Inseguridad: ¿la historia sin fin? | PERSPECTIVA

Inseguridad: ¿la historia sin fin?

A partir de 2015, el Ministerio Público (MP), se enfocó mucho más en combatir la corrupción que en la investigación criminal, afirma Mario Mérida, quien enfatiza en que la seguridad pública debe enfocarse en garantizar la integridad y la propiedad de los ciudadanos.

 

Roxana Orantes Córdova

 

El 15 de mayo, un twitter del comisionado Iván Velásquez afirma: “Durante el 2017, según la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado de EEUU, pasaron por Guatemala 1.400 toneladas de cocaína. Según el Mingob, durante ese año se incautaron 13.6 toneladas de cocaína en Guatemala, es decir, un poco menos del 1% de la droga qué pasó”.

Esta afirmación fortalece la percepción de que el MP y otras entidades de seguridad ciudadana deben reforzar aspectos como la labor de inteligencia y la investigación. Mérida comenta: “No es grande el número de incautaciones, relacionadas con el incremento de un millón de hectáreas de droga en Colombia, cifra mencionada por el mandatario de ese país en una visita a Guatemala”.

En lo que va del año, se incrementaron los decomisos de droga en un 36%, con relación al mismo período de 2017, informa la agencia EFE. Sin embargo, estas cifras pueden ser fluctuantes y es hasta el final del año cuando se sabrá si en 2018 se incrementaron los decomisos.

 

Homicidios: tendencia a la baja

Carlos Mendoza, analista de Diálogos, afirma que este es el noveno año con una cifra positiva en cuanto a la tasa de homicidios. “Puede afirmarse que están a la baja en el largo plazo. Hasta mayo se reportaba la cifra de 24 homicidios por cien mil habitantes, en comparación con septiembre de 2009, cuando se reportaban 48 homicidios por cada cien mil habitantes”, dice Mendoza.

Cabe mencionar que, internacionalmente, se considera “aceptable” una tasa de 10 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes.

El descenso señalado por Mendoza coincide con lo reportado por la Policía Nacional Civil (PNC) y un informe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, donde se menciona que en el primer trimestre de este año, la tasa “siguió situada por debajo de 25 por cada cien mil habitantes”.

Sin embargo, el analista de Diálogos afirma que en los 70 días entre el 11 de marzo y el 21 de mayo se detecta un incremento que califica como alerta temprana, pese a que el criterio usado por el Ministerio de Gobernación consiste en comparar el período entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017, contra el mismo período de este año.

El promedio de homicidios cuando la tasa es de 26 por cada cien mil habitantes es de unos 13 homicidios diarios. Y aunque la tasa en Guatemala fuera de 20 por cien mil habitantes, esta cifra seguiría siendo muy alta y nos mantendría entre los países más violentos del mundo.

 

De seguridad pública a seguridad ciudadana

Mérida comenta que la seguridad pública es la garantía que el Estado da a sus ciudadanos de velar por su seguridad y sus bienes. Este enfoque cambió a partir de los Acuerdos de Paz, que apuestan por la interpretación derivada de las definiciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El marco legal para el cambio de enfoque en el abordaje de la seguridad es la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, cuyo artículo 35, relativo al control ciudadano, enfatiza en que la ciudadanía debe participar en “la acción pública y en la incidencia en el proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad de la Nación”-

El texto también afirma: “La participación ciudadana es un control democrático externo, autónomo e independiente, que podrá ser canalizado hacia la comisión legislativa correspondiente en el Congreso de la República; al Consejo Nacional de Seguridad, en cumplimiento del artículo 10, literal o) de la presente ley; al Procurador de los Derechos Humanos; a los Partidos Políticos y demás instancias del sistema democrático”.

Sobre esto, Mérida señala que el sistema propuesto no ha sido funcional. Por ejemplo, la comisión legislativa correspondiente no tiene ningún protagonismo, no se han alcanzado estándares aceptables para administrar ese sistema. Un ejemplo, es la Secretaría General de Planificación (Segeplan), cuyo papel fundamental es diseñar el desarrollo del país y que ha derivado en una especie de instituto académico, afirma.

 

 “El MP no debe ser una plataforma política”

El desempeño de las entidades encargadas de la investigación criminal se ejemplifica claramente en el reciente asesinato cometido el 1 de junio en un restaurante de la zona 10, dice Mérida.

“El MP tardó más de una hora en llegar. Cuando finalmente acudieron, los clientes salían del lugar. Es decir, se retiraron los testigos y posibles sospechosos. Uno de los bomberos arrojó algo a la basura. Una total contaminación en la escena del crimen, una absoluta falta de rigor en la investigación criminal, es lo que pudo verse en las tomas televisivas”, comenta.

Para este analista, el desarrollo del factor seguridad tiene dos vectores: por un lado, la labor de inteligencia, prevención e intervención de la PNC y por el otro, la denuncia ciudadana.

Empero, a partir de 2015, es evidente el énfasis que el MP otorgó al combate contra la corrupción, en detrimento de la investigación criminal, que es su verdadera razón de ser, señala.

“Algunos se atreven a decir que a Thelma Aldana le estimularon la creencia de que el MP es una plataforma política. Incluso se habla de una estrategia para reducir los pocos partidos que podrían considerarse sólidos. Sin embargo, el hecho real es que ser fiscal no es rentable como plataforma política. En el panorama de la seguridad ciudadana, Aldana dejó una deuda que deberá pagar Consuelo Porras”, concluye.