el electo Juan Orlando Hernández, sobre quien pesan señalamientos de fraude que originaron las violentas protestas en las que han muerto decenas de personas y durante las cuales se produjeron saqueos a comercios.

Hernández ha realizado llamamientos al diálogo y la concordia nacional. Su victoria electoral fue reconocida por los observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que “no encontraron dolo” en el proceso. Sin embargo, la tensión permanece latente en el vecino país. Para conocer la opinión de dos guatemaltecos que han seguido de cerca el proceso hondureño, Perspectiva entrevistó a Raúl Figueroa Sarti, editor, fundador y director de F&G Editores, y la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, ex candidata a diputada y actualmente, defensora de mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar.

Raúl Figueroa Sarti: “Si en Guatemala no se realizan reformas a la ley electoral, no sería raro un estallido social”

  1. ¿Qué está pasando en Honduras?

El presidente Juan Orlando Hernández recurrió al fraude electoral para poder continuar en el cargo.

  1. ¿Considera que las protestas contra el proceso electoral son legítimas? ¿Por qué?

Absolutamente legítimas. Porque cuando desde el poder se recurre a la violación de las leyes es legítimo y justo que los ciudadanos se levanten en contra de quienes violentan las leyes y los derechos ciudadanos.

  1. ¿Cuáles son los señalamientos contra el mandatario reelecto?

En primer lugar, hay que apuntar que no hay tal “mandatario reelecto”. Lo que hay es un presidente que recurre a argucias legales para poder reelegirse y al fracasar en su intento recurre a un burdo fraude para que un tribunal electoral a su servicio lo declare ganador. ¿Cuáles son los señalamientos? Fraude electoral y violación de los derechos humanos de los hondureños.

  1. ¿Quién es Nasralla y a quién representa?

Es irrelevante quién es y a quién representa Nasralla. Lo relevante es que es Juan O. Hernández está violando las leyes hondureñas y los derechos humanos de los hondureños.

  1. ¿El saqueo es un síntoma de ingobernabilidad o un reclamo popular?

Los saqueos son una muestra de ingobernabilidad; también son el resultado de las pésimas condiciones de vida en que viven los hondureños: También pueden ser el resultado de provocaciones impulsadas desde el poder para deslegitimar la lucha en contra del fraude y justificar la represión despiadada a que el ejército hondureño está sometiendo a los hondureños.

  1. ¿Cree que si las elecciones de 2019 en Guatemala se realizan sin las reformas a la LEPP vigente puede haber un estallido similar?

Guatemala es una olla de presión que no ha estallado gracias a que los sectores populares y democráticos han mostrado mucha más madurez que los grupos económicos y partidos políticos que sostienen al gobierno de Jimmy Morales. Pero desde el gobierno se está abusando de la paciencia de los guatemaltecos y esta no es ilimitada; la represión en contra de la oposición ciudadana está siendo brutal y salvaje, particularmente en el campo. Sí, si no se realizan reformas al sistema electoral no sería raro un estallido social.

  1. ¿Qué significa y qué mensaje deja para un país una protesta popular tan radical como la de Honduras?

Que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. El estado está para servir a toda la sociedad, cuando desde el gobierno se usa el mismo para darle privilegios a pequeños grupos, es inevitable el levantamiento popular.

Ana Lucía Alejos Botrán: “La democracia se basa en el Estado de Derecho, donde se respeta la ley, nos guste o no”

  1. ¿Qué está pasando en Honduras?

Estamos viendo la polarización de un país donde hay dos grupos políticos enfrentados y como decimos aquí, cada uno está llevando agua para su molino. Lamentablemente, esto con un costo político y costo de país sumamente alto.

  1. ¿Considera que las protestas contra el proceso electoral son legítimas? ¿Por qué?

Me parece que no, en virtud de lo que se aprecia a través de los distintos medios de comunicación. Se ve que el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, ha incitado a las personas para que salgan a manifestar. Es evidente que no son manifestaciones pacíficas, sino todo lo contrario, son sumamente violentas y aunque van en detrimento de la población y la economía, ha habido insistencia y declaraciones irresponsables del ex presidente Mel Zelaya.

  1. ¿Cuáles son los señalamientos contra el mandatario reelecto?

En primer lugar, Nasralla lo acusó de fraude electoral y posteriormente lo señaló por 24 asesinatos. En este caso se le cuestionó en los medios si tenía pruebas y dijo que tenía pruebas de 22 o 23. Cuando se le pidió que presentara las pruebas se limitó a decir que revisaran sus redes sociales, básicamente Twitter. Es irresponsable emitir acusaciones tan fuertes cuando no se tienen las pruebas en la mano. Esto incluso es un delito.

  1. ¿Quién es Nasralla y a quién representa?

Viéndolo desde afuera, como guatemalteca, creo que se ha visto muy fuerte la presencia de Mel Zelaya en la vida de Nasralla. Incluso han dicho que es el títere. Yo no lo he dicho, pero así es como se han referido a él. Cuando se le cuestionó esto se rió de una forma que me parece irrespetuosa. Es un hecho que Mel Zelaya salió a pelear por él y hasta admitió que sería parte de su gabinete.

  1. ¿El saqueo es un síntoma de ingobernabilidad o un reclamo popular?

Es una forma de ingobernabilidad que perjudica mucho a un país como Honduras, que ha sido bastante lastimado igual que Guatemala. Por eso digo que la actitud del candidato Nasralla fue sumamente irresponsable, por incitar a los hondureños a participar en actividades que no son legítimas ni pacíficas. Muchas personas que habían logrado salir adelante con muchos esfuerzos lo perdieron todo en esos saqueos devastadores y totales, con lujo de fuerza y hasta que dejaban las tiendas totalmente vacías.

  1. ¿Cree que si las elecciones de 2019 en Guatemala se realizan sin las reformas a la LEPP vigente puede haber un estallido similar?

Todo va a depender mucho de las personas que estén al frente de los grupos políticos, puesto que si no entran en vigencia las reformas, lamentablemente es la ley. Y la ley se acata, nos guste o no. Que como país debemos promover que estas reformas se apliquen, estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que exijamos un cambio de legislación a través de acciones ilegítimas y violentas, lo cual deslegitima por completo cualquier movimiento o cualquier postura.

En el momento en que ya no tenemos argumentos y empezamos con violencias, con insultos, con actos ilegales, se pierde cualquier tipo de legitimidad. Será responsabilidad de diferentes sectores del país hacer un llamado a respetar la ley. La democracia se basa en un Estado de Derecho, donde se respeta la ley me guste o no. En el caso de Honduras se exigía repetir las elecciones, y este procedimiento no está legislado en ese país.

  1. ¿Qué significa y qué mensaje deja para un país una protesta popular tan radical como la de Honduras?

Una vez más, viéndolo desde afuera y pensando lo que pudiera pasar en mi país, es un momento donde todos pierden. Vidas humanas, un duro golpe a la economía, un ambiente de ingobernabilidad y violaciones a la ley, lo que debilita al Estado de Derecho y a la democracia.

 

“El subsidio que pretenden es un gasto, no es una inversión. Nosotros los diputados representamos a todos los guatemaltecos y tenemos que ver no solo por programas sociales, sino cuánto cuestan y qué efecto van a tener”. Esta fue la afirmación del diputado Fernando Linares Beltranena en febrero de este año, al conocer el proyecto de ley 5125, sobre la atención a las personas con discapacidad.

En aquel momento, el legislador también objetó que el proyecto incluía temas “típicamente de izquierda, como la igualdad de género, acción afirmativa o igualdad de condición”. Como respuesta a sus declaraciones, el Consejo Nacional para la Atención de personas con Discapacidad (CONADI), denunció al legislador, a quien recientemente se le retiró la inmunidad.

El hecho abrió una polémica en diferentes sectores sociales. Por una parte, quienes defienden la máxima volteriana: “Odio y detesto lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”, insisten en que Linares se limitó a exponer lo que pensaba respecto a un proyecto de ley, lo cual es su trabajo.

Por otra parte,  los defensores de los derechos humanos enfatizan en que la Organización de Naciones Unidas (ONU), limita la libertad de expresión cuando esta incita al racismo o al odio. Para tener un panorama de estas posiciones, Perspectiva entrevistó a Giovanni Fratti, abogado de la Universidad Francisco Marroquín y columnista de opinión independiente, quien considera un atropello la acción contra Linares. También hablamos con el abogado Sergio Beltetón, asesor de activistas de derechos humanos, entre ellos Daniel Pascual y Abelino Chub Caal y organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), quien considera que la acción contra Linares sienta un precedente positivo para quienes emitan declaraciones prepotentes y abusivas contra sectores vulnerables.

Giovanni Fratti

“La declaración de Linares no limitó el ejercicio de ningún derecho a nadie”

  1. ¿Cree que la acción contra el diputado Linares es justicia selectiva?

Totalmente. Es una denuncia penal espuria, sin ningún fundamento. No tienen pruebas de que Linares insultó a nadie en específico. En todas sus declaraciones, él dijo que la ley representaría una carga para los guatemaltecos. En el análisis elaborado y presentado al Congreso por el mismo diputado, se demostró que la implementación de esa ley representaría una erogación de Q 700 millones al Estado.

Aparte de ser la verdad, esa afirmación no atenta contra ningún derecho ni discrimina. Es sencillamente la opinión de un diputado opositor sobre un proyecto de ley en discusión en el Congreso.

  1. ¿Por qué?

Es un diputado opositor que no cometió ningún delito. Como guatemalteco, Linares goza de los derechos del artículo 35 de la Constitución Política de la República, que le otorga la libre expresión, que es un derecho humano universal para todos los ciudadanos. Además, por ser diputado, es irresponsable por sus declaraciones y opiniones en el ejercicio del cargo. Y esto fue exactamente lo que hizo: opinar sobre una ley en una comisión de trabajo del Congreso.

  1. ¿Considera que la declaración de Linares sobre la ley de personas discapacitadas atenta contra algún derecho?

Ninguna ley fue violada, Linares no pudo haber cometido delito de discriminación. En primer lugar, se tipifica como discriminación el impedir a una persona el ejercicio de un derecho. Este no fue el caso. Emitir una opinión sobre una ley de discapacitados no impide el ejercicio de un derecho a nadie.

  1. ¿En qué se basó el MP para pedir la investigación al legislador?

En el artículo 202 bis del Código Penal reformado.  El delito que se persigue tiene una pena de tres años de cárcel excarcelable bajo fianza.

  1. ¿Cree que esta acción puede extenderse y afectar la libertad de expresión de cualquier persona?

Como consecuencia de esta acción ilegal del MP y la asociación ANADI, podrá haber persecución penal contra cualquier persona por cualquier excusa, bajo el señalamiento de “discriminación”. La pésima redacción de dicho delito en el Código Penal prácticamente permite considerar cualquier cosa como discriminación.

Esto se convierte en una herramienta perfecta para un MP abusivo y politizado para callar opositores políticos a su sabor y antojo, aun cuando sea evidente que no se ha cometido delito alguno y mucho menos, impedir el ejercicio de sus derechos a ninguna persona. Todo por el simple hecho de emitir una opinión sobre una ley.

  1. ¿Cuál es el artículo constitucional que ampara la libertad de expresión de los diputados? ¿Debería aplicarse en este caso?

El artículo 35 de la Constitución Política de la República, sobre la libertad de expresión. Además, el artículo 161, inciso b, de la misma constitución, donde se dice que los diputados no son responsables por sus declaraciones. Además, el artículo constitucional número 5, donde se establece que ninguna persona puede ser perseguida penalmente por sus opiniones políticas.

  1. ¿Cómo califica el intento de juzgar al diputado Linares?

Es un acto propio de un régimen totalitario como Venezuela o Corea del Norte pedir la cárcel para un diputado opositor por emitir su opinión sobre una ley, lo cual es su función y su trabajo. En esos regímenes nadie puede oponerse al poder de turno.

En este caso, a los ideólogos del MP, la CICIG y las embajadas no se les antoja respetar la Constitución y los derechos humanos universales, como es su harta obligación.

Sergio Beltetón

“No pueden emitirse afirmaciones que inciten al odio o la discriminación”

  1. ¿Cree que la acción contra el diputado Linares es justicia selectiva?

No. Ese concepto de justicia selectiva es un invento de quienes no quieren que se persigan delitos de corrupción, o en este caso de discriminación. Justicia selectiva es un término utilizado por los operadores de la oligarquía. Pero en casos como este, la justicia les toca por sus decisiones o declaraciones erróneas, no por ser de extrema derecha. Linares cometió un error al expresarse de esa forma.

  1. ¿Por qué?

En el caso de Linares, afirmó que las personas con capacidades diferentes no deben ser protegidas por el Estado. Esto es un acto de discriminación. Y puede considerarse una afirmación que incita al odio, especialmente cuando proviene de un dignatario en funciones.

  1. ¿Considera que la declaración de Linares sobre la ley de personas discapacitadas atenta contra algún derecho?

Sí, atenta contra el derecho humano a la dignidad e igualdad de las personas, presentes en la Constitución Política de la República. Todos tenemos derecho a la igualdad y la dignidad y debemos convivir en condiciones fraternales. A más largo plazo, la declaración de Linares puede afectar la salud e incluso la vida de las personas discapacitadas, si el estado sigue ignorando su situación y no asegura su bienestar.

  1. ¿En qué se basó el MP para pedir la investigación al legislador?

No conozco el expediente, pero se basó fundamentalmente en su afirmación de que el Estado no tiene por qué ayudar a estas personas. Con base en el artículo 202 del Código Penal lo señalan por el delito de discriminación, que por ser dignatario de la Nación, tiene un agravante de hasta un tercio más de la pena, aplicable a los funcionarios públicos en ejercicio del cargo.

  1. ¿Cree que esta acción puede extenderse y afectar la libertad de expresión de cualquier persona?

No cualquiera ni por cualquier declaración polémica. La libre emisión del pensamiento está garantizada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República y establecida en el decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, el país es firmante de varias normativas internacionales, como el Pacto de San José y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se limita la libre expresión cuando se emiten declaraciones que inciten al odio o discriminación por cualquier motivo. Al hablar de una forma abusiva y prepotente se puede caer en esos extremos.

  1. ¿Cuál es el artículo constitucional que ampara la libertad de expresión de los diputados? ¿Debería aplicarse en este caso?

Esa prerrogativa de los diputados, queda limitada por otras normativas, como los artículos constitucionales 44 y 46.  En el caso de Linares, no se le enjuicia por emitir opinión sobre una ley sino por su propio error, la mala fe evidenciada en el juicio de valor que emitió sobre un sector vulnerable de la población guatemalteca. No por emitir una crítica.

La libertad de expresión tiene limitaciones. No pueden emitirse afirmaciones que inciten al odio o a la discriminación. Esto lo establecen convenios internacionales de derechos humanos. La ONU tiene jurisprudencia sobre estos casos donde se puede restringir la libertad de expresión cuando se expresan ideas discriminatorias o racistas.

  1. ¿Cómo califica el intento de juzgar al diputado Linares?

Puede sentar un precedente positivo. Para los diputados es un mensaje que les dice que no tienen la libertad de menospreciar ni discriminar a nadie, menos públicamente. Considero que es un avance para el país. Es un mensaje a quienes emiten afirmaciones de forma abusiva y prepotente, sin importarles dañar a un sector vulnerable.

Frente a frente

Las redes sociales eran un universo desconocido hasta hace pocos años. En este mundo nuevo se han abierto infinidad de posibilidades, desde comprar propiedades sin salir de casa hasta posicionar marcas, ideologías y otros imaginarios en la mente de los usuarios. Los límites de la privacidad y la ética se han expandido en este universo, donde casi todo queda expuesto ante un público masivo y exigente, al que le encanta debatir.

Sin embargo,  no todos los debates son reales y en el mundo virtual es posible que un individuo tenga hasta seiscientas identidades y que repita hasta la saciedad las mismas opiniones, todo para defender una causa política. Dos de los twitteros más reconocidos expusieron sus puntos de vista sobre los net center, la coyuntura política regional y la justicia en Guatemala.

Rodrigo Polo

“El problema es que la CICIG y el MP carecen de objetividad para llevar a cabo los procesos”

¿Quién es Rodrigo Polo?

Un desarrollador de software amante de la tecnología y la ciencia, 100% autodidacta y con muchas ganas de compartir conocimiento a doble vía. No pertenezco a ningún extremo ideológico. Soy cuarta generación de migrantes en el país. No me identifico con la narrativa de “españoles explotadores vs. indígenas explotados y oprimidos”.

¿Qué es un net center?

Inició a partir del  call center, pero las personas contratadas, en lugar de responder llamadas, llenan las áreas de comentarios de los medios con opiniones que buscan influenciar la percepción del lector. En redes como Twitter y Facebook esto es evidente. Además, algunos net center contratan “influenciadores”, personas identificadas que ya tienen un espacio en las redes. A estos los acompañan falsos interlocutores en discusiones simuladas.

¿Conoce algún net center y puede nombrarlo o nombrar personas que trabajen en uno?

En 2001 conocí a tres personas que trabajaban para el de la UNE/Sandra Torres. Los tres con carreras de pobre demanda. Les pagaban unos Q5, 000. Además se les pedía asistir a manifestaciones y posar para fotos de la campaña. Originalmente tenían oficina, pero debido a los filtros por IP comenzaron a trabajar desde casa. El partido les provee de dispositivos móviles.  Estas personas pueden manejar hasta 50 cuentas en cada red social, desde varios dispositivos. Me encantaría nombrarlos pero comprendo su situación y, a pesar de todo, lo que hacen no es delito. Denunciarlos sería atentar contra su sustento.

¿Considera que CICIG/MP aplican justicia selectiva?

Es un hecho. Nunca antes se habían atendido denuncias de forma tan rápida y eficiente. Eso sí, sólo cuando afectan a los contrincantes políticos de quienes tienen cooptado el sistema de justicia, porque existen cientos de denuncias de anomalías en todo el sector justicia, desde la CC, el OJ hasta el MP, que no prosperan.

¿Cree que quienes trabajaron para el Programa Nacional de Resarcimiento durante el gobierno de la UNE deben ser investigados?

Totalmente. En un país con tantas carencias y pocas oportunidades, la modalidad de vivir de los resarcimientos se convirtió en un negocio para muchos. Hace dos años no hubiera creído que así era, pero por ese espíritu de investigar y conocer todas las posturas terminé encontrando muchísimas injusticias, procesos espurios, servidores públicos que no trabajan sobre derecho, sino sobre comisiones por aceptar y acelerar procesos sin los requerimientos mínimos para llevarlos a cabo, empezando con el debido peritaje y bases legales, es lamentablemente, otra forma más en las que ciertos grupos encontraron una forma de hacer menos y ganar más, el famoso sueño del guatemalteco promedio.

¿Se debe investigar a Gloria y Sandra Torres, Mario Taracena por nepotismo y otros actos de corrupción?

Como dirían por ahí, esa pregunta ni se pregunta. Todo hecho que levante sospecha de haberse llevado a cabo realizando ilegalidades debe ser investigado, de eso no me cabe la menor duda, y más en el caso de los antes mencionados, que no es secreto que los procesos en los que ellos aparecen con nombre y apellido nunca prosperan dentro del sistema de justicia.

¿El alcalde capitalino y los militares retirados acusados de crímenes de lesa humanidad deben ir a juicio?

Si hay indicios de ilícitos, sin importar quien, debe realizarse una investigación. De existir hallazgos, debe iniciarse un proceso de oficio. Pero el problema es que tanto el MP como la CICIG carecen de objetividad para llevar los procesos. Es un sesgo que se evidencia en los resultados, decenas de casos de militares en comparación con uno solo de la guerrilla. No viví el conflicto armado, no tengo vela en ese entierro. No pertenezco a ninguno de los extremos ideológicos.

Lo que observo y denuncio es un tremendo sesgo por parte de un sistema de justicia que violenta el debido proceso y aún tratados internacionales, todo en pro de un bien económico: los resarcimientos.

¿Cuál es su comentario sobre los disturbios en Honduras?

La situación en Honduras es terrible y lamentable. Por un lado tenemos la aberrante acción de un gobernante, que pretende perpetuarse en el poder mediante la modificación de la Constitución, algo corrupto a todas luces. Luego, un proceso electoral opaco. Lo terrible de la situación es que Nasralla es un títere de Mel Zelaya y no es ningún secreto que el mismo incentivó a los disturbios y saqueos. Me atrevo a hacer la analogía de

que Nasralla es a Honduras lo que un tratamiento de quimioterapia es para aquellos que están cansados de ir al barbero.

Por otra parte parece ilógico que un ex CEO de Pepsi que durante años ha servido al poder económico, sea ahora la voz de la izquierda en Honduras y aún en Guatemala, algo

evidenciado en las innumerables muestras de apoyo que la “izquierda” guatemalteca le da a Nasralla. Mucho ojo a esas comillas. No cabe duda que el discurso para “los pobres” vende.

¿Qué efectos tuvo para el país la protesta llamada paro 20s?

Expuso ante los guatemaltecos cuál es la verdadera agenda. Al igual que en Honduras, la finalidad no es acabar con la corrupción. La consigna anticorrupción puede convertirse en trampolín político para los próximos corruptos, tal como ha sido siempre. De la consigna “combatir la violencia con inteligencia”, pasamos a “mano dura” y obtuvimos el mismo resultado. Políticos sucios se lavan la cara y forman nuevos grupos con un nuevo villano, que ahora es la corrupción. Me quedo perplejo cuando veo al ex ministro de finanzas de la UNE, Juan Alberto Fuentes Knight, fundar Semilla y tener cientos de “jóvenes” denunciando la corrupción, pero no la de su fundador y menos del partido que la originó.

¿Trabaja o ha trabajado para un net center?

Jamás. Amo mi libertad, nunca he sido bueno teniendo jefes diciéndome qué puedo y qué no puedo hacer, no puedo ni imaginar si me tuvieran que limitar lo que puedo o no decir.

Marcela López, periodista que cubre noticias nacionales

“Todos los sospechosos de cometer delitos deben ser investigados”

¿Quién es Marcela López Gálvez?

Una joven de 21 años, estudiante universitaria, activista durante las protestas del 2015 y en 2016, es la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEU) en el colectivo Landivariano. Estoy muy politizada. Es una politización a partir de los movimientos ciudadanos pero también estuve sobrecargada de información política por mi papá, que siempre ha trabajado con comités cívicos, con comunidades y ha sido asesor en algunas alcaldías en el área de Petén. Entonces, siempre estuve cargada con la información sobre estos movimientos. Actualmente no soy activista, trabajo como periodista en áreas nacionales.

¿Qué es un net center?

Es un conglomerado de cuentas o una empresa desde donde se crean cuentas falsas, que a través de los avances de la programación logran crear quinientos o seiscientos perfiles falsos con un solo equipo, sin realmente tener una cara, un nombre y apellido, una identificación real.

¿Conoce algún net center y puede nombrarlo o nombrar personas que trabajen en uno?

Conozco a tres personas que trabajaron en net center, justamente en período electoral. Uno de ellos trabajaba a favor de Manuel Baldizón, dos en contra. No puedo nombrarlos porque ahora tienen otros trabajos y no les gustó trabajar en esa actividad. No nombraré a estas personas, pero si no recuerdo mal, una de esas empresas se llamaba Comunica, según creo y tenía oficinas en Europlaza.

¿Considera que CICIG/MP aplican justicia selectiva?

Creo que no. No creo que sea selectiva. Lo que sucede es que tenemos la percepción de que es selectiva porque no atacan a quienes nosotros queremos que ataquen. El círculo de la gente involucrada en estos casos suele ser un círculo reducido y tienen que tener poder adquisitivo. Para poder corromper, tienen que haber tenido poder adquisitivo. Muchas veces vemos que solo persiguen a empresarios o políticos y decimos: “miren, es que mi vecino compró tal cosa y no lo están investigando”. Claro, pero es que la corrupción a nivel estatal o empresarial es mucho más fuerte. Por eso es que su vecino todavía no está siendo perseguido.

¿Cree que quienes trabajaron para el Programa de Resarcimiento durante el gobierno de la UNE deben ser investigados?

Sí, porque al haber sido un programa de un partido político no fue institucional sino político, por instigación de un partido. Creo que pudieron haberse dado casos de corrupción, gente que no debió recibir resarcimiento pudo haber sido resarcida.

¿Se debe investigar a Gloria y Sandra Torres, Mario Taracena por nepotismo y otros actos de corrupción?

Claro.

¿El alcalde capitalino y los militares retirados acusados de crímenes de lesa humanidad deben ir a juicio?

Por supuesto. Creo que es importante hacer énfasis en que cualquier persona de la que se sospeche que cometió algún delito debe ser investigada sin importar quien sea. No importa si es el Presidente, el alcalde que lleva una vida en la alcaldía. Incluso la Fiscal General. Lo que sucede es que cuando se señala a personas encargadas de la investigación se debe formar una comisión ajena a la entidad donde esta persona trabaja. Pero esto no basado en chismes sino con base en evidencias.

¿Cuál es su comentario sobre los disturbios en Honduras?

El proceso electoral tiene mucho que ver, con una dudosa herencia de irregularidades. La elección debe repetirse, no debieran declarar un ganador cuando hay tantos indicios de un proceso viciado. Creo que deben respetarse los observatorios. Las manifestaciones contra el ex presidente son la expresión de la voluntad del pueblo.

¿Qué efectos tuvo para el país la protesta llamada paro 20s?

Fue un movimiento protagonizado por clases medias y bajas. Expresó el repudio y rechazo al Congreso, hubo una considerable diferencia con el movimiento del 2015 donde se señalaban figuras, nombres y caras, como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En la protesta reciente se cuestionó la poca transparencia del Congreso. No puede negarse que en la protesta del 20 de septiembre hubo personas que pudieron haber sido acarreadas. Muchos de los que estaban ahí no sabían lo que había pasado el 13 de septiembre en el Congreso.

No dudo que hubo acarreados pero fue una protesta que mostró cómo los ciudadanos tienen un rechazo a flor de piel contra el Congreso. Sobre el Presidente actual poca cosa puede decirse. Que recibió un bono de forma indebida. La gente, especialmente los que votaron por él, están decepcionados, ante todo de su incapacidad y su prepotencia.

¿Trabaja o ha trabajado para un net center?

Nunca.

Rosalinda Hernández, feminista desde hace varias décadas, y Astrid Ríos, directora ejecutiva de la Asociación la Familia Importa (AFI), exponen sus respectivas posiciones sobre el aborto, la orientación sexual, el derecho a una elección informada y la familia, en un contexto en el que AFI está realizando acciones para impedir que se apruebe una ley que permitiría el aborto hasta las doce semanas a niñas víctimas de abuso sexual.

“Lo fantástico de esta ley, es que significa una posibilidad de interrumpir el embarazo”

Rosalinda Hernández, columnista de opinión y miembro del Consejo Editorial de la publicación feminista La Cuerda.

¿Cuál es su opinión sobre la ley de reparación para las niñas propuesta por Convergencia?

La reparación transformadora es importante, porque la mayoría de jueces entienden la reparación que está en la ley vigente como dinero. Lo fantástico de esta ley, es que significa una posibilidad de interrumpir el embarazo.

¿Qué es el aborto?

Es la interrupción del embarazo. El cuerpo de las mujeres se les expropia y las autoridades se creen con derecho de opinar sobre el cuerpo de las mujeres. Establecen, regulan o prohíben el aborto, aunque cada vez son más los países que promueven esa opción. Los antiabortistas dicen que las feministas promovemos el aborto. Eso es mentira. Defendemos que las mujeres puedan interrumpir el embarazo.

¿El aborto puede tener secuelas físicas y emocionales para la mujer?

En condiciones óptimas y con una decisión consciente, lleva a feliz término la interrupción de algo que no queremos las mujeres. Es totalmente falso decir que las mujeres que toman esa decisión sufren un trauma. Las feministas buscamos la libertad y uno de sus aspectos principales es la toma de decisiones, como tener hijos o abortar.

¿Y para una niña?

Obligarla a ser madre tiene mucho más secuelas para su salud. Muchas que fueron madres entre los 10 y 14 años, a los 18 tienen un segundo o tercer hijo. Estos embarazos no deseados no siempre son consecuencia de violaciones. Socialmente, te imponen ser madre,  es la imposición de una realidad ajena, tal como el temor a Dios.

¿Qué es el género? ¿Ideología o teoría?

Es una categoría de análisis. Para analizar la realidad, reconoce que hay mujeres y hombres, con roles muy diferentes. Uno marcado por privilegios, el otro marcado por desigualdades. Es revolucionaria. Por eso no quieren que se aplique en las escuelas.

Se dice que para todas las feministas, el hombre es un agresor y un violador potencial ¿Qué opina de esto?

La ideología dominante ha llevado a creer que los cuerpos de las mujeres le pertenecen a los hombres. Se establecieron el matrimonio y la prostitución. Ambos a cambio de dinero. A partir de esto, los hombres entienden como natural que la mujer tiene que estar a su disposición. Y como machos, cuando se les niega eso, se vuelven agresivos. En la medida en que se eduque así a los hombres, eso va a seguir.

¿Cree que un niño o niña en la primera década de su vida puede decidir su género?

Está demostrado científicamente que hay cuerpos de mujer que en su identidad se sienten hombres. Algunos padres apoyan esto y sus casos son expuestos de forma morbosa. Esto no es degeneración, no es perversión, son hechos que se dan y la humanidad lo desconoce.

¿El homosexual “nace o se hace”?

Si le preguntas a un conservador, te va a decir: “el homosexual se hace”. Te voy a decir, pues no es cierto. Planteemos: ¿por qué existe el homosexualismo? Porque existe en las plantas, en los animales, en los humanos.

¿Qué es la familia?

Quienes viven en un mismo techo constituyen una familia. Pueden ser papá, mamá, hijos, o pueden ser dos mamás e hijas. Imponer la familia entre papá mamá e hijos, es otra aberración, como querer sancionar los abortos, independientemente de lo que digan esos señores, o que los curas nos llamen asesinas.

“Los abortistas deberían preocuparse un poco por la salud de las niñas, antes de proponer una solución tan superficial y dañina como el aborto”

Astrid Ríos, Directora Ejecutiva de la Asociación la Familia Importa (AFI) y estudiante de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín

¿Cuál es su opinión sobre la ley de reparación para las niñas propuesta por Convergencia?

Plantea despenalizar el aborto para niñas de entre 10 y 14 años que han sufrido violencia sexual. Se presenta como una solución a la violencia de la que ellas son víctimas. Pero los problemas causados por la violación se agudizan con el aborto. Los partidarios del aborto deberían preocuparse un poco más por la salud de las niñas, antes de proponer soluciones tan superficiales y dañinas.

¿Qué es el aborto?

No es la interrupción, sino la terminación, natural o provocada, del desarrollo del ser humano que se está formando desde la concepción.  Es la máxima expresión de violación de los derechos humanos. Se puede comparar con la esclavitud y el holocausto. La ciencia comprueba que desde la gestación existe vida humana. No es lo que yo creo, es un hecho comprobado. Una sociedad que no valora la vida, termina llegando a su fin.

¿El aborto puede tener secuelas físicas y emocionales para la mujer?

Definitivamente, tiene consecuencias graves en todos los aspectos de la vida. Tenemos estadísticas que demuestran su incidencia en ciertos tipos de cáncer: ovarios, cérvix, mamas. Aunque sea a través de pastillas, es una intervención médica y toda intervención médica tiene consecuencias. No existe el aborto seguro.

¿Y para una niña?

El profesor David Fergusson, ateo y partidario del aborto, publicó un estudio en el Journal of Child Pshychology and Psychiatry. Las estadísticas fueron sorprendentes, porque demostraron lo contrario a la hipótesis. Entre mujeres de 15 a 18 años que no se habían embarazado, la probabilidad de depresión fue de 31.2 por ciento. Entre quienes se embarazaron fue de 35.7 por ciento. Y las que terminaron con el embarazo tuvieron un índice del 76.8 por ciento. Las ideas suicidas aumentaron hasta el 50 por ciento.

¿Qué es el género? ¿Ideología o teoría?

Ideología, porque es un sistema de pensamiento cerrado. Si nos vamos al proceso de creación de una tesis y no una hipótesis, necesitamos fundamentos científicos para demostrar que nuestro planteamiento es real. Los fundamentos de esta ideología radican en definir al género como una construcción social, no como algo ligado a la biología. En pocas palabras, sostiene que la percepción psíquica es la que define al ser humano, por lo que la persona no sería una realidad biológica, sino una entidad pensante que puede decidir que quiere ser, independientemente del cuerpo que tenga.

Se dice que para todas las feministas, el hombre es un agresor y un violador potencial ¿Qué opina de esto?

El hombre es un humano, igual a las mujeres. No es un animal. La violación sexual no es patrimonio del hombre. Existen agresiones y violaciones sexuales perpetuadas por mujeres contra otras mujeres, contra niños, adolescentes y hombres adultos. Es un poquito irresponsable decir que la agresión está ligada solo al hombre. No somos enemigas, sino socias del hombre. Estamos en plano de igualdad en cuanto a derechos, pero conscientes de las diferencias. Biológicamente complementarios, pero iguales en dignidad y derechos.

¿Cree que un niño o niña en la primera década de su vida puede decidir su género?

La disforia de género es un problema psicológico real. Existen casos de niños y niñas que inicialmente expresaron su desacuerdo con su cuerpo, pero al traspasar la pubertad de forma natural, aceptaron su sexo. Algunos creen que ayudar a los pequeños con disforia de género es apoyar esta desconexión entre la realidad biológica y la percepción a través de ropas, hormonas y cirugías que extirpan partes sanas del cuerpo y ya está catalogado como abuso infantil institucionalizado. Este no es el caso de lo que ahora conocemos como intersexuales y antes se llamaban hermafroditas, que sí es un problema biológico.

¿El homosexual “nace o se hace”?

Hay realidades superiores a lo que yo siento o creo. Solo existen el genotipo XX y el XY. En 1993, Hammer habló de la existencia del gen gay. Sin embargo, esto no ha sido comprobado. No existe evidencia científica a favor de que la homosexualidad sea genética. La homosexualidad es una orientación sexual multicausal.

¿Qué es la familia?

Es la base del desarrollo. Está comprobado el efecto positivo que tiene en los niños crecer en una familia integrada. Invirtamos en la familia, en la maternidad y paternidad responsable, donde padres y madres puedan educar a sus hijos como quieran, con o sin religión.

Samuel Pérez, joven catedrático de la Universidad Rafael Landívar, es el secretario general de Semilla, movimiento que plantea la inclusión y la equidad como parte de sus principios. Andrés Ayau, también académico, se dedicó a la política luego de que el Congreso engavetara la propuesta de Pro Reforma sin ninguna explicación. Desde sus visiones contrapuestas, ambos exponen sus planteamientos partidarios para el desarrollo del país.

“Un marco ideológico se fundamenta en principios”

Samuel Pérez, secretario general del movimiento Semilla

¿Cómo surgió Semilla?

A finales de 2014, un grupo de escritores, académicos y profesionales comenzó a hacer análisis político para poner temas de discusión en la agenda nacional, como contrapeso a las opiniones que generalmente se encuentran en los medios escritos tradicionales.  Este grupo fue convocado por Edelberto Torres, Edeliberto Cifuentes, Carlos Sarti y otros académicos.

Era un momento frustrante, con el Partido Patriota (PP) en el gobierno y sin que iniciaran los procesos judiciales. Había una crisis de liquidez y hechos de corrupción que se evidenciaban, por ejemplo, en la situación que se dio en el Hospital General, cuando los inquilinos del mercado llevaron alimentos a los pacientes.

En 2015, a raíz de las protestas contra la corrupción, se constituyó como movimiento y se decide encaminarlo hacia la constitución de un partido político con visión de largo plazo, no coyuntural.

¿Cuál es la ideología de Semilla?

Un marco ideológico se fundamenta en principios. En Semilla proponemos cinco principios que enmarcan nuestra ideología: primero, democracia activa; segundo, respeto a la naturaleza; tercero, equidad; cuarto, economía al servicio del ser humano y, por último, reconocimiento de la pluralidad y diversidad.

El movimiento es de amplia gama y entre los participantes hay liberales sociales y socialdemócratas entre otros, siempre que sostengan los principios mencionados, que no son muy abiertos ni ambiguos, sino delimitan.

¿Cuál es el estatus legal de la agrupación?

Somos un comité pro constitución de partido. Estamos trabajando muy fuerte en el proceso de adhesiones. Ya tenemos fuerte presencia en 12 departamentos, que es el mínimo exigido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

¿Qué perspectivas tienen ante el proceso electoral?

Presentaremos candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados y alcaldes, que se elegirán en elecciones primarias transparentes.

¿Tienen alianzas o grupos afines?

No existe una alianza explícita. Hay grupos afines con demandas afines que son una especie de aliados naturales. Sobre todo, movimientos que han estado en movilizaciones, no solo contra la corrupción sino, por ejemplo, con temas como los recursos hídricos. En general más bien es como una cuestión de alianzas en términos programáticos. Sería irresponsable pensar en alianzas cuando todavía estamos en la etapa de constituir el partido.

El financiamiento se obtiene a través de donaciones personales de quienes están adheridos, además de cenas y eventos donde se han recaudado fondos. Esto depende de las posibilidades de los miembros.

¿En qué consiste su propuesta de desarrollo para el país?

Nuestra propuesta está en construcción permanente, atendiendo las demandas y problemas locales y de construcción territorial. En términos generales, pasa por tres etapas. En términos políticos, reformas a la LEPP, pero más allá de esta ley, reformar el sistema electoral y de partidos, además de la reforma administrativa del Estado, que pasa por la reforma del sistema de servicio civil. Cualquier partido o persona que tenga intenciones de gobernar debe arreglar el sistema de partidos y el sistema administrativo. Si no, ninguna agenda va a caminar.  Esto sería una primera etapa de la que se desprenden otras, como la ley de contrataciones.

La segunda etapa tiene que ver con el Estado, reconocer que está funcionando mal, está mal fundamentado en términos de legislación, que ha sido explícitamente excluyente con grupos que se constituyen como minoritarios en términos de poder político pero que son mayorías en término reales.

Con un sistema político y un Estado que funcionen, vendría la tercera etapa, de implementación de políticas públicas. Ya no sería simplemente llegar a improvisar, a ver que se hace. Esta es una visión de larguísimo plazo. Intentar decir que en cuatro años es ingenuo. Hay que reconocer que los problemas estructurales se construyeron históricamente y las soluciones también se construirán históricamente.

¿Qué los diferencia de los otros partidos y grupos políticos?

Los partidos deben tener un rol, además del ejercicio del poder público y la participación electoral. Jonathan Lemus los define muy bien, como “partidos franquicia”. El componente de formación política lo tenemos muy en alto y queremos aportar con esto, mucho más allá de la elección. Otro aspecto es la incidencia social. No es necesario que un partido gane una elección para que ejerza la formación política y realice acciones de incidencia. Además de ser vehículos electorales buscamos reconciliar la ética y la política.

“Que todos los chapines tengan dinero bien habido”

Andrés Ayau, secretario general del Partido Liberal Guatemalteco (PLG)

¿Cómo surgió el PLG?

Hace cinco años, como seguimiento a un proyecto que en Guatemala tiene más de cincuenta años. Porque en Guatemala no ha habido trabajo. Se ha caracterizado porque no hay trabajo para todos los jóvenes. Entonces surgió la idea de trabajar para que los jóvenes puedan tener trabajos muy bien remunerados.

Fuimos un tanque de pensamiento, fuimos Pro Reforma. Presentamos 73 mil firmas hace diez años. Varios diputados engavetaron el proyecto ilegalmente. Decidimos seguir el proyecto de Pro Reforma y entramos al mundo de la política. No somos políticos de profesión. Somos profesores, académicos y empresarios que nos vimos obligados a participar en la política para iniciar los cambios necesarios al sistema legal y de justicia, para empezar, así como los cambios sociales, de educación, de salud, desarrollo, paz y justicia.

¿Cuál es la ideología del PLG?

Liberal clásica. Se originó por pensadores austriacos entre los siglos XV y XVII y fue la filosofía que aplicaron los padres de Estados Unidos para que su país fuera una gran nación donde hay paz, trabajo y justicia.

¿Cuál es el estatus legal de la agrupación?           

Somos un partido político inscrito.

¿Qué perspectivas tienen ante el proceso electoral?

A corto plazo, ganar las elecciones generales del 2019 a la presidencia, con un buen grupo de diputados y alcaldes. Pero nuestra verdadera perspectiva es que veinticinco años después de que entremos a la presidencia, Guatemala se convierta en una de las naciones más desarrolladas del mundo y que el ingreso per cápita promedio se acerque o supere los US$ 20 mil al año, cuando ahora es de US$ 7 mil. Esto implica un crecimiento económico sostenido superior al 10 por ciento anual.

¿Tienen alianzas o grupos afines?

Afortunadamente hay grupos afines en todo el país. Grupos religiosos que promulgan la misma filosofía, que es el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Universitarios que también defienden, además de lo básico, el libre comercio. Grupos civiles que impulsan la justicia igual para todos en Guatemala. Eso es en todo el país y son grupos que se han ido formando por más de cincuenta años y están a la espera de una opción diferente, con personas que no son políticos de tradición y no políticamente correctos, de acuerdo con la definición de hoy en día, pero sí somos políticamente correctos porque pensamos en lo que mejor y más beneficio le va a dar a los guatemaltecos, con paz y seguridad.

¿En qué consiste su propuesta de desarrollo para el país?

Hay propuestas de emergencia nacional, de mediano y de más largo plazo. El gobierno se tiene que regir bajo principios éticos y morales. Nadie puede estar encima de la ley. Esa es la primera parte de la propuesta. Si eso no se cumple, lo demás no se da.

La función del gobierno es garantizar la vida, la libertad y la propiedad de todos los guatemaltecos que vivan en el país.

Nuestro gran proyecto social es que todos los chapines tengamos dinero bien habido en la bolsa. Esto se logra solo con inversión, porque el gobierno solo produce miseria, desempleo y corrupción. Planteamos eliminar todos los impuestos como el IUSI, ISR, cargas arancelarias y dejar solo uno: el IVA al 10 por ciento. Con eso se reduce la corrupción y se elimina la intromisión del gobierno en las empresas. Queremos un gobierno pequeño con un pueblo rico y no un gobierno grande con un pueblo pobre. Proponemos la desregulación del mercado de seguros, cambiar la propiedad del subsuelo, asegurar el registro de la propiedad, desmonopolización del IGSS y un bono educativo para los padres de familia, quienes financiarían a profesores designados por ellos.

¿Qué los diferencia de los otros partidos y grupos políticos?

Queremos que las personas nos propongan a sus candidatos en los municipios, barrios y pueblos. Para ello, pediremos a nuestras bases que nos den los nombres de personas íntegras a quienes capacitaremos. Realizaremos elecciones primarias para escoger a nuestros candidatos.

Nuestras propuestas nos diferencian de otros partidos. Propondremos el voto nominal, la reducción del Congreso a 88 diputados y la eliminación del listado nacional. Los puestos de elección no están en venta. Consideramos que todos somos ciudadanos, todos somos guatemaltecos desde el momento de la concepción. Y todos somos iguales ante la ley.