Recientemente, circuló la versión de que, según el Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Keneth Merten, no existe colusión entre Rusia y la CICIG, en el caso Bitkov.  Sin embargo, un video filmado en la audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, muestra cómo los representantes Chris Smith, vicepresidente de la Comisión Helsinki y Ed Royce, cuestionaron al  Merten, quien aceptó que no conoce los detalles del caso. La conclusión de la audiencia es que solicitarán la investigación del Inspector General del Departamento de Estado.

Perspectiva entrevistó a los abogados Rolando Alvarado y Victoria Sandoval, quienes valientemente acudieron el 27 de abril pasado a la Comisión de Helsinki a denunciar los innumerables atropellos contra sus clientes y las irregularidades del proceso, que según dicen, podrían dar lugar a que más de un personaje sea sancionado con la Ley Magnitsky, si la investigación resultante determina que hubo colusión.

Roxana Orantes Córdova

La primera impresión que se tiene al dialogar con los abogados Alvarado y Sandoval es su desconcierto ante la divulgación parcializada sobre lo sucedido en la audiencia efectuada el 11 de julio en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Ambos señalan que la cobertura y las informaciones que circularon sobre el hecho están plagadas de confusiones. Una de estas es que “según el Departamento de Estado, no existe colusión”. Al mismo tiempo, es imposible ocultar que el Inspector General del Departamento de Estado podría investigar el caso. Según explica Victoria Sandoval:

“El Departamento de Estado tiene en su estructura diferentes misiones en diferentes países. Además, programas de apoyo según la situación geopolítica o social de cada Estado, en determinadas embajadas. Lo que se está pidiendo es que a través de esta estructura se investigue el caso de los Bitkov y esta colusión entre Rusia y CICIG”.

A lo anterior, Alvarado agrega: “El funcionario cuestionado, al que sentaron a rendir cuentas, es el Subsecretario Adjunto, Keneth Merken. Es evidente en el video que no sabe qué responder”. Cuando el representante Ed Royce le pregunta sobre su posición ante la intención rusa de repatriar a Vladimir, entonces de tres años, la respuesta de Merken fue: “odio expresar esto, pero sobrepasa mi expertis”.

Prácticamente, fue evidenciado que Merken no sabía nada. En otro video, los representantes le dicen: “no queremos que le pregunte a Iván Velásquez, queremos que usted haga su propia investigación”, enfatiza Alvarado.

Sandoval, recuerda que desde la Audiencia Helsinki ha habido muchas comunicaciones entre la embajada estadounidense y el Congreso de ese país. “Lo que pasa es que hay muchos actores y varios tienen los mismos intereses ideológicos”.

Lo que se pretende con la reciente audiencia, es generar una investigación imparcial, eliminar a la embajada estadounidense y otros entes ubicados en Guatemala para que sea directamente el Inspector General del Departamento de Estado quien realice una investigación puramente objetiva, coinciden los abogados.

Alvarado agrega que es necesario romper el vínculo de afinidad ideológica o simpatía personal que pueda haber, a fin de que la investigación no esté contaminada. Lo cierto es que existe desconfianza sobre las innumerables irregularidades del caso, y los abusos contra la familia Bitkov. “Huele a colusión”; dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Muchos son los detalles que pueden evidenciar que este señalamiento de colusión no es producto de una teoría de “conspiración o de paranoia anti CICIG”. Entre otros, es real que la embajada rusa trató por varios medios de repatriar al niño Vladimir, nacido en Guatemala. Por ejemplo, intentaron presionar a Irina para que accediera a cambiar la ciudadanía del niño para llevarlo a Rusia.

Otro elemento es la cobertura que la prensa rusa daba al caso, y sobre todo, el hecho de que el abogado Alfonso Carrillo, vinculado con la CICIG desde la época de Carlos Castresana, y quien ha interpuesto recursos de amparo a favor de la CICIG, también representa legalmente al banco de Vladimir Putin GAZPROMBANK.

Henry Comte, el magistrado suplente de la CC, que ha tenido un papel relevante en otorgar amparos a la CICIG, representa al otro banco estatal ruso, VTB. “Y aunque se ha inhibido de participar en lo relacionado a los Bitkov, no puede descartarse que pueda haber influido de alguna manera”, dicen los abogados.

Cabe mencionar que ambos bancos son los instrumentos administrativos que persiguieron a los Bitkov en Rusia y los acusan de estafa y otros delitos. Según la pareja, ellos fueron clientes que tenían crédito bancario y pagaban sus obligaciones puntualmente.

Aunque el crédito tenía 15 años de plazo, uno de estos bancos estatales que ahora los acusa, les puso un término de 48 horas para cancelar y finalmente se quedó con sus empresas que actualmente, se manejan deficientemente, afirmó Irina Bitkova en una entrevista con Perspectiva.

El 11 de julio, el vicepresidente de la Comisión Helsinki, Chris Smith, pidió verbalmente la intervención del Inspector General del Departamento de Estado, y agregó que pronto lo solicitará por escrito. Es de preverse que los resultados no sean favorables para la CICIG, considerando la larga cadena de abusos e irregularidades tan notorios, que uno de los representantes calificó de ridículo el accionar de la Corte de Constitucionalidad (CC), que desligó a los Bitkov de proceso en abril, dos días antes de la audiencia en la Comisión Helsinki, para retractarse de su propio fallo semanas después, cuando aceptó el ocurso de la juez Erika Aifan que liga a Igor Bitkov nuevamente, con argumentos que para estos juristas no tienen sentido.

“Aceptan que la Convención de Palermo protege a Bitkov por usar DPI y pasaporte guatemalteco, pero no por la licencia y la tarjeta de crédito”, dijo Alvarado.

Evidentemente, ante los senadores de la Comisión Helsinki quedó evidenciado que el fallo de la CC del 25 de abril, tiene características de haber sido una medida desesperada para evitar la comparecencia ante esa comisión, que se realizó el 27 y a la que no acudió Iván Velásquez, pese a estar  citado.

Como agravante, señalan los entrevistados, Alvarado fue “notificado” del segundo fallo de la CC por un periodista, mientras a Bitkov, el principal interesado, se le hizo saber oficialmente varios días después. Es decir, la prensa tuvo acceso a un fallo de la máxima autoridad constitucional, mucho antes que el afectado y su defensor.

Y esta es apenas una “pequeña” irregularidad en la maraña llamada caso Migración y Corrupción, donde una familia de empresarios que escapaba de la implacable persecución del gobierno ruso, terminó involucrada pese a que, por ser migrantes que usaron documentación irregular, debieron ser considerados víctimas de trata y no criminales a quienes la juez Jasmín Barrios condenó a penas propias de crímenes de alto impacto.

Como corolario de los absurdos, mientras condenaba a los Bitkov a penas de 19 y 14 años en prisión, la misma juez Barrios impuso una condena de cinco años conmutables a dos mareros salvadoreños que usaban documentos obtenidos irregularmente para realizar extorsiones y salieron libres inmediatamente, con una caución económica muy cómoda para ambos delincuentes, quienes según afirma Alvarado, “seguramente en este momento están cometiendo algún crimen”.

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