Organizaciones civiles, juristas y ciudadanos realizaron diversos llamados a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que sus fallos de la semana próxima estén apegados a derecho. De los casos que la CC tiene entre manos, probablemente el más polémico y complicado sea el de Thelma Aldana, quien sin finiquito y con orden de captura vigente, podría ser favorecida el 15 de mayo por la CC.

Roxana Orantes Córdova

El 15 de marzo, la CC decidirá si la ex Fiscal Thelma Aldana puede ser inscrita como candidata presidencial del partido Semilla. Entre los diferentes mensajes en línea que ciudadanos han mandado a la CC, resalta el siguiente:  “CC Guatemala: Art. 462 Código Penal, delito de prevaricato. Ojo, magistrados que estamos pendientes”

El referido artículo indica:

“Artículo 462. Prevaricato. El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a diez años”.

Al respecto, es necesario recordar que la candidata propuesta por Semilla carece de finiquito vigente y además, pesa sobre ella una orden de captura que pretendió evadir con un recurso de amparo que le fue otorgado por un juzgado civil, pese a que está acusada por delitos penales, y según reconoció en una entrevista transmitida por una cadena internacional, hay por lo menos 18 denuncias y querellas penales contra ella.

En la entrevista mencionada, la aspirante a candidata de Semilla afirmó que las querellas son parte de la persecución política en su contra. Según dijo, basta conocer la identidad de las personas y grupos que presentaron las querellas para comprobar dicha persecución.

“La Fundación Contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y diputados que según Aldana, un informe de Nómada, la CICIG y la Fundación Myrna Mack son parte de las redes ilícitas que atacan a defensores de derechos humanos”, expresó, ubicándose entre los “defensores”. Sin embargo, no mencionó que las querellas fueron interpuestas por la dudosa compra del llamado “edificio Fantasma”, dos plazas (también fantasmas) y otras irregularidades.

La orden de captura que el juez Víctor Cruz emitió contra Aldana no se ejecutó debido a que horas después, en lugar de acudir ante las autoridades para que se disiparan las dudas en su contra, la candidata viajó hacia El Salvador, donde según afirma, ella y sus acompañantes son vigilados por agentes del gobierno guatemalteco.

Un detalle no está claro y es el destino que la ex fiscal ha dado a los vehículos, agentes de seguridad y combustible que el Estado guatemalteco asignó para la seguridad de Aldana. Obviamente, parece un total despropósito que el mismo Estado sea el que la persigue y le brinda seguridad.

Entretanto, la imagen del juez que ordenó la captura, Víctor Cruz, comienza a ser detractada y se rumora que habría recibido un soborno millonario para emitir la orden. En cualquier caso, el MP ya anunció que investigará al jurista y cabe resaltar que solamente él podría revertir la orden de captura.

Son varios los juristas que en reiteradas ocasiones han asegurado la imposibilidad de que Aldana sea inscrita sin que esto implique una flagrante violación de las normativas vigentes. Sin embargo, es posible que la CC privilegie un criterio político, que favorecería la participación de todos los aspirantes sobre los hechos: Aldana no tiene finiquito y la orden de captura en su contra está vigente.

El 6 de mayo, la directiva del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), publicó un comunicado en el que expone:

“La Directiva pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) que los casos que estén conociendo en los próximos días, por temas electorales, estén apegados a un criterio y razonamiento jurídico, expuso el secretario José Asensio. “Es importante que los fallos sean en un tiempo adecuado y que estén bien razonados”, añadió.

Reiteramos la importancia que tiene para el Estado de Derecho que las decisiones del máximo Tribunal Constitucional se alejen de un razonamiento exclusivamente político.

Exigimos un actuar ético. En caso existan circunstancias de amistad, enemistad, parentesco u otras que puedan comprometer la imparcialidad e independencia de los Magistrados, estos deberían inhibirse de conocer para no generar percepciones que debiliten la credibilidad de la CC.

Los temas electorales de inscripción de binomios presidenciales deben resolverse conforme a la Constitución y a la Ley, exigiendo objetividad, un actuar ético, así como un amplio y sólido razonamiento en cada caso incluido el análisis de jurisprudencia existente”.

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