Una Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto y escenarios que parecen imaginados por un autor teatral del género “absurdo” son los primeros efectos que tendrá el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) a la Fundación Myrna Mack. El docente de Derecho Constitucional, Omar Barrios, explicó a periodistas y abogados un panorama que él definió como una maraña jurídica.

Roxana Orantes Córdova

La plataforma de formación ciudadana Guatemala Visible organizó una exposición de Omar Barrios sobre las consecuencias previsibles que podría tener el amparo de la CC. El abogado explicó que la coyuntura actual deriva de errores en la Ley de la Carrera Judicial, que calificó como “un dulcito” que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entregó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “Uno de los errores más grandes de la CC ha sido querer forzar el sistema constitucional desde una ley ordinaria (la de la carrera judicial)”, dijo Barrios.

Es indiscutible que el sistema para elegir a los magistrados está viciado (según algunos expertos, desde su inicio). El tráfico de influencias y la presencia de poderosos “padrinos” que llevaron a las magistraturas a sus protegidos están ampliamente documentados. Sin embargo, el procedimiento está establecido en la Constitución Política de la República y es la CC la encargada de velar porque esta se cumpla.

A partir de la convocatoria para designar a las comisiones de postulación, en febrero de 2018, se inició una carrera de amparos, recursos, apelaciones y otras acciones ante las cortes que han tenido como consecuencia retardar más de un año la elección de magistrados y modificar el proceso hasta el punto en que casi ninguno de los aspectos contemplados en las normativas para esa elección será cumplido.

Ni siquiera lo establecido en la Constitución, en cuanto al plazo de ejercicio para los magistrados de la CSJ, quienes actualmente ejercerían de facto, según la ley fundamental de la República.

En la última sentencia de la CC sobre el tema, se expresa que los plazos establecidos por ese tribunal deberán entenderse como límites, por lo que no podrán ser postergados “bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirán en las responsabilidades” previstas por la ley.

Esta premura contrasta con la laxitud en un plazo que se extendió desde febrero de 2018 a la fecha y que implicó la extensión del mandato de los magistrados de la CSJ, en abierta oposición a lo que indica la Constitución y con un elemento que abona al panorama de absurdo: la actual presidente interina, Silvia Patricia Valdés, llegó a la presidencia en una corte de facto, pero en 2017, otro amparo otorgado por la CC a la misma fundación, logró suspender la elección de esta juez, quien actualmente es una de las críticas más sólidas a las acciones de la CC.

Evaluar a 405 magistrados y jueces en un período muy breve será una tarea casi imposible, especialmente considerando que el Consejo de la Carrera Judicial carece de los instrumentos e insumos necesarios para realizar una evaluación acorde con principios metodológicos, dijo Barrios.

Los plazos tienen principios racionales, expresó el abogado, quien agregó que al parecer, la CC utiliza el recurso del miedo para obligar a las entidades a cumplir plazos poco racionales. En la sentencia se lee:

“Los plazos conferidos en cada uno de los supuestos antes indicados deben comprenderse como límites máximos, por lo que no podrán oponerse situaciones administrativas o de cualquier otra índole…de lo contrario incurrirán en las responsabilidades que prevé la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”.

Asimismo, la publicación de la normativa que regirá las evaluaciones debe ser publicada por el diario oficial (Diario de Centro América), en las 48 horas siguientes al fallo. “En el caso de los amparos, los plazos son cronometrados, y de no cumplirse esto, el director del diario oficial podría pagar las consecuencias, según la sentencia de la CC”, indicó Barrios.

Estas y muchas otras contradicciones, como la carencia de instrumentos apropiados para evaluar, la elección que realizará una legislatura diferente a la que debió hacerlo (según la ley) y finalmente la contradicción entre la búsqueda de evitar las complicidades y compadrazgos vs el hecho de que la actual legislatura tendría mucho menos interés en ubicar magistrados obsecuentes que la entrante, evidentemente porque al dejar sus curules, dejan de participar en la vida pública del país, a diferencia de quienes inician su carrera en el Congreso.

Variables de una maraña legal

La primera variable que es obligado mencionar en el universo de las comisiones postuladoras es que desde el 13 de octubre, en Guatemala se rompió el orden constitucional y uno de los tres pilares del Estado ejerce el poder de facto. Esto ha sido señalado más de una vez por varios constitucionalistas, entre ellos Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), quien calificó el fallo como “nefasto precedente”.

Otro elemento que debe ser tomado en cuenta es el poder omnímodo que detenta la CC. En su cuenta de Twitter, el presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), José Echeverría, se pregunta: “¿Los próximos magistrados del Organismo Judicial serán electos en el plazo que dictan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lugar de ser electos en el plazo que señalaba la Constitución?”.

Entre los aspectos que son poco notados pero no por eso menos importantes es que, tal como mencionó Barrios “quienes acudimos a votar en la elección de 2015 elegimos diputados que según creíamos sería el encargado de elegir a los magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones y lo más probable es que sean electos por la próxima legislatura”. Para preservar mínimamente la independencia judicial es que el Congreso saliente elige a los magistrados de ambas cortes, explicó el abogado, quien añadió que actualmente, el panorama se modificó.

Al respecto, hace algún tiempo, el presidente de una de las comisiones postuladoras, Félix Serrano, dijo: “Los miembros de la Corte de Constitucionalidad desean que haya un grupo de personas afines a su ideología.” Sin embargo, los jueces llamados “de la dignidad” por un sector, y “jueces de la CICIG” por otro grupo, no pasaron las evaluaciones primeras por diferentes motivos.

Un elemento que resulta muy significativo es que el próximo Congreso estará encargado de designar al próximo Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General de la República, Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral. Si a esto se suma la elección de magistrados a las dos cortes, será la legislatura 2020-2024 la que decida sobre la dirección de los principales organismos políticos del Estado.

Sin embargo, la apuesta por la nueva legislatura podría resultar tan fallida como el intento de aprobar las reformas constitucionales en 2017, si se consideran diversos aspectos relacionados con la conformación del Congreso y el Presupuesto de la CSJ. Estos factores podrían modificar el panorama y extender el proceso varios meses, lo que seguramente favorecerá la aparición de nuevos “padrinos” y nuevos grupos de interés, con lo cual los esfuerzos “poco convencionales” para que la próxima legislatura elija magistrados pueden resultar frustrados.

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