La estrategia de detección del COVID-19 es importante en varios sentidos. Al respecto, el Colegio de Farmacéuticos y Químicos, la PDH y la iniciativa privada han expuesto sus diferentes propuestas para incrementar las pruebas. El jefe de epidemiología del MSPAS, Manuel Sagastume, explica por qué las pruebas deben ser diversificadas (realizadas por diversas entidades), pero no masivas (solamente deben realizarse a los sospechosos de portar el virus).

Roxana Orantes Córdova

En medio de una pandemia que ha asolado varios países, en Guatemala se conocen algunas buenas noticias: el 25 de marzo, se recuperaron cuatro pacientes. Hasta el momento, ninguno de los casos diagnosticados proviene de la comunidad y las autoridades están dando sus mejores esfuerzos para lograr la contención.

Además de lo anterior, el doctor Manuel Sagastume, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), mencionó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y varios laboratorios privados realizarán  las pruebas para la detección del COVID-19, virus que provoca el síndrome respiratorio conocido como Coronavirus, temido por la facilidad con la que se propaga y porque hasta hace tres meses era totalmente desconocido para la humanidad.

En medio de la emergencia mundial, la información debe apegarse a las fuentes oficiales para no crear un terror que motive acciones desesperadas que pudieran ser fatales. Tal es el caso de las compras de pánico que terminan con el alcohol en gel, el cloro y las mascarillas, pero peor aún, la posible automedicación con dos compuestos llamados hidrocloroquina y azitromicina, que están usándose de forma experimental y pueden tener efectos secundarios especialmente en interacción con otros medicamentos.

Una de las demandas de varios grupos: ciudadanos, económicos y científicos, es que el gobierno implemente una estrategia de detección masiva, que al parecer ha dado resultados en Corea del Sur y EE.UU. El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, para “preservar el derecho a la salud e implementar las medidas necesarias para ampliar la facultad de realizar las pruebas de detección del COVID-19 a toda la red de Salud Pública, IGSS, Centro Médico Militar y Sector Privado, así como masificar las pruebas a realizar”.

El control del MSPAS sobre estas pruebas y sobre todo lo relacionado con la pandemia es indispensable, puesto que se trata del ente estatal rector de la salud y una pandemia es un tema de Estado, por ser un asunto estratégico, señala el epidemiólogo consultado.

Con la posición del PDH coincidió el Colegio de Farmacéuticos y Químicos (COFAQUI), cuyo presidente, César conde, propuso al Estado “incrementar las pruebas de COVID-19, utilizando la red de laboratorios públicos y privados, bajo control del MSPAS”.

Según indicaq el comunicado de COFAQUI: “Con preocupación vemos que en los últimos días diversas casas comerciales han ofrecido pruebas rápidas basadas en la detección de anticuerpos para la detección del COVID-19, algunos de estos productos incluso cuentan con el registro sanitario autorizado por el MSPAS, para ser comercializados. Lamentablemente, esto ocurre pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS9, no recomiendan el uso de pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19, ya que este tipo de pruebas tienen una sensibilidad baja y que de momento, la determinación de anticuerpos no se considera como criterio para confirmar o diagnosticar la enfermedad”.

El 25 de marzo, el MSPAS dio a conocer que el IGSS, el Centro Médico Militar, la red hospitalaria nacional y los servicios de salud privado podrán realizar las pruebas, que sin embargo, deberán ser canalizadas al MSPAS para que el Estado mantenga el registro y evolución de cada caso diagnosticado.

Al mismo tiempo, la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), inició una campaña de recaudación para para que el gobierno facilite la realización de pruebas tempranas.

“Solo los sospechosos deberían realizarse esta prueba”

El doctor Manuel Sagastume, jefe de epidemiología del MSPAS, tiene la enorme responsabilidad de coordinar las acciones en torno a la pandemia. Según dice, para realizar una prueba de COVID-19, es necesario que se trate de un caso sospechoso. Y esta condición de sospechoso solamente puede determinarla un médico.

“En las epidemias, los casos varían dependiendo de cada evento. Por ejemplo malaria, dengue y otras enfermedades infecciosas. El COVID-19 es un virus reciente, pero ya han pasado algunos meses desde su aparecimiento. Inicialmente no había pruebas para detectarlo y con el paso del tiempo, los laboratorios las han desarrollado”.

Un factor decisivo en casos como este, es que el manejo de la información sea responsable, “para evitar el pánico. Debe ser estricto La desinformación provoca pánico y alteración social. Si todos los laboratorios que pueden comenzaran a realizar diagnósticos masivos se corre el riesgo de que se realicen pruebas a personas que den negativo y en la evolución de la epidemia podrían contagiarse. No es necesario que personas no sospechosas se sometan a esta prueba”, expresa el médico, y agrega que el MSPAS tiene que llevar el control de todos los resultados.

“Desde que inició la pandemia ha pasado algún tiempo, actualmente laboratorios privados pueden realizar la prueba, pero el procesamiento, registro y notificación siguen estando a cargo del MSPAS. Recientemente se conoció que la iniciativa privada va a realizar un fuerte donativo para adquirir más pruebas. Pero es importante mencionar que el término masivo no debe usarse, por lo ya mencionado sobre la aplicación a personas no sospechosas”.

En lugar de esto, es necesario diversificar las pruebas, que seguirán estando a cargo del laboratorio del Estado, indica el epidemiólogo, quien explica que “aunque se comenzará a realizar en laboratorios privados, el MSPAS está luchando para que estos exámenes no tengan costo para ninguna persona, nacional o extranjera”.

Y concluye: “es importante que la ciudadanía comprenda que no se trata de un examen médico que pueda realizarse a voluntad del paciente, sino únicamente luego de que esta persona sea considerada sospechosa de portar el virus”.

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