Sin ninguna duda, existen suficientes indicios que sustentan la orden de captura contra Thelma Aldana emitida por un juez. El encargado de la Fiscalía de Asuntos Internos explica a Perspectiva algunas características del proceso, cuyo expediente no está en reserva, y que podría concluir con la extradición de la ex Fiscal.

Roxana Orantes Córdova

Marlon Pacheco tiene a su cargo una tarea que puede resultar ingrata: como jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, debe investigar cualquier situación fuera de lugar cometida por fiscales y personal de ese ente.

Seguramente, el caso más emblemático en la breve historia de esta fiscalía ha sido la investigación del “Edificio fantasma”, compra anómala en la cual Aldana tiene una innegable responsabilidad.

Sin embargo Pacheco, con franqueza y sencillez, considera que este es como cualquier otro caso y señala que de esa forma seguirá siendo llevado. Por el momento, se están reuniendo las pruebas para que la extradición pueda realizarse y que de esta manera la ex fiscal, como cualquier otro ciudadano o ex funcionario transgresor, se someta a la ley.

Dos elementos enfatiza Pacheco: pese a la compra anómala, el MP sigue comprometido con develar y sancionar cualquier caso de corrupción, aunque sea interno. Y la ex Fiscal General deberá someterse a los mandatos de la ley y dar cuentas de cómo y por qué realizó una negociación tan anómala con un individuo que además, estaba siendo investigado por el ente que ella dirigía.

¿Existen pruebas o indicios que apunten la implicación de la licenciada Aldana en la compra fraudulenta de un inmueble?

Efectivamente se considera que existe, a través de la investigación, tal como se ha hecho ver y se ha expuesto el expediente públicamente, toda vez que el mismo no se encuentra en reserva procesal.

En ese sentido, como toda denuncia que conoce el Ministerio Público, se hacen diligencias útiles y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad. El objeto del proceso penal es establecer la verdad de los hechos históricos y la posible participación del sindicado.

Por ello se hablaba de circunstancias fraudulentas en la adquisición de un inmueble en la zona 5. Y recordemos que el Ministerio Público es parte del Estado de Guatemala y que el presupuesto proviene del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de una asignación.

En ese sentido, se estaba hablando entonces de manejo de fondos del Estado de Guatemala. El ente encargado de fiscalizar esas circunstancias, es la Contraloría General de Cuentas. Como primer punto se realizaron varias declaraciones testimoniales que conforman el expediente administrativo, pero era un requisito sine qua non establecer que la Contraloría analizara el trámite administrativo.

Y efectivamente, la Contraloría analiza, en el tiempo en que surgieron los hechos, tres números de operación en Guatecompras. Como encargada de fiscalizar los bienes del Estado, la Contraloría analiza las contrataciones y se encuentra que en los años 2016 y 2017, el Ministerio Público subió tres números de NOG.

¿Qué significa NOG?

Número de Operación en Guatecompras. Al verificar y analizar los tres, se encuentran hallazgos sustanciales revelados por la Contraloría General de Cuentas, en relación a un número de operación en Guatecompras, que es donde a futuro, se da la adquisición del bien.

¿Cómo se vincula a Aldana con esto?

En este caso se vincula a la licenciada Thelma Esperanza Aldana porque ella es la autoridad máxima, como ente administrativo, del Ministerio Público. Y autorizó la compra de un edificio que no cumplía inicialmente con los fundamentos que establece la Ley de Contrataciones del Estado, porque se verifican aspectos de suma importancia.

¿Cuáles son estos aspectos?

Hace una negociación sobre una obra gris, se eludieron disposiciones legales de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, se negoció con una persona que estaba siendo investigada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

¿Quién es esta persona?

William Balz Gallardo. Ella, como ente máximo, era quien daba la viabilidad de comprar o no el edificio. En este caso, autoriza la compra, aprobando todo este tipo de anomalías. Por esto es que se considera que existen indicios, porque no vamos a hablar de pruebas, por la fase procesal en la que nos encontramos. Existen indicios para creer que ella participó, tal como establece la ley en estos casos.

Todo esto se le hizo ver al señor juez que conoce este proceso y es por ello que dictó una orden de aprehensión por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

¿Qué efecto tuvo sobre el MP que su “punta de lanza” contra la corrupción ahora se encuentre prófuga?

Hablando como Fiscalía de Asuntos Internos, lo vemos como otro proceso más, que tiene un sustento legal. Lo anómalo sería que no hubiéramos presentado los hallazgos ante un juez.

La Constitución Política, como principio, establece que nadie es superior a la ley. En ese sentido, es como cualquier otro proceso donde personas se han dado a la fuga. Como fiscalía estamos respetando el debido proceso. El seguimiento que corresponde según la ley.

Hay una orden de aprehensión, ella está en el extranjero y se están haciendo las diligencias internas para verificar la posibilidad de extraditarla formalmente.

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