El 6 de mayo, Igor Bitkov, asesorado por un equipo de abogados, interpuso una demanda ante el Ministerio Público (MP), para que se investigue a fondo quién o quiénes estarían detrás del grupo llamado Anonymous GT, que tras ese seudónimo cometió un acto de difamación contra Bitkov, al vincularlo con el narcotráfico. Rolando Alvarado, uno de los abogados de Bitkov, fue asesor de la Iniciativa de Ley de Delitos Informáticos y explica a Perspectiva las implicaciones y alcances de que un individuo o grupo cometa delitos diversos amparándose en el anonimato que permiten las redes.

Roxana Orantes Córdova

“¡Saludos Mundo! Ya se sabe cuál es la otra persona que asistió a la reunión del narco de Mario Estrada, el narco presidente Jimmy Morales y sus narco ministros, se trata del Canche ruso Bitkov, juntos estaban planificando asesinatos con sicarios del narcotráfico.”

El texto anterior motivó a Igor Bitkov para consultar con su equipo de abogados: Victoria Sandoval Cáceres de Lara, Soazig Amanda Santizo Calderón y José Rolando Alvarado Lemus, quienes decidieron presentar una denuncia penal “contra la persona o personas que administran, instruyen o de cualquier forma, persona o personas que administran, instruyen o de cualquier forma, directa o indirecta, utilizan la cuenta de la red social “Twitter” identificada así: @AnOnymous_GT con nombre en perfil: AnOnymous Guatemala”.

Según expone el texto de la denuncia presentada ante el MP:

“No se limita a hechos que afectan el honor de mi persona y de mi familia, sino que tiene por objeto evidenciar el uso de cuentas de Internet, que mediante una ASOCIACIÓN ILÍCITA entre varias personas, haciendo uso de DIFERENTES CUENTAS DE REDES SOCIALES, que tratan de influir en la opinión pública y en el sistema de Justicia de la República de Guatemala para perjudicarme juntamente con mi familia.  Estas estructuras criminales deben evidenciarse para que se conozca a las personas que se ocultan en ellas, ya que causan daño no solo a mi persona y familia, sino que sus actos o efectos perjudican a la colectividad y deben ser sancionadas conforme a la ley penal, más aún cuando Guatemala se encuentra en proceso electoral y se utilizan estas estructuras criminales cibernéticas para desprestigiar valiéndose del anonimato que brinda el uso de las redes sociales”.

Entretanto, el grupo Anonymous GT escribió el 8 de mayo en sus cuentas de Facebook y Twitter: “En Guatemala tenemos libertad de expresión, pero los corruptos se están uniendo para denunciar a todo aquel que les diga sus verdades, quieren callar al pueblo a base de denuncias, pero si ellos se unen…¿por qué el pueblo no?…”

Sobre esto, Alvarado comenta: “el punto aquí son los límites a la libertad de expresión. Esta no faculta a difamar en redes sociales o en cualquier medio”.

Según Rodrigo Polo, este grupo está constituido por “influenciadores con apoyo de más de alguna agencia y probablemente, gente vinculada con los medios. Los proveedores de Internet deberían dar esta información”

¿Una estructura criminal amparada en el anonimato?

“Encuadramos la demanda en la figura de estructura criminal. No es un grupo de los llamados ciberactivistas, quienes actúan desde la esfera legal, promoviendo causas y llamando a la ciudadanía a manifestar. Anonymous GT ha cometido más de una acción que se sale del ámbito de la legalidad”, explica Alvarado.

Además de señalar a Bitkov el 3 de mayo, los días 5 y 6 del mismo mes, en las cuentas de esa agrupación se señala de vínculos con el narcotráfico a la candidata Sandra Torres y al ministro de Gobernación, de quien se afirma: “Que manda a decir el gran Ministro y bachiller del Mingob, que él no tiene ninguna relación con su hermano, que solo es el trasiego de droga que entra por el país, y que son negocios nada más…”

El 5 de mayo, la cuenta anónima aseguró: “Se confirma que el juez Víctor Cruz habría recibido Q5 millones, por emitir orden de captura en contra de Aldana, así lo informaron agencias dedicadas al combate de lavado de dinero, quienes detectaron grandes depósitos a cuentas y empresas vinculadas de él”.

Al mismo tiempo, las dos cuentas han realizado defensas oficiosas de determinados personajes políticos. En 2015, esta comunidad (o individuo), tuvo alguna relevancia cuando dio a conocer que “habían hackeado” el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que conminaban al ente electoral a cancelar al partido Libertad Democrática Renovada (LIDER).

Según publicó la cuenta Anonymous Guatemala GT: “Sistema del Tribunal Supremo Electoral ha sido totalmente infiltrado, transmisión de datos en elecciones es manipulable, tenemos la Base de Datos del TSE completa”.

Según Polo, el mundo de la informática es relativamente complejo para quienes no trabajan en ese campo. “Es por ello que son fácilmente engañados con historias mágicas de los Anonymous como la fábula que contaron de haber “hackeqdo” el TSE, allá por agosto de 2015”.

Probablemente lo sucedido en ese momento fue el tipo de acción llamada “denegación de servicios distribuidos” (DDOS), que según explican Alvarado y Ronald Morales en el libro Cibercrimen, donde se explica que la forma de realizar este delito de obstrucción a la información consiste en realizar un elevado número de peticiones a una página web, para saturar el servicio de hosting y que se suspenda el servicio.

En cualquier caso, el grupo referido se atribuyó un delito cibernético y seguramente, este será uno de los aspectos que deberá investigar el MP a partir de la denuncia interpuesta por Bitkov. En el texto Introducción a las nuevas tecnologías en el Derecho, el penalista Omar Barrios señala:

“Cuando el acceso al sistema lo realiza una persona que no está autorizada, se encuadra esa acción a este delito. Es importante señalar que el simple hecho de acceder sin autorización al banco de datos o archivos electrónicos constituye delito, incluso si no realiza ninguna acción con la información. Esto se conoce en doctrina como el delito de hacking”.

“Es necesario identificar quién o quiénes están detrás de este grupo”

“Lo que perseguimos con esta denuncia es levantar el velo cibernético y dar a conocer quiénes se ocultan detrás de diferentes cuentas. Solicitamos que se realicen peritajes informáticos para encontrar las IP, a fin de establecer desde qué ordenador se conectaron esas personas”.

Según comenta el penalista, quienes difaman a diferentes personalidades amparándose en el anonimato, “se sienten tranquilos porque están ocultos, pero existen mecanismos legales para determinar quiénes son y cuáles son sus alianzas o si pertenecen a estructuras criminales. Debemos saber quiénes han usado esa cuenta, quiénes son y si reciben algún tipo de retribución económica por su actividad. Debemos conocer si existen aportes monetarios y qué cuentas están unidas a ellos”.

“Estamos en total apego al derecho cuando demandamos conocer la identidad de personajes que no tienen límites porque se ocultan en el anonimato. Evidentemente no se trata de ciberactivistas que convocan a manifestaciones pacíficas, sino de un grupo que actúa intencionalmente, probablemente con contactos políticos o delincuenciales, que señalan a personas públicas y privadas atribuyéndoles delitos de alto impacto, como vínculos con el sicariato y el narcotráfico. No descansaremos hasta conocer de dónde partió este ataque que particularmente afecta a la familia Bitkov”, finaliza.

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