Actualidad de Guatemala

Te presentamos las noticias más relevantes de esta semana:

La audiencia de primera declaración del caso Caja de Pandora

Alejandra Reyes explicó el involucramiento de más personas de la red de corrupción que dirigía el excapitán, Lima Oliva desde la prisión.

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Salvador Estuardo “alias Eco” González recupera su libertad

Salvador González, alias Eco, recuperó su libertad luego de haber sido colaborador eficaz en casos de corrupción

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Pareja de Lima será entrevistada por caso Gerardi

Después de 20 años, la investigación de la muerte del obispo Juan Gerardi sigue abierta, y la Fiscalía Especial encargada de dicha investigación solicitará autorización a la fiscal general Thelma Aldana para entrevistar a Alejandra Reyes pareja de Byron Lima.

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El MP solicita la extradición de Julio Ligorria

José Julio Alejandro Ligorria Carballido es señalado por su presunta vinculación en el caso Construcción y Corrupción.

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La Corte de Constitucionalidad (CC), envió ayer una notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) donde ordena revocar el segundo párrafo de la carta que la Cancillería envió a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),  donde se le pide “no inmiscuirse en asuntos internos” del país.


 Tekandi Paniagua, director de comunicación de Cancillería, confirmó que  atendieron al fallo de la CC y que han cumplido con lo indicado en la resolución.


Luego de que la vicecanciller Alicia Castillo Sosa enviara una nota a Velásquez  donde se le confirmó el permiso oficial para permanecer en el país y al mismo tiempo le advierte de “no inmiscuirse en asuntos internos” del país, la CC emitió una resolución donde le dio al Minex un plazo de 12 horas para revocar la conminatoria al jefe de la CICIG.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre

 

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dio inicio en el Juzgado “D” de Mayor Riesgo la audiencia de primera declaración en contra  de personas vinculados en el Caso Caja de Pandora.


Durante la diligencia la Fiscalía procedió a la reproducción del audio de la declaración en calidad de anticipo de prueba realizado a la colaboradora eficaz Alejandra Saraí Reyes Ochoa, quien explicó sobre el conocimiento que ella tuvo de los hechos ilícitos en los que pudo estar involucrada y los que pudo haber conocido. La declaración fue tomado el pasado 4 de octubre de 2017 en dicha judicatura.


Para esta audiencia el MP cuenta con diversos medios de convicción entre estos, información que ha proveído el sistema penitenciario, declaraciones testimoniales con información que proviene de allanamientos realizados en el año 2014, extracción de dispositivos de comunicación e información de interceptación de comunicaciones telefónicas.

La investigación

Durante la investigación se determinó que la cooperativa Torre Fuerte, que su dueño el excapitán del Ejército Byron Lima Oliva reo muerto en 2016, tenía una relación comercial con la Municipalidad Capitalina, dirigida por el jefe edil Álvaro Arzú.

De acuerdo con las pesquisas, la cooperativa Torre Fuerte que funcionada desde el Centro Preventivo Pavoncito a cargo de Lima, se detectó la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido político Unionista y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Lima Oliva.

Entre los artículos que la Municipalidad Capitalina pagó a la empresa de Lima Oliva se encuentran: mantas vinílicas y mantas con imán que fueron utilizadas en actividades políticas.

De igual forma se pudo documentar la existencia de plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala, tanto para Alejandra Reyes, compañera sentimental de Lima Oliva, así como para su madre Elizabeth Ochoa Barrios y para Andrea Monzón Ramos de Villanueva, esposa de Obdulio Villanueva, quien fue condenado junto con Lima por la muerte del obispo, Juan José Gerardi Conedera en 1998; el reo falleció durante un motín en el Preventivo para Hombres de la zona 18.

Las plazas fueron otorgadas en la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA), dirigida por Howard Yang, en 2007.

Durante las pesquisas se estableció que Lima Oliva le solicitó por medio de una carta apoyo económico al alcalde Arzú, el cual consistió en Q727 mil para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.

Esta información la proporcionó la compañera sentimental de Byron Lima Oliva. Asimismo, por la información que facilitó, la cual estaba contenida en su teléfono móvil.

De igual forma también se explicó el involucramiento de más personas de la red de corrupción que dirigía el excapitán, Lima Oliva desde la prisión.

En contubernio con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el entonces director del Sistema Penitenciario, Luis Alberto González Pérez, que negociaron junto a Byron Lima autorizar traslados de reos de un centro carcelario a otro.  De acuerdo con la declaración de Alejandra Reyes, colaboradora eficaz del Ministerio Público, López Bonilla le envió un mensaje, el cual consistía en un “regalo” que era de autorizar el traslado de 150 reos, pero sólo logró ejecutar 127 cambios.

Uno de los traslados fue el caso de Kevin Overdick, la forma de pago a Lima Oliva fue otorgándole un automóvil de reciente modelo y de una marca reconocida mundialmente.

Para lograr esa situación, el entonces Director de Presidios, por medio de un oficio autorizó el traslado. Posteriormente, Lima Oliva trasladó ese vehículo al abogado Moisés Galindo.  Igualmente, los hermanos Silverio Otto y Edgar Enrique Chicas de León, ambos aceptaron haber entregado un vehículo a Lima Oliva. Luego que Lima Oliva se lo traslada al abogado Rossell Orozco.

Por este caso el MP presentó un antejuicio en contra del Alcalde Capitalino Álvaro Arzú, por los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.

Los sindicados:

  • Luis Alberto González Pérez,
  • Marco Antonio Rosell Orozco,
  • Amado Valdez Castillo,
  • Norberto de Jesús Ortega,
  • Oswaldo Pop Velásquez,
  • Patricia Lisbeth Orozco Maldonado,
  • Zoraida Azucena Soto,
  • Moisés Eduardo Galindo Ruiz,
  • Militza Lorena Juárez,
  • Héctor Mauricio López Bonilla,
  • Luis Alberto Lima Oliva,
  • Ana María González Ruiz,
  • Luisa María Salas,
  • Dora Alicia Pineda Carias,
  • Manfredo Cecilio Juárez Ramírez,
  • Leonel Francisco Gatica

Fuente: MP

Fuente Fotográfica: MP

Equipo editorial Perspectiva

Hace unos meses, en el contexto de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), visitaron el país Rita y Scott Bronstein, quienes forman una pareja de periodistas. Rita es subdirectora de La Prensa de Panamá, donde también labora su esposo. Y antes de estar en La Prensa, ambos trabajaron durante años en empresas off shore, precisamente en las Islas Vírgenes, donde conocieron a fondo los secretos de esa industria.


Este elemento les dio un conocimiento especial y una interpretación realista sobre el tema de los paraísos fiscales, sus implicaciones y la necesidad de la transparencia en el quehacer financiero.


La Prensa de Panamá fue el único medio de ese país que colaboró con la operación periodística que agrupó a unos cuatrocientos reporteros de diferentes países y ganó el premio Pulitzer 2017. Según dice Scott, esta es una de las cosas sorprendentes de la investigación: “cientos de periodistas y ninguno dijo nada hasta que fue el momento oportuno”.

Además de aportar en la investigación del caso, donde fueron revisados unos once millones de documentos, el diario panameño cumplió el papel de anfitrión y estuvo a cargo de muchos aspectos logísticos.

Todo este andamiaje que dio soporte a la investigación desde Panamá, sede de la firma Mossack Fonseca, se presenta en el libro de Bronstein y Vásquez titulado Sociedades peligrosas. La historia de los Panamá Papers, que se puede encontrar en la librería Sophos.

El texto se lee con la misma facilidad que un trihller (y en su trama hay algunos elementos de este género). El lenguaje periodístico le aporta agilidad a los detalles narrados por dos protagonistas, quienes en esta entrevista reflexionan sobre la investigación que los llevó a escribir su libro.

Una de las premisas para el libro de Bronstein y Vásquez, es que formar una empresa off shore no es un delito. Como tal, la acción puede ser beneficiosa, incluso para el caso de un anciano multimillonario casado con una modelo varias décadas menor, y que pretenda resguardar su fortuna, se menciona en el libro.

El problema con la industria es el mal uso que puede hacerse de ella y debido a las facilidades para constituirlas, pueden usarse para ocultar dinero proveniente de actos ilícitos, señala el texto.

Otro elemento que se menciona es la forma “poco ortodoxa” en la que se obtuvieron los millones de documentos que dieron soporte a la investigación. Los datos fueron entregados a la publicación alemana Süddeutsche Zeitung por una fuente identificada como “John Doe” (aproximadamente, “el desconocido”). Aunque la mayor parte de publicaciones sobre el tema coinciden en que los datos fueron entregados por el interés de develar la corrupción en torno a esas operaciones financieras, Bronstein asegura que la base de datos fue vendida “más de una vez”. Y de manera irónica, concluye el libro preguntándose si los descendientes de John Doe, convertidos en millonarios a escala mundial, no terminarán formando una empresa off shore con el transcurso de los años.

El caso abrió una fisura que seguirá dando sorpresas a través de los meses y los años. Constantemente, los medios de comunicación de los países mencionados en la investigación dan noticias derivadas de Panamá papers. Según Bronstein, lo positivo es que permite vislumbrar una luz al final del túnel de la impunidad. “A partir de ahora, los corruptos serán juzgados, sea cual sea la altura a la que hayan llegado”.

La forma en la que se obtuvieron los documentos conocidos como Papeles de Panamá ¿no constituye un dilema ético para un periodista?

No está definido si fue un robo de documentos, conocido como “filtración”, o si se trató de un caso de hackeo. Lo cierto es que, si esa enorme base de datos fue hackeada, estamos ante un caso de poca responsabilidad fiduciaria de Mossack Fonseca con sus clientes. Si los datos fueron sustraídos, entonces hablamos de que Mossack Fonseca tenía mínima, casi nula responsabilidad. En cualquier caso, la información fue obtenida de forma poco ortodoxa.

¿Podemos pensar que en los papeles aparece casi cualquier persona con influencia, poder político o simplemente, con millones, sean o no sean corruptos?

Es un poco lo que hubo aquí. Tienes personas muy poderosas, pero también gente muy rica. Tienes ejecutivos internacionales, como Siemens. Por ejemplo, ahorita hay un caso. El vínculo de la firma directamente con Oderbrecht y también con la constructora OAS. De hecho, el caso por el que estuvieron presos los socios de la firma es el conocido como Lava Jato, que implica a OAS. Justo el mismo caso por el cual el ex presidente brasileño Lula da Silva fue condenado. Como verás, lo que ha salido, lo que sigue saliendo y lo que va a salir, relacionado con esa firma de abogados, no pierde vigencia.

¿Quiénes son los guatemaltecos implicados?

Hay varios. Para empezar, Marllory Chacón, conocida como La Reina del Sur. Pero últimamente se ha mencionado mucho más a Alejandro Sinibaldi. Su concuño, que ya fue llamado ante la justicia guatemalteca, era director del Citibank en Guatemala. A través de OAS, incidieron en el Congreso para adjudicaciones de obras públicas.

¿Oderbrecht es como el pez gordo en este caso?

La firma tenía muchos años de prestarle servicios a Oderbrecht, inclusive, varios de los doleiros de Oderbrecht fueron suplentes. OAS proveyó sociedades que utilizaron para los desvíos de fondos. Es lo que provoca que las autoridades brasileñas les allanaran las oficinas. Ese es el caso por el cual ellos acaban de salir de prisión hace poco, bajo fianza. Eso no quiere decir que el proceso se ha terminado.

Entre los periodistas latinoamericanos involucrados en la investigación, ¿hubo algún guatemalteco?

No hubo medios ni periodistas guatemaltecos. Proceso, de México y La Nación y Amelia Rueda, un canal digital, de Costa Rica, además de Panamá, son los medios regionales que se involucraron. Cuando nos invitan a formar parte del proyecto éramos la mitad de los que terminamos siendo. A través del liderazgo del consorcio se fueron agregando más medios. Pero al final ¿te imaginas cuatrocientos periodistas que nos callamos la boca y no se filtró nada? Periódicos, radio, televisión, páginas web, revistas, todos los medios que te puedas imaginar. Al final siento que todo el mundo lo hizo, porque todos creíamos que aquí había algo que revelar, porque lo sufrido por las personas afectadas víctimas del mal uso de la industria off shore, tenía que ser expuesto.

Estamos hablando de personas cuyos países perdieron millones de dólares por la evasión de impuestos, porque un político se robó el dinero, o porque un traficante de armas hizo lo mismo. Entonces, al final todas esas cosas fue la motivación que nos hizo continuar con esto, a pesar del dilema ético sobre cómo se obtuvo la información. Porque fue la noticia del año, además como panameños hubiera sido muy ridículo no haber participado. Y luego sentimos también que era importante dejar al descubierto todos estos abusos a los sistemas financieros internacionales.

¿Cómo se coordinó esta enormidad?

Más de trescientos periodistas, es significativo. No hubiera funcionado sin una buena coordinación. Nunca había trabajado con tantos en tan poco tiempo. Fue una locura, planificar a quién tenían que entrevistar, les asignamos conductores y vehículos, teníamos que darles la marca y los datos de los carros, nombres de los conductores, para que no se les perdieran. No te imaginas.

¿Qué balance le deja al mundo este caso?

Al final del camino, el modelo de justicia utilizado por las autoridades del Brasil debería convertirse en modelo para investigar los casos de corrupción. Puedes comprar un juez, un magistrado, pero no puedes comprar a todos los jueces de todos los países. Por ejemplo, en el caso de Lava Jato, no va a haber absolutamente un solo gobernante del mundo que se salve, si está implicado.

No hay forma de que los jueces en Brasil hayan defenestrado a Dilma, hayan condenado a Lula, hayan encarcelado a Marcelo Dorecht y estén a punto de encarcelar a Temen, y vayan entonces a proteger a los presidentes de nuestros países, o a los ministerios públicos de nuestros países en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la gran corrupción que es distinta, y la lucha contra la corrupción privada, que poco se menciona pero que es de mucha importancia, porque la corrupción privada se traduce, de nuevo, en evasión de impuestos, robo de fondos públicos. Si tú eres un contratista, y Oberdrecht lo es, que dispone de fondos públicos para hacerse de contratos, puedes corromper al poder político.

Y quienquiera que rompa la ley, aunque sea una multa debería pagar.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Cancillería que se retracten de la conminatoria que hizo al jefe de la  Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, para que se abstenga de inmiscuirse en asuntos internos del país.


La CC también advierte que si la Cancillería no cumple, el presidente Jimmy Morales  deberá destituir a la ministra de Relaciones Exteriores  Sandra Erica Jovel Polanco  y a la viceministra Alicia Virginia Castillo Sosa. 


Esto con base en el Artículo 50 de la Ley de Amparo, que sanciona con separación del cargo a las autoridades que desobedezcan con las directrices dictadas por el máximo tribunal.

La orden responde a un recurso de debida ejecución, presentado el 11 de octubre por Elvyn Díaz y Álvaro Montenegro, que accionó en contra de la declaratoria de Velásquez como persona non grata y la orden para su inmediata expulsión del país.

La nota firmada por la vicecanciller Alicia Castillo, le informa al Comisionado sobre la decisión de acceder a la vigencia del permiso oficial para permanecer en el país. Y le advierten que los privilegios e inmunidades de los que ha gozado en el país “no le eximen de la obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”.

Martín Guzmán, secretario de la CC explicó que la nota enviada  al Comisionado incluye una amenaza que vulnera de igual manera el amparo provisional a favor del comisionado, otorgado en agosto pasado.

El Minex emitió un comunicado en el que se lamenta “la mediatización de una comunicación diplomática, enmarcada en los principios, reglas y prácticas internacionales aplicables, acción que contribuye a la desinformación”.  La nota no tiene por objeto limitar, interferir o condicionar el accionar de la Comisión, de acuerdo a su mandato.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre 

Liberan a Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco” después de cumplir con los compromisos  adquiridos con el Ministerio Público (MP), al rendir declaraciones testimoniales como anticipo de prueba, en los procesos conocidos como La Línea, Cooptación del Estado y Bufete de la Impunidad, según informó la Torre de Tribunales el Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI).


Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo que “Como consecuencia de que esta persona ya cumplió con el compromiso asumido con el Ministerio Público de rendir declaración como anticipo de prueba en por lo menos tres procesos penales”  y el MP “como contraparte de los convenios suscritos solicitó el otorgamiento de beneficios que ya habían sido aprobados cuando se firmó el convenio”.


Hace al rededor de tres semanas que alias “Eco” recuperó su libertad, pero fue hasta este jueves que se hizo público.

Para ello se aplicaron dos medidas desjudicializadoras, debido a la valiosa colaboración eficaz prestada, además hubo extinción de dominio de bienes y de dinero, con lo cual se concluyó la persecución penal en su contra por los casos mencionados.

El abogado defensor Juan Carlos de Paz explicó que por motivos de seguridad no se puede dar información sobre el paradero de Salvador González.

Gracias a las declaraciones anticipadas de Salvador González alias “Eco” y Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario vicepresidencial en el gobierno patriota, el ex presidente Otto Fernando Pérez Molina, la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, exministros como Mauricio López Bonilla, empresarios, exjueces, exmagistrados y financistas de partidos políticos guardan prisión desde el 2015.

Fuente Fotográfica: elPeriódico

Después de 20 años, la investigación de la muerte del obispo Juan Gerardi sigue abierta, y la Fiscalía Especial encargada de dicha investigación solicitará autorización a la fiscal general Thelma Aldana para entrevistar a Alejandra Reyes pareja de Byron Lima.


Reyes como anticipo de prueba en el caso Caja de Pandora, dijo que su pareja le dijo que “había ido a modificar la escena del crimen (del caso Gerardi, coordinador del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi)) porque Arzú lo había mandado, y había entrado con credenciales falsas”.  Y señaló que el beneficiado con las acciones de Lima en el caso Gerardi, fue uno de los hijos del entonces expresidente Álvaro Arzú.


El penalista, Marco Canteo, opina que la pesquisa que quiere desarrollar la fiscalía tiene límite, ya que la responsabilidad penal se extingue 20 años después de cometido el hecho, y el plazo que vence en abril de 2018.

En el caso Pandora, se sostiene que Lima, mediante su cooperativa Torre Fuerte, que funcionada desde el Centro Preventivo Pavoncito, proveía artículos promocionales para la campaña del partido Unionista,  que eran pagados con fondos de la Municipalidad de Guatemala.

El próximo lunes continúa la audiencia  de primera declaración de los sindicados por la muerte del capitán Byron Lima, en el caso conocido como La Sexta, donde se espera la declaración del narcotraficante Martín Montiel, alias el Taquero.

Fuente Fotográfica: elPeriódico de Guatemala

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, cuenta con los suficientes medios de convicción que serán presentadas durante la audiencia de primera declaración en contra de los 15 implicados en el caso denominado Caso Caja de Pandora.


La diligencia estaba programada para este día en el Juzgado “D” de Mayor Riesgo, pero debido a la falta de espacio necesario en la sala y uno de los sindicados no contaba con defensa técnica, la audiencia fue reprogramada por la judicatura para el próximo jueves 19 de octubre a la 9:00 de la mañana.


Entre los medios de convicción que cuenta la Fiscalía, hay información que ha proveído el sistema penitenciario, declaraciones testimoniales con información que proviene de allanamientos realizados en el año 2014, extracción de dispositivos de comunicación e información de interceptación de comunicaciones telefónicas.

La investigación

Durante la investigación se determinó que la cooperativa Torre Fuerte, que su dueño el excapitán del Ejército Byron Lima Oliva reo muerto en 2016, tenía una relación comercial con la Municipalidad Capitalina, dirigida por el jefe edil Álvaro Arzú.

De acuerdo con la investigación, la cooperativa Torre Fuerte que funcionada desde el Centro Preventivo Pavoncito a cargo de Lima, se detectó la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido político Unionista y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Lima Oliva.

Entre los artículos que la Municipalidad Capitalina pagó a la empresa de Lima Oliva se encuentran: mantas vinílicas y mantas con imán que fueron utilizadas en actividades políticas.


De igual forma se pudo documentar la existencia de plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala, tanto para Alejandra Reyes, compañera sentimental de Lima Oliva, así como para su madre Elizabeth Ochoa Barrios y para Andrea Monzón Ramos de Villanueva, esposa de Obdulio Villanueva, quien fue condenado junto con Lima por la muerte del obispo, Juan José Gerardi Conedera en 1998; el reo falleció durante un motín en el Preventivo para Hombres de la zona 18.


Las plazas fueron otorgadas en la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA), dirigida por Howard Yang, en 2007.

Durante las pesquisas se estableció que Lima Oliva le solicitó por medio de una carta apoyo económico al alcalde Arzú, el cual consistió en Q727 mil para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.  Esta información la proporcionó la compañera sentimental de Byron Lima Oliva. Asimismo, por la información que facilitó, la cual estaba contenida en su teléfono móvil.

De igual forma también se explicó el involucramiento de más personas de la red de corrupción que dirigía el excapitán, Lima Oliva desde la prisión.  En contubernio con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el entonces director del Sistema Penitenciario, Luis Alberto González Pérez, que negociaron junto a Byron Lima autorizar traslados de reos de un centro carcelario a otro.

De acuerdo con la declaración de Alejandra Reyes, colaboradora eficaz del Ministerio Público, López Bonilla le envió un mensaje, el cual consistía en un “regalo” que era de autorizar el traslado de 150 reos, pero sólo logró ejecutar 127 cambios.

Uno de los traslados fue el caso de Kevin Overdick, la forma de pago a Lima Oliva fue otorgándole un automóvil de reciente modelo y de una marca reconocida mundialmente.  Para lograr esa situación, el entonces Director de Presidios, por medio de un oficio autorizó el traslado. Posteriormente, Lima Oliva trasladó ese vehículo al abogado Moisés Galindo.

Igualmente, los hermanos Silverio Otto y Edgar Enrique Chicas de León, ambos aceptaron haber entregado un vehículo a Lima Oliva. Luego que Lima Oliva se lo traslada al abogado Rossell Orozco.

Por este caso el MP presentó un antejuicio en contra del Alcalde Capitalino Álvaro Arzú, por los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.

Fuente: MP

Fuente Fotográfica:  MP