Durante la mañana, la Liga pro Patria convocó a una conferencia de prensa durante la cual los constitucionalistas José Luis González Dubón, Fernando Linares Beltranena, José Pineda y Giovanni Fratti, expusieron ante los guatemaltecos la grave situación de la gobernabilidad en el país y las posibles soluciones para retornar a la institucionalidad.

Roxana Orantes Córdova

Son varias las voces que denuncian un golpe de Estado en Guatemala, mientras un gran sector de la población no ha mostrado ninguna reacción. Los abogados constitucionalistas que hoy expresaron su posición ante el tema, coincidieron en que esto se debe a que la ciudadanía no conoce los detalles del tema, pero insistieron en que el orden republicano se quedó sin uno de los tres poderes que lo sustentan: el Organismo Judicial.

Para ello, afirmaron los expertos, urge que el Ejecutivo y el Congreso tomen las medidas pertinentes que impedirían el avance de un proyecto que, según González Dubón, deriva del Foro de Sao Paulo y pretende implantar en Guatemala la hegemonía izquierdista.

Consecuencia de la politización de la justicia

El constitucionalista González Dubón explicó que la situación actual de Guatemala, donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones, ejercen funciones más allá del plazo establecido por la ley. Por ende, de forma ilegal.

La politización de la justicia abarcó al sistema en general: Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Sistema Penitenciario y otras instituciones relacionadas con la aplicación de la justicia, dijo el constitucionalista.

Los magistrados usurpan calidad al prolongar sus funciones, lo que realizan con base en un acuerdo de la propia CSJ y una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esto es inconstitucional, enfatizó, y añadió que la CC ha cometido flagrantes delitos, lo que hace necesario que se planteen soluciones ante el golpe judicial, para defender la República.

“Es la lucha ideológica expresada en el sistema de justicia. Se trata de una estrategia implementada por el Foro de Sao Paulo para destruir las instituciones y alcanzar el poder, que la izquierda no ha logrado por la vía electoral. Están tratando de apoderarse del sistema de justicia y cometen actos que llevan al caos judicial”,  expresó.

Según explicó el constitucionalista, la Constitución Política de la República (CPR), es el límite al ejercicio del poder. Este límite está establecido para el ejercicio de las magistraturas en la Carta Magna, y la ley es clara en que nadie puede prolongarlo más allá de lo definido en la ley, que en este caso era el 13 de octubre.

“No están ante una disyuntiva. La ley es clara y esos cargos no existen luego de cinco años. Son puestos políticos, nombrados por el Congreso, no forman parte de la carrera judicial”, dijo.

El constitucionalista comentó que la CC ha cometido varias violaciones graves a la CPR, entre las que están la pretensión de sustituir la voluntad de la asamblea, donde de 230 juristas, 123 votaron a favor de la única planilla propuesta y aceptada por la asamblea.

Otro punto donde la CC se extralimitó es en proponer que los aspirantes a magistraturas sean evaluados y que de estos, los que manifiesten interés sean los únicos en los listados. “Esto viola el derecho constitucional de los magistrados de aspirar a las candidaturas”.

Por otra parte, el “golpe de Estado judicial” se basa en una consulta a la CC. “No es una resolución ni sentencia”, enfatizó. Y señaló que con esta opinión, la CC indujo a los magistrados a cometer delito.

“Si la CSJ o las salas de apelaciones  dictan una sola resolución judicial, estarían en delito”, mencionó. Y agregó: “Si no se respeta el orden constitucional, ya no viviremos en el Estado de Derecho que teníamos, sino en un estado de hecho”.

Para González Dubón, no es complicado definir lo que procede ahora. “Dejaron de ser magistrados el domingo a las cero horas. Si siguen ejerciendo pueden ser procesados, no tienen derecho de antejuicio”.

La ciudadanía tiene derecho a oponerse a disposiciones que violenten su derecho. Y la solución estaría en dos puntos, mencionó:

  1. No obedecer las órdenes manifiestamente ilegales. Las comisiones de postulación no están obligadas a obedecer. Deberían enviar el listado de candidatos al Congreso y este, nombrar a los magistrados.
  2. Deducir responsabilidades penales. Esto daría lugar a que los magistrados suplentes de la CC asuman.

“El miedo tiene a Guatemala en este caos. La constitución está por encima de la CC, dirigida por activistas, no por magistrados. No es grave que no haya magistrados en la CSJ, que tarda años en resolver los casos. Y el Congreso debe cumplir su mandato y elegir a los magistrados”.

El diputado Linares Beltranena, ex constituyente y dignatario de la Nación, señaló que ayer interpuso dos demandas ante las autoridades. “Los magistrados de la CSJ y de salas que ejerzan jurisdicción, estarán cometiendo los delitos de prolongar funciones y usurpación de calidad”, dijo.

“Ya no son magistrados y si ejercen estarán violando la ley, con base en una opinión consultiva de la CC y un acuerdo propuesto por la CSJ. ¿La razón de esto? Ganar tiempo, para que la elección de magistrados la realice la próxima legislatura, donde habrá más peso de la izquierda, además de los 52 de la UNE”.

“El orden republicano está acéfalo, con la ausencia del poder judicial y un OJ en la ilegalidad. Es un serranazo contra uno de los poderes”, explicó.

José Pineda enfatizó:

 “Nos asiste el derecho. La constitución y el código de ética profesional, que obliga a los abogados a defender el honor profesional. El orden constitucional está quebrantado no hacen saber esto a la ciudadanía debido a intereses. Estamos ante un golpe de estado técnico. Lo que sucede no es nada sencillo. El pueblo debe saber que estamos viviendo un golpe de Estado”.

Las ilegalidades, detalladas por Guatemala Inmortal

Giovanni Fratti leyó un recuento de las ilegalidades atribuidas a la CC y enumeradas en un documento de Guatemala Inmortal, que vale la pena reproducir:

  1. Atentó contra la independencia del OJ, al impedir que la magistrada electa como presidente ejerciera sus funciones en 2016.
  2. Se anuló el nombramiento de los gobernadores departamentales, porque no eran del gusto de la UNE, aunque fueron nombrados por el presidente electo.
  3. Impidió la declaratoria de non grato a Iván Velásquez. Esto impidió al Presidente ejercer su función constitucional de dirigir la política exterior.
  4. Se ordenó al Congreso de la República suspender sus funciones, cuando la CC estuvo en desacuerdo más de una vez con legislaciones y le impidió legislar al Congreso.
  5. Limitó las funciones de la Cancillería, hasta el extremo de pedirle suprimir un párrafo en una nota diplomática que pedía a Iván Velásquez respetar la Constitución. “Cayó en ridículo de redactarle notas y cartas a la Cancillería”.
  6. Retardo malicioso de más de dos años con la mina San Rafael.
  7. Retardo malicioso en las minas El Tambor y la Puya, por más de dos años.
  8. Debido a estos retardos, el Estado enfrenta demandas por más de dos mil millones de quetzales.
  9. Retardo malicioso por más de 10 meses, en resoluciones que atentan contra la independencia de la Fiscal General y jefe del MP.
  10. Suspensión arbitraria, injusta y sin base, del doctor Conrado Reyes, electo Fiscal General.
  11. Resolución ilegal para que Anders Kompass permaneciera en Guatemala.
  12. Suspensión arbitraria de las Comisiones de Postulación.
  13. Resoluciones judiciales exprés a expedientes planteados por políticos de izquierda y Jordán Rodas.
  14. Extralimitación en funciones y manipulación de expedientes de amparos.

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