Por Enrique Möller, Socio EY Law

Los últimos años han estado llenos de escándalos corporativos en los que el comportamiento ético de empleados y directores de algunas compañías han puesto a estas últimas en serios problemas e incluso al borde de la quiebra. Una acusación en contra de un empleado o director afecta a toda la compañía. La mala conducta corporativa no se relaciona solo con hechos delictivos, tales como evasión fiscal, corrupción o contribuciones ilegales a campañas políticas; puede darse también, en el fraude de la calidad de los productos, violaciones a la salud y seguridad ocupacional de los colaboradores; el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, etc.

 Los efectos a la credibilidad pública de la compañía y sus productos son potencialmente devastadores. Hoy en día, cada vez más consumidores deciden realizar sus compras en base en la ética y responsabilidad ambiental y social de las empresas.

En algunos casos, las autoridades guatemaltecas han tomado decisiones perjudiciales en contra de los directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados que se han visto relacionados en malas conductas corporativas sin realizar previas investigaciones. Este tipo de acciones los ha convertido en responsables primarios no solo a directores y representantes, sino también, a la propia persona, con la consecuente pérdida del límite de la responsabilidad de los socios con todos sus bienes frente a terceros.

Es claro que las empresas deben protegerse de este “enemigo” que guardan en su seno representado por las conductas irresponsables y a veces delictivas de sus funcionarios o empleados, así como de la hiper diligencia de funcionarios judiciales a veces ideologizados y politizados.

¿Qué se puede hacer entonces? La clave está en prepararse, reemplazar comportamientos reactivos por otros proactivos que busquen prevenir las situaciones anteriormente enunciadas. En resumen, preparar el gobierno corporativo para lidiar con estos temas antes de que ocurran.

A esto se le llama “Gobierno Corporativo del Enemigo”. En un reciente artículo de Harvard Business Review Constance E. Bagley, Bruno Cova, y Lee D Augsburger, recomiendan varias medidas para reducir malas conductas corporativas, de las cuales podemos mencionar las siguientes:

  • Crear un comité de ética.
  • Nombrar un oficial de cumplimiento de ética.
  • Revisar los procedimientos establecidos para el cumplimiento de la ética y adaptarlos al mundo moderno conectado y digital.
  • Normar la ética que regula la reportería sobre la calidad de los productos.
  • Desarrollar un sistema para premiar o castigar las actitudes de los ejecutivos y directores.
  • Crear un sistema de entrenamientos constantes y obligatorios.
  • Aplicar estas reglas en toda la organización.
  • Estar preparados cuando la prevención falle.

Pero, ¿qué pasa si a pesar de tener todos estos sistemas en orden y funcionamiento, de todas formas los directores o representantes y la compañía misma son acusados penalmente? La respuesta es, que el tener vigente un “Gobierno Corporativo del Enemigo” permite defenderse de las acusaciones en forma eficaz y rápida. Se puede comprobar que como mínimo hubo diligencia, se estableció una cadena de mando o toma de decisiones, y se sabe exactamente a dónde y quién tomó las decisiones que llevaron a la comisión de los ilícitos.

En resumen, en lugar de asumir que todo está bien, los directores modernos necesitan reemplazar la reactividad por la proactividad. No es posible impedir que se acuse a un director o representante de un acto criminal, pero si crear una estrategia de defensa anticipada, respaldada por las decisiones, documentos y actitudes, que permita una defensa pronta y eficaz. Es decir, cambiar mi “Gobierno Corporativo Tradicional” por un “Gobierno Corporativo del Enemigo”.

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