El fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ampara al procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, para impedir que se continúen las pesquisas a fin de determinar si procede investigar a tres magistrados de la CC divide las opiniones entre quienes expresan que se trata de una decisión apegada a la ley y los que demandan al Congreso no suspender las investigaciones. Perspectiva reseña estas dos posiciones para sus lectores.

Roxana Orantes Córdova

Mientras la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se congratuló porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió favorablemente el recurso solicitado por Jordán Rodas para que tres magistrados de la CC no sean investigados, miembros de Guatemala Inmortal se presentaron al Congreso para solicitar a los diputados que continúen las pesquisas para evaluar si se retira la inmunidad a los magistrados.

“Resolvieron legalmente, no faltaron a la ética y lo más importante, cumplieron fielmente con el juramento de defender la Constitución y el Estado de Derecho. El tribunal quedó integrado respetando la jurisprudencia de la corte y la Ley de Amparo”, dijo Jordán Rodas a los medios al conocer el fallo.

El doctor en derecho Marco Vinicio Mejía Dávila, quien también interpuso un recurso de amparo sobre el tema, señaló:

“Se acumularon los expedientes. Este va dirigido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el mío contra el Congreso y los otros contra el Presidente y la Ministra de Relaciones Exteriores. Resuelven el primero que se presenta y los demás recibimos el mismo amparo. Hay error, porque el punto es si el Congreso tiene o no competencia para conocer. Suspendieron la resolución de la CSJ y no se pronuncian sobre el Congreso. A mí me notificaron aparte, respecto al Congreso. El temor es que, como ya ocurrió antes, el Congreso no obedecerá, pues el fallo no ordena suspender la investigación de la pesquisidora”.

“No pueden darles licencia para matar el Derecho Constitucional”

El penalista Omar Barrios explicó el tema en sus redes. El primer argumento que expuso es la diferencia entre “prerrogativa de opiniones e inmunidad de persecución penal”. Según Barrios:

“No discutiré si es o no delito lo actuado por “los tres mosqueteros”, ese no es el tema. Lo preocupante es detener diligencias de antejuicio con la excusa de la prerrogativa de opiniones”.

Según dijo, los magistrados no son responsables por sus opiniones en el debate para discutir la ponencia donde exponen sus posturas, pero cuando firman el auto o sentencia, deja de ser una opinión y existe responsabilidad.

Ante la opinión ciudadana, dice Barrios, hubiera sido mejor que los magistrados mostraran valor y respetando el proceso, demostraran que no cometieron delitos. “Que demostraran al querellante, a la CSJ, a la comisión pesquisidora, al pleno del Congreso, e incluso ante el Ministerio Público, o un Juez Penal, que su actuación cuenta con argumentos doctrinarios, legales, jurisprudenciales, derecho comparado y otras herramientas del derecho. Pero no, optaron por dejar a buena parte de la población la duda. Se verán como juristas que se escondieron en una interpretación dudosa de ellos mismos, lo peor es que para protegerse de una simple querella”, expuso el penalista, quien agregó:

“Refugiarse en su poder como máximo tribunal constitucional podría ser considerado un acto de cobardía jurisdiccional”.

Para concluir, Barrios señaló: “hay tantos problemas en Guatemala que no vale la pena seguir con este tema. Hago un llamado a los involucrados en que

Guatemala Inmortal demanda que continúe la investigación

El grupo cívico Guatemala Inmortal acudió al Congreso de la República para entregar a los diputados cartas en las que solicitan que se mantenga vigente la Comisión Pesquisidora que determinaría si procede retirar el derecho de antejuicio a los tres magistrados: Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco de Mata Vela (este último, además de señalado por prevaricato, es firmante del amparo que lo protege de ser investigado).

Raúl Falla, abogado y activista de Guatemala Inmortal, calificó el amparo de la CC como “una resolución totalmente ilegal” y añadió que los magistrados de esa instancia, “de manera carente de legitimidad y de ética, deciden autoampararse para que no pueda tramitarse el proceso de antejuicio”.

Falla mencionó que según los artículos 153,154 y 155 de la Constitución Política de la República, todos los ciudadanos están sujetos al imperio de la ley. “Los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Tienen que gravitar bajo la esfera constitucional”.

Según el abogado, que dialogó con el diputado panista Fernando Linares Beltranena, es lamentable que la CC primero haya intentado limitar la función presidencial de manejar la política exterior y posteriormente, estén tratando de limitar la función del Congreso de tramitar los antejuicios contra los magistrados.

En coincidencia con lo expuesto por Barrios, Falla señaló: “Son autónomos, no responsables por opiniones. Totalmente, de acuerdo, los guatemaltecos no tenemos responsabilidad de nuestras opiniones. Pero sí por los fallos. Por eso existe la figura del antejuicio. También por ello se instituyó que puedan cesar de su cargo si cometen un hecho delictivo”.

En este caso, dijo, “existen varios aspectos en el actuar de los magistrados que deben ser investigados: prevaricato flagrante y violación de principios deontológicos, cuando juraron defender la Constitución y emiten una resolución ilegal, ilegítima y antiética. No es posible que una persona dictamine que su antejuicio no procede”.

Para Falla, son varias las instancias que debieran investigar este fallo. Entre estos, mencionó al Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar; a la Fiscal María Consuelo Porras, y a las autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. “Faltaron a la ética. Deben investigarlos”, concluyó.

El diplomático de la discordia

El origen del señalamiento de prevaricato contra los magistrados es el amparo que estos otorgaron para impedir la salida del embajador sueco Anders Kompass, a quien el mandatario Jimmy Morales declaró non grato en mayo de 2018, junto con la entonces embajadora venezolana, Elena Salcedo, quien salió de Guatemala días después. Ambos fueron señalados de injerencia en política interna del país.

Independientemente de los motivos que pudo haber tenido Morales, varios juristas coinciden en que la función del mandatario es manejar la política exterior y que en todo el mundo, cualquier presidente puede decidir que no desea la presencia de determinado embajador y tiene toda la potestad para retirarlo.

En aquel momento, varios juristas coincidieron en que el derecho internacional, basado en la Convención de Viena, amparaba al mandatario guatemalteco para tomar ese tipo de decisión, incluso sin necesidad de explicar sus motivos al otro Estado.

Aunque la embajadora venezolana partió “sin pena ni gloria”, tal como correspondía, la Fundación Myrna Mack y Alfonso Carrillo interpusieron recursos de amparo para garantizar la permanencia del sueco. La CC otorgó estos amparos, lo cual originó el señalamiento de prevaricato de la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Al mismo tiempo, medios afines a la CICIG realizaron varias coberturas favorables a la permanencia de Kompass, quien representa a uno de los mayores donantes de la CICIG.

Fue durante el acto de donación de US$ 9 millones de Suecia para la CICIG cuando Kompass mencionó que una sociedad corrupta “exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama CICIG”.

En 1999, dirigió la Oficina de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Kompass tiene una Maestría en Historia Latinoamericana y ha sido embajador, Director Regional y Consultor para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores sueco.

En 2007, el diplomático dirigió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), desde donde calificó como grave la situación de los derechos humanos y afirmó que “aumenta la percepción de que no hay suficiente voluntad política para proteger a los defensores”.

Actualmente, Kompass permanece al frente de su embajada, que cubre a Centroamérica, de Belice a Panamá, amparado por un polémico fallo de la CC, que según los conocedores transgredió las prerrogativas constitucionales del Presidente de la República.

 

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