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La coalición mexicana Acción Ciudadana contra la Pobreza, que reúne a 60 organizaciones, reportó que unos 30 millones de votantes estuvieron expuestos a la compra o coacción del voto, con base en una encuesta realizada a nivel nacional entre el 6 y el 26 de junio.

Redacción

Un youtuber mexicano denuncia que actualmente existe una tremenda pérdida de valores, la que se expresa en la aceptación de vender el voto, pero va mucho más lejos y llega a la oferta de votos en redes sociales y páginas de compraventa, afirma y agrega que el costo social de esto es que se demeritan las elecciones.

Aunque estas ofertas bien pueden tratarse de bromas, son uno de tantos elementos que sirven para tomar el pulso a un proceso electoral donde la violencia ha sido la mayor en la historia moderna de México, dicen medios de comunicación de ese país, donde desde septiembre de 2017, 48 precandidatos y candidatos fueron asesinados.

Según Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la compra de votos y coacción se manifestaron por lo menos en 25 estados. Según la misma fuente, las credenciales de elector han llegado a venderse hasta en 10 mil pesos en Coyoacán e Iztapalapa, demarcaciones gobernadas por el PRD donde se han reportado recurrentes denuncias de ciudadanos a quienes les piden copias o las credenciales originales a cambio de dádivas o dinero.

La compra de un voto puede ir de 200 pesos a 5 mil (entre 10 y 250 dólares). Quienes compran votos también ofrecen pago en especie, consistentes en despensas o utensilios, registra la plataforma de denuncia anónima llamada democraciasinpobreza.mx. Otras modalidades de este tipo de corrupción van desde el condicionamiento de beneficios de programas sociales a tarjetas con depósitos bancarios.

En este contexto, las últimas encuestas colocaron a Andrés Manuel López Obrador con un promedio del 49% de intención de voto, mientras sus rivales, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, llegaron al 27% y 21% respectivamente. Luego de varios intentos fallidos y procesos en los que ha denunciado fraudes, López Obrador podría llegar a la presidencia como ganador de un proceso violento y en el cual sus contrincantes resultaron bastante señalados de irregularidades.

El triunfo de AMLO, como lo conocen en México, representaría un viraje hacia la izquierda en la administración del vecino país. López Obrador ha declarado más de una vez que es partidario del castrismo y el sandinismo. Su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es parte de la coalición izquierdista llamada Juntos haremos historia.

Guatemala es uno de los países con menos kilómetros de carretera por habitante. Hace décadas, la red vial permanece desatendida y muchos de los proyectos de construcción quedaron inconclusos y a merced de la corrupción. El proyecto de ley 5431 busca responder a estos retos aunque todavía queda mucho por corregir y apenas lleva dos pasos avanzados, de los 14 que requiere la aprobación de una normativa.

Redacción

El foro denominado Iniciativa 5431, Ley general de infraestructura vial y experiencias internacionales en la operación de carreteras fue un evento que agrupó a expertos internacionales y locales, quienes expusieron las diferentes aristas de la problemática vial en Guatemala, así como experiencias de gestión, construcción y mantenimiento en otros países.

La actividad fue organizada por el Congreso de la República, el Ministerio de Economía, el Banco Mundial, la USAID, el Instituto Republicano Internacional y la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA).

Entre los ponentes estuvieron Oscar de Buen Richakarday, ex Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México; los directivos de Evercore Partners México, Antonio Souza y Arturo Ramírez Verdugo; Gregoire Gauthier, especialista en Transporte del Banco Mundial y los legisladores guatemaltecos Luis Contreras y Carlos Barreda, así como el ministro de Economía, Acisclo Valladares.

Entre los datos que se dieron a conocer en el seminario, resalta una comparación del número de kilómetros de carretera por habitantes. Por ejemplo, EEUU tiene 20.5 kilómetros por habitante; Japón, 9.2; Costa Rica, 8.71; Brasil, 7.9 y Guatemala, apenas 1.0.

Otro aspecto que muestra la necesidad de que la red vial reciba una atención urgente, es que no existen registros adecuados de las carreteras existentes. Hay varios tramos carreteros no reconocidos ni registrados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), y esto significa que estos tramos no reciben mantenimiento.

Como fortalezas del país para implementar un nuevo modelo de atención vial, basado en el sistema de financiamiento de proyectos, Guatemala cuenta con estabilidad macroeconómica y una deuda manejable, señaló uno de los expositores.

Entre los esfuerzos para encaminar al país a la revitalización de la red de carreteras, está el proyecto de ley promovido por empresarios que actualmente se analiza en el Congreso.

Para su aprobación, necesita mayoría calificada (105 votos), y por otra parte, ya hay algunos cuestionamientos, como el análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), cuyo analista, Ricardo Barrientos, señala que contiene varios aspectos que deben ser revisados y modificados.

El principio de un largo camino

El proyecto 5431 fue presentado a la dirección legislativa y al pleno del Congreso. Los siguientes pasos para su aprobación son: dictamen de la comisión; lectura en primero, segundo y tercer debate; aprobación de artículos, aprobación de redacción final; número de decreto; envío al Ejecutivo; sanciones, veto, publicación oficial y fecha de entrada en vigencia.

El proceso puede ser arduo y extenso. No sería la primera vez que un proyecto legislativo se queda en el camino de la discusión, que por otra parte puede tardar varios meses. Ello, pese al optimismo manifestado en el seminario por el diputado Carlos Barreda. Entre los escollos de una pronta aprobación, está que la normativa requiere una mayoría calificada. Para obtenerla, se precisa el consenso de 105 legisladores.

Barrientos señala que las exposiciones de los expertos en el seminario, confirman la apreciación de ICEFI en cuanto a las debilidades de la ley. “El proyecto está inspirado en una idea buena, pero al mismo tiempo, la 5134 es una iniciativa plagada de errores”, dice.

Entre otras debilidades, señala que existe un mal diagnóstico del sector público y recuerda que el país tiene dos graves problemas: por una parte, los problemas gravísimos de corrupción relacionados con los contratistas del Estado y por otra, la escasa capacidad del sector financiero para enfrentarse a un reto como el sistema de financiamiento de proyectos.

Una de las dudas que plantea el ICEFI es el modelo de gobernanza planteado por la iniciativa. “Si ya está vigente el modelo de concesiones, en el artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿por qué inventar algo nuevo?”.

Como elemento interesante, señala que según lo propuesto, en este tipo de alianza público privada, es la iniciativa privada la que asume el riesgo. Sin embargo, se plantea la duda sobre la capacidad del país para realizar un estudio de aforo con la calidad requerida por el sistema.

Al respecto, uno de los expositores mencionó que en todo el país solamente existen dos básculas en peajes de carreteras y por lo menos se necesitarían 40, para tener un estimado de los pesos que circulan. “Si no hay básculas, no puede haber estadísticas. Y entonces, tampoco puede haber un estudio de aforo”, afirma.

Por último, el tema de los peajes puede ser controversial, en un país donde no existen rutas alternas. “Es de temer que la ciudadanía pueda rechazar las vías con peaje”, expresa. Y, según los expertos, el cobro de peaje es un elemento fundamental para el sostenimiento y desarrollo de la red vial en el sistema propuesto por la iniciativa 5431.

Otra vez, un desastre natural se convierte en tragedia nacional.  La falta de coordinación en el abordaje a la erupción del volcán de Fuego, muestra que el país sigue siendo reactivo y no preventivo, coinciden en decir un ambientalista y una legisladora. Horas después del evento, el Congreso aprobó el Acuerdo Gubernativo que declara el estado de calamidad pública, mientras instituciones y cuerpos de socorro continúan los rescates.

Roxana Orantes Córdova

La falta de previsión es el elemento más evidente, tras la catástrofe generada por la erupción del volcán de Fuego, que afectó a los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, donde causó estragos que están por cuantificarse.

El diputado Manuel Conde Orellana, de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, expresó su consternación ante la tragedia.

Por otra parte, Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), afirma: “Se trata de una tragedia lamentable, en la que es evidente la escasa preparación en gestión de riesgos. Seguimos siendo un país reactivo, no preventivo”.

El tema es más triste porque involucra vidas que se pierden por la falta de visión en varios aspectos, especialmente la prevención de riesgos, pero también la infraestructura, dice Maldonado, y agrega: “Muchos puentes de Escuintla están construidos como parte de la carretera, no como puentes. El  cauce de los ríos es un drenaje natural para la lava volcánica”.

Según este especialista en legislación ambiental, “Si esta tragedia no nos sirve para crear un instrumento que contribuya a una adecuada gestión de riesgos, vamos a seguir condenados a repetir situaciones tan penosas, por falta de capacidades”.

El Acuerdo que establece el estado de calamidad fue aprobado en el Congreso de la República con más de 105 votos. Es decir, con una cifra superior a la mayoría calificada. Entre quienes mostraron renuencia, se menciona a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena y Orlando Blanco. Perspectiva intentó contactarlos, pero no respondieron el teléfono.

El Acuerdo quedó aprobado al finalizar la tarde del 4. Según la diputada Nineth Montenegro, se mantiene el contenido de la propuesta gubernamental, aunque se agrega como requisito que las compras efectuadas bajo el Estado de Calamidad sean registradas en Guatecompras.

“También hay una donación de Q10 millones, provenientes de los ahorros del Congreso de la República, para los huérfanos de la tragedia. Todos los fondos deberán ser auditados y fiscalizados debidamente”, señala.

“El panorama era muy bueno y solo caía ceniza”

La falta de previsión y una cultura que privilegia la reacción sobre la alerta temprana se evidencian en la declaración de Sergio Cabañas, secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quien poco después de los sucesos dijo en una conferencia de prensa: “Ustedes estaban en el chat de Conred. El panorama era muy bueno en la mañana y solo caía ceniza y no era motivo para evacuar a las personas”.

Ello, pese a que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), había comenzado a emitir alertas tempranas desde la madrugada del 2 de junio, afirma la diputada Nineth Montenegro.

Y Maldonado añade: “Los huéspedes del hotel La Reunión comenzaron a ser evacuados aproximadamente a las diez de la mañana del 3. A la una de la tarde ya no quedaba en el sitio más que personal de seguridad. Entretanto, a los habitantes de las comunidades más afectadas en Escuintla, se les comenzó a evacuar poco después de mediodía”.

El jurista comenta que una de las comunidades donde podría haber más daños es San Miguel los Lotes. “No es una aldea, sino una colonia, donde habitan muchísimas personas desde hace bastante tiempo. Las casas están pegadas unas a otras, es una urbanización, no una aldea”. Y esto, señala, puede hacer prever una tragedia de la magnitud de El Cambray.

En un video que circula en las redes sociales, una sobreviviente identificada como Olga Marina, asegura que por lo menos 15 miembros de su familia están desaparecidos. Junto con otros sobrevivientes, increpa a personal de Conred, por evacuarlos a las tres de la tarde, según afirma.

Junto a la falta de un plan de contingencia, la poca coordinación entre el mandatario y su gabinete se evidenció en la primera declaración de Jimmy Morales, quien en conferencia de prensa afirmó:

“Nuestro presupuesto no nos permite designar ni un centavo para atender la emergencia. Me da vergüenza volver a decirlo, pero por la Ley del Presupuesto no podemos contar con un solo centavo para emergencias”.

Lo anterior, aunque cada año, el Presupuesto General de la Nación contempla un rubro para emergencias nacionales, que en 2018, la suma es de Q300 millones, señala Montenegro, quien agrega que el Ministro de Finanzas aclaró el punto poco después de la declaración del mandatario.

Finalmente, dice Maldonado, existe responsabilidad en una seguidilla de ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales, puesto que desde 2013 se estableció en una ley la necesidad de un Fondo Nacional para el Cambio Climático.

Esto no se ha realizado, señala, por falta de interés en su implementación, y “por incompetencia de cada uno de los ministros y ministras”.  Según dice, se trata de un fondo que podría subsanar muchas de las carencias del país en materia de prevención ante desastres como el que, actualmente, enluta a Guatemala.

Por: Roxana Orantes Córdova

Esta es la primera de una serie de entrevistas a los secretarios generales de partidos políticos que se preparan para participar en la contienda electoral de 2019. Andrés Ayau García, secretario general del Partido Liberal de Guatemala (PLG), expone los principales aspectos del Estado que esa organización reformará, de llegar al gobierno.

Ayau García es hijo de Manuel Ayau Cordón, a quien puede considerarse gurú fundador del liberalismo guatemalteco. Desde la academia y la política, Manuel Ayau luchó durante décadas para instalar los valores liberales.


El PLG mantiene vigente el ideario de Manuel Ayau: los principios liberales de igualdad ante la ley, garantías a la propiedad, impuestos mínimos pero eficientes y un gobierno que garantice la propiedad y la vida de la ciudadanía.


¿Cómo surge el Partido Liberal de Guatemala?

El PLG nació a la vida legal en el 2014 y fuimos autorizados en el 2015, pero nuestra historia en Guatemala tiene más de sesenta años y nació por mi padre, Manuel Ayau Cordón, quien aproximadamente a los 25 años, vio que no había trabajo en Guatemala y comenzó a investigar las razones de esta situación, en un país que tiene magnífica gente, magníficos ciudadanos, excelentes materias primas, recursos abundantes como agua y una localización geográfica de primera.

Se preguntó por qué Guatemala era pobre, comenzó a estudiar y en ese momento fundó el Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES), surgido en 1958. Luego nació la Universidad Francisco Marroquín, de ahí nacieron las universidades Galileo y De Occidente. Además, una universidad virtual y gratuita, la IEIRA.

El partido tiene una base histórica de vasta experiencia. Mi papá fue diputado en los setentas. También fue candidato a presidente y vicepresidente. En ese momento, él estaba muy avanzado con relación a las prácticas mundiales. El socialismo estaba muy fuerte. Estaban más interesados en destruir la economía de los países, la sociedad y las familias. Por lo tanto, se establecieron mecanismos socialistas para desmotivar o penalizar a las personas productivas.

Una de las iniciativas para contrarrestar esto fue la fundación de Pro Reforma, una propuesta de reformas a la Constitución que los diputados engavetaron ilegalmente, aunque tenía más de setenta y tres mil firmas. En el 2014 decidimos dar el paso hacia la política.

Nos ha costado muchísimo organizar un partido. Pero gracias a miles de personas que han respondido positivamente, estamos vigentes, activos y muy motivados y agradecidos por la gente en todo el interior del país y aquí en la capital.

¿Por qué es necesaria esta opción política?

Los partidos que han gobernado en los últimos años no han hecho una propuesta para hacer cambios reales o introducir un sistema que permita a los guatemaltecos progresar, con paz y justicia.

Guatemala heredó un sistema de España. Nuestra Constitución se hizo con base en esa Constitución y son normativas que no le permiten al pueblo salir adelante, salvo que tengan gran influencia en el gobierno o muchos privilegios. Es necesaria la opción del PLG, porque hay que modificar el sistema legal de Guatemala.

Nuestro primer punto básico es establecer un sistema donde las reglas del juego, las políticas legales sean las mismas para todos. Que nadie tenga opción de tener una ley diferente. Eso es lo básico para nosotros. Es el fundamento.

Seguiremos siendo un país subdesarrollado si no garantizamos que todos los guatemaltecos somos iguales ante la ley, que el gobierno garantice nuestra propiedad.

¿Cuál es la propuesta del PLG?

Los guatemaltecos requieren algo muy importante: tener pan en su mesa, trabajo para poder vivir bien. También queremos tener certeza de que nuestras familias se van a fortalecer y nuestros hijos van a tener futuro en Guatemala. Un futuro prometedor. Un buen futuro. Y que haya trabajo para todos.

Entre las propuestas más importantes, está lo que llamamos “la fertilización del progreso”. Es una fórmula como la de los fertilizantes: 10-60-20-20. Los agricultores la van a comprender muy bien, porque ellos manejan el triple quince y otros semejantes.

El diez significa que solo tiene que haber un impuesto en Guatemala: El IVA al 10 por ciento. Cuando usted compra una coca cola, una bicicleta, una blusa, unos zapatos o un carro, va a pagar su IVA. Y cuando vende sus servicios, lo cobra. De ahí saca la diferencia y eso es lo que le toca contribuir al gobierno. Se eliminan el ISR, el IUSI, todas las barreras arancelarias. Todo baja a cero. El impuesto a la tierra y todos los que conocemos.

Se trata de impuestos que en primer lugar, es muy costoso cobrarlos pero además generan una gran discrecionalidad para los burócratas y es la mayor fuente de corrupción en Guatemala. Porque si usted trae un contenedor, el vista de aduanas puede decirle “páseme algo” (como soborno) y al final, es el vista quien tiene la decisión de entregarle su mercadería. Y no importa cuál es el producto.

Si usted compra un carro barato, va a pagar poco. Si compra un carro caro, pagará mucho. Pagar de acuerdo con lo que se consume, elimina el noventa por ciento de la corrupción. De golpe. Y eso es lo que más necesitamos en Guatemala. Terminar la corrupción.

No se necesita estar metiendo a toda la gente en la cárcel. Porque ya hay un montón de gente en la cárcel y la corrupción está galopante en Guatemala. Y si usted quiere poner algún negocio, no puede. Una tienda, un restaurante, cualquier negocio. En todos los ministerios le cobran mordida por sacar una licencia. Todo eso hay que quitarlo, eliminarlo.

El primero del 10-60-20-20, es el IVA al diez por ciento para todos. Para los emprendedores en Guatemala, ese impuesto tiene otra gran ventaja. Se sacará a la SAT de sus empresas. La SAT no es necesaria. Necesitamos que todos los guatemaltecos trabajen y produzcan.

Y todos los de la SAT y todos los burócratas que van a sobrar, tienen que salir a producir. Y tienen que pagar sus impuestos. Eso va a generar muchos recursos para el gobierno.

Entonces, la base tributaria se convierte de inmediato en los diecisiete millones de ciudadanos. Digo diecisiete, porque hasta el bebé más pequeño necesita pañales, necesita compotas, necesita comer. Cada vez que la mamá va a comprar algo, está pagando su impuesto, por su hijo.

Entonces, todo Guatemala entra al sistema formal de la economía. Se elimina la corrupción, se elimina el contrabando. Porque es más barato pasar el puente, como debe ser, que pasar el río. No se necesita pasar por el río. Porque no hay impuestos, a todo el mundo se le simplifica.

Con relación al 60-20-20, esto tiene un fondo muy importante y es que, desde la época de la colonia, todos los impuestos iban hacia el virrey, al virreinato y después, a la capital de Guatemala. Ya es hora de quitar esto.

Los impuestos se tienen que quedar en donde se generan. Si en Huehuetenango los producen, ahí se pagan y ahí deciden cómo invertirlos. Nada de venir a pedir permiso a la capital. Lo que va a suceder, es que los alcaldes, con su concejo, tomarán las mejores decisiones: si una calle va a ser de asfalto o concreto, el tema de los drenajes. Ellos decidirán. Y van a tener los recursos, porque ellos ya los generaron.

Hoy día, lo que sucede se llama expoliación. Es un robo legalizado. Hoy, el gobierno central de Guatemala le roba el dinero a todas las alcaldías, a todos los ciudadanos del interior del país. Eso se tiene que terminar. Lo que nosotros proponemos es eso: que el dinero se quede donde se produce.

Las alcaldías van a cobrar el IVA de sus municipios. De lo que cobren, se quedan con el 60 por ciento. Veinte por ciento se lo dan a la gobernación departamental, cuyo gobernador va a ser electo por los concejos municipales. Y el otro veinte se lo dan al gobierno central.

Cada departamento se quedará con el ochenta por ciento de lo que genera. Imagínese como sería Escuintla, el Puerto de San José, si se quedaran ahí los impuestos que se generan. Almolonga, Chinautla, todos generan tanto.

Además, la gente va a regresar a vivir a sus lugares de origen. Entonces, se acaba la migración interna, porque ya no es necesario venir a Guatemala a invadir los barrancos para poder vivir, a ver si aquí tal vez hay trabajo. No, va a haber trabajo en el interior.

La otra propuesta es reducir el Congreso. Eso es muy importante. Los diputados tienen que ser representantes de sus comunidades. No pueden ser, como ahora, personas que se desconocen, que no se sabe quiénes son. Hay que poner un voto nominal. Y nosotros proponemos que se modifique la ley electoral. Que cada ciudadano vote por cuatro diputados.

Porque todos tenemos que estar bajo la misma ley. Por ejemplo, hoy día en Huehuetenango el ciudadano vota por doce diputados. En El Progreso vota por dos. ¿Por qué esas diferencias si todos vivimos aquí, todos somos ciudadanos, todos tenemos las mismas costumbres?

Es un sistema injusto que provoca corrupción, ineficiencia, gastos. Está demostrado que no sirve. Entonces, nosotros decimos: hay que modificar el Congreso. Hay que bajar a 88 diputados, cuatro por departamento, incluyendo a la capital, al departamento de Guatemala.

También hay que eliminar la deuda política, donde el Estado le paga a cada partido US$3 por cada voto. Esa es otra fuente de corrupción fuertísima. Los partidos grandes reciben una cuota muy grande de la deuda pública. Ahí no hay igualdad ante la ley.

Además, proponemos ponerle competencia al seguro social, que es algo muy importante para todos, pero adoptamos un sistema que no funciona. No hay que cerrarlo pero hay que ponerle competencia. Que cada persona decida dónde quiere pagar su cuota del seguro, a qué empresa se lo pagará. Ese sistema existe y funciona en muchos países.

Otro aspecto heredado de España que debe modificarse, es la propiedad del subsuelo. Era ley desde hace mucho tiempo, El subsuelo era del rey. Lo que decimos es “no. El dueño de la tierra también es dueño del subsuelo”. Y todo lo que encuentre en su propiedad, usted lo puede negociar con cualquier empresa que se lo pueda pagar. Ahí está lo que le decía al principio, la importancia de la propiedad.

Vamos a trabajar muy fuerte para enmendar el registro de la propiedad y que todos los papeles estén al día. Este es uno de los compromisos. Todo va a estar debidamente inscrito. Si usted tiene una finquita, un terrenito, cinco cuerdas, lo que sea, y las quiere hipotecar, vender, regalar, es su propiedad y usted lo puede usar. En el interior, casi el setenta por ciento de las propiedades no están tituladas. Hay que arreglar esto. Va a tomar unos años, pero hay que hacerlo.

Y si encuentra algo en su terreno, es suyo. Cuando vende, cobra el IVA y esa es su contribución. Si encuentra una ruina maya, la desarrolla como un centro turístico y lo va a cuidar mejor que el Estado. Guatemala tiene un potencial turístico espectacular.

¿Cuáles son los problemas más urgentes que tiene Guatemala?

En todo el país es indispensable reformar el sistema de justicia. El gobierno tiene que garantizar su vida, su propiedad  y su libertad. Esa es la razón por la cual queremos hacer gobierno y que los funcionarios sean muy eficientes. Si alguien viene y le bloquea la carretera, están violándoles a todos los demás guatemaltecos  el derecho a la libre locomoción. Entonces, hay que quitarlos y que la policía se encargue. Porque no puede ser que estén bloqueando carreteras todo el tiempo.

¿Cómo valora el desempeño de las instituciones de justicia en este momento?

Nunca ha servido en Guatemala. Aquí siempre se ha hablado de comprar jueces. Alguien compra a los jueces, a los magistrados. Alguien les paga. Ahora se compra a los otros. Ya sabemos quién compra. Sean locales, internacionales, gente de pisto, gente sin pisto. No se aplica la justicia.

Y esa es la principal razón de por qué Guatemala es pobre. No existe la certeza jurídica. Tenemos un proyecto para modificar eso. Hay que modificar la forma en que se eligen jueces y magistrados. No puede ser al dedo. Tiene que haber sistemas de justicia en todo el país. También habría que regresar a figuras como la de juez de paz. Los alcaldes eran jueces de paz y esa figura debiera volver. Esto estaba previsto en Pro Reforma.

El Organismo Judicial tiene que tener su propi presupuesto. No puede ser como ahora, que el deporte tiene más presupuesto que la justicia. La Universidad de San Carlos tiene más presupuesto que el sistema de la justicia.

Hay que hacer honorable el trabajo de los jueces y magistrados. Tiene que ser un honor y una carrera de por vida. La CICIG, las Naciones Unidas, los que están interfiriendo en nuestro sistema de justicia, solo han sido otros jugadores que tampoco han resuelto el problema hasta el momento.

Porque la corrupción sigue igual en Guatemala. Tal vez ahora está hasta peor. No es por el camino en el que ellos van que está componerlo. Está en todos los ciudadanos, quienes tienen que hacer dos cosas.

Primero, exigir la justicia igual para todos. Con su voto, podrán escoger a un partido que proponga esto. Y lo otro: los guatemaltecos tenemos que parar la corrupción hasta en las cortes, dejando de pensar que el gobierno nos resolverá todo.

¿Cuál es la situación actual del PLG?

A la fecha, estamos por terminar las asambleas municipales requeridas por ley, comenzamos a hacer las departamentales y tenemos la nacional programada para el 19 de agosto.

Nosotros tenemos confianza en que la gente sabe escoger muy bien qué necesita. Por supuesto, siempre hay gente que no quiere. Hay gente a quien le gusta comprar tomates shucos, por ejemplo. Entonces, que se compre tomates shucos, así como se puede comprar una mala medicina, un mal carro o unos malos zapatos.

Pero si está preocupado por sus cosas, probablemente va a escoger bien, porque no le gusta que lo estafen. Eso es muy importante. Nosotros tenemos mucha confianza en la decisión, en el criterio de los guatemaltecos.

Por: Redacción      

La iniciativa en la que participan diferentes instituciones para promover la transparencia alcanzó los nueve integrantes, con la incorporación de Crime Stoppers, informó Javier Zepeda, director de Cámara de Industria de Guatemala (CIG).


En la conferencia de prensa ofrecida en la Cámara de Industria se dieron a conocer los avances del programa Guateíntegra. Según Zepeda: “El esfuerzo en conjunto que hemos hecho nos ha servido para darnos cuenta de la enorme tarea que aún tenemos por delante, lo que se viene para Guateíntegra es seguir enfocados en conectar los objetivos del programa con acciones que tengan un alto impacto en nuestra sociedad”.


El programa nació a mediados de 2015, ante la iniciativa de la International Chamber of Commerce y la CIG, para contribuir con la formación de una nueva generación de ciudadanos que sean actores y no solo espectadores en la construcción de una Guatemala transparente”, indica el comunicado de la CIG.

Los aliados de esta iniciativa son: Acción Ciudadana, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Prensa Libre, United Way, Burson Marsteller y Crime Stoppers Guatemala.

El programa se presentó a principios de mayo de la región a jóvenes universitarios durante el primer encuentro regional de la Red Centroamericana y del Caribe para el Servicio Público y Fundación Botín.

A principios de junio se presentará una obra teatral a las niñas de la escuela República de Colombia, con la temática de la ciudadanía responsable y el amor patrio. Se pretende presentar más funciones escolares.

Además se han realizado acercamientos con diversas instituciones: Konrad Adenauer Stiftyng, Tribunal Supremo Electoral, International Republican Institute, la Cámara de Comercio y ASAZGUA.

 

Algunos de los puestos públicos en Guatemala son muy codiciados. Entre estos, la jefatura del Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Redacción

Para este artículo se revisaron las páginas oficiales de tres instituciones del Estado: el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Los datos sobre sueldos y salarios son parte de la información pública que las instituciones deben colocar en sus páginas de internet. Sin embargo, pocas son las que cumplen con este requisito. Por ello se consideraron tres instituciones que mantienen esta información actualizada.

La distribución de puestos y salarios en el Estado es un fiel reflejo de la distribución a nivel empresarial. El Fiscal General o el Procurador de los Derechos Humanos tienen sueldos muy similares a los de un gerente en la región centroamericana, según lo que indica la página del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS).

Los salarios de los tres funcionarios que aparecen en las páginas institucionales: PGN, MP y PDH, equivalen a los de gerentes locales que consigna el SEIS de 2017, en tanto que un gerente regional puede alcanzar los US$ 12,321 (aproximadamente Q91,555).

El SEIS consigna que un gerente local en Guatemala percibe US$ 6,678 mensualmente, lo que aproximadamente equivale a Q49,623. Este es el promedio mensual que perciben los funcionarios que encabezan las instituciones citadas: Fiscal General, Q49,986; PDH, Q46,447 y PGN, Q39,055.

Sin embargo, a diferencia de los gerentes locales de la iniciativa privada, los funcionarios gozan de una serie de prebendas, como gastos de representación, bonificaciones especiales, viáticos y pago de diferentes servicios: teléfono móvil y automóvil institucional, entre otros.

En el SEIS se da a conocer que, de los gerentes, directivos y ejecutivos analizados en el estudio citado, el 6% usa automóvil de la empresa; un 8% goza de bono vacacional; el 14% dispone de un celular pagado por su empresa; y al 17% se le reconoce la depreciación de su vehículo. En tanto, el bono por logro de metas está entre el 34% y el 45%.

El reconocimiento a los resultados es inexistente para los funcionarios de todo nivel en el Estado, desde quienes encabezan las instituciones, quienes perciben más de Q40 mil mensuales, a quienes tienen un pago cercano al salario mínimo (poco más de Q2 mil).

En este sentido, los pactos colectivos son el ejemplo de bonificaciones extras y pagos anuales, mensuales o trimestrales que equivalen a la totalidad del salario de quien los goza (incluyendo a todos los niveles).

Está ampliamente documentado cómo los empleados de las instituciones que tienen pactos colectivos firmados, disponen de una diversidad de incentivos adicionales y muy superiores a lo que se considera el estándar para cualquier trabajador del sector privado.

Sin embargo, para obtener cualquiera de esas prebendas, es suficiente con ser trabajador de esa dependencia. No existe un mecanismo para premiar la excelencia, la honradez o la productividad y al mismo tiempo, aspectos como los viáticos o las compras directas reciben poca atención en términos de fiscalización.

Más de veinte años trabajando al lado de Álvaro Arzú, son el aval para garantizar que la administración de la alcaldía metropolitana seguirá la línea marcada por el recientemente fallecido alcalde, asegura el actual jefe edil.

Ricardo Quiñonez comenzó su carrera política en 1996, cuando Álvaro Arzú lo llamó para apoyar la consolidación del proceso de paz. Durante una década fue vice alcalde de la ciudad. Administrador de empresas, cursó la maestría en una universidad estadounidense y asegura que cuenta con un sólido equipo preparado para dar continuidad al legado de Arzú: su visión.

 Roxana Orantes Córdova 

¿Qué podemos esperar los capitalinos de la alcaldía con la nueva gestión?

En realidad, la gestión no es nueva, yo fui vice alcalde por una década, así que he tenido a mi cargo la operación municipal y lo hice de la mano del Alcalde Arzú, un mentor que siempre se preocupó por delegar funciones, y preparar al equipo de colaboradores para poder hacer las cosas de acuerdo a los valores y principios que él practicaba: trabajar sin descanso, dar prioridad al vecino, luchar por el bienestar colectivo, innovar y adelantarse a las necesidades, porque la Ciudad de Guatemala crece al ritmo de la inmensa cantidad de gente que migra del interior y de la multiplicación natural, así como por el intenso flujo de trabajadores que vienen de los municipios dormitorio diariamente, lo que requiere normas y mucho control, y adaptarse todo el tiempo a novedades.    No importa qué tanto hacemos, el crecimiento exige adaptarnos y buscar nuevas soluciones.   La ciudad de Guatemala está viva, en movimiento, y requiere mantenernos en acción permanente.

 ¿Considera que la estructura de organización instalada por Álvaro Arzú resistirá a su ausencia?

La meta es seguir haciendo lo que aprendimos al lado suyo, renovándonos y adaptándonos a las eventualidades, y con el mismo propósito en mente.   La estructura fue ideada para sobrevivir, porque contamos con un grupo de directores preparados y con experiencia, y un equipo de alcaldes auxiliares a mi cargo para descentralizar y realizar obra en todas las zonas.   La política del plan Visión Futura es beneficio con equidad.

 ¿Cuál es el legado de Arzú a la Muni y al país, por qué es importante preservarlo?

Su visión, porque él nos enseñó a mirar hacia el futuro, a trabajar sin descanso por una ciudad verde y limpia, con vecinos dignificados, y consolidar así la idea de una ciudad para vivir en familia: donde los hijos puedan crecer, desarrollarse y realizarse.

Queremos preservar su memoria implementando proyectos e innovaciones en línea con el plan general trazado.

 ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta como nuevo alcalde?

La constancia, sirviendo a la comunidad, adelantándonos a sus necesidades.

 Entre los asuntos pendientes de la Muni están el relleno sanitario y la escasez de agua. ¿Hay planes para abordar estos?

Hemos avanzado mucho en el relleno sanitario, tendrían que ir a conocer.   Las contrariedades no faltan, pero el orden, organización y exigencia son altos.   El proceso a futuro ya está avanzando. No hemos estado cruzados de brazos.

En cuanto a la escasez de agua, el problema es mundial, y en la Ciudad de Guatemala afecta el crecimiento poblacional desmedido en sectores específicos.   No hemos parado de sumar caudal y mejorar la distribución, pero hay épocas cuando escasea y es necesario racionar.  Cada día tenemos más gente viviendo en la ciudad, usa el recurso escaso.   Continuaremos buscando fuentes, y concientizando a los vecinos para evitar el desperdicio.

 ¿Cuáles son los logros más emblemáticos de la Muni que le valieron premios internacionales al alcalde?

La Ciudad de Guatemala es modelo en limpieza y organización, y se viene trabajando en el rescate del espacio público para los vecinos.   El Paseo de la Sexta es un ejemplo, un espacio donde los vecinos se distraen y comparten como comunidad.   Tenemos una ciudad con un plan a largo plazo, eso es lo que llamamos Visión Futura.

 En cuanto a promoción cultural, ¿qué proyectos tienen mejor acogida de los vecinos: escuelas de arte, bibliotecas móviles, otros?

La preocupación municipal es dar ocupación a los vecinos, llevando cultura, educación y capacitación para el trabajo…En cada zona hemos ido implementando ocupaciones según las necesidades.   Lo que determina qué se lleva a cada colonia, barrio o comunidad es lo que solicitan los vecinos.

 Hablemos un poco sobre Ud. ¿Quién es el nuevo alcalde?

Soy ex alumno del colegio El Roble, católico, casado, padre de tres hijos.   Estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, en México, y la Maestría en la Universidad de Bridgeport, Connecticut, en los Estados Unidos.

Estoy en el servicio público desde 1996, cuando fui llamado por el presidente Alvaro Arzú a apoyarlo en el proceso de consolidación de la paz.  En el 2003 fui elegido síndico primero del Concejo Municipal, y Concejal Primero en el 2008, ocupando el cargo de vicealcalde desde entonces, donde me he dedicado a la modernización administrativa y la organización de las alcaldías auxiliares.

Mi intención es lograr la estabilidad ciudadana, promover la prosperidad familiar y la interacción armónica y pacífica de los vecinos en el espacio público.

 

Por: Redacción

El descenso prolongado en la actividad industrial está vinculado con dos factores. En primer lugar, la falta de certeza jurídica, expresada en los fallos de la Corte de Constitucionalidad en relación con la minera San Rafael. Y en segundo lugar, la devaluación de la moneda mexicana incide en un incremento del contrabando, que como resultado, afecta a la industria nacional.


La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), presentó el primer Índice de Actividad Industrial que, según el director ejecutivo de esa gremial, será presentado periódicamente al público.


El índice mencionado fue elaborado por Central American Business Information (CABI) que utilizó datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Banco de Guatemala (Banguat), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Integración Económica de Centro América (Sieca)  y Trademap, dijo el director de CABI, Paulo de León.

Las diferentes gremiales e industrias nacionales consideradas en el estudio fueron agrupadas en 14 grandes sectores: agroindustria, transporte, alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas y tabaco, ropa y calzado, minería, plásticos y otros. Es un índice real, que mide la actividad volumétrica por sector, especificó el experto.

Según el estudio de CABI, es evidente el descenso entre la actividad industrial. El año 2017 muestra una contracción en relación con el año anterior. “Si en 2016 la actividad cayó, en 2017 cayó mucho más”, señala.

En los dos primeros meses de este año sigue la tendencia a la baja, según el Índice de Actividad Industrial. Este sería el tercer año de desaceleración prolongada, y puede vincularse con el cese de la actividad en la Minera San Rafael, que arrastra al índice y a otros sectores a una desaceleración constante, indica el comunicado de la CIG y agrega que en los dos primeros meses de este año se muestra una caída de 5.9% en relación con diciembre de 2017.

Los factores que inciden en este comportamiento son: los factores económicos locales, internacionales y de otro tipo, indica el texto citado, donde se añade que las cifras de desaceleración del crédito e inversión “muestran un comportamiento inusual, producto del daño de expectativas económicas en los inversionistas y empresarios, a raíz de la incertidumbre política y jurídica”.

El incremento del contrabando, derivado de la apreciación del quetzal frente al peso mexicano sería el segundo factor y finalmente, la incertidumbre política ejemplificada en fallos judiciales como los de Oxec y la Minera San Rafael, que afectan la economía del país. Lo anterior, sumado a las trabas burocráticas que se imponen a la industria.

Al finalizar el 2017, los sectores que reportaron caídas fueron: bebidas alcohólicas, metales industria alimentaria, metales y minería. Este último, con una caída casi del 40%.

El presidente de la CIG, Juan Carlos Tefel, afirmó: “Con estos números podemos ver claramente cómo el cierre de operaciones en una industria, ha afectado gravemente al resto de industrias del país. Es importante que las autoridades correspondientes vean esto y sean conscientes del impacto que este hecho está teniendo, no solo en el crecimiento industrial, sino en la economía nacional”.

Finalmente, en cuanto a los aspectos positivos para el índice está el buen crecimiento de Estados Unidos y la posibilidad de que la CC emita un fallo que permita seguir operando a la Minera San Rafael, concluye la CIG.