¿Juez rebelde o juez verdugo? La polémica ronda a Ericka Aifán, quien hoy llegó al juzgado que dirige para encontrarse que solamente su secretaria había asistido. Cinco trabajadores de esa sala piden su traslado urgente debido a que Aifán actúa como una pequeña dictadora con sus trabajadores.

Roxana Orantes Córdova

A primeras horas de la mañana, diferentes medios de comunicación informaron que cinco de los siete trabajadores del Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la juez Erika Aifán, se habían ausentado de sus labores.

Inmediatamente, Aifán ofreció declaraciones a los medios, reforzando la versión del ausentismo injustificado por parte de:  Loida Lux, comisario; Pedro Hernández, notificador III; Sulma Aju, oficial III; Ingrid Cuquej, oficial III y Tatiana Guzmán, oficial III.

Perspectiva se comunicó con Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial (OJ), quien narró que los cinco empleados del OJ se presentaron a las ocho de la mañana a la dirección de Recursos Humanos de ese organismo para solicitar su traslado del juzgado dirigido por Aifán.

“Ahí se les indicó que se harán las investigaciones pertinentes, para analizar si son trasladados y se les recomendó que retornaran a laborar en su judicatura, donde permanecieron en el horario normal de oficina”, comentó.

Ayer, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Juicial (STOJ), emitió un comunicado donde expresa:

“Que con prioridad y verdadera urgencia mañana (este 7 de octubre) se gestionará traslado de Tatiana Guzmán Figueroa y cuatro compañeros más, todos auxiliares del Juzgado de Primera Instancia Penal D de Mayor Riesgo”.

Sobre este punto, Siekavizza dijo: “el sindicato vela por los intereses de sus afiliados. Debido a que los cinco empleados pidieron al mismo tiempo ser trasladados, será Recursos Humanos el que evalúe cada caso y decida”.

Crónica de una retención muy extraña

El viernes recién pasado y en la madrugada del sábado 5, circuló en redes la alerta Isabel Claudina que denuncia desapariciones de mujeres, dando a conocer la desaparición de Tatiana Guzmán Figueroa, ex candidata de Semilla, según informó en sus redes Raúl Barrera, de ese partido.

Guzmán, de 25 años, fue candidata a concejal en la municipalidad de Villa Nueva por Semilla, y es oficial en el Juzgado de Primera Instancia Penal D de Mayor Riesgo. Pronto se conoció que la estudiante de leyes había estado retenida por la juez Aifán desde las ocho de la mañana del viernes a la una de la madrugada del sábado, cuando fue trasladada a la carceleta de Tribunales, acusada por la juez de sacar información confidencial del juzgado.

Según Guzmán, el incidente estaría relacionado con que el notificador Pedro Hernández habría denunciado a Aifán ante el Ministerio de Trabajo. La juez, por su parte, también había señalado a Hernández por “fuga de información”, denuncia que fue desestimada.

El movimiento Semilla reaccionó prontamente a través de un escueto comunicado:

“El partido político Movimiento Semilla está al tanto de los señalamientos vertidos en contra de Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, quien integró una planilla a la corporación municipal en Villa Nueva, como candidata a concejal III, y a quien corresponde aclarar su situación. A su vez expresa su confianza en que el sistema de justicia sabrá actuar de manera que corresponde”.

Según la oficial III, Aifán es una jefe prepotente que trata de forma despiadada a sus subalternos. El juez de turno desestimó el señalamiento que la juez le hizo a Guzmán, quien recobró su libertad y hoy acudió a su trabajo, no sin antes solicitar que se le cambie de juzgado, así como a sus otros compañeros.

Un dato interesante es que Guzmán intentó obtener el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), donde su caso fue soslayado al conocer el nombre de la juez señalada.

Entretanto, la juez convocó a los medios para declarar que “Tatiana Guzmán perdió la pieza 39 del Caso Fénix”. A esto, varios abogados expresaron dudas sobre por qué Aifán no realizó la denuncia pertinente en el momento que se produjo este descuido sino esperó hasta hoy para realizarla.

Cabe recordar que a finales de agosto, la fiscal Cinthia Monterroso, de la FECI, denunció a Aifán por presiones sobre su ejercicio profesional. A la denuncia de Monterroso se sumó la de la PGN, presente en el hecho que denunció la fiscal, separada de la FECI luego de la denuncia.

Aifán, un personaje controversial

Aclamada por organizaciones no gubernamentales y personas que se identifican como defensores de derechos humanos, Erika Aifán es percibida como una juez obsecuente ante los mandatos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Su cercanía con ONGS de derechos humanos, políticos demócratas estadounidenses y organismos internacionales está ampliamente documentada en medios de comunicación y quienes la apoyan, han aplaudido cada una de sus medidas, por polémicas que estas sean. Para estos grupos, ella es “la juez rebelde” y una incansable luchadora contra la impunidad.

Como antecedente, Aifán logró ser nombrada juez cuando interpuso un amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su petición se basó en que había ganado con las mejores notas el curso para aspirantes a jueces y no fue nombrada por “discriminación por razones de sexo”, puesto que hombres con notas menores habían sido nombrados. Por ello, solicitó: “se tenga por ganado por mi persona el proceso de oposición a la carrera judicial, con el primer lugar”.

Es imposible mencionar al ex diputado Manuel Barquín y no asociar su muerte en prisión con la inflexibilidad de Aifán, quien reiteradamente le denegó una medida sustitutiva que pudo alargar su vida o por lo menos, permitirle terminar sus días rodeado de familiares y atendido en su casa. Esta muerte fue documentada por el Relator contra la Tortura y por el Ministro de Salud.

A ello, grupos afines a la juez se sumaron para denunciar que se había vulnerado su derecho a la independencia judicial. Aifán solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su labor judicial.

En 2018, la juez participó como panelista en un foro organizado por la CICIG sobre “experiencias comparadas de combate a la corrupción”. Hoy, en la comisión legislativa que investiga al ente internacional, la esposa de Diego Chacón Yurrita, uno de los acusados en el caso Oderbrecht, puso en duda la imparcialidad de la juez, quien tenía a cargo el caso y al mismo tiempo, fue panelista en un foro convocado por los acusadores.

Bitkov: el caso que sepultó a la CICIG

Igor Bitkov y su familia fueron implicados en el caso Migración, ampliamente documentado. La actuación de Aifán como juez a cargo estuvo plagada de acciones que ponen en duda su imparcialidad.

Por ejemplo, Bitkov señala que más de una vez logró aplazar las audiencias, entre otras, con el pretexto de que no había salas vacantes o que los traductores no habían asistido. “También avisaban a  los traductores que no llegaran y se suspendían las audiencias”, escribió Bitkov en su blog.

Rolando Alvarado es uno de los abogados de la familia Bitkov que estuvo presente en la audiencia de la Comisión Helsinki, donde se denunció a la CICIG y que marcó un viraje en el poder de ese organismo internacional en Guatemala, dijo a Perspectiva:

“Erika Aifán ha cometido muchas ilegalidades. En el caso Bitkov consintió la participación del banco ruso BTV, que tenía como prueba de un delito civil no comprobado una supuesta fotocopia de una fianza que probaría la existencia de una deuda.

Pese a ser un tema civil, se negó a excluirlos del proceso y acusó a la familia Bitkov de estafa por una deuda. Tuvimos que acudir a la Corte de Apelaciones y esto complicó el proceso. Además, Aifán se negó a aceptar la preeminencia de la Convención de Palermo y otros instrumentos internacionales que amparan a los migrantes. Para mantener a esta familia en prisión, planteó siete recursos y existen pruebas de que torturó a Igor Bitkov”.

Además, Alvarado señala que esta juez denegó a la defensa hasta el 95% de las pruebas. “Cometió muchas ilegalidades, cada día. Otros abogados de personas acusadas en el mismo proceso se dieron cuenta. Informó a la embajada rusa sobre el curso del proceso, aunque es una familia que era perseguida por el régimen ruso”.

Según Alvarado, es una juez muy protegida porque ingresó gracias a un amparo. “Casos como el de Barquín lloran sangre. Urge la remoción, por sanidad procesal”, concluyó.

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