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Por: Roxana Orantes Córdova       

El martes recién pasado llegaron a la capital centenares de buses que transportaban a miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Los manifestantes entraron por diferentes puntos de acceso a la capital y caminaron por algunas calles y avenidas, para reunirse en la Plaza de la Constitución.

Según el twitter de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), hubo manifestantes que adelantaron media hora el inicio de la caminata, lo cual afectó a usuarios del transporte público, quienes debieron caminar largas distancias. Otro cambio sorpresivo, fue que cambiaron rutas que ya habían anunciado a la PMT.

En redes sociales se denunció que presuntamente, algunos de los manifestantes colocaron tablas con clavos para evitar la locomoción a vehículos.


Pese a esos inconvenientes, la manifestación distó mucho de ser masiva y aunque con bastante más afluencia que la del sábado, no alcanzó a llenar por completo la Plaza de la Constitución.


Mauro Vay señala que quienes llegaron a la capital son representantes de diferentes comunidades, quienes costean su traslado y vienen a ejercer el derecho a la protesta consignado en la Constitución, indignados por la corrupción gubernamental.

Por el contrario, Javier Zepeda enfatiza en que estas personas son trasladadas mediante una erogación significativa de fondos cuya procedencia puede no ser transparente y provenir de una actividad ilegal: hurto de fluido eléctrico. Además, el ejecutivo señala que también podría haber financiamiento del extranjero a las actividades de Codeca.

Entrevistados por Perspectiva, expresaron sus posiciones respectivas sobre las manifestaciones recientes, que piden la renuncia del Presidente. Una de las diferencias más significativas, es que según Vay, la protesta actual mantiene el espíritu de las manifestaciones en 2015, mientras Zepeda afirma que no existe nada en común entre ambas protestas.

“La protesta del 24 de abril y las de 2015, son la misma”

Mauro Vay, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca)

1. ¿Qué es Codeca?

Es una organización pro derechos humanos. Trabajamos por derechos laborales como el salario justo, las prestaciones laborales, el derecho a la tierra, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho de las mujeres, el derecho de la juventud y el derecho a los recursos naturales.  Ese es nuestro marco de línea de acción.

2. ¿Cómo logran movilizar a tantas personas?

Ha sido un proceso. Iniciamos en 1992. A raíz de la lucha por los derechos, avanzamos en la Costa Sur en la lucha por la tierra y por el trabajo. Luego fue la lucha por el territorio lo que nos extendió en todo el país.

En 2007 empezamos a ver los derechos de los servicios sociales y los recursos naturales. Entre esos están las hidroeléctricas, las mineras, la energía eléctrica. Eso hizo que nos expandiéramos en el país.

Con todo ese trabajo que hacemos, se dio la persecución, y la misma persecución hizo que el movimiento se expandiera en todo el país, y la gente generara conciencia de que tiene que luchar, dada la situación de opresión y persecución que se vive en el país.

Eso ha hecho que ahorita, cuando nosotros decimos que hay una movilización, la gente viene con sus propios recursos, ponen sus banderines, mantas, aparatos de sonido. Vienen a manifestar con sus propios recursos. Nosotros no gastamos ni un centavo. Lo único que gastamos es en nuestros pasajes o combustible para trasladarnos a la capital, como el día de hoy.

3. ¿Cuándo es válida una protesta y cuándo no?

De acuerdo con la ley que tenemos en Guatemala, existe la libertad de manifestar.  Eso está claro. Y la ley no establece un mecanismo para hacerlo. No dice cómo se debe hacer la manifestación. Manifestar, es manifestar. Puede hacerse en un parque, en una carretera, en un campo, en una calle, en cualquier lugar del país tenemos derecho a protestar.

Tal vez si utilizáramos armas no sería legítimo. Lo que se hace en Guatemala es un derecho de manifestación y nadie está utilizando armas. Algunas comunidades hacen una manifestación y se llevan sus machetes o palos, pero solo lo llevan, no lo utilizan.

En Codeca orientamos a la gente para que no lleve machetes ni palos, todos salimos sin material. Aunque eso no quita la cultura de Oriente, que a veces andan con su machetío envainado. Pero no es un asunto de atacar.

Además de eso tenemos una política de no chocar con la policía, de evitar confrontación con la policía. En algunos momentos, la policía se ha mostrado violenta, pero hemos evitado chocar con ellos.

4. ¿Las marchas y paros de Codeca dañan la economía?

Yo no sé cuál es la idea de decir eso. Nuestras manifestaciones son pacíficas. Cuando hay paros en las carreteras se deja que pasen las personas que tienen ventas, con sus ventas. Se deja pasar enfermos, mujeres embarazadas. No tenemos ningún problema.

A lo mejor, podrían dañarse algún producto que se puede descomponer. Pero nosotros tenemos derecho y las pérdidas que se dan son culpa del gobierno por no atender las demandas. Porque nosotros estamos haciendo las demandas como debe ser. A través de un memorial solicitándole al Presidente, pero como hace caso omiso, por eso llegamos a las manifestaciones.

Igual ahorita, desde el principio pedimos la renuncia de Jimmy Morales y su gabinete, los diputados que se corrompieron con el caso Oderbrecht. Pero no se hizo justicia. Si eso se hubiera resuelto de acuerdo con la ley, no tendríamos esa necesidad. Desgraciadamente, en Guatemala las propias autoridades y la iniciativa privada violan las leyes.

5. ¿Qué tienen en común las protestas de hoy con las de 2015?

Es la misma protesta. Las marchas y protestas son las mismas, es la ciudadanía que está cansada de la corrupción. Cada día se descubren nuevos casos. Como Codeca hemos denunciado desde el principio la corrupción en el Organismo Ejecutivo y el Legislativo. Y más recientemente se han descubierto también casos de jueces y fiscales.

Hoy se ha descubierto un nuevo caso. Hemos dicho que el CACIF es el primero implicado en todo lo que pasa en el país en relación con la corrupción. Y hoy tenemos pruebas, son confesos de eso. Hemos dicho que las maras están dirigidas por militares, por el negocio de armas y hoy tenemos claro eso, a través de las investigaciones, de que sí son ellos. Hemos dicho todo, por eso seguimos el proceso de protesta. Toda esa gente debería estar en la cárcel, con todas las violaciones a la ley que han hecho en Guatemala.

Nosotros tenemos claro que las leyes en Guatemala no están hechas para favorecer todos nuestros derechos legítimos, pero aún con los pocos derechos que hay, han sido violadas por el gobierno y por la iniciativa privada.

6.  ¿Por qué los capitalinos no acudieron a protestar masivamente el sábado?

Desgraciadamente, por un lado está la cuestión económica y por otro la laboral. Por otro lado, los sectores poderosos han impulsado terror en el país. Esas son tres causas que hacen que no todos lleguen al parque. Algunos estudian, otros trabajan. Eso limita que hagan lo que debería hacer todo ciudadano guatemalteco.

Nosotros podríamos venir todos los días, pero por la situación económica buscamos la manera de equilibrar, la situación económica y el derecho a ejercer nuestro deber como guatemaltecos.

7. ¿Considera que la demostración de hoy representa legítimamente al pueblo guatemalteco?

Totalmente. Eso se sabe. Aquí están los diferentes pueblos. Todos los pueblos representados en el país están acá. Ahí se mira que no solo es un sector. Vienen representantes de cada pueblo, no todas las bases de Codeca, por lo que ya dijimos anteriormente.

Hoy vienen representaciones, esa es la cantidad de gente que se mira en las calles. Aquí está el pueblo de Guatemala, manifestando su rechazo por las politiquerías sucias, corrupción e impunidad que se está viviendo en el país.

8. ¿Cómo valora lo que está pasando en Nicaragua?

No tengo la mayor información. Considero que, como todo revolucionario, a veces cometemos errores. Pero lo que sí está claro es que prevalecen los intereses de las grandes compañías transnacionales y el propio Estados Unidos, el gran imperio.

Basado en eso, siento que tanto los nicaragüenses como Daniel (Ortega), deben reflexionar y sentarse a platicar para buscar una alternativa a la problemática que se vive allá. Siento que no es solo un problema de Daniel sino un interés de los yanquis para poder dominar siempre Centroamérica, y por eso están ahí atrás. Desgraciadamente, hubo un error de Daniel y están aprovechando ese momento para contrarrestar la lucha que se está haciendo en Nicaragua.

“Afectan la economía, pero principalmente la competitividad del país”

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala

1. ¿Qué es Codeca?

Codeca es un movimiento que tiene cientos de denuncias ante las autoridades de gobierno por hurto de energía. Es un movimiento que pretende que Guatemala, a través de peticiones fuera de la realidad y de la institucionalidad,  se convierta cada día en un país con mayores niveles de pobreza y conflictividad.

2. ¿Cómo logran movilizar a tantas personas?

Es algo que valdría la pena que ellos demuestren de manera clara y no solo con palabras. Movilizar personas requiere de recursos económicos, los cuales, una parte importante consideramos que la obtienen al realizar acciones que están afuera del marco de la ley.

Están financiando sus actividades hurtando fluido eléctrico, que termina siendo pagado por las personas que sí pagan por el servicio.  Por otro lado, creemos que podría haber algún financiamiento del exterior. Es importante mencionar que muchas de las personas que participan en este tipo de manifestaciones, muchas veces desconocen los motivos o razones por los cuales están protestando.

 3. ¿Cuándo es válida una protesta y cuándo no?

El derecho a manifestar, al igual que el de libre locomoción, está consagrado en la Constitución Política de la República y nosotros lo respetamos. Consideramos que este tipo de manifestaciones buscan llamar la atención de algunos sectores y para ello aprovechan a afectar e incomodar a la población, poniendo en riesgo su seguridad, e interfieren con el derecho de libre locomoción de los ciudadanos.

Hay notas de prensa que mencionan que un niño murió a causa de los bloqueos; aquí estamos hablando de la pérdida de vidas humanas que seguramente se hubieran evitado si Codeca no hubiera quitado el derecho a la libre locomoción. Las autoridades deben investigar de oficio este tipo de actos con consecuencias trágicas y deducir las responsabilidades a los responsables.

4. ¿Las marchas y paros de Codeca dañan la economía?

Por supuesto que lo hacen. Pero principalmente afectan la competitividad del país y esto solo genera pobreza en un país en donde lo que necesitamos es generar oportunidades de empleo. Con este tipo de movilizaciones, las personas ponen en riesgo sus empleos al no poder llegar a ellos, pero insistimos en que lo más importante es que ponen en riesgo la seguridad y la vida de millones de personas.

5. ¿Qué tienen en común las protestas de hoy con las de 2015?

Consideramos que no tienen nada en común. En ese entonces a las protestas se sumó de manera voluntaria un alto porcentaje de la población y se hicieron de forma pacífica y organizada sin afectar al resto de ciudadanos. La población ya está cansada de protestas como la de hoy.

6. ¿Por qué los capitalinos no acudieron a protestar masivamente el sábado?

Desconocemos la razón. Sin embargo, como representantes del sector industrial buscamos y apoyamos siempre la generación de empleo y de oportunidades de crecimiento del país y no realizar acciones que puedan afectar nuestra competitividad como nación y perjudicar a los guatemaltecos.

7. ¿Considera que la demostración de hoy representa legítimamente al pueblo guatemalteco?

Bajo ninguna circunstancia se puede considerar que es una manifestación legítima del pueblo guatemalteco por las razones anteriormente indicadas. Adicionalmente, tampoco la cantidad de personas fue representativa de la mayoría de la población.

8.  ¿Cómo valora lo que está pasando en Nicaragua?

Recientemente emitimos un comunicado desde Fecaica, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, en donde manifestamos nuestra preocupación ante los hechos de violencia que están ocurriendo en Nicaragua. Rechazamos las acciones de represión a la libertad que atentan contra el estado de derecho de los nicaragüenses y hacemos un llamado a la reflexión y la paz en dicho país.

Por: Roxana Orantes Córdova

Genocidio es el delito que le fuera imputado al ex Jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, en el proceso suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC), días después de la condena.

Según la diputada de Convergencia Sandra Morán, artista y activista por los derechos de las mujeres, en Guatemala se cometió un genocidio muy similar al holocausto judío, con la finalidad de exterminar al pueblo ixil y otros grupos indígenas.


“No puede haber reconciliación sin justicia”, afirma Morán, quien enfatiza en que no puede perdonarse a quien no ha pedido perdón, aludiendo a los militares señalados por delitos de lesa humanidad.


En el otro extremo se ubica el capitán retirado Rodolfo Muñoz Piloña, organizador del golpe de Estado del 23 de marzo y acompañó la breve gestión de Ríos Montt. Según afirma, la ex guerrilla no puede perdonarle la derrota militar al general.

Y, según dice, esta derrota no fue lograda a través de actos genocidas, sino de un cambio en la estrategia militar que logró acercar a los militares y la población civil en las áreas de mayor confrontación.

Para Muñoz Piloña, una de las evidencias de que esta estrategia resultó efectiva a largo plazo, es que en el área conocida como “triángulo ixil”,  es donde el partido liderado por Ríos Montt obtuvo triunfos electorales indiscutibles.

“Existieron crímenes de lesa humanidad”

Diputada Sandra Morán

  1. ¿Qué es genocidio?

Es un delito de lesa humanidad que está definido en la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es la matanza de poblaciones con la intención de desaparecer a un grupo de población.

Este delito nace y se relaciona con el holocausto de los judíos, a quienes se intentó exterminar por ser ellos. Hay declaraciones del propio Ríos Montt describiendo a los ixiles como el enemigo interno. A esto se suma que Guatemala es un país racista.

El racismo institucionalizado se conjugó con los intereses militares, en el marco del conflicto armado o la guerra interna. En el contexto de la guerra fría, donde se estaban dirimiendo los intereses geopolíticos de Estados Unidos, quienes buscaban una participación política democrática, así como los pueblos indígenas, nos convertimos en el enemigo interno.

Desde la década del 70, Israel y EEUU apoyaron a los gobiernos militares. Fue el coronel Carlos Arana Osorio (1970-74), el primer gobernante que aprovechó el contexto del conflicto para beneficio propio. Las poblaciones donde se cometieron actos de “tierra arrasada” pasaron a posesión de militares.

Un ejemplo es Fray Bartolomé de las Casas, que era tierra propiedad del general Benedicto Lucas, quien vendió esas tierras a Natura Aceites. Entonces, actualmente existe un conflicto de tierras porque una empresa es propietaria de la cabecera municipal.

  1. ¿Por qué se señala a Ríos Montt de genocidio?

Es búsqueda de justicia. En primer lugar, el genocidio ixil, cometido durante su mandato, fue el ataque más fuerte contra una población indígena. Los ixiles fueron el grupo más afectado por las masacres y la tierra arrasada, algo que denominaron “quitarle el agua al pez”.

Después de cada matanza se producía mucho más control del Estado sobre las poblaciones, se instalaron las aldeas modelo. El uso de fuerza a través de los asesinatos y masacres fue seguido por el control ideológico de la sociedad. Uno de los elementos de ese control fue la iglesia evangélica, como una oposición a la teología de la liberación del catolicismo.

Se identifica a Ríos Montt como la figura más visible, porque el proceso judicial en su contra fue el más trabajado, el más desarrollado. Pero igualmente podemos hablar de un genocidio kaqchiquel, en San Luis Jilotepeque; Achí, en Río Negro y muchos otros casos que no han llegado ante la justicia. Este llegó y tuvo una sentencia condenatoria, que la CC logró botar a través de maniobras.

  1. ¿Hay otros señalados por el mismo crimen?

Por ejemplo, está el caso Creompaz, donde la acusación no es por genocidio, Sepur Zarco y muchos más. En casi todos se cometió violencia sexual contra las mujeres, muertes de nonatos y bebés, así como ancianos. Esto es uno de los elementos presentes en el genocidio, romper la continuidad de la vida, la tradición y sabiduría de los ancianos, terminar con la reproducción de la vida que representan las mujeres.

  1. ¿Hay un número aproximado de víctimas en el genocidio ixil?

El dato más claro que hay es que en el territorio ixil se cometieron 626 masacres y la inmensa mayoría de estas, sucedió entre 1982 y 1983.

Mientras Fernando Romeo Lucas (1978-82), destruyó la organización ciudadana especialmente en los centros urbanos, Ríos Montt se enfocó en las áreas rurales. Por eso, quienes lo aplauden lo ven como un héroe y consideran que las masacres fueron “costos colaterales”. Además se le aplaude que evitara la llegada del comunismo al poder.

  1. ¿Hubo uno o más representantes indígenas en el Consejo de Estado de Ríos Montt, o como asesores de gobierno?

No lo sé.

  1. ¿Las acciones del Ejército fueron para exterminar a la población indígena o fueron parte de la contrainsurgencia? Esto, considerando que un gran sector del Ejército estaba compuesto por indígenas

En la década del noventa, la Coordinadora Nacional de Viudas (Conavigua), logró una ley para que no se diera el reclutamiento militar forzoso. Los patojos eran obligados a ingresar al Ejército.

Era un ejercicio de poder y de clase, porque la tropa, compuesta en su mayoría por indígenas, era maltratada, subordinada y obligada a combatir. Si no hacían lo que les ordenaban eran declarados traidores y fusilados.

El tema de genocidio puede ser discutido eternamente, sin llegar a un acuerdo. Los responsables pretenden reconciliación cuando ni siquiera han pedido perdón por sus crímenes. En cambio, evidencian una actitud de soberbia y negación. Lo que no se discute y se comprobó es que existieron asesinatos de lesa humanidad.

  1. El fallecimiento de Ríos Montt termina con el proceso en su contra. ¿Cree que seguirán los juicios por genocidio?

Por supuesto, están iniciados procesos como Dos Erres, Creompaz y otros. Por eso, recientemente un diputado de ultraderecha propuso reformar la Ley de Reconciliación Nacional, para evitar que otros militares puedan ser declarados culpables.

  1. ¿Cuál fue la etapa más dura del conflicto armado interno?

El gobierno de Ríos Montt. En su período se reportan más masacres y una política caracterizada por el terror. Murió siendo un genocida.

“No le perdonan la derrota militar de la guerrilla”

Capitán Rodolfo Muñoz Piloña

  1. ¿Qué es genocidio?

Es un acto por el cual una fuerza armada elimina física o psicológicamente a una etnia o grupo humano.

  1. ¿Por qué se señala a Ríos Montt de genocidio?

En 1982, oficiales jóvenes organizamos el golpe de Estado y llamamos a Ríos Montt. Le contamos la situación y le expresamos que era necesario cambiar la estrategia que se había estado implementando, de un ejército de ocupación que está alejado de los pobladores, a un ejército de integración que se une a su población.

Mao Tse Tung dijo que el pueblo es a la guerrilla lo que el agua es al pez. En un libro de un militar colombiano se menciona que es necesario “quitarle el agua al pez” haciéndonos amigos de la población. Ganarle sus bases de apoyo era equivalente a quitarle el poder a la subversión.

Comencé a caminar solo, sin escolta, por las calles de San Juan Cotzal. Me decían “te van a matar”, porque era una población influenciada por la guerrilla. Pero logré ganarme la confianza de la gente.

En la estrategia anterior, del ejército actuaba como una fuerza de ocupación y  la gente vivía temerosa. Cuando un militar levantaba la mano, las personas se tapaban la cara, temiendo que los fueran a golpear.

Pero eso fue cambiando y poco a poco, la población se acercó al Ejército, sobre todo porque cuando la guerrilla comenzó a ser derrotada militarmente, se llevó a la gente del triángulo ixil para las montañas y después huyeron del país, dejándolos abandonados en lugares inhóspitos donde padecieron toda clase de calamidades. Los dejaron vendidos.

Fuimos apoyados por un ixil que iba en helicóptero con un megáfono, llamando a la gente a salir, a acogerse a la amnistía y poco a poco, la gente iba saliendo y se integraban en los polos de desarrollo, donde recibieron apoyo. Regresaban hechos lata de la montaña.

No hay que olvidar que Ríos Montt promulgó tres amnistías y una tregua. Era un hombre de paz y fue el primero que intentó firmar la paz con la guerrilla, que aceptó su derrota militar en México pero se negaba a firmar la paz.

Aunque reconocieron su derrota militar, eso no se lo perdonaron jamás al general Ríos. Les robamos a la gente, “quitándole el agua al pez”. El apoyo de los ixiles al general Ríos se evidenció en los procesos electorales de 1995 y 1999, donde el FRG arrasó con los votos en Chajul, Nebaj y Cotzal.

  1. ¿Hay otros señalados por el mismo crimen?

El conflicto armado duró 36 años y el general gobernó 16 meses. El tema es un negocio, porque si se llegara a declarar al Estado guatemalteco como un estado genocida, habría mucho dinero de por medio.

Con Ríos Montt se suma el rencor por haberlos derrotado militarmente. No puede decirse que hubiera genocidio. Existían y existen indígenas, tanto en el ejército como en la población. El conflicto no fue una guerra étnica.

La Ley de Reconciliación Nacional amnistió todos los delitos comunes conexos con el enfrentamiento armado, pero dejó genocidio y desaparición forzada como delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Y años después le endosaron al general Ríos el famoso genocidio.

  1. ¿Hay un número aproximado de víctimas en el genocidio ixil?

No lo sé. No existen estadísticas confiables. Yo no creo en ellas. Le voy a contar una anécdota sin mencionar el lugar donde sucedió. Estuve en un combate que duró varias horas en un poblado afín a la guerrilla, donde la gente se enfrentó a las fuerzas armadas.

Al final, se hizo el recuento de las víctimas y resultó que había tres muertos y 15 heridos. Años después, en el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), leí que daban cuenta de 60 muertos y 300 heridos. Eso, en una población que tenía unos 105 vecinos.

  1. ¿Hubo uno o más representantes indígenas en el Consejo de Estado de Ríos Montt, o como asesores de gobierno?

Me consta que los hubo, varios representantes indígenas. Gente muy digna, no “mayas políticos” sino auténticos líderes comunitarios que fueron acercados al gobierno por Alfred Kaltschmitt y Harris Whitbeck, quienes tenían muchos conocidos entre la población.

  1. ¿Las acciones del Ejército fueron para exterminar a la población indígena o fueron parte de la contrainsurgencia?

Le voy a hablar de un caso documentado que no sucedió en el gobierno de Ríos Montt, sino en el de Eugenio Lauguerud García. Es el caso de Panzós, donde los vecinos acudieron a hablar con los soldados llevando a gente armada con fusiles galil (que el ejército no tenía en ese tiempo).

Esta gente armada iba entre la muchedumbre donde llevaban también a mujeres embarazadas y niños. Alguien macheteó al soldado que estaba de guardia en la base, alguien más disparó y eso desencadenó la masacre.

  1. El fallecimiento de Ríos Montt termina con el proceso en su contra. ¿Cree que seguirán los juicios por genocidio?

Creemos que Thelma Aldana pretende despedirse con bombos y platillos, armando algún caso para demostrar que no les teme a los militares. Quiere meter militares presos antes de retirarse.

  1. ¿Cuál fue la etapa más dura del conflicto armado interno?

Los meses que duró el gobierno del general Efraín Ríos Montt.

 

Dos elementos de la coyuntura reciente colocan la libertad de expresión como un tema de actualidad nacional: el cierre de cuentas en redes sociales y el manejo mediático de procesos judiciales por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP)

Ambos temas son polémicos. Para la politóloga y periodista Roxana Ávila, la suspensión de cuentas que están identificadas con el nombre de personas reales, atenta contra la libre expresión de pensamiento. Por otra parte, el catedrático universitario y periodista Carlos Morales, el límite de los derechos humanos es cuando se afecta a otros.

Otro punto en el que discrepan los entrevistados es en el papel de la CICIG-MP. Ávila afirma que han sobrepasado límites al exponer a personas investigadas y que existe un periodismo cooptado que informa parcialmente.

En tanto, Morales narra que la exposición mediática de personas señaladas y testigos, muchas veces es forzada por los medios, aunque esta mediatización no debiera afectar la aplicación de la justicia, puesto que el juez debe escuchar a ambas partes y “debiera ser imparcial en su análisis y sus conclusiones”.

“Suspender cuentas de personas reales que firman con su nombre, atenta contra la libre expresión”

Roxana Ávila, periodista y politóloga

¿Cómo define la libertad de expresión?

En Guatemala, la libertad de expresión es un derecho de orden constitucional que está limitado únicamente cuando se vulnera la moral o la vida privada de personas que no ostentan un cargo público.

La libertad de pensar, hablar, comunicar por cualquier medio no debe tener limitación alguna. La libre emisión del pensamiento es una garantía para que los ciudadanos hagan señalamientos a los funcionarios públicos o personas que afecten los intereses de la comunidad.

¿Considera que la libertad de expresión debe tener límites?

Las redes sociales han ampliado los límites a la expresión de ideas, señalamientos, denuncias, incluso a la mofa de todo aquel que se convierta en figura pública. No solo los funcionarios del gobierno están bajo la lupa. Los periodistas, dueños de medios de comunicación, deportistas, artistas y personas comunes que tengan participación en escándalos o hechos delictivos también son vulnerables a la crítica.

Existen límites contemplados en nuestras leyes, así como existen procedimientos para hacer que se cumplan. No debe tolerarse cualquier otra forma de censura que no esté contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.

¿Cuáles son estos límites?

Según la ley, existen límites a expresiones que puedan considerarse excesivas, como los artículos o comentarios que vulneran la privacidad y los derechos individuales de las personas contra las cuales se emiten.

Existen sanciones previstas en caso de faltas graves, injurias, calumnias o cuando se hacen publicaciones apócrifas e infundadas.

Los medios de comunicación están llamados a ser cuidadosos de esos aspectos. Es importante que los comentarios contengan firma de autor y que las personas puedan tener derecho de aclaración en casos especiales, cuando consideren que los comentarios les afecten. Este derecho de respuesta va en concordancia con la libre expresión, que es de dos vías.

¿Cree que suspender cuentas de redes por denuncias de personas que se consideran ofendidas, es una violación contra la libre expresión?

La suspensión de cuentas de personas reales que ponen su nombre verdadero y dan la cara frente a la sociedad es un atentado a la libre emisión del pensamiento.

Las empresas que manejan las redes sociales no pueden convertirse en árbitros de conciencia ni cancelar los perfiles de quienes tienen todo el derecho a expresarse, siempre que no constituyan perfiles falsos o se escondan detrás de nombres supuestos.

En todo caso, las personas son libres de seguir los comentarios de quienes deseen y este derecho no debe ser vulnerado bajo el criterio de una violación a sus estatutos.

¿Por qué?

Las personas que tienen a su cargo las redes no pueden sustituir a los jueces o tribunales de prensa, mucho menos bajo el criterio de una petición de grupos que no están de acuerdo con lo expresado por el afectado. Esta es una violación puntual a esa libre expresión.

¿Considera que CICIG-MP han hecho exposición indebida y mediática de los casos que investigan?

Se debe respetar el debido proceso a todos los señalados de cometer delitos. La CICIG y el MP, amparados en un artículo de la Constitución que solo obliga a la Policía a respetar el derecho de los detenidos han sobrepasado los límites permitidos al exponer nombres de personas que están siendo investigadas.

Incluso, al realizar sus ruedas de prensa, muchas veces exponen los nombres de personas que no están sujetas a proceso penal. La violación constante del derecho a la presunción de inocencia es un tema que debería analizarse y plantear alternativas a los shows mediáticos.

El Estado de derecho está siendo vulnerado por una institución externa al sistema jurídico que es intocable. Por ejemplo, un ciudadano que es expuesto ante los medios y luego es declarado inocente se halla impotente frente a un ente como la CICIG que goza de total inmunidad y por tanto puede actuar impunemente en contra de los señalados de delitos.

Es posible que, detrás del accionar de los personajes que se lucen exponiendo a los acusados, exista una intención política y que sus actos estén encaminados a enaltecer sus figuras para participar en futuras contiendas electorales; una falta que podría ser sancionada por el Tribunal Supremo Electoral.

¿Esto afecta los procesos judiciales?

Bajo las circunstancias actuales, los funcionarios como la Fiscal General Thelma Aldana, son intocables. Ningún ciudadano tiene la posibilidad de confrontar un poder absoluto, en tanto las cortes estén sujetas a la coacción jurídica que ejercen la Comisión y la Fiscalía. Los jueces y magistrados sufren de una forma de coacción velada que no les permite ejercer sus funciones con libertad.

Los fallos que no siguen la línea de investigación que la CICIG y el MP plantean pueden dar lugar a sanciones y persecución penal en contra de los juzgadores. El señalamiento de colaborar con los imputados de hechos delictivos es un arma poderosa que hace retroceder o retorcer el criterio apegado a derecho.

¿Qué elementos debe considerar el público para detectar sesgo en una cobertura?

Se puede determinar el sesgo de un medio de comunicación cuando no presenta un análisis balanceado de un tema. Cuando no se comunica la noticia desde diferentes puntos de vista y se resaltan solo los elementos que convienen a sus intereses ocultando aspectos de la noticia que son relevantes. Algunos medios de comunicación se han dado a la tarea de resaltar en sus encabezados aspectos irrelevantes que llevan la intención de formar una opinión tergiversada entre la población.

Se percibe que existe un contubernio para señalar de corrupción a personas y agrupaciones que no les son afines, pero se ocultan los señalamientos a los grupos y personas que colaboran con ellos incondicionalmente.

Las redes sociales se han convertido en un bastión importante para la libertad de expresión. Sin ellas quedaríamos a merced de un periodismo cooptado por un poder paralelo que viola los derechos de los ciudadanos de manera flagrante y constante. La censura en los medios y en las redes no debe tolerarse porque vulnera nuestro derecho a estar informados en la forma que cada ciudadano elija.

“El límite de cualquier derecho humano está en el momento mismo en el que violenta o transgrede el derecho de otros”

Carlos Morales Monzón, periodista y profesor universitario

¿Cómo define la libertad de expresión?

Es un derecho humano que garantiza poder decir lo que pensamos. Es universal y como tal está contenido en la declaración Universal de los Derechos del Hombre.

¿Considera que la libertad de expresión debe tener límites?

Por supuesto. Todas las libertades tienen límites. Quien no lo vea así es simplemente un abusador y violador de los derechos de los demás.

¿Cuáles son estos?

El límite de cualquier derecho humano está en el momento mismo en el que violenta o transgrede el derecho de otros. Cuando al emitir opiniones se ofende o se afecta la dignidad de otras personas, entonces nos extralimitamos en nuestra libertad de expresión. En su artículo 1, la declaración universal dice que “todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

¿Cree que suspender cuentas de redes por denuncias de personas que se consideran ofendidas, es una violación contra la libre expresión?

Depende. Si la ofensa existió, no creo que se viole la libertad de expresión. Nadie debiera intentar hacer valer un derecho propio a costa de violentar el derecho de otros.

¿Por qué?

Pues porque quien viola un derecho ajeno comete faltas o delitos, dependiendo del orden legal en que su vida se circunscriba.

¿Considera que CICIG-MP han hecho exposición indebida y mediática de los casos que investigan?

Siempre he sostenido que en buena medida lo que hacen la CICIG y el MP, es una exposición de los detalles de sus investigaciones. Y esa presentación de casos es empujada, en muchos casos, por los mismos medios de comunicación.

He visto como los mismos colegas les exigen a las autoridades que den detalles indebidos de investigaciones. En una oportunidad, por ejemplo, escuché en una radio, a un reportero exigiéndole a un vocero de la Corte Suprema de Justicia que revelara el nombre de un testigo protegido. Luego, en los telenoticieros de la noche vi a fotógrafos y camarógrafos buscando, a toda costa, conseguir imágenes del mismo testigo protegido.

¿Esto afecta los procesos judiciales?

La verdad no creo que los afecte. En un proceso judicial, el juez siempre escuchará a ambas partes y debiera ser imparcial en su análisis y sus conclusiones.

¿Qué elementos debe considerar el público para detectar sesgo en una cobertura?

Si solo le ofrecen un lado de la historia, ya se puede empezar a sospechar que podría haber sesgo. Por eso es que el principio periodístico del balance informativo es clave para que un medio informe sin sesgo. Un periodista debe mostrarle a su público las distintas versiones de una historia, para que sea la audiencia la que saque sus propias conclusiones sobre los hechos.

La opinión pública se mantiene dividida por temas como la citación (y probablemente, interpelación) a la canciller Sandra Jovel; el papel del comisionado Iván Velásquez; una aplicación de la justicia que puede estar parcializada y la mediatización de los procesos judiciales.

Aunque quienes avalan la labor de Velásquez aseguran que no se trata de una confrontación ideológica, el grupo de ciudadanos que cuestiona al comisionado asegura que el problema de fondo es la ideología.

Para conocer cómo piensa cada uno de estos sectores, Perspectiva habló con el diputado Enrique Álvarez, cabeza del frente parlamentario que citó a Jovel, y Raúl Falla, abogado y directivo de la Fundación contra el Terrorismo. 

 “Es histórico que el Estado es visto como botín de los grupos de poder”

Enrique Álvarez, diputado del Frente Transparencia 

  1. ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?

Una ayuda de memoria presuntamente de la Cancillería, describe en detalle lo que se habló en esa reunión. Abunda en detalles, algunos confirmados. Ahí se habla de las violaciones contra los derechos humanos de los detenidos, del acoso a los jueces, la mediatización de la justicia, habla de que la CICG está polarizando al país. Estas son muchas de las cosas fueron dichas por la ministra en la citación.

Nos han asegurado que el documento es verídico. Que es lo que se habló en la reunión de la ONU. La ministra no lo ratifica ni lo niega.

La filtración de documentos no es cosa nueva, en Estados Unidos hasta sirvió para la renuncia de Nixon. Lo que me parece condenable es que se filtren documentos apócrifos, con el fin de dañar a una institución o persona. Pero los medios electrónicos han facilitado niveles de intercambio de información que antes eran impensables.        

No veo un escenario en el que Iván Velásquez sea retirado por la ONU, que ha reconocido públicamente el trabajo de la comisión. Incluso Estados Unidos, uno de los países que más contribuye con la CICIG, tiene un acuerdo inter partidario. Demócratas y republicanos apoyan la CICIG, la lucha contra la impunidad y a Iván Velásquez. Parece que los esfuerzos para su retiro serán vanos.

  1. ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?

Hay que valorar la responsabilidad con la que la prensa utiliza la información pero la censura no debe darse jamás. Siempre es mala idea limitar el libre acceso a la información.

Estoy de acuerdo en que la exposición de personas que no han sido condenadas no es deseable. Pero esto debe ser para todos los casos, no solo para quienes están siendo acusados ahora y no solo casos de corrupción.

Se ven abusos en ese tipo de exposiciones, por ejemplo fotos de gente a la que se señala de pertenecer a las maras, que aparecen hincados, algunos hasta cuando están siendo vejados, golpeados. En ese sentido, sí se estimula el morbo. Y es negativo que algunas personas quieren venganza, más que justicia.

  1. ¿Y entre la UNE y la CICIG?

Este escenario de dualidad entre la CICIG o el MP dirigen las acusaciones a cierto sector es una construcción basada en argumentos que únicamente buscan oponerse a la lucha anticorrupción, porque tienen poder o una capacidad económica notable.

Lo que pasó con la UNE es que Colom se reconoció como socialdemócrata y generó una enorme cantidad de rencores. La captura del ex presidente Colom y su gabinete es una evidencia de que la justicia se imparte cuando hay delitos. No tiene ideología.

Me parece lamentable que se haya desperdiciado la oportunidad de construir un sistema de transporte que los habitantes de la ciudad merecen. Los vicios del programa de Transurbano fueron denunciados hace tiempo. Buses sobrevalorados, entre otros.

Hay mucha sensibilidad sobre los tiempos, pero para presentar una acusación sólida, el MP trata de tener la mayor cantidad de datos posible. Según la explicación de la Fiscal General, fue todo un proceso obtener datos bancarios. Hagan lo que hagan la CICIG-MP, van a recibir críticas de quienes se oponen. No me parece que pueda ser un indicador, porque lo que se expresa es la defensa de intereses de personas o grupos con poder.

  1. Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?

No hay ninguna razón para afirmar que la lucha contra la corrupción tiene ideología. Hay corruptos de izquierda y derecha. En Guatemala hemos tenido una enorme mayoría de gobiernos de derecha

  1. Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?

Desde mi perspectiva se está promoviendo un escenario en el cual Iván Velásquez salga del país y se nombre al frente del MP a una persona que no esté comprometida con la lucha contra la corrupción.

Esto beneficiaría a todos los que están procesados desde hace casi tres años. Es una intencionalidad y puede haber un retroceso si se nombra a una persona que no esté comprometida tan decididamente como lo han estado, primero Claudia Paz y Paz, y ahora, Thelma Aldana, en la lucha por desmantelar estos aparatos que han puesto al Estado en una situación casi de estado fallido.

Eso podría pasar. También puede pasar que aunque se elija a una persona sin un compromiso expreso con estas luchas, el entorno lo obligue a actuar en favor de la justicia. 

El estado de Guatemala nació con el estigma de haber sido diseñado para grupos poderosos. Históricamente se ha marginado a la mayoría de la población, en particular a los pueblos originarios. El Estado visto como instrumento de grupos de poder es histórico.

Lo que se puede constatar ahora es que los niveles de corrupción actual son demenciales. Se han malgastado miles de millones de quetzales en un país que, a pesar de tener la economía más grande de América Central, tiene más del 60 por ciento de población en la pobreza.

No tiene ningún sentido que un país con niveles de desigualdad aberrantes. Un indicador de esto es que Guatemala es el país que tiene más helicópteros privados. A esto se agrega el limitadísimo alcance de la educación, la falta de cobertura en salud. Todo esto es resultado de la corrupción y por ello es tan relevante que el próximo fiscal general cumpla con su papel.

“La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz”

Raúl Falla, directivo de la Fundación contra el Terrorismo

  1. ¿El gobierno pretende modificar el mandato de la CICIG?

En este momento, el gobierno está asumiendo una postura derivada de ciertos aspectos relacionados con la gestión de Iván Velásquez, muy incompleta en aspectos como el judicial, jurídico y constitucional.

Raramente se otorgan medidas para sustituir a la prisión preventiva. A los acusados se les trata como criminales de alto impacto. Algunos llevan más de cuatro años en prisión preventiva, que según la ley no debería superar los tres meses.

Se les olvida que hacer justicia no es solamente encarcelar a presuntos culpables. Un ejemplo es el del hijo del Presidente, un joven de 19 años que no cometió dolo pero cuyo delito fue tipificado por un juez de alto impacto, mientras al grupo del ex presidente Álvaro Colom se le tipificó un delito administrativo. Todo esto por la injerencia del comisionado en la aplicación de las leyes.

Otro momento en el que Velásquez ha extralimitado sus funciones es cuando acudió al Congreso para presionar a los diputados a votar a favor de las reformas constitucionales. Acudió acompañado por el entonces embajador estadounidense y los legisladores fueron amenazados de perder las visas estadounidenses si no aprobaban ese paquete de leyes.

  1. ¿Existe complicidad o colusión entre la CICIG y algunos medios de comunicación?

Se han mediatizado muchos casos y los presuntos culpables son exhibidos ante la opinión pública como si fueran culpables vencidos en juicio. Se les nombra “jefe de una red criminal”, por ejemplo, sin que siquiera hayan iniciado los procesos.

Esto ejerce una influencia indebida en la opinión pública. Claramente existe complicidad entre los medios y la CICIG, probablemente porque algunos informativos tienen serios problemas fiscales y al favorecer la imagen de ciertos funcionarios pretenden logar impunidad. Velásquez ha venido a violentar la soberanía del país en varios campos.

  1. ¿Y entre la UNE y la CICIG?

Transurbano fue un caso de corrupción muy sonado que pasó nueve años impune. Algo parecido puede decirse del caso Sigma, el dragado de Champerico y otros hechos de corrupción que salpican a la UNE.

Como fundación, no pensamos que Transurbano llegue a ser un ejemplo de aplicación de la justicia. Falta Sandra Torres, que fue la artífice, aunque no fuera funcionaria. Tampoco el hijo del presidente actual es funcionario.

Los acusados de la UNE no fueron llevados ante un juez de impacto. Se olvidó que están implicados en una situación dolosa. Probablemente les otorguen medidas sustitutivas.

  1. Cree que la confrontación sigue siendo ideológica?

Pues claro. La confrontación ideológica no terminó con la firma de la paz. Hay 73 miembros del Ejército en prisión por hechos relacionados con el conflicto y solamente un guerrillero, cuyo grado sería el equivalente al de un recluta mientras el que era su jefe ha trabajado con el Estado.

Si realmente siguieran la línea de mando, ese ex “comandante” estaría preso, junto con los otros ex dirigentes de la guerrilla. Actualmente, muchos de los grupos que apoyan la gestión de Velásquez tienen entre sus integrantes a personas que participaron en grupos de izquierda que pretendieron llegar al poder por la vía de las armas y fueron derrotados militarmente.

Posteriormente mostraron un fracaso sostenido en las urnas, cuando intentaron llegar al poder por la vía electoral. Ahora pretenden llegar al Estado utilizando la vía judicial. Si algo hay que reconocerles es su habilidad para utilizar y manipular.

Si estos grupos logran cooptar el Organismo Judicial y el Congreso, podrían defenestrar al presidente sin necesidad de disparar una bala. Sin embargo, son un grupúsculo alrededor de la CICIG-MP.

  1. Qué significado tiene la elección del nuevo Fiscal General?

Los grupúsculos que apoyan al comisionado temen que llegue un fiscal realmente objetivo y apegado a derecho. En las comisiones de postulación no debieran haber jueces ni fiscales, porque esto pervierte el proceso.

En menos de un año, el cierre de la mina San Rafael ha motivado la pérdida de más de 3.500 empleos, directos e indirectos. Un grupo de trabajadores de esa mina se encuentra en huelga de hambre para que la Corte de Constitucionalidad resuelva a favor de la apertura, que les devolvería el empleo. Además, el cierre incidió fuertemente en la brecha fiscal de 2017, que terminó con la destitución del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Esta es una de las posiciones en torno al conflicto en San Rafael las Flores. Por otra parte, los opositores a la mina festejan su cierre y afirman que se trata de una empresa criminal. Para conocer los detalles de cada posición, Perspectiva entrevistó a Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), que logró el cierre con el argumento de que la mina opera en territorio xinca, y al comunicador de San Rafael, Andrés Dávila, quien asegura que, según datos oficiales, solo existen xincas en el área donde se otorgó la licencia de exploración que ya venció, pero no en la de explotación.

“Es una empresa criminal”

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social

  1. ¿Qué pasa hoy en la comunidad que rodea la mina?

Existe una gran felicidad. Esta gente tenía prácticamente diez años de sufrir las acciones criminales de la empresa. Desde crimen organizado hasta delitos ambientales.

Después de casi siete meses de cerrada la mina, toda la gente tiene una felicidad manifiesta y están a la espera de un fallo que confirme el cierre definitivo de la empresa, que había cerrado un mes antes del fallo debido a la resistencia pacífica de las comunidades.

  1. ¿Cuál es la situación legal actualmente?

Hay acciones legales pendientes, que buscan el cierre definitivo. Los habitantes de La Cuchilla, la comunidad que ellos desaparecieron derivado del uso de explosivos, presentarán un amparo para que no se reabra la mina, si el fallo no fuera favorable al pueblo xinca.

Desde que se inició el proceso para la operación de esta mina ha habido muchas violaciones a diferentes derechos. Comprobado y con sentencias en firme de las cortes: violación al derecho a la información pública, amenaza al derecho al agua, violación al debido proceso, al principio de legalidad en materia administrativa y a la participación ciudadana. Todas con sentencias en firme de tribunales de primer grado y ratificadas por la CC.

  1. ¿Cuánto duró el proceso que logró el cierre de actividades?

El amparo se presentó en mayo pasado y en junio la CC resolvió El amparo que logró el cierre de la minera es por discriminación. La minera y las autoridades niegan la existencia del pueblo xinca en el área de influencia del proyecto.

En todos los municipios de influencia directa habitan por lo menos cien mil personas, de los cuales una gran parte es xinca. Y ahora hay más. Desde que el Estado decide negarlos, las comunidades comienzan a identificarse como pueblo xinca.

El Estado se niega a consultar a los pueblos indígenas. Por eso la CC ampara a cuanta comunidad indígena acude a la corte. Le preguntamos al MEM por qué no se hizo la consulta y ellos responden que en la región no hay xincas.

En respuesta, la minera reaccionó con una estrategia de ataque mediático, criminalización y estigmatización contra CALAS. Manejan que yo, en lo personal, me he dedicado a extorsionarlos. Como aquí es “cara a cara”, reto a Andrés Dávila a que me presente los documentos y las denuncias penales en las que ellos basan ese tipo de declaraciones.

  1. ¿El cierre del proyecto afecta la economía local y nacional?

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ha hecho una serie de estudios donde se evidencia que el tema minero no representa ni el 2 por ciento de la economía nacional. Pero si nos vamos al tema de San Rafael las Flores, menos. Es uno de los argumentos que ellos han tratado de usar para manipular la opinión ciudadana, parte de la millonaria campaña que destinan al manejo de los medios de comunicación.

La minería no le está representando ningún ingreso al gobierno. De hecho, es uno de los grandes temas por los que las poblaciones urbanas rechazan la minería. La falta de pago de impuestos y regalías al Estado. La minera, por cada quetzal que se lleva, producto de la destrucción del entorno, le deja al Estado un centavo.

  1. El columnista Méndez Vides ha mencionado en más de una publicación que religiosos y terratenientes de poblados cercanos fomentan la oposición a la minera. Según este escritor, los terratenientes no pagan ni el salario mínimo, mientras la minera paga altos salarios ¿Es cierto esto?

Desconozco esa hipótesis, pero no lo creo. Tengo siete años de trabajar en la zona. Conocemos perfectamente a las comunidades, ellos fueron los que nos buscaron. La gente está preocupada por sus viviendas, por el agua, por sus comunidades. No conozco nada que pudiera probar esa afirmación. Es todo lo contrario.

  1. ¿Cuál es el daño que esa actividad extractiva causa al lugar?

Desde que la minera llegó a la zona se comportó de una manera criminal, con apoyo del gobierno de turno. Criminalizaron a los líderes comunitarios. En el tema ambiental, han contaminado el agua. Recuérdese que Carlos Roberto Morales Monzón estuvo en prisión preventiva por contaminar el agua en el 2015 y sigue ligado a proceso.

La minera intentó asesinar a la población cuando Alberto Rotondo, en complicidad con la policía disparó contra manifestantes, con armas de fuego y armas defensivas. Hubo siete heridos graves. Rotondo es peruano y está en proceso de extradición.

Resumiendo: conflictividad social, ambiental y los efectos colaterales en el largo plazo. El secamiento de las fuentes de agua. Están perforando túneles en la montaña. El mapa de aguas subterráneas del país muestra la presencia de aguas subterráneas en las montañas donde se les permitió perforar. Hay denuncias por secamiento de manantiales. Si yo tuviera que decir cuál es el principal motivo de descontento de la gente diría que el secamiento de por lo menos 64 pozos o nacimientos de agua, principalmente en la zona de Los Planes.

  1. ¿Y el beneficio?

Creo que ninguna empresa que recurra a acciones criminales para generar ganancias puede generar ningún beneficio. No hay ningún tipo de beneficio. Tal vez en lo local, las regalías a la Municipalidad. Un tema muy interesante. El alcalde actual, Roberto Pivaral, era un férreo opositor a la minera y ahora se ha vuelto su gran amigo, después de que ellos lo criminalizaron.

  1. ¿Cuáles fueron las acusaciones en su contra?

Es un caso claro de difamación. Para mí, Rafael Maldonado, la mina está detrás del reportaje periodístico. Recuérdese que Andrés Dávila trabajó en un conocido medio escrito. Ellos manipularon un caso legal mío, particular, con clientes particulares de San Rafael las Flores y quisieron hacer ver que yo le cobraba a CALAS y a la gente. Es un caso particular que llevé con La Cuchilla y ninguno de mis clientes se ha quejado de mis servicios.

  1. ¿Es probable que la minera reinicie sus actividades en San Rafael las Flores?

Si ellos tratan de volver a operar van a generar gran conflictividad social. Desde que la minera está cerrada, no ha habido ningún conflicto. Si regresan, van a comenzar a dinamitar el subsuelo, volverán los temblores, eso va a generar conflictos. Aparte de que la licencia se otorgó violentando la ley de minería, según la corte.

La minera debería aplicar desde el inicio todo el proceso. Y esto para todas las mineras. El problema es que inician sin consulta, sin información, ni legalidad. Tampoco respetan el agua y el ambiente. Esto no lo dice CALAS, lo dicen las sentencias de la CC y las cortes.

“No hay presencia xinca en el área de explotación”

Andrés Dávila, gerente de comunicaciones corporativas, minera San Rafael, S.A.

  1. ¿Qué pasa hoy en la comunidad que rodea la mina?

Con la llegada de la mina se han abierto 150 negocios en el municipio, se ha visto mejoría en la calidad de vida de los habitantes. Con mucha preocupación vemos que ahora han cerrado por lo menos 40 negocios y empresas locales. La Municipalidad tiene problemas para iniciar el ciclo escolar, porque tenía presupuestado dinero de las regalías que no va a poder usar para pagarles a los maestros. Esto a nivel local.

Datos del Banco Mundial informan que por cada empleo directo que genera la mina, cualquier mina, se generan 14 indirectos. Desde que la mina llegó ha generado 1,500 empleos directos y más de 17 mil indirectos en todo el país, a través de los más de 600 negocios y proveedores nacionales y locales. Ellos han tenido que despedir a 3,500 personas. Si los sumamos a los 250 colaboradores que nosotros ya despedimos, 3,750 personas desempleadas y familias guatemaltecas afectadas.

  1. ¿Cuál es la situación legal actualmente?

Hay un vacío legal, estamos a la espera de la resolución de la CC.

  1. ¿Cuánto duró el proceso?

Desde antes de que la mina iniciara operaciones, CALAS llevó una agenda contra la empresa. Ha interpuesto distintos amparos, ha hecho uso de muchas herramientas legales para cerrarla, y es hasta el momento, con la interpretación que las cortes le dan al tema del Convenio 169, que logran cerrar la mina.

Han realizado procesos legales que en otros países no hubieran procedido, simple y sencillamente porque no hay caso. Uno de ellos, es la contaminación del agua que adujeron cuando la mina no había comenzado a operar.

Denunciaron en 2012, la mina comenzó a operar en 2014. Sin embargo, aquí las cortes le dieron trámite a esto.  El amparo actual inició en mayo 2017, el argumento fue que el MEM no consultó a la población xinca.

Si nos vamos al estricto apego al derecho y a los documentos oficiales, vemos que ni el Renap, ni el INE, ni siquiera la página Web del Parlamento xinca, reconocen a San Rafael como un poblado xinca.  El INE menciona que hay dos xincas identificados, pero el amparo abarca un área más grande, por la licencia de exploración de San Juan Bosco, que involucra a comunidades que se autodenominan xincas. Esa licencia está vencida y no la quisimos renovar.

Jamás hemos negado la pluriculturalidad, que es la riqueza de Guatemala, pero basados en documentos oficiales, decimos que donde está la licencia de explotación, no de exploración, no hay presencia xinca.

  1. ¿El cierre del proyecto afecta la economía local y nacional?

Veamos datos de la Superintendencia de Administración Tributaria en el 2017 y veamos que la causa por la cual fue removido el superintendente fue la brecha fiscal.  En reiteradas ocasiones, el superintendente dijo que la brecha fiscal se originó en el cierre de la mina. La brecha fue de alrededor de Q160 millones y la mina representa Q125 millones. Ahí podemos darnos cuenta de que la empresa minera paga sus impuestos y es un gran contribuyente.

La mina no es una operación auto sostenible y requiere a sus 600 proveedores para operar, los costos añadidos a la operación son sumamente altos, a tal punto de que hasta la fecha se han perdido más de Q1 mil millones que circulaban en todo el país cuando estaba operando la mina. Los proveedores recibían sus pagos normales, les pagaban a sus trabajadores. Estas empresas y sus trabajadores pagan impuestos. Este círculo virtuoso se extinguió ahorita, con el cierre.

  1. El columnista Méndez Vides ha mencionado en más de una publicación que religiosos y agricultores de poblados cercanos fomentan la oposición a la minera. ¿Esto es cierto?

Es difícil saber dónde se origina la oposición y el bloqueo en Casillas. Lo cierto es que hay intereses diversos, que van desde los intereses políticos por parte de los alcaldes de la región, hasta el interés económico, así como un interés en generar ingresos de fuentes extranjeras que buscan trasladar la lucha contra la mina a sus beneficiarios.

Este sesgo, esta estrategia usada por las organizaciones opositoras a la minería es a nivel mundial y latinoamericano. Incluso tienen un folleto donde les explican cómo deben oponerse. Tienen el apoyo de Nisgua, de MiningWatch.

  1. ¿Cuál es el daño que esa actividad extractiva causa al lugar?

Las autoridades competentes comprobaron que los temblores no están relacionados con la acción minera, pero se han hecho circular leyendas alrededor de la mina.

Por ejemplo, que arriba de Casillas la mina instaló una sombrilla invisible y por eso no llueve, que en los túneles hay una mujer culebra que se come a los mineros, que hemos hecho túneles que van debajo de la iglesia o la laguna, que estamos sacando el agua, que proviene de dos fuentes: agua de lluvia que embalsamos y las filtraciones de la montaña.

Es agua limpia y se saca a la superficie. No es de yacimientos subterráneos, es pura filtración. Cuando hagamos el cierre técnico no va a haber impacto en la permeabilidad de la montaña, porque el agua siempre busca esas fracturas. De cualquier forma, el impacto de una mina subterránea en una montaña es mínimo.

  1. ¿Y el beneficio?

La intervención solo se realiza en la sexta parte de la propiedad. La mayor parte del terreno se utiliza para nuestros compromisos ambientales. Tenemos acuerdo con las municipalidades para apoyarlos en calidad del agua y otros temas. Además, reforestamos.

Cultivamos distintos productos: banano, café, cebolla, tenemos abejas para miel. Vemos con mucha satisfacción que el agua que descargamos, porque es mucha el agua que se filtra por la montaña, es agua limpia que usan nuestros vecinos, que incluso están cultivando tilapia.

La caza está prohibida en la propiedad. Ya se han encontrado tigrillos y fauna acuática que no podría vivir sin agua de buena calidad. Antes de iniciar actividad realizamos un estudio de impacto con 250 compromisos y debemos cumplir cada uno de ellos. Hay más de 160 puntos de monitoreo donde medimos los posibles impactos negativos y el Estado puede llegar sin aviso a cualquiera de esos puntos y realizar sus propias mediciones.

  1. ¿Cuáles fueron las acusaciones contra Rafael Maldonado?

Los habitantes de La Cuchilla vivían en terrenos no habitables. Esto no fue por acción de la mina. El Insivumeh y Conred, determinaron que por ser pendientes muy empinadas no eran terrenos aptos para vivir ahí.

Y aunque no teníamos nada que ver, llevamos a cabo una acción de buena fe para ayudarlos. Les ofrecimos comprarles sus terrenos, no nos interesaban en sentido práctico para operar. Les pagamos un bono de traslado. Cuando cerremos operaciones, estos terrenos serán donados a la Municipalidad para crear un parque ecológico. El 93 por ciento de estas personas ahora vive en terrenos planos, seguros, aunque Maldonado diga que destruimos la comunidad.

Lo que sucedió con Maldonado es que se aprovechó de la situación precaria de esta gente y les ofreció que iba a negociar mayor cantidad de precio por metro cuadrado y les iba a cobrar Q20 mil y una comisión por la venta a la mina. Estimamos que hubiera ganado unos Q70 millones. El no buscaba el beneficio de las familias, sino utilizó esa necesidad.

  1. ¿Es probable que la minera reinicie sus actividades en San Rafael las Flores?

Confiamos en que los magistrados sean congruentes con el fallo que emitieron el año pasado. Ya está el antecedente de la hidroeléctrica Oxec, donde los magistrados acordaron que harían una macro sentencia. Lo que involucra esta es que todos los casos de proyectos que involucren al Convenio 169, se deben resolver de la misma forma.

El problema que vemos ahora es un retardo que perjudica la resolución. Recordemos que es un amparo. La audiencia pública fue el 25 de octubre, tuvieron que resolver el 30. Son más de cien días sin que resuelvan.

Días después de que Donald Trump trasladara la sede diplomática de su país en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, el presidente Jimmy Morales replicó la acción de su homólogo y de inmediato, desató reacciones encontradas en Guatemala y fuera de nuestras fronteras.

El 8 de enero, el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, docente de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ex subtitular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, interpuso un amparo contra el mandatario a fin de que se revierta la medida, argumentando que esta viola sus derechos porque fue una decisión presidencial basada en motivos religiosos.

Por su parte, el doctor Nicholas Virzi Arroyave, profesor de Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad Francisco Marroquín y analista independiente, calificó la acción de Mejía como “un despropósito”, con base en las facultades que tiene el mandatario para conducir la política exterior del país.

Entrevistados por Perspectiva, estos académicos dan a conocer sus puntos de vista sobre el tema.

“Siento vergüenza de admitir que fui profesor y tutor de tesis de Jimmy Morales”

Marco Vinicio Mejía

¿Cuál es el objetivo del amparo interpuesto?

El amparo es una institución, una garantía constitucional para mantener o restituir los derechos de una persona ante las amenazas provenientes del poder público. No protege los derechos de otras personas naturales. Únicamente de quien lo solicita.

Siento vergüenza de admitir que fui profesor y tutor de tesis de Jimmy Morales en el Doctorado en Seguridad Estratégica que se imparte en la Universidad de San Carlos. Soy el autor de este programa. También fueron alumnos míos los dos últimos cancilleres, Carlos Raúl Morales Moscoso y Sandra Erica Jovel Polanco.

Uno de los seminarios que les impartí fue el de Dogmática Constitucional. No soy el primero en afirmar que el presidente Jimmy Morales no conoce la Constitución Política. Fui su consejero cuando fue candidato. Lo preparé en el inmueble ubicado en la 7a. calle “A” 5-24 zona 10.

Mi objetivo es que se revoque la orden de trasladar la sede de la embajada de Guatemala, de Tel Aviv a Jerusalén. Con esa disposición se contrariaron normas constitucionales, como la comunicación pública con el refrendo de la ministra de Relaciones Exteriores. El Presidente se deslegitimó como representante de la unidad nacional, violó el principio de separación Iglesia-Estado, nos aísla en el concierto de las naciones al conculcar el Derecho Internacional y atenta contra mis derechos fundamentales.

¿Qué significado político tiene el traslado de la sede diplomática?

Para Estados Unidos es una justificación para la venta de armas, ya que se avivarán los conflictos en Oriente Medio. Los países tomarán medidas militares preventivas, ya que la industria armamentista es el motor de la economía de ese país. Donald Trump responde a sus financistas.

En cambio, Jimmy Morales se congració con la Alianza Evangélica, uno de los cuatro integrantes del G-4, que lo apoyó para mantenerlo en la presidencia después de las protestas multitudinarias de septiembre de 2017.

En política exterior, nos ubica como un país satélite de Estados Unidos. Dejamos de ser su patio trasero.

¿Puede decirse que la acción de Morales es un acto de continuidad histórica al voto de García Granados en 1947 y 1948?

Hay una mitología diplomática guatemalteca. En 1875, el gobierno de Justo Rufino Barrios fue el primero en reconocer a la República de Cuba en armas. El régimen de Jorge Ubico fue el primero del planeta en reconocer a Francisco Franco cuando instaló su gobierno en Burgos, antes de la caída del régimen republicano en España.

García Granados formó parte del Plan de Partición de Palestina de 1947 y fue el primer embajador en Israel. Se dice que el voto de Guatemala fue decisivo para aprobar la creación del estado de Israel, pero la realidad es que el gobierno guatemalteco fue el segundo en instalar una embajada en el país de la Estrella de David.

Lo significativo no es solo ese reconocimiento. El 11 de abril de 2013, Guatemala reconoció a Palestina como un “Estado libre, independiente y soberano”. O sea, de acuerdo con el mandato constitucional de que las relaciones exteriores se basan en reglas, principios y prácticas, es más importante que Palestina establezca su sede diplomática en Guatemala. Lo fundamental de mi acción de amparo es que nuestro país no tome partido por el Israel Político, sino que contribuya a la paz mundial al aceptar que Palestina tenga una representación diplomática en Guatemala.

¿Morales intenta fortalecer su relación con Estados Unidos al replicar la acción de Trump?

Es un mimetismo patético. Trump es el “presidente tuitero” y Morales lo imita en las redes sociales. Trump es farandulero y megalómano. Morales es un histrión que se considera un ungido divino. Es egocéntrico y no escucha. Se deja llevar por sus emociones. Lo que pretende es obtener el beneplácito del presidente de Estados Unidos, para que en reciprocidad al ordenar el traslado de la embajada, se disminuya la persecución en contra suya y de su familia.

Igual el presidente hondureño Juan Orlando Hernández votó en contra de la resolución de las Naciones Unidas que desaprobó trasladar la embajada de Estados Unidos, para la legitimación de un mandatario que quiere aferrarse al poder, después de violar la Constitución de Honduras y de imponerse con olor a fraude.

En realidad, Jimmy Morales no tiene argumentos de geopolítica para haber tomado la decisión. Lo único que le queda es justificar la orden con seudo argumentos religiosos, ni siquiera teológicos.

¿Cree que pueden reportarse actos terroristas contra Guatemala?

Esta pregunta es sesgada. Es asumir que todos los palestinos son terroristas. Estoy en contra de Hezbolá y Hamas. Estoy a favor de la paz en Medio Oriente, para que coexistan los estados de Israel y de Palestina.

Hay más violencia homicida en Guatemala que en esa región del mundo. Un observador desconocedor de nuestra realidad, diría entonces que los guatemaltecos somos violentos por la matanza diaria que padecemos. Jimmy Morales debe concentrarse en la paz en Guatemala, pero con su decisión errática y contraria al consenso mundial, contribuye a reavivar la conflictividad en el Medio Oriente. Quienes lo aplauden, más bien deberían verlo como “candil de la calle y oscuridad de su casa”. Están manipulando la sensibilidad religiosa en Guatemala para justificar esta medida contraria a la decencia.

¿Cómo afectará a Guatemala que los países árabes ya no compren nuestro cardamomo?

No podemos manejarnos por el miedo. Justamente, esta pregunta revela el temor a represalias o a un boicot contra Guatemala, lo cual podría ser posible. Lo lamentable es que cuando le hicieron esa pregunta a Sandra Jovel, contestó con desparpajo sobre la situación de los cultivadores de cardamomo con un pobre razonamiento del aporte del cardamomo al Producto Interno Bruto. Demostró una completa insensibilidad hacia los agricultores, quienes día a día laboran para llevar comida a sus hogares.

¿Cuáles serán las implicaciones políticas para el gobierno de Guatemala ante la comunidad internacional?

En mi amparo, planteo que un deber del presidente Jimmy Morales, en consonancia con el artículo 183, literal ñ de la Constitución, es mantener la dignidad de la nación. O sea, debe respetar a la nación política (el Estado) constituida por 24 naciones culturales indígenas, tanto de ascendencia maya como de ascendencia no maya. No ha respetado la diversidad cultural y por tanto de credos.

El cristianismo es uno de esos credos, fraccionado en denominaciones, comunidades, sectas, variantes. Morales no respetó esa multiplicidad, sino se decantó por un credo específico, el cual confunde el Israel Político con el Israel Espiritual, al considerarlo el “pueblo elegido”. O sea, la gran implicación política es que cada vez pierde más legitimidad y con la decisión de trasladar la embajada dejó de ser un genuino representante de la unidad guatemalteca. Atentó contra la dignidad de la nación, y por consiguiente contra mi dignidad como persona natural e individual, porque siento que nos verán en el exterior como lacayos de Estados Unidos.

“La ONU es un órgano internacional con poca autoridad moral.  Es la organización más corrupta del mundo”

Nicholas Virzy Arroyave

  1. ¿Cuál es el objetivo de la acción legal interpuesta contra el presidente Morales?

Yo no soy abogado, pero a todas luces la acción legal es un despropósito.  El Presidente tiene toda la autoridad y facultad legítima de conducir la política exterior del país, incluyendo decidir a qué países reconocer y dónde colocar las embajadas de Guatemala.

  1. ¿Qué significado político tiene el traslado de la sede diplomática?

El significado político del traslado de la embajada es enorme. Guatemala no solo reconoce Jerusalén por lo que es, la capital del pueblo judío, se une también a la política exterior de EEUU en un tema que es muy importante para EEUU y su política exterior. Israel es el aliado más fiel de EEUU.  Ahora, tanto el Presidente de EEUU, Donald Trump, como el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, están endeudados con el presidente Jimmy Morales.

Esto pone a Guatemala en excelente posición para pedir TPS, levantamiento del embargo militar de EEUU contra Guatemala, más asistencia de EEUU para las fuerzas armadas y fuerzas de paz de Guatemala, ayuda de EEUU en el tema del diferendo territorial con Belice, entre otras cosas. Guatemala pertenece a un club exclusivo de 9 países en el mundo que votaron con EEUU en la Asamblea General de la ONU cuando se dio el voto vergonzoso, aunque irrelevante, de condenar a EEUU por reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

  1. ¿Puede decirse que la acción de Morales es un acto simbólico de continuidad histórica al voto de García Granados en los años cuarenta?

Claro que lo es. El presidente Jimmy Morales tomó una decisión consecuente y congruente con la política exterior histórica de Guatemala hacia Israel. Con esta decisión, el presidente Morales asegura su legado por haber tomado una de las decisiones más audaces y consecuentes de Guatemala en la historia reciente, en materia de política exterior.

  1. ¿Morales intenta fortalecer su relación con EEUU al replicar la acción de Trump?

Se debe suponer que sí.  Es muy probable que el presidente Trump le de audiencia personal al presidente Morales, es seguro que el Primer Ministro Netanyahu se la dé, y seguro también que Netanyahu ayude a acercar a la administración Morales con la administración Trump.  Repito. El presidente Trump le debe un gran favor a Guatemala, y el mejor aliado del presidente Trump, Benjamin Netanyahu, también está endeudado con el presidente Morales.  Tanto Trump como Netanyahu, estarán ansiosos de buscar cómo reconocer el gesto de apoyo y amistad que Guatemala mostró con EEUU e Israel.  Ya la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, convocó a un convivio especial para los países que no votaron en contra de EEUU en la ONU.

  1. ¿Cree que pueden reportarse actos terroristas contra Guatemala?

Claro que sí, porque esa es la naturaleza de los terroristas que representan al gran pueblo palestino, lamentablemente.  La autoridad palestina es terrorista, y trabaja con grupos terroristas.  Incluso los intelectuales y políticos de izquierda que han criticado la decisión del presidente Morales de reconocer a Jerusalén, han hablado abiertamente sobre el riesgo de que Guatemala sufra ataques terroristas debido a su decisión de reconocer a Jerusalén y mover su embajada ahí.

Guatemala debe pedir que EEUU e Israel sufraguen los costos de seguridad derivados de esta decisión. Guatemala debiera pedir asistencia militar y el levantamiento del embargo militar de EEUU.

  1. ¿Cómo afectará a Guatemala que los países árabes ya no compren nuestro cardamomo?

Los países árabes se tienen que poner de acuerdo primero. No se ha visto que se hayan coordinado para hacer un embargo sobre las exportaciones de Guatemala.

En caso de que se diera, estaríamos hablando de un impuesto al consumidor en sus países a un producto que les gusta mucho.  Los países árabes se tendrían que poner de acuerdo para castigar a Guatemala, que en todo caso sería un castigo temporal. Guatemala puede cambiar de destinos de exportación, o en el peor de los casos, cambiar de cultivo. Sería duro para los productores de cardamomo, pero en la política internacional ocurren este tipo de situaciones,  cuando se tocan temas de paz, guerra y seguridad.

  1. ¿Cuáles serán las implicaciones políticas para el gobierno de Morales ante la comunidad internacional?

Se sobredimensiona la importancia de la comunidad internacional.  La ONU es un órgano internacional con poca autoridad moral.  Es la organización más corrupta del mundo, no rinde cuentas a nadie, y sus decisiones son incongruentes. La Asamblea General de la ONU condena seguida y repetidamente a Israel, pero pone a dictaduras musulmanas en sus comisiones de derechos humanos.

Recientemente, Estados Unidos logró un voto unánime de 15-0 en el Consejo de Seguridad de la ONU, para condenar a Corea del Norte por sus agresiones y posturas bélicas en la península coreana.  Así que tampoco los países grandes que critican la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén han tomado medidas para distanciarse y castigar a EEUU.  No habría razón para pensar que lo harían con Guatemala.

EEUU es un país grande, la potencia hegemónica mundial, y Guatemala está en su esfera de influencia. EEUU es el mayor socio comercial de Guatemala, y el mayor socio comercial de los países vecinos de Guatemala.  En EEUU vive más de un millón de guatemaltecos, y de ese país provienen remesas que exceden el 10% del valor del Producto Interno Bruto de Guatemala.

Tiene más lógica que Guatemala quede bien con EEUU que con una multitud de países irrelevantes para Guatemala, que no representan mayor flujo de comercio, asistencia, o remesas, y que carecen de vínculos culturales, como existen en el caso de Guatemala, Israel y EEUU.

El ex candidato presidencial hondureño, Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición, anunció que el sábado 6 de enero encabezará una nueva manifestación de protesta contra el electo Juan Orlando Hernández, sobre quien pesan señalamientos de fraude que originaron las violentas protestas en las que han muerto decenas de personas y durante las cuales se produjeron saqueos a comercios.

Hernández ha realizado llamamientos al diálogo y la concordia nacional. Su victoria electoral fue reconocida por los observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que “no encontraron dolo” en el proceso. Sin embargo, la tensión permanece latente en el vecino país. Para conocer la opinión de dos guatemaltecos que han seguido de cerca el proceso hondureño, Perspectiva entrevistó a Raúl Figueroa Sarti, editor, fundador y director de F&G Editores, y la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, ex candidata a diputada y actualmente, defensora de mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar.

Raúl Figueroa Sarti: “Si en Guatemala no se realizan reformas a la ley electoral, no sería raro un estallido social”

  1. ¿Qué está pasando en Honduras?

El presidente Juan Orlando Hernández recurrió al fraude electoral para poder continuar en el cargo.

  1. ¿Considera que las protestas contra el proceso electoral son legítimas? ¿Por qué?

Absolutamente legítimas. Porque cuando desde el poder se recurre a la violación de las leyes es legítimo y justo que los ciudadanos se levanten en contra de quienes violentan las leyes y los derechos ciudadanos.

  1. ¿Cuáles son los señalamientos contra el mandatario reelecto?

En primer lugar, hay que apuntar que no hay tal “mandatario reelecto”. Lo que hay es un presidente que recurre a argucias legales para poder reelegirse y al fracasar en su intento recurre a un burdo fraude para que un tribunal electoral a su servicio lo declare ganador. ¿Cuáles son los señalamientos? Fraude electoral y violación de los derechos humanos de los hondureños.

  1. ¿Quién es Nasralla y a quién representa?

Es irrelevante quién es y a quién representa Nasralla. Lo relevante es que es Juan O. Hernández está violando las leyes hondureñas y los derechos humanos de los hondureños.

  1. ¿El saqueo es un síntoma de ingobernabilidad o un reclamo popular?

Los saqueos son una muestra de ingobernabilidad; también son el resultado de las pésimas condiciones de vida en que viven los hondureños: También pueden ser el resultado de provocaciones impulsadas desde el poder para deslegitimar la lucha en contra del fraude y justificar la represión despiadada a que el ejército hondureño está sometiendo a los hondureños.

  1. ¿Cree que si las elecciones de 2019 en Guatemala se realizan sin las reformas a la LEPP vigente puede haber un estallido similar?

Guatemala es una olla de presión que no ha estallado gracias a que los sectores populares y democráticos han mostrado mucha más madurez que los grupos económicos y partidos políticos que sostienen al gobierno de Jimmy Morales. Pero desde el gobierno se está abusando de la paciencia de los guatemaltecos y esta no es ilimitada; la represión en contra de la oposición ciudadana está siendo brutal y salvaje, particularmente en el campo. Sí, si no se realizan reformas al sistema electoral no sería raro un estallido social.

  1. ¿Qué significa y qué mensaje deja para un país una protesta popular tan radical como la de Honduras?

Que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. El estado está para servir a toda la sociedad, cuando desde el gobierno se usa el mismo para darle privilegios a pequeños grupos, es inevitable el levantamiento popular.

Ana Lucía Alejos Botrán: “La democracia se basa en el Estado de Derecho, donde se respeta la ley, nos guste o no”

  1. ¿Qué está pasando en Honduras?

Estamos viendo la polarización de un país donde hay dos grupos políticos enfrentados y como decimos aquí, cada uno está llevando agua para su molino. Lamentablemente, esto con un costo político y costo de país sumamente alto.

  1. ¿Considera que las protestas contra el proceso electoral son legítimas? ¿Por qué?

Me parece que no, en virtud de lo que se aprecia a través de los distintos medios de comunicación. Se ve que el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, ha incitado a las personas para que salgan a manifestar. Es evidente que no son manifestaciones pacíficas, sino todo lo contrario, son sumamente violentas y aunque van en detrimento de la población y la economía, ha habido insistencia y declaraciones irresponsables del ex presidente Mel Zelaya.

  1. ¿Cuáles son los señalamientos contra el mandatario reelecto?

En primer lugar, Nasralla lo acusó de fraude electoral y posteriormente lo señaló por 24 asesinatos. En este caso se le cuestionó en los medios si tenía pruebas y dijo que tenía pruebas de 22 o 23. Cuando se le pidió que presentara las pruebas se limitó a decir que revisaran sus redes sociales, básicamente Twitter. Es irresponsable emitir acusaciones tan fuertes cuando no se tienen las pruebas en la mano. Esto incluso es un delito.

  1. ¿Quién es Nasralla y a quién representa?

Viéndolo desde afuera, como guatemalteca, creo que se ha visto muy fuerte la presencia de Mel Zelaya en la vida de Nasralla. Incluso han dicho que es el títere. Yo no lo he dicho, pero así es como se han referido a él. Cuando se le cuestionó esto se rió de una forma que me parece irrespetuosa. Es un hecho que Mel Zelaya salió a pelear por él y hasta admitió que sería parte de su gabinete.

  1. ¿El saqueo es un síntoma de ingobernabilidad o un reclamo popular?

Es una forma de ingobernabilidad que perjudica mucho a un país como Honduras, que ha sido bastante lastimado igual que Guatemala. Por eso digo que la actitud del candidato Nasralla fue sumamente irresponsable, por incitar a los hondureños a participar en actividades que no son legítimas ni pacíficas. Muchas personas que habían logrado salir adelante con muchos esfuerzos lo perdieron todo en esos saqueos devastadores y totales, con lujo de fuerza y hasta que dejaban las tiendas totalmente vacías.

  1. ¿Cree que si las elecciones de 2019 en Guatemala se realizan sin las reformas a la LEPP vigente puede haber un estallido similar?

Todo va a depender mucho de las personas que estén al frente de los grupos políticos, puesto que si no entran en vigencia las reformas, lamentablemente es la ley. Y la ley se acata, nos guste o no. Que como país debemos promover que estas reformas se apliquen, estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que exijamos un cambio de legislación a través de acciones ilegítimas y violentas, lo cual deslegitima por completo cualquier movimiento o cualquier postura.

En el momento en que ya no tenemos argumentos y empezamos con violencias, con insultos, con actos ilegales, se pierde cualquier tipo de legitimidad. Será responsabilidad de diferentes sectores del país hacer un llamado a respetar la ley. La democracia se basa en un Estado de Derecho, donde se respeta la ley me guste o no. En el caso de Honduras se exigía repetir las elecciones, y este procedimiento no está legislado en ese país.

  1. ¿Qué significa y qué mensaje deja para un país una protesta popular tan radical como la de Honduras?

Una vez más, viéndolo desde afuera y pensando lo que pudiera pasar en mi país, es un momento donde todos pierden. Vidas humanas, un duro golpe a la economía, un ambiente de ingobernabilidad y violaciones a la ley, lo que debilita al Estado de Derecho y a la democracia.

 

“El subsidio que pretenden es un gasto, no es una inversión. Nosotros los diputados representamos a todos los guatemaltecos y tenemos que ver no solo por programas sociales, sino cuánto cuestan y qué efecto van a tener”. Esta fue la afirmación del diputado Fernando Linares Beltranena en febrero de este año, al conocer el proyecto de ley 5125, sobre la atención a las personas con discapacidad.

En aquel momento, el legislador también objetó que el proyecto incluía temas “típicamente de izquierda, como la igualdad de género, acción afirmativa o igualdad de condición”. Como respuesta a sus declaraciones, el Consejo Nacional para la Atención de personas con Discapacidad (CONADI), denunció al legislador, a quien recientemente se le retiró la inmunidad.

El hecho abrió una polémica en diferentes sectores sociales. Por una parte, quienes defienden la máxima volteriana: “Odio y detesto lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”, insisten en que Linares se limitó a exponer lo que pensaba respecto a un proyecto de ley, lo cual es su trabajo.

Por otra parte,  los defensores de los derechos humanos enfatizan en que la Organización de Naciones Unidas (ONU), limita la libertad de expresión cuando esta incita al racismo o al odio. Para tener un panorama de estas posiciones, Perspectiva entrevistó a Giovanni Fratti, abogado de la Universidad Francisco Marroquín y columnista de opinión independiente, quien considera un atropello la acción contra Linares. También hablamos con el abogado Sergio Beltetón, asesor de activistas de derechos humanos, entre ellos Daniel Pascual y Abelino Chub Caal y organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), quien considera que la acción contra Linares sienta un precedente positivo para quienes emitan declaraciones prepotentes y abusivas contra sectores vulnerables.

Giovanni Fratti

“La declaración de Linares no limitó el ejercicio de ningún derecho a nadie”

  1. ¿Cree que la acción contra el diputado Linares es justicia selectiva?

Totalmente. Es una denuncia penal espuria, sin ningún fundamento. No tienen pruebas de que Linares insultó a nadie en específico. En todas sus declaraciones, él dijo que la ley representaría una carga para los guatemaltecos. En el análisis elaborado y presentado al Congreso por el mismo diputado, se demostró que la implementación de esa ley representaría una erogación de Q 700 millones al Estado.

Aparte de ser la verdad, esa afirmación no atenta contra ningún derecho ni discrimina. Es sencillamente la opinión de un diputado opositor sobre un proyecto de ley en discusión en el Congreso.

  1. ¿Por qué?

Es un diputado opositor que no cometió ningún delito. Como guatemalteco, Linares goza de los derechos del artículo 35 de la Constitución Política de la República, que le otorga la libre expresión, que es un derecho humano universal para todos los ciudadanos. Además, por ser diputado, es irresponsable por sus declaraciones y opiniones en el ejercicio del cargo. Y esto fue exactamente lo que hizo: opinar sobre una ley en una comisión de trabajo del Congreso.

  1. ¿Considera que la declaración de Linares sobre la ley de personas discapacitadas atenta contra algún derecho?

Ninguna ley fue violada, Linares no pudo haber cometido delito de discriminación. En primer lugar, se tipifica como discriminación el impedir a una persona el ejercicio de un derecho. Este no fue el caso. Emitir una opinión sobre una ley de discapacitados no impide el ejercicio de un derecho a nadie.

  1. ¿En qué se basó el MP para pedir la investigación al legislador?

En el artículo 202 bis del Código Penal reformado.  El delito que se persigue tiene una pena de tres años de cárcel excarcelable bajo fianza.

  1. ¿Cree que esta acción puede extenderse y afectar la libertad de expresión de cualquier persona?

Como consecuencia de esta acción ilegal del MP y la asociación ANADI, podrá haber persecución penal contra cualquier persona por cualquier excusa, bajo el señalamiento de “discriminación”. La pésima redacción de dicho delito en el Código Penal prácticamente permite considerar cualquier cosa como discriminación.

Esto se convierte en una herramienta perfecta para un MP abusivo y politizado para callar opositores políticos a su sabor y antojo, aun cuando sea evidente que no se ha cometido delito alguno y mucho menos, impedir el ejercicio de sus derechos a ninguna persona. Todo por el simple hecho de emitir una opinión sobre una ley.

  1. ¿Cuál es el artículo constitucional que ampara la libertad de expresión de los diputados? ¿Debería aplicarse en este caso?

El artículo 35 de la Constitución Política de la República, sobre la libertad de expresión. Además, el artículo 161, inciso b, de la misma constitución, donde se dice que los diputados no son responsables por sus declaraciones. Además, el artículo constitucional número 5, donde se establece que ninguna persona puede ser perseguida penalmente por sus opiniones políticas.

  1. ¿Cómo califica el intento de juzgar al diputado Linares?

Es un acto propio de un régimen totalitario como Venezuela o Corea del Norte pedir la cárcel para un diputado opositor por emitir su opinión sobre una ley, lo cual es su función y su trabajo. En esos regímenes nadie puede oponerse al poder de turno.

En este caso, a los ideólogos del MP, la CICIG y las embajadas no se les antoja respetar la Constitución y los derechos humanos universales, como es su harta obligación.

Sergio Beltetón

“No pueden emitirse afirmaciones que inciten al odio o la discriminación”

  1. ¿Cree que la acción contra el diputado Linares es justicia selectiva?

No. Ese concepto de justicia selectiva es un invento de quienes no quieren que se persigan delitos de corrupción, o en este caso de discriminación. Justicia selectiva es un término utilizado por los operadores de la oligarquía. Pero en casos como este, la justicia les toca por sus decisiones o declaraciones erróneas, no por ser de extrema derecha. Linares cometió un error al expresarse de esa forma.

  1. ¿Por qué?

En el caso de Linares, afirmó que las personas con capacidades diferentes no deben ser protegidas por el Estado. Esto es un acto de discriminación. Y puede considerarse una afirmación que incita al odio, especialmente cuando proviene de un dignatario en funciones.

  1. ¿Considera que la declaración de Linares sobre la ley de personas discapacitadas atenta contra algún derecho?

Sí, atenta contra el derecho humano a la dignidad e igualdad de las personas, presentes en la Constitución Política de la República. Todos tenemos derecho a la igualdad y la dignidad y debemos convivir en condiciones fraternales. A más largo plazo, la declaración de Linares puede afectar la salud e incluso la vida de las personas discapacitadas, si el estado sigue ignorando su situación y no asegura su bienestar.

  1. ¿En qué se basó el MP para pedir la investigación al legislador?

No conozco el expediente, pero se basó fundamentalmente en su afirmación de que el Estado no tiene por qué ayudar a estas personas. Con base en el artículo 202 del Código Penal lo señalan por el delito de discriminación, que por ser dignatario de la Nación, tiene un agravante de hasta un tercio más de la pena, aplicable a los funcionarios públicos en ejercicio del cargo.

  1. ¿Cree que esta acción puede extenderse y afectar la libertad de expresión de cualquier persona?

No cualquiera ni por cualquier declaración polémica. La libre emisión del pensamiento está garantizada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República y establecida en el decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, el país es firmante de varias normativas internacionales, como el Pacto de San José y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se limita la libre expresión cuando se emiten declaraciones que inciten al odio o discriminación por cualquier motivo. Al hablar de una forma abusiva y prepotente se puede caer en esos extremos.

  1. ¿Cuál es el artículo constitucional que ampara la libertad de expresión de los diputados? ¿Debería aplicarse en este caso?

Esa prerrogativa de los diputados, queda limitada por otras normativas, como los artículos constitucionales 44 y 46.  En el caso de Linares, no se le enjuicia por emitir opinión sobre una ley sino por su propio error, la mala fe evidenciada en el juicio de valor que emitió sobre un sector vulnerable de la población guatemalteca. No por emitir una crítica.

La libertad de expresión tiene limitaciones. No pueden emitirse afirmaciones que inciten al odio o a la discriminación. Esto lo establecen convenios internacionales de derechos humanos. La ONU tiene jurisprudencia sobre estos casos donde se puede restringir la libertad de expresión cuando se expresan ideas discriminatorias o racistas.

  1. ¿Cómo califica el intento de juzgar al diputado Linares?

Puede sentar un precedente positivo. Para los diputados es un mensaje que les dice que no tienen la libertad de menospreciar ni discriminar a nadie, menos públicamente. Considero que es un avance para el país. Es un mensaje a quienes emiten afirmaciones de forma abusiva y prepotente, sin importarles dañar a un sector vulnerable.