Manfredo Marroquín, candidato presidencial de Encuentro por Guatemala (EG), conversó con Perspectiva sobre diversos aspectos de la actual campaña electoral que, según afirma, es la más judicializada en la historia de Guatemala, aunque también es la primera que intenta controlar el clientelismo y la corrupción derivada de los gastos multimillonarios que hasta ahora realizaban los partidos en contienda.

Roxana Orantes Córdova

Desde hace 23 años, en Acción Ciudadana promovimos la transparencia cuando era un término que no se entendía en el país, me tocó explicárselo a funcionarios públicos: fiscales, operadores de justicia, diputados y otros.

¿La situación ha cambiado?

Sigue igual o peor en muchos aspectos de la administración pública. Es necesario que se mantenga una cuidadosa fiscalización a los tres poderes. Sin embargo, existen elementos exitosos. Acción Ciudadana propuso herramientas como la Ley de Acceso a la Información.

La primera ponente de esta ley fue la diputada Nineth Montenegro. Fueron necesarios ocho años para que se aprobara. Igual sucedió con el portal Guatecompras, instalado gracias a un préstamo del Banco Mundial (BM), que estuvo a punto de perderse, como otros tantos esfuerzos logrados con préstamos. Se consiguió que funcionara y es una de las mejores herramientas para la transparencia que existen actualmente.

Si la corrupción permanece casi igual. ¿Cuál es el avance logrado con la CICIG?

Bajo el mandato de Iván Velásquez, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hizo una diferencia. Fue una enorme ayuda para visibilizar la captura del Estado por redes político-económicas muy poderosas.

La CICIG logró develar la forma en la cual la política se convirtió en un negocio.

¿Qué hace diferente a esta campaña electoral?

En primer lugar, será la más corta en la historia de Guatemala, con tres meses de duración en lugar de los dos años que duraba la llamada “pre campaña”. Por primera vez la contienda no se definirá con base en el dinero de cada candidato para invertir en promocionarse, sino con base en la normativa vigente se distribuirán los espacios de forma equitativa entre todos los candidatos, que son más de veinte, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), distribuirá esos fondos entre los anunciantes.

Además, este es el proceso electoral más judicializado de la historia. La política se vació de contenido y actualmente, las cortes se usan para hacer política.

¿Cómo influyen las restricciones legales en la divulgación de la campaña?

Los candidatos no deberán invertir las multimillonarias sumas que solían destinar a la campaña. Muchos medios no se inscribieron porque, obviamente, el TSE les pagará un monto mucho menor a la pauta comercial vigente. Considero que esta campaña podría dirimirse a través de las redes sociales.

Además, la presente elección es una oportunidad para que el votante sea más reflexivo y se enfoque en quién es el candidato con propuestas más valiosas, con mayor preparación, más allá de las consignas de campaña. Hay que tener en cuenta también que la oferta refleja lo que el elector demanda.

¿Qué efectos tiene una cobertura sensacionalista, que se enfoca en temas privados o “escandalosos” de los candidatos?

El amarillismo influye en una discusión política superficial y sin agarre. Se dejan de lado temas de importancia nacional, como la pobreza, el desempleo. Junto a esto, se tiende a ideologizar cualquier debate de una forma artificial, se crea una confrontación falsa con argumentos y señalamientos de “izquierdas y derechas” que termina siendo banal.

¿Qué pasa si el voto nulo resulta mayoritario?

La propuesta original de reformas a la LEPP indicaba que se realizarían nuevas propuestas en caso de resultar mayoritario el voto nulo: 50% más uno del total de votos válidos.

Sin embargo, la forma en que quedó la ley luego de modificación en el Congreso, deja la puerta abierta para que los mismos partidos competidores decidan si nominarían nuevos candidatos o no.

¿La ideología importa?

Importa en el momento en que se está gobernando, no en la retórica. Las palabras se las lleva el viento. Las medidas gubernamentales en la gestión del Estado indican la ideología del gobernante, no las palabras y la retórica que pueda usar durante su campaña.

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