Hoy se produjeron dos hechos relevantes que muestran las facetas de un tema: la Comisión de la Verdad del Congreso, repudiada por grupos civiles que han sido señalados por algunos testimonios,  y la declaración de los Bitkov, que con la acción de sus abogados ante la Comisión Helsinki, iniciaron el fin del mandato de la CICIG. Perspectiva documenta esto, con base en los vídeos del Congreso, redes y medios de comunicación.

Roxana Orantes Córdova

Eddie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC), se presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por difamación contra el mandatario Jimmy Morales, quien señaló a AC de recibir fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Curiosamente, la demanda se extendió contra los diputados Juan Ramón Lau y Luis Hernández Azmitia, dos de los legisladores que reciben las denuncias de ciudadanos afectados por las actuaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El caso de la actual Comisión de la Verdad es sui generis, porque se constituyó luego de un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), al Ministerio Público (MP), Acción Ciudadana (AC) y Alfonso Carrillo.

Para sus detractores, esto la convierte en ilegal, porque aducen que los diputados son representantes del Congreso, y el amparo provisional de la CC le impediría a los diputados “participar de forma personal”, siendo representantes del Congreso. Sin embargo, un elemento importante es que parte de las obligaciones de los legisladores es recibir testimonios y quejas de diversos ciudadanos y no es raro encontrar en diferentes bancadas, a personas de diferentes procedencias, estratos y localidades, buscando el aval de los diputados, que entre sus roles tienen la función de ser intermediarios entre la ciudadanía y las instituciones.

Un dato interesante que vale la pena resaltar es que los tres favorecidos por el amparo provisional: el MP, (por los señalamientos contra la FECI), Manfredo Marroquín, ex presidente de AC, y el abogado Alfonso Carrillo, han sido mencionados más de una vez por quienes acudieron al Congreso a presentar sus pruebas sobre abusos, torturas, violaciones a la ley y muchos otros delitos que atribuyen a la CICIG.

En su declaración a los medios, el presidente de AC, Eddie Cux, expresó que están muy preocupados por el Congreso, “especialmente la mal llamada Comisión de la Verdad”. Según Cux, esta instancia “afecta las competencias del MP y el OJ” y perjudica “investigaciones abiertas”.

“Presentamos a la CC una debida ejecutoria para que se refrende el amparo provisional que ya nos fue otorgado y que estas actuaciones de la comisión no sigan, no continúen, porque verdaderamente se está atentando contra la sociedad y las investigaciones. Pero además porque la autoridad impugnada fue el mismo Congreso en su conjunto. No pueden participar de forma personal, cuando son representantes del Congreso de la República. Toda la actividad que están realizando la consideramos ilegal, están afectando investigaciones sobre la identidad de miembros de la FECI”.

Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó la solicitud de retiro de antejuicio planteada por el Congreso contra los magistrados de la CC Boanerge Mejía, Gloria Porras y Francisco Mata de Vela, quienes otorgaron un amparo provisional que suspendió las acciones emprendidas por la Comisión de la Verdad o Comisión anti CICIG, dependiendo desde qué perspectiva se vea.

Historias que incomodan y quieren ser “enterradas”

La comisión que pretenden acallar personas e instituciones que fueron señalados en diferentes audiencias, es un espacio de esclarecimiento para muchos ciudadanos que han sido absueltos de procesos que tienen muchas características de montajes.

Cualquier persona puede ingresar a la página del Congreso, donde es posible ver la totalidad de las declaraciones realizadas por guatemaltecos a quienes se violó la presunción de inocencia, se negaron medidas sustitutivas y finalmente, se convirtió en peligrosos delincuentes a través de la propaganda mediática.

Todo esto, detallado el 30 de octubre por la ex presidente del Instituto de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalling, quien no omitió pruebas, nombres y datos suficientes como para suponer que su captura y la implicación de su hijo en un caso del que fue absuelto, pudieron ser parte de un burdo montaje en el cual Stalling afirma que tuvieron participación la ex fiscal Thelma Aldana; la magistrada María Eugenia Morales de Sierra, de la Cámara Penal; Delia Dávila, ex mandataria de CICIG y vocal en la Cámara y el juez a juez suplente Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien habría sido recompensado por la CICIG.

Además, en la trama denunciada por Stalling se encuentran personajes extranjeros, como el ex embajador de EEUU Todd Robinson, un agente de la DEA, Iván Velásquez y algunos investigadores de la CICIG, entre estos un policía peruano que capturó a la magistrada con lujo de fuerza.

Stalling inició su testimonio con una reseña histórica que explica cómo y por qué el sistema judicial terminó cooptado por grupos de interés, plegados a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y durante un tiempo, financiados por Soros, a través del entonces representante de esa fundación, Roberto Stein.

A raíz de los acuerdos de paz, se creó la Comisión Nacional de Fortalecimiento y Apoyo al Sector Justicia. En esa instancia, Stalling participó durante 18 años. Tal como el ex ministro Carlos Vielmann, la ex magistrada participó en la instalación de la CICIG en Guatemala. Según afirma, en aquel tiempo consideró que sería de beneficio para el país.

Al recordar la comisión de fortalecimiento al sector justicia, dice:

“Trabajé al lado de la comisionada principal, Helen Mack, durante 18 años en esa comisión. Conozco perfectamente el manejo de la misma y sé la influencia que esa comisión ha llegado a tener en el sector justicia. Esa comisión tiene un control muy profundo en las actividades de las instituciones del sector justicia”.

Según cuenta, desde esa comisión se le encomendó explicar a jueces y fiscales las funciones y ventajas que tendría la CICIG. Paradójicamente, y tal como en el caso del ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann, Stalling fue la funcionaria que dio la bienvenida al ente que desarticularía cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y que lejos de eso, asegura, se convirtió en un CIACS.

Stalling menciona con nombres y detalles a los grupos civiles y personajes que participan o participaron en esa comisión, así como el poder que terminaron ejerciendo y la incidencia en las elecciones de magistrados, patente en la coyuntura actual, así como en acciones que pueden considerarse presiones ilegales sobre la aplicación de la justicia.

Por ejemplo, las evidentes presiones e intimidaciones a jueces, la manipulación para que se tramitaran antes los procesos de interés para la CICIG y organizaciones sociales, entre estos los que se implementan contra militares retirados.

Entre otros señalamientos de Stalling, cuya declaración duró casi tres horas, resaltan:

  • Guerra jurídica a través de amparos. Entre otros, mencionó a Nineth Montenegro y Alfonso Carrillo, que lograron colocar “a uno de ellos” al frente de la Defensa Pública Penal.
  • Persecución en su contra por Manfredo Marroquín. “No compaginaba mi actuar con sus intereses”.
  • Cuando Stalling trabajó en el MP, Acción Ciudadana “se incrustó” en el sector justicia, haciendo análisis sobre transparencia.
  • Visitas de Iván Velásquez y Helen Mack a la Defensa Pública Penal. “Desapareció la figura del defensor público”.
  • “Capacitaciones” a los medios de comunicación.

La denuncia de Stalling es muy extensa como para sintetizarla en un espacio limitado. Abunda en nombres y datos que solamente alguien con casi 20 años de participar en la comisión para modernizar la justicia pudo conocer. Sin embargo, para finalizar, cabe citar la siguiente parte de la denuncia:

Stalling fue citada por Thelma Aldana a una sala de reuniones del MP. “Ahí estaban Todd Robinson, un agente de la DEA y Francisco Rivas Lara, quienes me solicitan apoyo desde la Cámara Penal para agilizar procesos de interés para el MP y que los jueces agilizaran trámites de extradiciones. Me entregaron dos listados con nombres. Lo denuncié ante varias instancias del MP”.

Según asegura, ahí comenzó su calvario.

Bitkov: la peor piedra en el zapato de la CICIG

Cuando Iván Velásquez fue citado ante la Comisión Helsinki, en abril de 2018, estaba en el pleno apogeo de su poder y su inmunidad sin límites. Probablemente esta seguridad y la falsa percepción de que era un líder en Guatemala, lo animaron a no acudir a la instancia, donde debía explicar los señalamientos realizados en su contra por los abogados de la familia Bitkov.

Este alarde de prepotencia se volteó en su contra y la primera consecuencia fue el retiro de una cierta cantidad de fondos de EE.UU. para la CICIG. Mientras, los abogados de la familia rusa, Rolando Alvarado y Victoria Sandoval, con claridad y sencillez expusieron sus argumentos ante la comisión estadounidense, que anunció el inicio de una investigación cuyos resultados podrán acarrear muchas sorpresas.

Perspectiva ha publicado detalladamente el caso de esta familia, que hoy presentó su testimonio al Congreso. Algunos de los argumentos expuestos por su defensa en redes sociales indican:

  • Un tribunal de amparo guatemalteco exoneró a la familia Bitkov del proceso penal, por ser reconocidos como migrantes los cuales protege la Convención de Palermo. Este amparo fue apelado por la CICIG y el banco ruso VTB, a través de un ocurso planteado por Ericka Aifán.
  • CICIG pidió que los Bitkov fueran expulsados a Rusia. La orden de aprehensión de la familia Bitkov fue coordinada en contubernio con el banco ruso VTB, que en Moscú publicó abiertamente que estaba “satisfecho” por la detención de la familia Bitkov gracias a CICIG. Esta información nunca fue revelada en Guatemala.
  • El abogado Alfonso Carrillo es (o fue) mandatario del banco ruso Gazprombank y al mismo tiempo, de CICIG.
  • Iván Velásquez intentó desvirtuar evidencias sobre la colusión entre CICIG y Rusia para deportar a los Bitkov a ese país, donde son perseguidos políticos. Este dato ha sido cuidadosamente ocultado en los medios y no es conocido por la población guatemalteca.
  • Pavel Astarkhov, comisionado de la niñez de Rusia, intentó llevarse al niño menor de los Bitkov a Rusia, para internarlo en un orfanato, presionando a la PGN y el OJ.
  • Jazmín Barrios les impuso condenas de 14 y 19 años por documentos obtenidos por una red llamada Cutino, en la que participaban Mayra Véliz, la ex secretaria del MP, y Raúl Morales, ex ministro de Relaciones Exteriores, quienes no fueron investigados.
  • Más de cinco mil migrantes obtuvieron documentos en Guatemala, a través de esa red. Solo los Bitkov fueron investigados.
  • Un dato que la defensa de los Bitkov no cita en su red, pero vale la pena mencionar por la escasa atención que ha tenido en Guatemala, es que Alvarado y Sandoval obtuvieron el premio Magnitsky que se otorga en Inglaterra a los defensores de derechos humanos, por su valiente defensa de esta familia.
  • Los Bitkov se reservan el derecho a implementar acciones legales, nacional e internacionalmente, contra Aldana y Velászquez.

La libertad de expresión es el derecho más importante en una democracia. El Congreso es el organismo obligado a intermediar entre la ciudadanía y los otros poderes del Estado. Por ello, es importante que la Comisión de la Verdad continúe recogiendo testimonios, e investigando hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias, la veracidad de estas historias de horror que narran estas personas.

De la misma manera, hubiera sido importante la presencia del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, a quien según el presidente de la comisión, Juan Ramón Lau, citarán todas las veces que sea necesario y documentarán cuidadosamente la ausencia del comisionado del Congreso que debe velar por el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente cuando organismos de justicia los han violado sistemáticamente.

 

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