La minera San Rafael lleva 400 días sin operar. La Corte de Constitucionalidad (CC), analiza el caso sin tomar una decisión, aunque existe jurisprudencia. Entretanto, un grupo de trabajadores en paro forzoso esperan la resolución en la entrada de la CC. Según dijeron a Perspectiva, no se identifican como xincas y el deterioro de la vida económica en su comunidad es evidente.

Redacción

Gabriela Roca, la gerente de asuntos corporativos de la minera, y Andrés Dávila, gerente de comunicaciones, explicaron que el paro forzoso de labores en la subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, motiva recesión económica en las comunidades aledañas al área de operación minera.

La situación es complicada y para la empresa, se está convirtiendo en insostenible, dijo Roca, quien añadió que desde el 12 de marzo, los magistrados pidieron un auto para mejor fallar, a fin de recabar información sobre la presencia xinca en la zona, así como un análisis sobre el estudio de impacto ambiental.

Según Dávila, la información referida, fue parte del expediente desde el inicio. Otro aspecto es que los representantes de la minera no han sido informados sobre el estado del proceso, desde el 12 de marzo. Ni siquiera han tenido acceso a los estudios académicos de las universidades del Valle y San Carlos.

Al mismo tiempo, llama la atención que un informativo alude a los informes académicos, que según el mismo medio, “se guardan con recelo, pues ahora son parte del expediente y de los elementos que los magistrados analizarán para tomar una decisión”.

Pese a ello, el mismo texto analiza esos informes que están en una corte como parte de un expediente, y señala que en los estudios citados se concluye en que sí hay población xinca en San Rafael Las Flores, por lo que el Estado debió hacer la consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al respecto, Dávila recuerda que el amparo del Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS), no fue contra la empresa, sino contra el Estado de Guatemala. Por ello, señala, la mina resulta siendo el “tercero afectado”. Contrariamente, la información mediática presenta el caso como si el amparo hubiera sido interpuesto para terminar con las operaciones mineras en San Rafael las Flores.

Finalmente, entre los elementos que muestran a la CC como reacia a decidir, está el que existe jurisprudencia, dijeron los personeros de la minera. En 2017, ese tribunal falló que la hidroeléctrica Oxec mantuviera sus actividades, mientras se dirimía un asunto muy similar, para “no perder la inversión de US$300 millones”.

Además de las millonarias pérdidas que la suspensión de labores en la mina San Rafael significa, Guatemala comienza a ser conocida en el exterior como un país sin certeza jurídica y con un altísimo margen de riesgo para la inversión. Esto podría redundar negativamente en la economía nacional.

La Tahoe Resources Inc tiene todos los elementos para acudir ante un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según los ejecutivos de la minera, se han abstenido porque el daño para Guatemala sería significativo, además de la considerable suma que el Estado tendría que erogar para indemnizar a la minera.

Los migrantes de San Rafael

El desempleo es una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar un padre de familia. De los 500 trabajadores de la mina San Rafael, unos 50 han migrado a Estados Unidos. Dos fueron deportados y uno más, quien viajaba con su hijo, fue separado del niño en la frontera, narran diarios nacionales.

Desde el 10 de mayo, grupos de trabajadores mineros hacen turnos de 15 horas diarias frente a las instalaciones de la CC, donde otro grupo, afín a CALAS, también exige que se reconozca su identidad xinca y se implemente la consulta popular.

Aunque los mineros accedieron a conversar con Perspectiva, no quisieron dar sus nombres pero permitieron que se les tomaran fotografías. Según dicen, la situación económica en San Rafael las Flores se ha deteriorado dramáticamente desde el cierre de operaciones mineras.

“Los comedores, tiendas, barberías, talleres y casi todos los negocios están en situación crítica”, afirma uno de los entrevistados. Y otro añade: “Yo llevaba mi carro al taller de un mecánico que está contra la mina. Hasta los que están en contra se beneficiaban”.

Para estos trabajadores, oriundos de la región, existe mucha desinformación que es divulgada por una “organización que está llena de mentiras”. Según comentan, ninguno de ellos se identifica como xinca y para ellos, la presencia xinca en la región es “una historia pasada”.

“Yo le he preguntado a mis abuelos y tíos, pero nadie conoce de esto. Y ahora están promoviendo la enseñanza de este idioma en las escuelas de la zona. Con todo el respeto que me merecen los pueblos indígenas, creo que sería mejor que les enseñaran inglés, alemán, japonés. Algún idioma que lleve a los niños a ver hacia delante, no para atrás. Nosotros crecimos considerándonos ladinos”, dice uno de los trabajadores.

CALAS; en una situación crítica

Recientemente, Rafael Maldonado, artífice de todo el proceso en San Rafael las Flores, dio a conocer en las redes sociales que había sido despedido de CALAS porque previamente denunció ante las agencias cooperantes de esa organización, la irlandesa Trocaire y la sueca Diakonia, que en esa organización existían actos de corrupción.

La respuesta de CALAS fue acusar a Maldonado por presuntas agresiones contra mujeres trabajadoras de la organización ambiental, quienes habrían llevado el caso a la justicia.

Cualquiera que sea el desenvolvimiento de este incidente, seguramente afectará el desarrollo del proceso. Con Maldonado, CALAS perdió a una de sus piezas más importantes. El abogado es quien entabló contacto con los pobladores, y todos los opositores a la mina confían en él y siguen sus orientaciones.

La debilidad que implica para los opositores quedarse sin líder, podría redundar en que la demanda por la consulta popular para el pueblo xinca baje de intensidad e incida en que la CC finalmente se decida a fallar, lo cual indicaría que la corte se deja influenciar por demandas ciudadanas y sería un elemento poco favorable a la imagen imparcial que esa institución construyó durante décadas.

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