Como un “tercer round” calificó el magistrado de conciencia, Jordán Rodas, su apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), a fin de evitar la investigación solicitada en su contra por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que emitió una condena moral que según la Corte, transgrede el artículo 32 de la Ley de la PDH.

Roxana Orantes Córdova

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, es una figura polémica. En poco más de un año, ha pedido el aval de la CC más de una vez. La primera solicitud, y probablemente la más recordada, fue para revertir la declaración de non grato emitida por Jimmy Morales contra Iván Velásquez, titular de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en agosto de 2017.

El 2 de agosto recién pasado, en conferencia de prensa, el magistrado de conciencia recordó esa acción y afirmó: “gracias a esto, contamos con un comisionado comprometido con la justicia”.

La segunda vez que Rodas obtuvo el aval de la CC fue en marzo de este año, para suspender su asistencia a una citación ante el pleno del Congreso de la República. La petición fue aceptada inmediatamente y el argumento fue que la nota de citación del Congreso contenía errores de fondo. Esta acción fue interpuesta por los tres diputados de la bancada Convergencia.

Por tercera vez, el 1 de agosto recién pasado, el PDH hizo público que apelaría ante la CC la resolución de la CSJ. El primer argumento expresado por Rodas en el comunicado de la PDH, es que “no comparte la sentencia dictada en la acción de amparo”.

En el texto citado, muestra su sorpresa por la “inusual celeridad” de la resolución judicial, que se basa en el artículo 32 de la Ley de la PDH, donde se afirma: “El Procurador no podrá entrar al examen de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial”.

Según expone el magistrado de conciencia en el comunicado, no puede ser “un espectador silencioso” ante el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso. Esto, refiriéndose al ex fiscal Rony López, vinculado a un caso que fue investigado por la CICIG.

La preocupación del funcionario por el resguardo de los derechos humanos para todos los detenidos a quienes se violan sus derechos, es refutada por Irina Bitkova, quien junto con su hija fue condenada a 14 años de prisión por portar documentos de identificación irregulares, mientras el esposo recibió una pena de 19 años, aunque se trata de una familia de migrantes. En su cuenta de Twitter, Bitkova dice: “Ya ni recuerdo cuántas denuncias de violaciones interpusimos a la PDH. No hemos tenido ninguna respuesta”.

Además del caso Bitkov, otros privados de libertad pasan mucho más del plazo legal en prisión preventiva. Entre estos, los más conocidos son el pediatra Jesús Oliva, quien se suicidó luego de que le denegaran la medida sustitutiva, y Manuel Barquín, cuya salud está deteriorada.

El vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, señala: “el PDH se extralimitó en sus funciones y peor aún, interfirió en las funciones de un Organismo de Estado (OJ), por lo que la CSJ ordena sea investigado por el MP. Le corresponde al Congreso iniciar el proceso de su destitución, por incumplimiento de sus obligaciones y extralimitación de funciones. No podemos permitir que ningún funcionario sea superior a la ley”.

En sus redes sociales, el diputado Luis Hernández Azmitia instó a los diputados para accionar por la remoción de Rodas, asegurando que existen suficientes causales. Sin embargo, en su conferencia del 2, el PDH aseguró que acudirá a la Comisión de Derechos Humanos, no ante el pleno del Congreso.

La trayectoria empañada de Rony López

El comunicado de la CICIG que informa sobre la orden de prisión preventiva contra López, se divulgó el 19 de junio y expone que el juez Miguel Ángel Gálvez fijó dos meses para que la Fiscalía concluya la investigación y programó la audiencia de la etapa intermedia para el 29 de agosto.

Según la CICIG, López Jerez fue sindicado por obstrucción de justicia. Desde 2016, López había sido denunciado ante la CICIG por manipular el proceso relativo al asesinato de José Armando Melgar, padre del general Erick Melgar Padilla, acusado por el caso. Según la denuncia, Melgar Padilla favoreció una investigación paralela del crimen.

Hasta que fue señalado, Rony Elías López Jerez, ex Fiscal contra el Crimen Organizado, era un funcionario reconocido por su labor y con “buena prensa”. Un reportaje publicado en 2014, lo describe como alguien que hizo su carrera desde abajo. “Lleva 18 años en el MP y seis al frente de la fiscalía contra el Crimen Organizado. Es un loco del trabajo, algo vanidoso”, menciona el citado reportaje.

Con un historial prestigioso, este fiscal resulta ahora víctima de un sistema que abusa de la prisión preventiva. Lo paradójico del caso, es que muchos de los investigados por López, han permanecido meses, y hasta años, en prisión preventiva.

En cuanto a Jordán Rodas, todo pinta a que saldrá airoso de esta nueva crisis. Especialmente, si comparece ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde Nineth Montenegro tiene un papel preponderante (aunque no preside la comisión citada), y considerando que Rodas fue correligionario de Montenegro, como candidato a concejal de Quetzaltenango, postulado por la coalición VIVA-EG.

Como antecedente, cabe recordar la comparecencia del procurador a esa comisión en marzo recién pasado, cuando mientras él departía con los legisladores, grupos afines a Winaq, Convergencia y URNG manifestaban su apoyo al magistrado de conciencia, en contraposición a las 35 mil firmas recaudadas por Guatemala Inmortal para pedir su destitución.

Si Rodas comparece ante la comisión y no ante el pleno, es importante considerar que, de los 13 integrantes, cinco representan a estos partidos: EG, VIVA, Winaq, Convergencia y URNG, que anteriormente mostraron su afinidad con el procurador.

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