Por Salvador Paiz

Las extorsiones nos aterrorizan a todos los guatemaltecos. A todos nos da pánico contestar una llamada telefónica de un número desconocido. Lastimosamente las extorsiones van en aumento y nada parece detenerlas. A enero de 2020, la tasa de denuncia de extorsiones llegó a 92 por cada 100 mil habitantes. ¡Esto es altísimo! ¿Cómo frenar este tipo de hechos delictivos?

 Las recientes medidas establecidas por el gobierno de Alejandro Giammattei reflejan su compromiso con la seguridad de nuestro país. Pareciera que su gobierno está priorizando las áreas en donde suceden este tipo de hechos delictivos a través del decreto de Estado de Prevención en 11 municipios. El Cien analizó las tasas de homicidios y de denuncias por extorsión del 2019 a nivel municipal y ordenó los municipios de mayor a menor. El análisis concluyó que 8 de estos 11 municipios se encuentran entre los 30 con las tasas más altas. Esto no es casualidad, significa que nuestras autoridades tienen una estrategia y están tomando medidas muy puntuales en el asunto. Esperemos que sea un principio para pasar a estrategias integrales e interinstitucionales para erradicar este flagelo y seguir mejorando como país.

Además, desde el Legislativo también se está priorizando este tema. Hace un mes nuestros diputados conocieron en el pleno la iniciativa de ley 5692, comúnmente llamada la “ley antimaras”. Esta busca reformar nuestro Código Penal y adicionarle un artículo en el que se declara a las pandillas como “terroristas”. Me parece muy positivo que se esté conociendo alguna iniciativa en ese sentido. Sin embargo, una reforma a nuestro Código Penal, por muy pequeña que sea, debe ser analizada a profundidad y se deben tomar en consideración todas sus aristas y lo que implica para los guatemaltecos.

Sin entrar a los tecnicismos, esta iniciativa seguramente tiene oportunidades en su redacción para no (i) crear una duplicidad con la Asociación Ilícita, y (ii) no correr el riesgo de perder algunas de las herramientas que hoy si tienen las autoridades bajo la Ley de Delincuencia Organizada, tales como las unidades de métodos especiales.

Por otro lado, por mucho que nos sintamos aterrados por las maras, los términos “terrorismo” y “terrorista” conllevan consecuencias que no podemos ignorar. Por ejemplo, el terrorismo es una exclusión de la mayoría de las pólizas de seguro de incendio. Esto significa que, de aprobarse esta reforma, cualquier siniestro que ocurra por causa de pandillas o maras, ya no sería considerado “motín, huelga, o alboroto” sino un “acto terrorista”. Muchos nos veríamos afectados. Esta consecuencia debe ser analizada y ojalá se estén tomando cartas en el asunto.

Otro ejemplo, es la colaboración con las empresas de telefonía. Dichas empresas no pueden abdicar su rol en la lucha contra las extorsiones. Gracias a su presencia internacional, han podido experimentar las prácticas, normas y leyes que mayor impacto tienen en la lucha contra las extorsiones. Podrían entonces aportar insumos a esta ley, justamente para facultarlos para entregar información o bloquear números de teléfono asociados con extorsión.

Ciertamente no todo es legislación. La delincuencia desde las maras difícilmente puede resolverse solo con una iniciativa de este tipo. Por ejemplo, el hacinamiento en las cárceles causa la mezcla de pandilleros de alta peligrosidad con el resto de la población carcelaria y limita la posibilidad de supervisión. Ello facilita la ejecución de extorsiones desde las cárceles.

De resolverse el hacinamiento en nuestro sistema penitenciario, podríamos acatar todo esto y, con ello, las maras.

A nivel Judicial, ojalá se prioricen las órdenes judiciales para bloquear números telefónicos y códigos IMEI que se hayan identificado como originadores de llamadas de extorsión. En el ámbito de justicia, los juzgados de mayor riesgo se deben reenfocar en su función principal: conocer casos de delincuentes de alta peligrosidad. La nueva Corte Suprema de Justicia debe dar ese tipo de pauta y asignar los recursos necesarios para atender estos casos.

El antropólogo Martínez D’aubuisson dijo que las maras son “la historia del fracaso de unos países que no supieron qué hacer con unos muchachos que no sabían qué hacer con sus vidas”. Muchos mareros son prisioneros de su propio esquema de organización delictiva. Debemos ofrecerles una salida a todos aquellos que desean dejar atrás la vida del crimen. Debemos generar opciones para remoción de tatuajes, entrenamiento vocacional, reinserción social, entre muchas otras iniciativas.

En fin, son tantas cosas las que deben considerarse para acabar con la delincuencia desde las maras. Ojalá los esfuerzos citados logren cambiar nuestra historia y acabar con décadas de tanto sufrimiento. Estemos muy pendientes de nuestro Congreso y sus acciones, en especial en todo lo que concierne con la iniciativa 5692, para que se apruebe una reforma verdaderamente efectiva y que no conlleve consecuencias negativas. Además, recordemos que nosotros, como ciudadanos, tampoco podemos abdicar nuestro rol en esta lucha. Muchos de nosotros tenemos información sobre hechos delictivos y sus autores; información que sería valiosa para nuestras autoridades. Si queremos reducir la delincuencia, tenemos esa obligación cívica de entregar información. Afortunadamente, existen plataformas como Crime Stoppers, que nos ofrecen anonimato, para poder aportar nuestras pruebas sin temor. Como país, estamos todos llamados a ser parte de la cultura de legalidad.

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