Arzú Escobar resultó electo presidente de la Junta Directiva del Congreso “por segunda vez en dos semanas”. El hecho es percibido como el triunfo de la institucionalidad por un sector, mientras otras voces mencionan que se consolidó el “pacto de corruptos”.

Equipo editorial Perspectiva

El grupo de ciudadanos que consideraba un golpe de Estado al Legislativo el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obligó a repetir la elección de Junta Directiva en el Congreso, muestra su satisfacción porque volvió a resultar favorecida la mayor parte de la planilla encabezada por Álvaro Arzú.

Mientras, quienes tenían sus esperanzas en la designación de una nueva junta, señalan que este hecho mantendrá vigente el “pacto de corruptos” y pondrá freno a una agenda legislativa que podría poner freno a la corrupción enraizada en todos los organismos del Estado.

Edward Coyoy, analista de Acción Ciudadana, la organización que interpuso el recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), considera que, independientemente del resultado de la elección, es positivo que el proceso se haya repetido.


“Como centro de asistencia legal anticorrupción, denunciamos que existía una irregularidad en la elección de la Junta Directiva, con base en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Al determinarse que el proceso estaba viciado, la CC otorgó el amparo y ordenó al pleno repetir el proceso”, dice Coyoy.


Sobre el resultado de la elección, Coyoy afirma: “somos respetuosos y esperamos que los diputados valoren lo que va acorde a la lucha que la ciudadanía proponen contra la corrupción”.

Elección en el Congreso: un día después

La directora de Seguridad en Democracia (Sedem), Iduvina Hernández, resume la coyuntura planteada por los resultados de la elección de la siguiente forma:


“Básicamente, lo que significa la designación del hijo de Arzú, es que se concreta lo que se ha dado en denominar “pacto de corruptos”. Álvaro Arzú Escobar representa a una bancada unipersonal. Esto implica que no tiene peso político y necesariamente, la votación expresa que se llegó a un tipo de arreglo. Entre ellos, se procuran la impunidad”.


Según esta opinión, los resultados pueden equipararse a un golpe de Estado, puesto que un grupo de legisladores estaría actuando bajo la conducción del alcalde capitalino, Álvaro Arzú.

En el otro extremo, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, expresó en su cuenta de Twitter: “Se conjuró el golpe de Estado en el organismo Legislativo. Pasó cerca el zarpazo del pacto de terroristas; hay que permanecer alertas”.

Un elemento que comienza a mencionarse y debiera tomarse en cuenta, es que si la sentencia de la CC fue en función de hacer que se cumpla lo que la ley establece sobre los diputados tránsfugas después de la vigencia de esa normativa, entonces esto puede plantear el tema de la prohibición para integrar las presidencias de las Comisiones de Trabajo para los diputados que hayan cambiado de bancada después de la fecha en que la ley entró en vigencia. Porque es preciso anotar que la mayor parte de los legisladores han representado a más de un partido en diferentes épocas.

“En todas partes se cuecen habas”

Entre las muchas opiniones que se expresan a través de las redes, un ciudadano aseguraba el 2 de febrero por la mañana: “Que haya quedado esa JD no quiere decir que sea la mejor o que dejemos de observar el actuar de la misma, ni que dejemos actuar a quienes con sus ansias de poder destruyen el país, Taracena al bote, Orlando Blanco al bote, todo corrupto hallado culpable, al bote”.

En septiembre de 2017, la Alianza por las Reformas solicitó antejuicio contra los 105 diputados que aprobaron una propuesta que aumentaba la conmutación de penas a diversos delitos y daba luz verde al financiamiento electoral ilícito.

La propuesta quedó archivada por el revuelo que motivó, pero el hecho fue registrado por la opinión pública como “pacto de corruptos”. Y cabe recalcar que, de los 158 diputados, fueron los 105 que se requieren para una mayoría calificada quienes firmaron este intento de garantizar la impunidad.

Otro dato que es importante mencionar es el enorme número de diputados que enfrentan antejuicios por diferentes motivos. De los 37 integrantes de la bancada oficialista, 12 están en esa situación. Además, este bloque está integrado por una mayoría de tránsfugas. Inicialmente, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), logró 11 curules, pero pronto se incrementó con los tránsfugas que se convirtieron en miembros del partido gobernante.

De la misma manera, el nepotismo, las contrataciones irregulares, diputados que son contratistas del Estado y otros vicios, enlodan al Organismo Legislativo. Por ello, no resulta extraño que, tanto en las presidencias de las comisiones como en las juntas directivas haya legisladores señalados.

La Junta Directiva que fue electa el 1 de febrero es fuertemente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil que consideran la elección como consecuencia de un pacto perverso.

Al presidente, Álvaro Arzú Escobar, se le cuestiona que llegó a la curul y al puesto actual por ser hijo del alcalde. El primer vicepresidente, Felipe Alejos, es señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por su presunta participación en el caso llamado Traficantes de Influencias, que como la mayor parte de las investigaciones de la CICIG, se basa en los testimonios de informantes.

Javier Hernández Ovalle, quien ha sido legislador por los partidos CASA y GANA, es padre de Javier Hernández Franco, contratista del Estado. Estuardo Galdámez, ha sido investigado por varios delitos: tráfico de influencias, amenazas, lavado de dinero, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violencia contra la mujer.

Manifestantes se hacen presente .

Sin embargo, es importante señalar que la planilla 2, que los grupos civiles consideran era la idónea para sustituir a la junta ganadora, tiene similares cuestionamientos.

En julio del año pasado, una conocida publicación mencionó que los diputados Oscar Argueta (UNE) y Carlos Chavarría (CREO) intentaban reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para controlar el Tribunal Supremo Electoral. Argueta fue propuesto como vicepresidente de la junta por la planilla 2, en la cual Chavarría estaba postulado como secretario.

Fidel Reyes Lee (UNE), otro integrante de esa planilla, tiene solicitud de antejuicio por falsedad material, usurpación de funciones y falsificación de documentos. Walter Félix, de la URNG, tiene un hijo llamado Otto René Félix, quien trabaja como camarógrafo presupuestado del Congreso.

Y finalmente, Andrea Villagrán (TODOS) y Ranfery Montúfar (EG), llegaron a sus curules sustituyendo a Christian Boussinot, detenido por el caso Plazas Fantasma y Fernando de León, quien renunció a su curul.

 

Total
219
Shares

¡Suscríbete a nuestro newsletter!

Información importante para ti

Al marcar esta casilla, confirma que ha leído y está de acuerdo con nuestros términos de uso con respecto al almacenamiento de los datos enviados a través de este formulario.