Por Salvador Paiz 

Desde el domingo circulaban imágenes y noticias de lo que acontecía en nuestro país vecino, El Salvador. El presidente Nayib Bukele irrumpió el Congreso de su nación acuerpado por soldados del ejército armados y dio un discurso desde la silla de la presidencia legislativa, exigiendo la aprobación de un préstamo para financiar el Plan Control Territorial, un proyecto de lucha contra las pandillas.

 Si bien su Plan Control Territorial podrá tener muchas bondades, esta no es la manera de hacer las cosas. En una democracia republicana, la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existen para generar contrapesos y equilibrios. La independencia entre ellos permite tener un balance, ya que distribuye las responsabilidades y ayuda a controlar el poder de estos organismos. Ningún poder está por encima del otro. Ningún poder puede decidir por el otro. Con ello se pretende garantizar el Estado de Derecho y una democracia funcional.

En ese sentido, todos los años The Economist Intelligence Unit, publica el Índice de Democracia. Este es un análisis del estado de las democracias en el mundo, el cual evalúa cinco áreas: (i) el proceso electoral y su pluralismo, (ii) el funcionamiento del gobierno, (iii) la participación política, (iv) la cultura política y (v) las libertades civiles. Luego ubica a los países dentro de cuatro tipos de democracias: las democracias plenas, las defectuosas, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios.

Guatemala es catalogada como un régimen híbrido. Fuimos ubicados en la posición 93 de los 167 países evaluados, lo que implica un retroceso de seis posiciones respecto al 2018. Obtuvimos una calificación de 5.2 puntos sobre 10, 0.4 puntos menos que el año anterior y uno de los peores punteos de la región. Nuestro retroceso se debe, en gran parte, a los rubros de proceso electoral y su pluralismo, y el funcionamiento del gobierno. El análisis identificó problemas en la claridad e imparcialidad del proceso electoral y respeto a la separación de los poderes del Estado, además de integridad cuestionable y ausencia de rendición de cuentas por parte de ciertos funcionarios electos. Preocupa el resultado de la encuesta del Barómetro de las Américas de Lapop (Proyecto de Opinión Pública de América Latina) donde el 60 por ciento de los guatemaltecos afirma han perdido la esperanza en la democracia.

Nuestro punteo en el Índice de Democracia es una prueba más de los urgentes cambios que nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos necesita para que prevalezca nuestra democracia.

Sugiere también la necesidad de fortalecer nuestro Tribunal Supremos Electoral (TSE) y sus fallos. Recordemos que, en este último proceso electoral, el TSE ignoró por completo impedimentos de varios candidatos a diputados y los dejó participar en el proceso electoral. Aún y con señalamientos, envistió a varios de ellos. La subjetividad en las eliminaciones de otras candidaturas tampoco puede pasar por alto.

En general, Latinoamérica es la región del mundo con democracias más jóvenes y emergentes. Sin embargo, nuestra calificación promedio ha bajado constantemente en los últimos cuatro años. Pasamos de 6.24 puntos en 2018 a 6.13 en 2019. El año pasado fue un momento particular para nuestra región, las crisis en Bolivia, Nicaragua y Venezuela tuvieron mucho que ver en este retroceso.

Existen excepciones y países que mejoraron sus democracias. Sorpresivamente Chile fue uno de los países mejor evaluados que aumentaron su punteo, a pesar del estallido social que ha vivido los últimos meses. Otro país que sorprendió con su mejora fue El Salvador. Nuestros vecinos pasaron de ser un régimen híbrido, a una democracia defectuosa. Mejoró su puntaje de 5.96 en 2018 a 6.15 en 2019 debido al incremento del interés público en el tema de participación política. El análisis determinó que, en el último año, más de 500 mil personas se afiliaron al partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas. En un país con 7 millones de habitantes, 500 mil personas representan una gran porción de la sociedad.

Sin embargo, la situación vivida el pasado domingo seguro afectará fuertemente este avance. De acuerdo con la Constitución del Salvador, el presidente está obligado a respetar la división de poderes y a “procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad” por lo que, sobre todas las cosas, él debe procurar el diálogo y colaboración entre los órganos del Estado.

El respeto de las instituciones es la base sobre la cual se construye cualquier democracia republicana. Por consiguiente, el irrespeto hacia las instituciones y, particularmente, cuando esa falta de respeto proviene de las más altas autoridades, mina la solidez del sistema y socaba las posibilidades de desarrollarse en ese marco de democracia. Las diferencias políticas se valen. El tratar de persuadir a la población y vencer a los opositores en la arena política es parte de la dinámica democrática. Sin embargo, no existe lugar para la violencia y coacción. No existe lugar para el “bullying”.

Podemos creer que nuestros Congresos, históricamente, han estado llenos de gente corrupta. Eso nos debe llevar a buscar la depuración de los Congresos y el vigilar de cerca y minuciosamente a nuestros diputados. Iniciativas como el de Congreso Eficiente del Cien, Congreso Visible de Guatemala Visible y  Fijate Bien, se vuelven esfuerzos de suma importancia. Eso no nos debe de llevar a la disolución del marco normativo e institucional sobre el cual descansa nuestra democracia. Debemos fortalecer todas las instituciones para que funcionen todos los pesos y contrapesos de nuestro sistema. Tiene más valor respetar esos pesos y contrapesos, que limitarnos a criticar y polarizar.

 

Las democracias son construcciones frágiles.  Son como organismos vivos que constantemente deben ser nutridos. Como un muro de coral que crece milímetros por año y que puede ser destruido con un golpe o un descuido.

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