En menos de 40 años, el sistema de comisiones postuladoras está agotado, asegura más de un analista. Entretanto, el gremio de abogados elige hoy a sus representantes ante las comisiones que designarán a magistrados de las cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Roxana Orantes Córdova

Desde primeras horas de la mañana, los abogados residentes en la capital acudieron al Parque de la Industria, convocados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para elegir a los integrantes de las comisiones postuladoras.

“A las 6 pm se cierran las urnas y esperamos que poco después estén los conteos preliminares sobre quiénes serán los comisionados electos”, comenta Mario Siekavizza, vocero de la CSJ quien participa en una de las 23 planillas presentadas ante el CANG.

Pese a las expectativas de muchos abogados como Siekavizza, quien afirma que “es necesario dignificar al gremio”, el sistema de elección que se planteó para evitar la evidente politización que otorgaba al Congreso toda la responsabilidad de elegir a magistrados y algunos funcionarios, parece agotarse.

Actualmente, las comisiones de postulación son señaladas por diversas anomalías: tráfico de influencias, negociaciones “tras bambalinas” y presiones de personajes vinculados con el crimen organizado que pueden influir para lograr que sus candidatos sean nombrados, a fin de favorecer sus intereses (por ejemplo, resolviendo casos judiciales según su conveniencia).

La influencia de estos actores ocultos, pero poderosos, inicia desde que comienza el proceso para seleccionar a los integrantes de las comisiones de postulación, han señalado repetidamente diversas opiniones.

Sobre el agotamiento del sistema, Siekavizza comenta: “la actual ley es la que tenemos, nuestro deber es honrarla. Algunos la aplican, otros la usan. Debemos honrarla. El punto no es si las leyes son buenas o malas. Es necesario dignificar al gremio con nuestras actuaciones”.

De la búsqueda de transparencia a la “bolsa de empleo”

Edgar Ortiz, abogado de la Fundación Libertad y Desarrollo, afirma: “definitivamente, la respuesta es sí”, al preguntarle si considera que el sistema de comisiones postuladoras se agotó, aunque emitió su voto durante la mañana.

Con esta idea coincide el doctor Emilio Estrada, abogado litigante quien en una columna de opinión expresa que la idea original de la Constitución Política de la República (1985), pretendía “transparentar el procedimiento para la elección de los magistrados de la CSJ, las salas de apelaciones y otros órganos jurisdiccionales de igual categoría”.

En su columna, Estrada apunta que la idea original del legislador constitucional fue que los magistrados fueran independientes, y que el Organismo Judicial no estuviera “supeditado, subordinado o cooptado a grupos de poder”.

La realidad demostró ser muy diferente y especialmente, desde el año 2000, narra Ortiz, se ha desvirtuado el sistema que intentaba transparentar el nombramiento de magistrados.

Esto, considera  Ortiz, está vinculado con la pérdida de la reserva moral de la academia, una de las fortalezas que fueron consideradas cuando se diseñó el concepto de comisiones postuladoras, en la Constitución de 1985. El tema fue incluido en las reformas de 1993.

Con los años, el modelo se pervirtió y permitió la injerencia en las elecciones de figuras oscuras como Roberto López Villatoro, el “rey del tenis”, Gustavo “el Gato” Herrera, Juan de Dios Rodríguez y otros, relacionados con instituciones del Estado, partidos de gobierno, universidades y diputados.

El caso de la ex fiscal Thelma Aldana es un claro ejemplo de que “el sistema funciona así”. Aldana fue señalada por el ex comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, de vínculos con Herrera y Villatoro que le permitieron ascender en la carrera judicial.

“Es casi imposible ascender en la carrera judicial sin un padrino”, señala Ortiz, quien enfatiza en que esto no significa que la totalidad de los jueces y magistrados estén vinculados con representantes de esas mafias o tengan conexiones políticas.

Hace cinco años existían cuatro o cinco facultades de Derecho, explica Ortiz, quien agrega que actualmente hay por lo menos 12 facultades. Estrada, en su artículo, afirma que

“Han proliferado universidades de garaje, con veinte o treinta estudiantes y cuya finalidad es participar en las comisiones de postulación. De tal suerte, al día de hoy nos encontramos con un sistema caduco, del cual no podemos esperar nada bueno a menos que en realidad los postuladores sean personas éticas y comprometidas con el futuro de Guatemala”.

El sistema se ha convertido en una especie de “bolsa de empleo” afirma Ortiz, quien señala que los personajes implicados en pervertir las comisiones postuladoras solían ofrecer becas de maestría y otras herramientas académicas a los abogados.

A través de estos “favores”, lograron gestionar las elecciones en el CANG y tuvieron fuerte influencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). “Se esperaba que los beneficiados con becas y maestrías retribuyeran a sus padrinos resolviendo casos concretos. La CICIG destapó esta estructura en el caso llamado Comisiones Paralelas”, que implica a López Villatoro, mientras Herrera está asilado en Nicaragua”.

Aunque los operadores políticos más conocidos parecen estar fuera de la escena, su influencia podría permanecer vigente, dijo a los medios de comunicación Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia.

Hace un mes, 33 jueces y magistrados viajaron a Nicaragua para conocer el funcionamiento de la Corte Centroamericana de Justicia. Retornaron un día antes de la elección de los 12 magistrados que integrarían la comisión postuladora para las cortes de apelaciones.

“Dados los antecedentes: residencia de Herrera en Nicaragua e influencia de Herrera en las postuladoras, es necesario mencionar que este viaje puede generar sospechas”, afirma Ortiz.

Para este abogado, la única forma de modificar un sistema que ya se agotó sería modificar la Constitución Política de la República. “Este cambio estuvo planteado en la propuesta de reformas de 2017. Sería ideal que existieran mecanismos internos para permitir el ascenso de los abogados en las cortes, así como la inclusión de abogados particulares en las altas cortes”, concluye.

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