En medio de un panorama sumamente confuso, un elemento hace coincidir a opiniones provenientes de todo el espectro ideológico: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene un desempeño que socava una credibilidad que permanecía intacta desde que el ente electoral funcionó por primera vez, en 1985.

Roxana Orantes Córdova

Es difícil creer que personalidades tan opuestas como el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, puedan coincidir en algún aspecto del panorama político. Sin embargo, ambos consideran que el TSE se extralimitó al emitir un polémico acuerdo que veda a los fiscales de mesa electoral el uso de dispositivos electrónicos durante el conteo de los votos.

Rodas Andrade ya interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “esperando que deje sin efecto el acuerdo 319-2019, que restringe la libre emisión del pensamiento, derecho fundamental garantizado en la Constitución Política de la República”, informó el PDH en sus redes sociales.

El Mirador Electoral fue la primera voz crítica contra el acuerdo, a través de un comunicado emitido el 11 de junio. Según el texto, la medida ordena “el secuestro de los celulares y aparatos electrónicos de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, fiscales y observadores presentes al cierre de la votación y durante el escrutinio el día de las elecciones”.

En su comunicado, la mencionada organización solicita al TSE que derogue una disposición que atenta contra el artículo 35 de la Constitución Política de la República y demanda del ente electoral “apegarse a la normativa legal vigente y promover condiciones que faciliten la transparencia, el acceso a la información y la confianza en el proceso electoral”.

A la organización citada, se suman los comunicados del partido Semilla y de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), publicado en las primeras horas de esta noche y donde se demanda al TSE derogar la medida, lesiva a la libre expresión.

El segundo hecho que motiva dudas y cuestionamientos generalizados es la licencia por tres meses que la Fiscal General Consuelo Porras otorgó al fiscal de delitos electorales Oscar Schaad, quien denunció “amenazas tangibles” contra su vida y la de su familia. Al respecto, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, señala que la situación es “tal como si el director de la CONRED se hubiera ido de vacaciones inmediatamente después del desastre del volcán de Fuego”.

Mientras tanto, Consuelo Porras no ha explicado a la ciudadanía el motivo de la licencia prolongada, en un momento crucial para la fiscalía que dirige Schaad, y el TSE decidió por mayoría que no analizará el polémico acuerdo, que se suma al 99-2019, derogado en marzo y que pretendió regular la labor de los medios sobre debates, entrevistas y foros con candidatos.

Al finalizar la tarde de hoy, se conoció que además de Schaad, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), también solicitó diez días de licencia, por lo cual no participará en el plan operativo de las elecciones.

¿Democracia amenazada?

El 12 por la mañana, el partido Semilla dio a conocer su postura en conferencia de prensa. Un extenso comunicado de la agrupación inicia alertando sobre el riesgo que representa para la democracia la falta de confianza en las elecciones.

“De esta falta de confianza”, indica el comunicado, resultan procesos judiciales dudosos; una reforma inadecuada a la ley electoral y la implementación deficiente de dicha reforma por el TSE, que según Semilla, no ha dado certeza a las candidaturas ni ha garantizado la transparencia. “El TSE no instaló las capacidades requeridas para implementar la ley” ni tuvo fuerza y contundencia para contrarrestar las prácticas de los partidos tradicionales.

Como conclusión, Semilla expone tres hechos que considera retrocesos en el proceso democrático: 1. El pago a los ex patrulleros civiles, en el contexto electoral; 2. El permiso de tres meses a Oscar Schaad y 3. A cinco días de la elección, emite un acuerdo que restringe la libre expresión y viola la Constitución Política.

“Una medida inconveniente”

El encargado del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, dijo a Perspectiva: “creo que no conviene tomar esa medida. Los medios electrónicos son una herramienta necesaria”.

Según Ortiz, la fundación que representa realizó un estudio de opinión según el cual el 20% de los consultados consideran que la elección no es imparcial. Además, un 31% manifestó temor ante posibles hechos de violencia política en el evento.

Para este analista, uno de los factores que inciden en el panorama electoral que se vive en este momento, es que se realizó un cambio de reglas muy importante que presentó retos complicados, los cuales generaron este caos, que “deteriora la imagen institucional del TSE”.

Celia Luna, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), califica como “desafortunado” el tiempo en que el TSE salió con el acuerdo que se basa en la necesidad de resguardar la secretividad del voto. Sin embargo, en este aspecto también es desafortunada la temporalidad, puesto que la secretividad del voto se debe resguardar durante la votación, explica Luna.

Sin embargo, agrega, la respuesta de algunas organizaciones ha sido desproporcionada. Aparentemente, no hay una total comprensión sobre los alcances del acuerdo, que no afectará la presencia ni la labor de los observadores. El término secuestro tampoco es exacto,

Según Luna, la medida no es adecuada. Pretende evitar incidentes de violencia en centros de votación que tienen antecedentes de conflictividad electoral, pero finalmente resulta dañino para la fiscalización. “Los fiscales tienen que estar capacitados para saber qué hacer cuando existe algún indicio de irregularidad, y en ningún caso se esperaría que se comuniquen con sus respectivos partidos, sino con el jefe de mesa”, explica.

Una institución prestigiosa que pierde credibilidad

“Por primera vez en 34 años se critica al TSE con cuestionamientos tan serios. No recuerdo ninguna otra situación similar, aunque evidentemente se han producido algunos señalamientos”, afirma Méndez Ruiz, quien señala que “la guinda del pastel” en este proceso, es la reciente prohibición que impide el uso de dispositivos electrónicos a los fiscales de mesa.

“Es un resabio inaudito, que muestra las tendencias totalitarias que Iván Velásquez intentó implementar en Guatemala. Es la consecuencia de lo que inició cuando el TSE entregó la plataforma electoral a Velásquez, con un acuerdo espurio que no fue derogado. Hasta ahora, parece que el TSE no ha dado marcha atrás con el acuerdo que restringe el uso de celulares”.

En cuanto a la licencia de Schaad, Méndez Ruiz recuerda que

“Guatemala no es Colombia. No recuerdo la última vez que fue asesinado un juez. En 2011 fue trágico el asesinato del fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre, pero estos hechos no son comunes en Guatemala, donde gracias a Dios, la violencia política se terminó hace mucho tiempo”.

Debido a que no existen antecedentes cercanos de hechos criminales contra operadores de justicia, Méndez Ruiz considera inaudito que Consuelo Porras otorgara ese prolongado permiso a Schaad. “Solamente podría explicarse en caso de una enfermedad grave. Si su integridad corre peligro, Porras debió asignarle a algunos de los 28 guardaespaldas que siguen protegiendo a la familia de la prófuga ex Fiscal Thelma Aldana. Si hay amenazas en su contra, debieran ser especificadas. Ya estamos cansados de que se denuncien falsas amenazas, como sucedió hace algunos años con el ex director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fredy Peccerelli, quien denunció falsas amenazas más de una vez”, concluye.

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