Recientes acusaciones contra el director editorial de una prestigiosa revista digital con inclinación por el feminismo, atraen la atención pública sobre el tema del acoso sexual, que para la diputada Sandra Morán es un ejercicio de poder. Entretanto, la ex titular de la SEPREM, Elizabeth Quiroa, considera que los señalamientos de acoso y los “escraches”, tienden a banalizar situaciones muy dramáticas, como las violaciones contra niños varones y la condición subordinada de las trabajadoras agrícolas.

Roxana Orantes Córdova

El abuso sexual es un delito demasiado amplio. Entre sus modalidades se encuentran el acoso sexual, la violación, el hostigamiento, violencia física y psicológica, pederastia y otras.

El movimiento que ha adoptado diferentes nombres en los países donde se ha presentado, inició como “Me Too”, en EE.UU., donde la actriz Alissa Milano afirmó que estaba arruinada en 2017 y demandó a su representante por US$10 millones.

Poco después, destapó los acosos del productor de Hollywood Harvey Wenstein, acusado por docenas de mujeres. Esto tuvo como resultado la estrepitosa caída del productor y una reflexión profunda en los estudios de Hollywood, donde se habla del “mundo post Wenstein” y de 201 puestos directivos, hubo 124 reemplazos. De estos, 54 puestos fueron ocupados por mujeres.

Entre los cambios motivados por el Me Too, es evidente que los estadounidenses se reconocen mucho más cautelosos en el momento de iniciar una relación con mujeres. Como cada suceso cultural en EE.UU., el hecho fue replicado en diversos países con diferentes consecuencias.

Evidentemente, la reflexión sobre los abusos y la necesidad de un replanteamiento en las relaciones de poder entre ambos sexos, es un hecho positivo. Sin embargo, es innegable que muchas de las reacciones pueden calificarse como histeria colectiva y pueden recordar a las “brujas de Salem”.

Para citar dos casos muy distantes, la periodista Sandra Muller debió pagar 15 mil euros, más 5 mil en costos judiciales debido a la difamación contra Eric Brion, ex director de una cadena televisiva a quien acusó falsamente en Twitter. Brion reconoció su pecado: en un evento le dijo a Muller que ella le gustaba. La periodista dijo a los medios que “no se arrepiente”, porque el movimiento sirvió “para liberar la palabra de las víctimas”.

En México, el integrante de la banda Botellita de Jerez Armando Vega Gil se suicidó, luego de que una mujer lo acusara de violarla siendo menor de edad. En la carta que dejó, el músico expuso que el hecho afectaría la vida de su hijo y terminaría con su carrera. Más de una feminista expuso en medios mexicanos que Vega había tomado una decisión muy personal.

Tanto la falta de arrepentimiento de Muller por mentir, como tomar con ligereza el suicidio de Vega, muestran que, en el afán de lograr que cese una conducta tan censurable como el acoso, se llega a practicar la máxima maquiavélica: “el fin justifica los medios”.

Sumado a esta justificación de la mentira y al desprecio por la vida de los presuntos agresores, es evidente una postura que victimiza a las supuestas víctimas, quienes son mostradas como seres absolutamente indefensos ante “el macho opresor”.

Ciertamente, abundan los patrones, jefes y compañeros abusivos. Pero una mujer empoderada no permitirá ese tipo de abusos. Además no puede negarse que muchos de estos casos son transacciones tácitas, donde la “víctima” obtiene logros académicos, artísticos o laborales a cambio de una relación íntima con su superior jerárquico (profesor, jefe, director artístico)

En 2018, Asia Argento, una de las líderes del Me Too, fue señalada por el roquero Jimmy Bennett de haberle pagado US$380 mil para silenciar que había abusado de él cuando tenía 17 años.

El acoso existe y es un crimen

Aunque el acoso sexual no está tipificado en Guatemala, es un crimen que debiera penalizarse. Sandra Morán narra que existe una iniciativa de ley para este delito, aunque no se ha aprobado.

“Se trata de un ejercicio de poder que implica la necesaria comprensión de las relaciones de poder que se dan cuando esto existe. Es bueno que se multipliquen las denuncias, porque es un tema que cuando no se visibiliza afecta profundamente la dignidad de las mujeres. Muchas pasan años preguntándose por qué lo permitieron”, señala.

Además, añade, “el movimiento protagonizado por Las Tesis en Chile ha movido a la reflexión sobre esto. Las denuncias son acciones que pueden motivar un cambio. Es necesario pensar, reconocer lo que existe detrás de las acusaciones por acoso.”.

En torno a los señalamientos recientes contra el director de Nómada, Martín Rodríguez Pellecer, expresa: “Es un momento interesante para posicionarse, para repensarse desde una nueva manera. El señalamiento toca a quien dirige un espacio que ha liderado el movimiento. Cuesta dejar de normalizar estos hechos. Este no es un problema solo de las mujeres. Es un problema que implica la necesidad de sanar las relaciones sociales entre las personas, evitar los ejercicios de poder. Evitar que existan relaciones desiguales de poder”, concluye.

Una investigación de Ana Sáenz, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, da cuenta de más de 700 denuncias de acoso en el campus de la USAC. El 29.9% de los agresores fueron profesores, 22.4%, estudiantes y 4.8%, personal de la universidad.

Diferentes legislaciones en el mundo tipifican el acoso. Las características comunes de este incluyen:

  • Contar chistes obscenos o sexuales
  • Cartas, notas, dibujos o cualquier material de naturaleza sexual
  • Clasificar a las personas por sus atributos
  • Comentarios sobre la ropa o miradas inapropiadas
  • Gestos obscenos,
  • Amenazas o sobornos (directos o no), para una actividad sexual
  • Pedir insistentemente una cita
  • Insultos y ofensas de carácter sexual
  • Tocamientos, roces o insinuaciones
  • Preguntas íntimas sobre la vida personal
  • Asalto sexual y violación.

Empoderamiento, mucho más allá de la victimización

Elizabeth Quiroa considera que las leyes deben ser de bienestar y alcance para toda la población. “El acoso es sufrido por miles de mujeres trabajadoras. Quien lo ejerce suele comportarse de forma hostil y puede comenzar con la hostilidad en el ambiente de trabajo. Sobre la acosada puede recaer más carga laboral, desvalorización del trabajo delante de los compañeros, negativa de permisos, agresividad verbal y hasta golpes”.

“En diferentes puestos públicos, he recibido denuncias de personas que sufren acoso laboral, tanto hombres como mujeres. En el campo, miles de mujeres trabajadoras venden su fuerza de trabajo en condiciones muy desventajosas y sufren toda clase de abusos ¿quién por ellas? No debe haber discriminación en este tema, y se está dejando por un lado una temática muy arraigada en todo el país”, comenta.

En cuanto a la tipificación del acoso sexual, explica: “en el país hay muchas leyes obsoletas. Diría más bien que es necesario deslegislar y educar. Es responsabilidad de los diputados emitir leyes de orden general. ¿A qué me refiero con esto?. Por ejemplo, el colectivo LGBTIQ+ tiene una fiscalía especial, así como una defensoría específica en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Entretanto, las mujeres campesinas no tienen ninguna de estas instancias”.

“El Estado no tiene capacidad para crear fiscalías y defensorías específicas para cada segmento de la población. En el caso de la ley contra el acoso, se pretende incluir solamente a un segmento de la población. Hay datos muy preocupantes y de los que nadie habla porque siguen siendo tabúes, como las violaciones contra niños y jóvenes varones, que son un delito silenciado y muy numeroso, con una data oculta”.

La solución, considera, son diferentes políticas de Estado, “principalmente la educación. Proyectos de desarrollo, una educación objetiva, sin sesgos y que incluya diferentes actividades para fomentar la unidad y no las divisiones entre segmentos de la población. En cuanto a las mujeres, es fundamental el empoderamiento económico, que permite una cultura de denuncias. Estas son importantes, porque sientan un precedente y contribuyen a evitar la victimización”, explica.

Esta victimización se puede evidenciar en denuncias falsas, como el reciente caso del músico Paulo Alvarado, pero además, hacen que se pierda la focalización de la intervención positiva en la población vulnerable al acoso sexual, incluyendo a las mujeres que ejercen la prostitución.

“Yo le preguntaría al PDH, con todo el respeto que me merece su labor: Usted que visita frecuentemente Quetzaltenango, ¿cuántas intervenciones ha realizado a favor de las mujeres que trabajan en la agricultura en los diferentes municipios quetzaltecos?”

La alianza que se convirtió en un boomerang

Martín Rodríguez Pellecer se define como “feminista”. Sin embargo, cuatro ex trabajadoras de Nómada lo acusaron de acoso sexual. En la revista que dirige funciona un suplemento feminista llamado Volcánica, donde la mayor parte de columnistas provienen de América del Sur, especialmente de Colombia.

Nómada es el medio que levantó los temas emblemáticos del “Me Too” guatemalteco. Inició con los señalamientos contra el mandatario Jimmy Morales, que llegaron al Ministerio Público (MP)  denunciados por el funcionario Edgar Gutiérrez y finalmente fueron desestimados por el MP.

Poco después, la acusación cayó sobre el escritor Rafael Gutiérrez, quien dirige la revista USAC y quien afirmó que pretendían despojarlo de un puesto codiciado entre los escritores. Gutiérrez ha tenido más de una novia y compañera entre mujeres jóvenes y estudiantes de los primeros años de Humanidades que rápidamente se convierten en autoras o editoras de la publicación y con quienes el director no vacila en presentarse en actos públicos y sociales.

A las letras siguió la música y la acusación recayó en Bruno Campo, ex director de la Escuela Municipal de Música. Al parecer, Campo mantuvo una actitud abusiva desde varios puntos de vista: manoseos, insultos y actos denigrantes contra varios músicos, incluyendo su cuñada (una de las acusadoras).

También músico, el cellista de la banda Alux Nahual, Paulo Alvarado, fue señalado por violencia doméstica y abuso sexual por Pamela Flores, su ex alumna y compañera de vida varios años menor. Alvarado se separó de su agrupación y enfatizó en que el MP es el encargado de estos casos.

Finalmente, los señalamientos alcanzaron al asociado de las mujeres denunciantes y cuatro ex trabajadoras de Nómada, quienes entre otras cosas, mencionan que Rodríguez las convidó a tomar tragos, les ofreció masajes y manipuló situaciones para dormir con ellas mientras estaban de viaje.

Los señalamientos fueron expuestos en un artículo de Catalina Ruiz Navarro, la colombiana que dirige Volcánica y quien aseguró poco después que por lo menos, hay otras 10 mujeres que acusan a Rodríguez, a quien conminó en las redes sociales, a “vender” su 51% de las acciones de Nómada, medio concebido y fundado por Rodríguez, a quien la accionista del medio, la reputada científica social Marta Casaus Arzú, concedió el beneficio de la duda en una columna de opinión.

Al parecer, en Nómada existe un “comité contra el acoso”. Sobre esto, Quiroa considera que no es pertinente resolver este tema en una instancia que emitiría una especie de condena moral, sin validez jurídica. “Lo que sucedió fue una especie de enfermedad mal atendida que un día explota y tratar de resolverlo en una instancia paralela a la ley es darle más largas al asunto”, concluye.

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