Diálogos por el fortalecimiento de la justicia y el combate a la impunidad en Guatemala es el título del informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tiene alrededor de tres meses para terminar de transferir sus capacidades a las instituciones nacionales. El ex ministro Carlos Vielmann, la diputada Sandra Morán y el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala (EG), Manfredo Marroquín, exponen sus respectivos puntos de vista sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

El informe más reciente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es un balance de lo actuado por dicha entidad en sus 13 años de permanencia en el país,

En 24 páginas, la entidad presenta la situación de la justicia en el país, donde el índice de impunidad se ha mantenido entre 90% y 96% desde hace una década, mientras la debilidad en el aspecto técnico de la investigación criminal sigue siendo uno de los principales motivos para que una enorme cantidad de acusaciones sean desestimadas.

Un elemento que vale la pena resaltar es que el texto mencionado no desarrolla ningún elemento sobre los referidos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, si bien se explaya en temas permanentes en la llamada “agenda” de la Organización de Naciones Unidas (ONU): violencia de género, pueblos indígenas y sociedad civil. En cambio, no se citan avances en cuanto a estructuras criminales desarticuladas.

El texto citado deja claro que los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” siguen incrustados en diversos niveles del Estado y que la mora judicial se incrementó significativamente, llegando a 30 mil acusaciones en espera de un fallo. En cuanto al índice de impunidad, en noviembre de 2018 el documento da cuenta de un 94.20% total y 98.75% en corrupción, mientras las extorsiones tienen un 95.73% de impunidad.

Según el informe, de 2008 a la fecha el  índice de impunidad ha oscilado entre 90.2 y 94.20 por ciento. Para el ex ministro Carlos Vielmann, esto puede equipararse al caso de un estudiante que obtiene 40 puntos de calificación y diez años después, logra 42. “De todas formas pierde”, señaló el entrevistado, quien considera que el documento revela la falta de resultados en el objetivo que dio origen a la CICIG.

Algunas fuentes del informe

Azotar públicamente con una vara a un niño de 12 años por hurto de bebidas gaseosas, podría ser considerado un hecho criminal en cualquier país del mundo. Y si quien lo comete no es consignado ante los tribunales, es evidente que el delito quedó impune. Sin embargo, en Guatemala no es así.

En 2017, una auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), denunció ante el MP al alcalde indígena Juan Zapeta, quien torturó y azotó a dos menores (12 y 17 años), por hurto de bebidas carbonatadas. Los dos menores fueron obligados a caminar descalzos tres kilómetros, antes de azotarlos en un parque, pese a las protestas de representantes de la Procuraduría General de la Nación y la PDH.

Hace 14 años, Zapeta “imparte justicia” de forma implacable en Santa Cruz del Quiché. Diversos azotes (que van de 10 a 40),  y vejaciones públicos cometidos bajo su mandato han quedado impunes, con la justificación de que el alcalde ejerce la “justicia ancestral”, es decir la práctica del escarnio público que se implantó durante la época colonial en el país, cuando los encomenderos españoles solían azotar a los revoltosos.

El referido alcalde dijo a la CICIG: “Yo creo que para nosotros, pueblo indígena de Quiché, es muy complejo y profundo hablar de impunidad. Lo vemos como el sustento de la corrupción, el sustento de la pobreza y nos preocupa profundamente. Si queremos que no haya impunidad, debemos involucrarnos todos”.

Según la CICIG, “el rol de las comunidades indígenas y sus autoridades ha sido vital en la búsqueda conjunta para encontrar mecanismos que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia”.

Otro de los entrevistados para el informe mencionado fue Carlos Mejía, secretario de URNG en San Marcos, quien ha sido diputado y asesor del Congreso varios años. En 2017,  fue uno de los investigados por la FECI en un caso de plazas fantasmas que involucró a 15 diputados y 19 ex diputados. Según dijo a la CICIG, eliminando la corrupción se eliminarían las migraciones ilegales a EE.UU.

“El balance global es muy bueno”

El candidato presidencial de Encuentro por Guatemala (EG), Manfredo Marroquín, considera que si se realiza un balance global sobre la labor de la CICIG, el resultado es muy bueno. “Hizo reconocer al país la corrupción estatal. No podemos negar esa realidad. Sin embargo, no se ha logrado neutralizar a las mafias políticas y económicas que depredan al Estado de Guatemala, las cuales salieron adelante en los intentos por terminar con la corrupción”.

La diputada de Convergencia Sandra Morán coincide con Marroquín cuando afirma: “fue el Estado el que pidió instalar esta comisión como una herramienta para debilitar la impunidad y lograr avances en la justicia, en un sistema que no tenía fuerza para derrotar a grupos muy poderosos que evidentemente, iban a defenderse”.

Sin embargo, Morán considera que la CICIG logró abrir camino y que, en alguna medida, se produjeron cambios, especialmente en la colaboración que las dos fiscales: Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, tuvieron con el comisionado Iván Velásquez.

Según comenta, la reacción anti CICIG es la que implementó una persecución terrible contra Thelma Aldana y algunos de sus colaboradores, como Juan Francisco Sandoval. “Efectivamente, se movió el piso a los poderes, cuya reacción fue muy organizada. Evidentemente, lo que les sirve a ellos no le sirve a Guatemala. Agradezco a la CICIG y a todas las personas que la apoyaron, así como a los países donantes, entre los que está el reino de Suecia”, comenta.

“El informe es la radiografía de un fracaso”: Vielmann

Carlos Vielmann fue uno de los funcionarios que promovió la instalación de la CICIG. “Estaba en el gobierno de Oscar Berger y con Eduardo Stein trabajamos el tema como Estado. El informe reciente evidencia claramente que ninguno de los propósitos iniciales fue cumplido”, dijo a Perspectiva.

Pese a ser uno de los principales promotores para que se instalara una comisión que debía capacitar a fiscales y policías en investigación criminal, Vielmann terminó siendo una de sus víctimas más famosas. Su caso estuvo plagado de contradicciones, testigos falsos, criminales que cambiaron sus versiones y muchas otras irregularidades que constan en el proceso de España.

Juzgado y absuelto dos veces en el extranjero por falta de pruebas, la CICIG y el MP insistieron en volver a apresarlo en Guatemala, a su regreso de España, de donde retornó convencido de su inocencia y absuelto por la justicia de ese país. Actualmente, está libre bajo fianza y con medida sustitutiva.

En primer lugar, señala, “se tomó la decisión de bajar los índices de impunidad, que claramente han permanecido en el mismo rango. En segundo lugar, se pretendía transmitir tecnología y técnicas de investigación criminal avanzadas a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

El propósito fundamental era perseguir los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Y estos siguen incrustados en diferentes organismos del Estado. Después de tantos años, no le dieron seguimiento a los grupos criminales que amenazan y sobornan jueces. La mara Salvatrucha, una de las más dañinas, se ha fortalecido e involucra a militares y policías. El informe es la radiografía del fracaso de la CICIG”, concluye.

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