En el país se confrontan dos posiciones: quienes avalan incondicionalmente al comisionado Iván Velásquez y los que preferirían que fuera sustituido. El tema va mucho más allá de “transparentes” contra “corruptos” y consta de varias piezas que deben tomarse en cuenta para interpretar este momento.

Equipo editorial Perspectiva

Los dos hechos más recientes que ayudan a interpretar esta trama, son la citación de la canciller Sandra Jovel y la captura del ex presidente Álvaro Colom junto con nueve miembros de su gabinete.

A estos hechos se suma la condecoración del alcalde capitalino a un grupo de cadetes que el 15 de septiembre pasado defendió la bandera nacional de manifestantes que pretendían sustituirla por otra enseña manchada de pintura roja.

El tema no es tan sencillo como para reducirlo a quienes favorecen y cuestionan la corrupción. Va mucho más allá y abarca diferentes ámbitos sociales, pasando por los movimientos políticos.

Por ejemplo, el desgaste que podría sufrir el movimiento pro formación de partido Semilla, debido a la detención de Juan Alberto Fuentes Knigth, uno de sus fundadores, quien además era presidente de Oxfam Internacional.

Samuel López, secretario general de esa organización, declaró: “Con el movimiento Semilla hemos apoyado el trabajo del MP y la CICIG, esperamos que los procesos en el sistema de justicia se realicen con imparcialidad e independencia, y continuamos con firmeza en el proceso de construcción”,

Dos personajes que desatan pasiones                                        

El conflicto entre Álvaro Arzú y el comisionado Iván Velásquez es innegable. Como todas las figuras públicas, ambos tienen logros dignos de mención y puntos oscuros en su historial.

Si existen dos personajes a los que puedan aplicarse las expresiones “mala prensa” y “buena prensa”, es a ellos dos. Probablemente, la “mala prensa” de Arzú se origina en su carácter explosivo y las polémicas declaraciones que lanza, especialmente contra los medios. Ya son proverbiales dos de estas declaraciones.

Hace varios años, iniciando su gobierno, dijo “a la prensa, se le pega o se le paga”. Y recientemente, durante la condecoración de los cadetes, afirmó: “Tendremos que pasar sobre la cabeza de los medios de comunicación negativos”. Evidentemente, tales declaraciones tienen como consecuencia una cobertura que lo muestra como el típico cacique criollo: intolerante y conservador.

Esto, aunque su gobierno fue el signatario de los Acuerdos de Paz y es indiscutible que fue Arzú quien inició el camino del país hacia una modernización que sigue en marcha y se ha detenido en varios campos. Por ejemplo, la dotación de textos escolares y equipos de computación a escuelas públicas y el inicio de una red vial que, después de su mandato, quedó inconclusa.

Por otra parte, el comisionado Iván Velásquez es presentado como el adalid de la lucha anticorrupción y su imagen pública resulta inmaculada, aunque existe más de un señalamiento en su contra por la extralimitación en sus funciones.

Un ejemplo es la presencia de Velásquez en el Congreso durante la discusión de las reformas constitucionales al sector justicia, una de las demandas estadounidenses para la implementación del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Al respecto, el diputado Enrique Álvarez, de Convergencia (grupo que lideró la citación a Jovel), recordó que fue el propio gobierno el que favoreció que la CICIG fuera parte de la comisión técnica que elaboró las reformas, por lo cual su presencia en el Congreso no fue irregular.

Por su parte, el diputado Fernando Linares Beltranena denunció en su momento que el comisionado habría presionado a los legisladores para intentar la aprobación de las reformas, que finalmente quedaron “engavetadas”.

Esto, en cuanto a lo que se señala en Guatemala. En Colombia se le cuestiona por el llamado “expediente alcantarilla”. Se dice que cuando fue fiscal auxiliar, logró testimonios que inculpaban al mandatario de su país con procedimientos poco ortodoxos, como emborrachar a testigos.

Para Gustavo Porras, sociólogo, ex presidente de la Comisión de Paz del gobierno (Copaz) y secretario privado de la Presidencia durante la administración Arzú, la hostilidad del gobierno “no es contra la CICIG sino contra la permanencia de Iván Velásquez, un señor abusivo que pasa por encima de las leyes, actuando según una estrategia que parece tendiente no a depurar, sino a humillarnos”.

Otro de los señalamientos recurrentes entre quienes cuestionan al comisionado, es que sus investigaciones, sumadas a la acción del Ministerio Público (MP), suelen contener malos procedimientos.

Caso reciente es el del diputado Felipe Alejos, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso quien logró detener el proceso de la CICIG-MP en su contra, por “actividad procesal defectuosa”. Aunque los aliados de la CICIG cuestionan al juez que detuvo el proceso, Alejos evita hablar del tema con los medios y asegura que su situación legal “no se dirimirá a través de la prensa, sino en los juzgados”.

En torno al enfrentamiento entre el alcalde y el comisionado, la politóloga y periodista de investigación Roxana Ávila afirma: “Este se origina en la acusación que plantea la CICIG por las plazas de trabajo otorgadas a familiares de personas señaladas de encubrir el asesinato de Monseñor Gerardi”.

Y agrega: “Ampliando el panorama hacia todas las instituciones de la administración pública, podemos decir que la contratación de referidos es una práctica usual, por lo que resulta curioso que se trate de sustentar una acusación en contra del Alcalde Arzú con pruebas tan superficiales”.

Según la politóloga, es posible percibir “animosidad en las acciones del MP y la CICIG con el objetivo de restarle apoyo al gobierno de Jimmy Morales, debilitando al alcalde. A ello se suma el intento por remover a la Junta Directiva del Congreso, presidida por Álvaro Arzú Escobar, por medio de un amparo. La maniobra, lejos de perjudicar al Ejecutivo, logró la consolidación de fuerzas entre el Legislativo y la alcaldía capitalina”.

Según Porras, el grupo ciudadano que se dedica a la defensa oficiosa del comisionado, es una izquierda que agita la bandera de la intolerancia. “Los quisiera ver en una lucha real. Es alarmante la despolitización de ese grupo, que se identifica con la izquierda pero a diferencia de toda la izquierda latinoamericana, que denuncia la intervención estadounidense, esta izquierda guatemalteca es la única que pide una intervención de Estados Unidos en su país”.

Martes 13 para la UNE

El martes 13 de febrero amaneció con la noticia sobre las capturas de varios ex funcionarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que se involucraron en el caso llamado Transurbano al firmar el documento que daba vida a la instalación de un sistema de transporte que encubrió la defraudación al Estado.

La cobertura mediática que ha recibido el caso ha sido acorde a la ética periodística. Los medios se limitaron a dar la noticia, sin achacar sobrenombres ni culpabilidades a los nueve ex funcionarios responsables.

Esto contrasta, por ejemplo, con el señalamiento al diputado Alejos, a quien inmediatamente de conocerse la solicitud de antejuicio en su contra, se comenzó a identificar ante la opinión pública como “Filipao”, nombre que supuestamente lo identificaba en la acusación que, por el momento, el legislador evidenció que se basaba en un mal procedimiento. Es decir, al identificar a Alejos como “FIlipao”, los informativos incurrieron en una violación de la presunción de inocencia e intervinieron en la aplicación de la justicia, probablemente en un intento de avalar al cien por ciento cada una de las acciones de la CICIG-MP.

Como contraste, los detenidos de la UNE han recibido solidaridad implícita de los informativos, con opiniones que llaman a que se respete con ellos el debido proceso y denuncias por la situación inhumana que le toca vivir a quienes ocupan la carceleta de tribunales.

Finalmente, un elemento que no debe perderse de vista es que la acusación contra el ex mandatario es por fraude y peculado. Transurbano fue un caso de fraude de US$35 millones.

Sin embargo, hasta el momento no se ha incluido el delito de lavado de dinero o asociación ilícita contra los señalados. Según el diputado Fernando Linares Beltranena, “en este caso hay compadre hablado”, y seguramente los acusados serán beneficiados por medidas sustitutivas el 23 de febrero, cuando sea la audiencia.

Es necesario mencionar que el hermano del mandatario, Samuel Morales, enfrenta proceso por lavado de dinero. Morales estuvo implicado en defraudar Q200 mil en el caso Registro de la Propiedad.

Una citación que no concluyó en nada

El viernes 16 de febrero, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, asistió al Congreso, citada por el Frente por la Transparencia, integrado por los tres miembros de Convergencia, así como dos representantes de TODOS, uno de Fuerza y el independiente Eduardo Cruz Gómez.

La mayor parte de las preguntas se orientó a demostrar que Jovel pretende terminar con el mandato de la CICIG. La funcionaria insistió varias veces en afirmar que, si bien el gobierno no se opone a dicho mandato, el comisionado ha transgredido las atribuciones que le da el acuerdo por el que se creó la comisión referida.

Según afirmó la funcionaria, bajo el mandato de Velásquez se han violentado los artículos 12 y 14 de la Constitución Política de la República, que se refieren al derecho de la defensa, la presunción de inocencia y publicidad del proceso.

Los legisladores argumentaron más de una vez que estas atribuciones no son de la CICIG sino de la policía, el MP y el Organismo Judicial. Es evidente que la funcionaria aludía a la injerencia de la comisión internacional en esas instancias, pero quienes la interrogaban parecían no comprenderlo así.

Igualmente se le cuestionó sobre un documento “filtrado” a un diario, presuntamente de la Cancillería. Jovel aseguró que el membrete de dicho documento no corresponde al que actualmente se usa en el ministerio a su cargo.

 

Las respuestas de Jovel pueden resumirse en los siguientes puntos:

  1. La Cancillería fue uno de los entes que trabajó en el establecimiento de la CICIG y considera que ese ente se ha extralimitado bajo el mandato de Velásquez;
  2. Existe mediatización de los casos penales, así como injerencia y violaciones al acuerdo que dio vida a la CICIG por parte de Velásquez;
  3. El gobierno no quiere el retiro de la CICIG, sino cuestiona el actuar del comisionado actual;
  4. Existe un diálogo ante la ONU que ella no puede revelar, puesto que es parte de un proceso de negociación.

Minutos después de la citación, los medios divulgaron la información de lo sucedido en el “salón de los pasos perdidos” del Congreso. Las reacciones de los usuarios de redes van en detrimento de la funcionaria, a quien se presenta como una defensora oficiosa de los señalados por corrupción, aunque en una de sus respuestas enfatizó que por lo menos 800 capturas de la CICIG han tenido como resultado largos períodos de detención preventiva y finalmente fueron sobreseídos.

En el contexto de la elección del próximo titular del MP, los ánimos están caldeados. De esta elección dependerá mucho que Velásquez mantenga el rol protagónico y la “buena prensa” o que el próximo fiscal sea evidenciado como un aliado de los “poderes oscuros”.

Aunque también es importante estar pendiente de los resultados que tendrá la audiencia del 23, donde podrían confirmarse las predicciones de Linares Beltranena, si es que el grupo de ex funcionarios detenidos logran medidas sustitutivas.

 

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