Aunque el proceso electoral está en marcha, la incertidumbre parece ser el sello de la elección 2019, donde además de varias restricciones a la libertad de información, el exceso de judicialización se manifiesta en denuncias, recursos de amparo y antejuicios pendientes de resolver. Celia Luna,  Manfredo Marroquín, Giovanni Fratti y Héctor Rosada dan a conocer sus visiones sobre la coyuntura política nacional.

Roxana Orantes Córdova

Hasta el momento, siete partidos políticos acreditaron sus binomios en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo a Perspectiva Luis Ramírez, vocero de esa entidad. Las agrupaciones son: Todos, Fuerza, Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unión del Cambio Nacionalista (UCN), Partido Unioniosta (PU) y Valor.

Otras 13 agrupaciones ya proclamaron a sus candidatos para puestos de elección popular pero no han recibido credenciales y finalmente, tres no han realizado asamblea general: Movimiento Semilla, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Partido Liberal de Guatemala (PLG).  Además, el partido VIVA se encuentra en un impasse por la renuncia de su candidato presidencial.

Entre los elementos que oscurecen el proceso electoral está el acuerdo firmado entre el TSE y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según informa Giovanni Fratti, abogado de Guatemala Inmortal (GI), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aceptó para su trámite el amparo de GI contra el convenio.

De obtener una respuesta favorable, el convenio puede resultar derogado y “podremos respirar más tranquilos”, expresa el abogado, quien explica que el TSE no está facultado para firmar ese convenio, que por otra parte, concede a la CICIG una potestad que no tiene para conocer asuntos electorales de Guatemala.

“Es un hecho que el ex comisionado Iván Velásquez fue visto en El Salvador realizando campaña anticipada con la ex fiscal Thelma Aldana, sobre quien pesan varios señalamientos, como la protección a Mayra Véliz; la compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público (MP) y la contratación de José Carlos Marroquín como asesor, aunque vivía en el exterior. El colmo es que de este señalamiento, Aldana se libró con un amparo en un juzgado civil. El mensaje de este amparo es que cualquier criminal podrá ampararse en cualquier juzgado”, dice Fratti.

Según esta opinión, es evidente que el TSE está haciendo lo posible para facilitar la participación del movimiento Semilla, del que se especula que Aldana sería presidenciable. Por ejemplo, dice Fratti, ese grupo no ha cumplido los plazos de ley para la realización de sus asambleas departamentales y municipales.

Asimismo, el abogado menciona que según el registrador del TSE, Semilla ha realizado el proceso en orden y conforme a la ley vigente. Esto, para Fratti, evidenciaría colusión entre el órgano electoral y el partido citado.

A lo anterior, Fratti suma las trabas y denuncias contra las dos candidatas que podrían llegar a una segunda vuelta con Aldana. Sandra Torres, señalada por el delito de financiamiento electoral anónimo, vigente hace cuatro meses, y Zury Ríos. En los dos casos cabe mencionar que la ley no es retroactiva, dice Fratti.

Por último, señala que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), contiene aberraciones contra la libre expresión. Esto fue denunciado hace meses ante la Corte de Constitucionalidad por la Cámara de Medios de Comunicación, el CACIF y la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Sin embargo, la CC no ha dado respuesta, concluye Fratti.

Un panorama complejo y poco ordenado

Según Héctor Rosada, el panorama político es complejo, poco ordenado y evidentemente con carencia de liderazgos. La falta de información y de debate se expresa en que el grueso de la población es absolutamente ajeno a un pasado que estuvo marcado por la confrontación armada.

“Es difícil comprender el presente si no se conoce el pasado. La desconexión absoluta entre el gobierno y la población es mucho más evidente actualmente”, dice.

Para Celia Luna, la reforma a la LEPP es un elemento positivo que contribuye a reducir el período de la campaña y con este, la probabilidad de financiamiento ilícito.

En cuanto a la libre expresión, señala: “La LEPP no prohíbe a los binomios y candidatos expresarse libremente, aunque limita las menciones que puedan considerarse campaña, como la exaltación de candidatos y la exposición de planes de gobierno. Es un tanto irresponsable señalar que hay límites a la información, puesto que se motiva temor. Muchos de quienes han manifestado descontento con la normativa vigente son los mismos diputados que aprobaron esta reforma en 2016”.

La reforma pretende que los partidos planteen su relación con los ciudadanos de una forma que vaya mucho más lejos del clientelismo al que el país está acostumbrado. Según Luna, son los organismos políticos los encargados de replantear su relación con la ciudadanía.

Con esta posición coincide Manfredo Marroquín, recién proclamado presidenciable de Encuentro por Guatemala (EG). Según afirma, “hay temores injustificados con el tema de la información. Si se trata de información sin sesgo no hay por qué considerarla propaganda anticipada”.

Sin embargo, agrega que es necesario revisar algunos aspectos de la LEPP. “Es deseable un proceso electoral que no sea tan restrictivo. Es comprensible que se acortara la temporalidad. Mientras más largo, implica más recursos económicos y por ende más probabilidades de financiamiento ilícito”.

Además, expresa que se están dejando de lado aspectos muy importantes en la campaña, como son un debate de mayor nivel, propuestas concretas y menos ideologización, que finalmente califica como “un sofisma que esconde los verdaderos problemas de Guatemala”.

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