Los recursos de amparo diversos, y las reacciones ante estos, marcan la tónica de una coyuntura política en la cual nada parece estar escrito y todo puede modificarse siempre que quien desee modificarlo, logre obtener un amparo. Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), y Edgar Ortiz, abogado de la Fundación Libertad y Desarrollo, exponen sus criterios sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Hoy se conoció la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la permanencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones luego del 13. Según expresaron Stuardo Ralón y otros constitucionalistas en un foro de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, esto significa un rompimiento del orden constitucional.

Como contrapunto, Edgar Ortiz considera que la CC se enfrentó a la disyuntiva de decidir entre dos normas de igual rango: la Constitución Política de la República, que indica el plazo de permanencia para los magistrados, en los artículos constitucionales 215 y 217, y “la obligación de elegir jueces imparciales mediante procesos objetivos y acordes a la correcta aplicación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

También hoy, Jordán Rodas anunció que obtuvo un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que Finanzas amplíe el presupuesto de la PDH.

Sumado al amparo que intentó frenar el ejercicio ciudadano de esclarecimiento en el Congreso, las resoluciones evidencian cómo se usa y abusa de estos recursos.

“La CC no vela por la Constitución, sino por intereses personales”

Ralón dijo a Perspectiva: “la Constitución establece plazos improrrogables para los períodos de ejercicio de los magistrados. El vencimiento del período constitucional en la CSJ y Apelaciones es el 13 de octubre. La CC es una instancia creada para defender el orden constitucional y si otra normativa choca con la Constitución, esta debe prevalecer”.

“El plazo está claramente establecido en la Constitución Política de la República (CPR). Y la importancia de estos plazos es que ponen un límite, evitando que se prolongue el ejercicio del poder. Son aspectos de fondo, no simplemente de forma, creados para que no se afecte el principio de alternabilidad en el poder y que no se den traslapes que puedan afectar”.

“La opinión consultiva de la CC no puede derogar su referencia, que es la CPR. Los actuales magistrados pierden su calidad de magistrados el 13 de octubre. La CC emitió su opinión consultiva luego de dos amparos: el que otorgó a la Fundación Myrna Mack, para revisar la elección de magistrados de la CSJ, y a Noé Ventura Loyo, sobre la elección en la Corte de Apelaciones”.

“Esta es la segunda vez que el proceso se interrumpe a través de amparos. Primero, sin atender lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial, se dejó sin efecto la convocatoria. En la segunda ocasión, la CC cambió de opinión y se basó en la ley que anteriormente no tomó en cuenta. Hay una clara contradicción”, concluye.

La disyuntiva entre lo formal y lo ético: Ortiz

Para Edgar Ortiz, el tema está claro. Si no se repite todo el proceso de postulación de magistrados, estaremos en riesgo de una elección que no comenzó con claridad. Al mismo tiempo, expone que un caso similar se dio en 2014.

“Creo que hay un problema innegable en el proceso de comisiones postuladoras. No solo la Ley de la Carrera Judicial sino la normativa de Comisiones de Postulación permiten la prórroga”.

“La CC no tenía más opción que anular el proceso, aunque esto riña con el plazo establecido en la CPR. Es un tema donde se están enfrentando dos normas que tienen el mismo rango. La Constitución y convenciones internacionales que exigen una justicia independiente y que los procesos judiciales sean transparentes. La CC debió ponderar entre ambos y la prórroga más allá del 13 de octubre no es un hecho inédito en Guatemala”, finalizó.

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