Los pactos colectivos son uno de los mecanismos que otorgan prebendas fuera de lo común a los empleados públicos. Junto a estos, algunos funcionarios emplean recursos legales que les permiten gozar de comodidades extraordinarias, costeadas con fondos estatales. Abogados y analistas exponen su opinión sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Los pactos colectivos surgieron como un instrumento para definir condiciones dignas de trabajo. Entre las prebendas que negociaban los trabajadores de las empresas privadas en las primeras décadas y a mediados del siglo XX, estaban la guardería en el lugar de trabajo, servicios médicos, dentista, bolsas de útiles escolares a principios de año e incluso la obligatoriedad patronal de compartir un convivio navideño y hacer un regalo a los hijos de los trabajadores.

En Guatemala, el sindicalismo estatal ha desplazado a las organizaciones sindicales de empresas privadas y las supera significativamente en número de afiliados, pero sobre todo, en el tema de los pactos colectivos. Los sindicalistas estatales no se limitan a demandar atención médica o guardería en la empresa, sino han llevado la figura del pacto colectivo a un nivel que lo convierte en una onerosa carga para el Estado.

Existen varios sindicatos en cada ministerio o dependencia estatal. El Ministerio de Educación tiene 50 organizaciones sindicales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), cuyo pacto cuesta al Estado más de Q2 mil millones, tiene 23 sindicatos.

Prebendas que afectan el presupuesto estatal

Entre otras prebendas, los beneficiarios de los pactos suelen sumar más salarios al año que los 14 establecidos en el Código de Trabajo (contando aguinaldo y Bono 14). Además de esas bonificaciones especiales, que pueden llegar a 16 salarios anuales, algunos, como los del MSPAS, reciben un bono de unos Q700  “para el pescado de Semana Santa” y otro similar para Navidad.

Sumado a todas las gratificaciones monetarias, los pactos mencionados incrementan el número de asuetos y descansos que disfrutan los trabajadores afiliados, cuyos dirigentes tienen mucho más prebendas que ellos. Por ejemplo, uno de los sindicatos del Congreso de la República tiene derecho a contratar un asesor con un salario de Q10 mil, además de vehículos, oficinas con computadoras, líneas telefónicas del Congreso, teléfonos celulares y varios días del año en que se les exime de acudir a sus labores para dedicarse a su trabajo sindical.

Los períodos de vacaciones de los empleados que son beneficiados con los pactos, se incrementan cada año y en algunos casos, pueden llegar a 50 días de vacaciones con goce de sueldo.

El abogado y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Luis Linares, expresa que los pactos colectivos pueden ser usados para favorecer a altos funcionarios, lo que constituye un abuso del ejercicio del cargo, cuando la negociación también resulta en beneficio de estos altos funcionarios.

“Es una práctica contraria a la ética y se respaldan en que ellos también son trabajadores. En un estudio de Asies sobre el tema, proponíamos una ley que prohíba a los jerarcas beneficiarse de los convenios colectivos. Entre otros, pueden citarse los casos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dice Linares.

Sobre los pactos colectivos, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, afirma que muchas de las prebendas de estos convenios son injustificadas y no contraponen obligaciones a derechos, son planteadas solo como derechos”.

También hay prebendas para los altos mandos

Recientemente se conoció que la ex Fiscal Thelma Aldana firmó un acuerdo que les permite, a ella y a la ex secretaria del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, el uso de vehículos, gasolina y agentes de seguridad del Estado por tiempo indefinido.

Lo anterior, pese a que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia brinda ese apoyo a los ex funcionarios que lo soliciten, según su normativa. En una conferencia de prensa, la Fiscal Consuelo Porras afirmó que el acuerdo seguirá vigente y el MP no intenta derogarlo.

Sobre esto, Linares afirma: “En el caso de Thelma Aldana, es la primera fiscal que ha puesto en peligro su vida, actual y futura, por la captura de peligrosos delincuentes y narcotraficante.  Sin embargo, aunque es razonable que el Estado le otorgue protección, debió actuar con moderación en el tema de los vehículos y combustible.”

Según dice, “más que un abuso de autoridad, es un uso abusivo de los recursos estatales, que son tan escasos. Y en el caso de prebendas como designar vehículos para familiares, esposos e hijos de funcionarios, no debieran existir”:

Y agrega: “Una característica constante en las prebendas es que se llegan a presentar como un derecho adquirido, cuando en realidad son un abuso adquirido. El funcionario que llega, las mantiene porque a su vez llegará a beneficiarse cuando sea el caso, tal como en México, donde a Andrés Manuel López Obrador le tocará otorgar una pensión millonaria a su antecesor, Enrique Peña Nieto, pese a que en enero de este año, López Obrador señaló que cada ex presidente tiene 110 funcionarios y militares a su disposición y aseguró que será fácil eliminar la pensión vitalicia millonaria de los ex presidentes”.

Según Marroquín, “en el caso de la ex Fiscal no puede hablarse de prebendas sino de un sistema de seguridad que debe garantizar su vida, puesto que ella hizo su trabajo y logró sacar a varios capos de circulación”.

Una opinión crítica ante el acuerdo de Aldana

Al referirse al acuerdo que le otorga uso de vehículos, gasolina y seguridad a las dos ex funcionarias del MP, el abogado Raúl Falla, Fundación Contra el Terrorismo, señala:

“Lo más lamentable es que los fiscales no tienen ni siquiera papel para sacar fotocopias. Lo digo porque fui fiscal del MP. En cambio a la ex fiscal se le asignaron tres vehículos blindados y dos coleros resultan ofensivos para un país como Guatemala”.

Sin embargo, dice, “el caso de Aldana no es único. Rigoberta Menchú tiene asignados cinco policías, César Montes también, así como fundaciones de la “sociedad civil”, la CICIG 45; 20 en cada consulado. Juan Francisco Solórzano Foppa también goza de un vehículo estatal, solo por haber sido titular de la SAT. En un país donde existen 17 millones de personas y 20 mil agentes de policía, lo que significa que un agente se destina para resguardar a 425 personas”.

“Si estos funcionarios y ex funcionarios ya se han convertido en millonarios en el ejercicio de su gestión, ¿por qué no contratan seguridad privada,

Los funcionarios vigentes no quieren entrarle a este tema, y nos dejan desprotegidos. Quien entra a la administración pública en un puesto directivo llega a recibir sueldos que superan cualquier expectativa, lo cual es delito de enriquecimiento ilícito. Muchos abogados buscan este tipo de puestos para ganar dinero, porque litigar en la calle es muy difícil”.

Y concluye Falla: “es al titular de la Procuraduría General de la Nación a quien corresponde investigar estos abusos y ponerles freno. No es posible que un pueblo tan necesitado de carreteras, salud y educación, les pague hasta la gasolina a sus ex funcionarios”.

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