En conferencia de prensa, abogados penalistas y representantes de grupos civiles, denunciaron los abusos en los que ha incurrido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Redacción

El evento fue organizado por Guatemala Inmortal y tuvo como ponentes a Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FTC); Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal (GI); Carlota Torres, de la Liga pro Patria; Fernando Linares Beltranena, diputado y constituyente; Victoria Sandoval, penalista defensora de la familia Bitkov, distinguida con el Premio Magnitsky en Inglaterra, y José Pineda, penalista.

Los juristas coincidieron en que los 11 años de permanencia de la CICIG ha dejado un rastro de ilegalidades jurídicas y procesales, que se expresan en cinco personas fallecidas en prisión preventiva prolongada, distorsión en el uso de la figura llamada “colaborador eficaz”, coacción a jueces y persecución a los que se niegan a cooperar con los casos que interesan a la CICIG, allanamientos ilegales, irrespeto a la presunción de inocencia, exponiendo a los acusados y muchas otras irregularidades que, a criterio de Falla, convirtieron a la CICIG en una estructura criminal como las que debió desmantelar.

Torres se refirió a que Guatemala es un país soberano y expuso varios puntos que revelan las diferentes ilegalidades cometidas por esa comisión.

A lo anterior se suma, afirmó Victoria Sandoval, que en Guatemala la CICIG ha aplicado el “derecho penal del enemigo”, donde los amigos son juzgados con diferentes parámetros que los enemigos.

Linares Beltranena presentó una propuesta de ley que, de ser aprobada, derogaría el mandato de la CICIG, la cual está pendiente de discutirse en la comisión que determinará si pasa a las lecturas correspondientes.

Finalmente, Fratti mencionó el último escándalo protagonizado por la CICIG, que involucra a una testigo protegida, Alejandra Reyes; al reo acusado ilegalmente por la muerte de Byron Lima, esposo de Reyes y a un agente de la CICIG que aparentemente se involucró en un “enredo de alcoba” con Rogelio Ramírez, ex agente de la CICIG.

Fratti exigió a la Fiscal General Consuelo Porras y a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que asuman su papel en este y los varios casos que demuestran la actuación criminal de la comisión creada para desmantelar cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, y terminó convirtiéndose en uno de ellos.

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