Desde el 13 de octubre, en Guatemala hubo un rompimiento del orden constitucional, afirman grupos ciudadanos que cuestionan fuertemente a la Corte de Constitucionalidad (CC) e incluso pedirán antejuicio para los magistrados. Desde otra perspectiva, el politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, Crhistians Castillo, afirma que existe un rompimiento de las normas, mas no del orden constitucional.

Roxana Orantes Córdova

En horas de la mañana, el diputado Fernando Linares Beltranena dio a conocer a los medios la denuncia penal que interpuso ante el Ministerio Público (MP), contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de las Salas de Apelaciones que prolonguen sus funciones y contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que firmaron la orden de prolongación (exceptuando a Dina Ochoa, quien no firmó).

Al mismo tiempo, se supo que esta semana la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), presentará ante el Congreso la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la CC firmantes de la prórroga. Ello, dijo a Perspectiva el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, para que el Congreso lo resuelva, debido a que la CSJ tiene la función de trasladar las solicitudes de antejuicio, pero es el Legislativo el encargado de resolver.

Quienes aprueban la resolución de la CC que permitió la prórroga aducen que esta permitirá reordenar un proceso viciado. Sin embargo, el politólogo Christians Castillo, del IPNUSAC, considera que “detrás de esto no hay depuración, sino la intención de reparar errores procesales en el proceso de comisiones de postulación, aunque también podría suponerse que existe la intención de lograr que se designen jueces a la medida, probablemente desde sectores afines al mandatario electo, Alejandro Giammattei”.

“La CC no puede resolver contra lo que es explícito en la Constitución”

En la denuncia enviada por Linares Beltranena a la Fiscal General Consuelo Porras, se argumenta que son más de 130 los magistrados obligados a dejar el cargo según lo establecido en la Carta Magna.

Linares expone: “si solamente se quedaran en su escritorio, podría suponerse que están cuidando los enseres para su reemplazo. Si cometen actos jurisdiccionales, estarán realizando prolongación de funciones”.

El documento citado explica “si bien los cuatro magistrados de la CC resolvieron que los magistrados de la suprema y las salas se queden en sus cargos hasta nueva elección, los magistrados de la CC no pueden resolver contra lo explícito en la Constitución, que ordena períodos de cinco años”.

Los delitos en los que se basa el diputado para sustentar su demanda, están tipificados en varios artículos del Código Penal, señala el documento.  Si los magistrados abandonan el cargo, como ordena la Constitución, “Obviamente, habrá costos, demoras, incumplimientos en dictar, tramitar resoluciones e impartir justicia, pero no una demora de vida o muerte”, expresa la denuncia, donde también se menciona:

“Se alega que ya sucedió en 2014 que se extendieron o prolongaron las funciones de los magistrados, pero un error no es fuente de derecho. El precedente de violar la Constitución es nefasto, como lo descubrimos con el Serranazo”. Finalmente, pide al MP que por ser un delito flagrante, se ordene la aprehensión de los señalados.

“Entramos en la dictadura de los jueces”

Según Ricardo Méndez Ruiz, los guatemaltecos estamos bajo el gobierno de la CC, “con la venia de la CSJ”. Por ello, informa, esta semana la FCT presentará ante el Congreso de la República la solicitud de antejuicio contra los magistrados.

El argumento para esta medida, que está obviando el primer paso: entregar la solicitud a la CSJ, es que “la obligación de la corte es que un juez conozca la solicitud y la traslade, el Congreso es el que decide. La CSJ no tiene facultad de rechazar o argumentar una solicitud de antejuicio, pero el OJ suele rechazar in limine o desestimar estas peticiones. Entramos en la dictadura de los jueces”.

“No importa el actor tras esta barbarie que debilita al sistema republicano”

Por tercera vez se produce una situación de rompimiento en la normativa constitucional relacionada con los períodos de los magistrados, señala Castillo, quien añade que no se está usando el término Golpe de Estado porque “la mayoría ha crecido a la sombra de golpes de Estado por la vía del Ejecutivo, que es el epicentro de la fuerza y el dominio del Estado. Estamos ante un caso análogo al llamado Serranazo, quien intentó centralizar el poder, defenestrando al Congreso y al Organismo Judicial, aunque la reacción ciudadana fue contundente”.

“En los últimos dos procesos de comisiones postuladoras se ha agotado el mecanismo. Esto ha llevado a que se incumpla el período de ejercicio de los magistrados, que es finito. Se debe respetar el proceso de elección, que tiene dos niveles: la legitimidad (elección) y la legalidad (proceso establecido en la ley). En tres ocasiones se ha irrespetado esto”.

“En 2014, la CC abrió un compás de espera, debido a anomalías en las comisiones de postulación. Ese año, mencioné en un programa de opinión que no habían marimbas ni cadena informativa, pero que estábamos en medio de un rompimiento constitucional. Sin embargo, en aquella ocasión ya había sustitutos para los magistrados, a diferencia de ahora, que no han sido nombrados”.

Este año, la CC emitió una opinión consultiva para legitimar la permanencia de los magistrados. “Es una legitimación muy débil y es tan grave que los magistrados continúen en el cargo, como si lo abandonan, puesto que privarían a los usuarios del acceso a la justicia. Es una situación crítica, porque el OJ es uno de los tres pilares republicanos. Hay demasiados indicios de que estamos ante una lucha por cuotas de poder y por el control judicial. No importa el actor tras esta barbarie que sienta un precedente nefasto: debilitar la institucionalidad”.

 

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