Un Ministerio Público (MP), con prácticas que muestran selectividad en la aplicación de la justicia, mediatización de los casos y violaciones contra la presunción de inocencia, así como el deterioro económico que derivó de la falta de certeza jurídica, son algunos de los señalamientos contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Al mismo tiempo, quienes avalan la gestión de esa entidad, aseguran que sus acciones modificaron la conciencia ciudadana y dudan que el Estado Guatemalteco tenga capacidad para gestionar la investigación criminal y sobre todo, la corrupción.

Roxana Orantes Córdova

Miembros de organizaciones sociales afines a la CICIG pintaron un mural en la pared del inmueble donde funcionó esa entidad. Aunque el ex vocero, Matías Ponce, afirmó en sus redes que la acción era totalmente legal, puesto que se realizaba en propiedad privada, precisamente ese argumento fundamentó que al día siguiente, el ex comisionado Iván Velásquez agradeciera a sus simpatizantes por el acto de homenaje, pero aclarara que debieron cubrir nuevamente la pared debido a que se trataba de propiedad privada.

Este tipo de contradicciones fue la constante durante todo el mandato de la CICIG. A continuación, se sintetizan algunos puntos de su mandato y se compara, con base en opiniones de entrevistado, lo establecido en el mandato y el legado de dicha comisión.

El mandato y el legado

El principal objetivo de la CICIG fue la investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad  “que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación”.

En segundo lugar, dice el acuerdo, “la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;

El secuestro y asesinato de militares en El Estor por un grupo que se identifica como campesino, pero actúa como una organización paramilitar, así como múltiples hechos que evidencian la transgresión a las leyes y la violación de derechos por diferentes grupos armados, algunos de estos vinculados con narcotraficantes y otros grupos criminales, parecieran ser muestra de que durante poco más de una década, no se desarticuló ningún CIACS, si se toma literalmente el significado de “CIACS”.

Ciertamente, la CICIG develó la existencia de nexos entre funcionarios, diputados y empresas que se coludieron para defraudar al Estado, a partir de las capturas de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, luego del movimiento conocido como “la plaza”, que según la CICIG, evidenció la toma de conciencia ciudadana.

Es a partir de 2015 que la CICIG enfoca sus baterías hacia la corrupción y logra una significativa cantidad de capturas e inicios de procesos penales.  Sin embargo, la mayor parte de estos casos fueron abordados con pruebas que no se lograron sostener y muchos de los casos derivados de investigaciones de esa comisión terminaron en absoluciones, luego de prisiones “provisionales o preventivas” muy prolongadas, donde murieron varios de los acusados que terminaron siendo absueltos póstumamente.

Otro de los aspectos que incluía el mandato de la CICIG fue: “Hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin”.

Al parecer, el intento de reformas constitucionales tendía a lograr lo establecido en el mandato. En su momento, juristas como José Luis González Dubón y Roberto Molina Barreto expusieron diversos argumentos que mostraban los despropósitos en esa propuesta de reformas. Sin embargo, la contradicción más evidente en ese intento, fue la intromisión de Velásquez, la ex fiscal Thelma Aldana e incluso el ex embajador estadounidense, Todd Robinson, para presionar a los diputados con la aprobación de un proyecto que concluyó.

Lejos de evidenciar ante la ciudadanía algún “CIACS”, la referida comisión implementó capturas espectaculares, con nombres de series de Netflix o telenovelas mexicanas, conferencias de prensa y colaboración de jueces. Un resabio de estos casos es el llamado Fénix, cuya fiscal Cinthia Monterroso fue separada recientemente por Juan Francisco Sandoval, luego de denunciar ante la justicia diferentes abusos de Ericka Aifán, una de las jueces cercanas a la CICIG.

Entre los implicados en el caso Fénix, se encuentra Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y a quien la CICIG dirigida por Carlos Castresana mencionó como cercano a Aldana.

En cuanto al uso de colaboradores eficaces, el ex secretario de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, señaló ante los jueces que el gobierno habría sobornado a varios medios, sin que esto haya motivado indignación popular ni investigaciones divulgadas mediáticamente.

Sintetizando lo que opinan quienes lucharon contra el mandato de la CICIG desde su instalación, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), opina:

“Nos dejó un cúmulo de cosas malas, que finalmente dieron como resultado un peor país, con falta de certeza jurídica y mucha gente acusada en juicios políticos. Nos dejó muchas malas prácticas, heredades por el MP. Lo vemos en la captura de Sandra Torres, de quien se desembarazaron con un show que la exhibió ante los medios”.

“Otro legado de esa comisión es que, de alguna forma, el guatemalteco de a pie no estaba enterado de cómo se hace un proceso judicial. Ahora, es posible detectar los momentos en que se está violando el debido proceso. Puso a la prensa en exposición, con los señalamientos de Juan Carlos Monzón de sobornar con Q700 millones a medios y encargar la impresión de textos escolares a otros”.

“Ciertamente, tenemos una ciudadanía más atenta, más expectante. Los guatemaltecos reaccionamos con fuerza ante las intromisiones e injerencias extranjeras. Nos caracteriza la hospitalidad, la tolerancia, pero encontramos un límite con las acciones de Velásquez, Robinson y el embajador actual, Luis Arreaga. Ahora toca enderezar el sistema, especialmente la administración de justicia”.

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