Por segunda vez, un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) perjudica al abogado Conrado Reyes. Inmediatamente, Guatemala Inmortal presentó una solicitud de antejuicio contra los magistrados de la CC, que ha sido cuestionada por sus fallos politizados, si bien el director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo afirma que la mayor parte de altos tribunales en el mundo emiten fallos politizados, puesto que se trata de instancias políticas.

Roxana Orantes Córdova

La CC es una entidad que desata pasiones. Especialmente, en una coyuntura como la actual, donde las posiciones están bastante polarizadas entre la ciudadanía.

Según Edgar Ortiz, quien dirige el área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, los fallos extraños y polémicos de la CC, además de los que tienen tinte de ser politizados, no son algo raro. Durante el gobierno de Álvaro Colom, la CC emitió un fallo que prohibía el uso de los canchinflines, a petición del Procurador de los Derechos Humanos.

“Sin embargo, esto no motivó reacciones y pasó bastante desapercibido. Probablemente, porque en aquel momento, el clima político no estaba tan polarizado como ahora”, menciona.

Otro elemento que para Ortiz es necesario mencionar, es que todos los altos tribunales del mundo emiten fallos politizados. Por ejemplo, en Estados Unidos la Corte Suprema aprobó el matrimonio homosexual o igualitario en un momento en que la “corrección política” demandaba esa medida y bajo presiones de la “sociedad civil”.

“En última instancia, la CC es un organismo político desde su propia configuración. Cada magistrado es electo por una institución del Estado y no es extraño que sus fallos sean politizados. En Guatemala, y en cualquier país”, concluye.

En cuanto a la incidencia que grupos organizados, llamados “sociedad civil” pueden ejercer sobre los altos tribunales, el ejemplo más patente en Guatemala es el de la mina San Rafael, que debió parar labores hace varios meses por la presión de grupos opuestos a la actividad minera identificados como xincas y amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que demanda realizar una consulta popular a los pueblos indígenas antes de iniciar una industria extractiva.

Cabe señalar que el área donde se asienta la mina era conocida hasta hace poco como una región donde predominaba la población “ladina”. Sin embargo, los pobladores opuestos a la minería se identificaron como xincas y con base en esto, demandaron el cierre de esa industria, lo que reportó un descenso en el PIB del país, además de que se manifestó baja en la recaudación fiscal y miles de personas perdieron sus empleos, directos o indirectos.

En el caso del reciente amparo de la CC, el abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal, señala que iniciaron un proceso judicial contra los magistrados de la CC, quienes ampararon a la Fundación Myrna Mack para retirar al candidato de la CSJ, Conrado Reyes, del cargo de magistrado suplente de la CC, para el cual había sido electo.

“Este es otro prevaricato cometido por la CC. El prevaricato es el delito de abuso de poder de un juez cuando hace una sentencia ilegal, como ya sucedió cuando detuvieron ilegalmente las salidas de Ivan Velásquez y el embajador sueco Anders Kompass, cuyo país entrega millones a la ONG´s que abogan por su permanencia en Guatemala. Ahora quieren detener ilegalmente el nombramiento de Conrado Reyes. Además, han otorgado varias veces amparos a abogados como Alfonso Carrillo, operador de la CICIG”.

Reyes vs “sociedad civil”: los antecedentes

Cuando Consuelo Porras fue nombrada Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo propuso para que ocupara el cargo de magistrado suplente de la CC. Un recurso de amparo, interpuesto por la Fundación Myrna Mack, argumentando mal procedimiento en la designación de Reyes, motivó que la CC suspendiera su nombramiento.

En 2010, Reyes fue destituido del puesto de Fiscal General debido al fallo favorable de la CC, que se resolvió en dos horas y luego de que “repercutieran las visitas de diversos sectores sociales y representantes de la comunidad internacional a la corte, donde manifestaron falta de confianza hacia el fiscal general”, según declaraciones del entonces presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, a la prensa.

El fallo de la CC se produjo 48 horas después de que renunciara Carlos Castresana, entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien había pedido la destitución de Reyes al presidente Álvaro Colom.

El argumento de Castresana fue que Reyes estaba vinculado con grupos paralelos. Un dato curioso es que también Castresana calificó a Thelma Aldana como “jueza de la impunidad” y asimismo, fue vinculada con grupos paralelos. Sin embargo, mientras Aldana salió airosa y lavó su imagen, para convertirse en adalid de la lucha contra la corrupción, Reyes sigue pagando su factura a la “sociedad civil”, que se ha empeñado en impedirle cualquier ascenso en su carrera, aunque recientemente, la CSJ que lo propuso para magistrado suplente de la CC, aseguró que el jurista no tiene ninguna tacha.

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