En conferencia de prensa, la esposa de Igor Bitkov presentó a los medios sus argumentos para asegurar que la empresa Cutino, que proporcionaba documentos a migrantes de diversos países, está siendo protegida por las autoridades que enjuician al migrante ruso, para quien piden 14 años de prisión por la compra de papeles falsos y suplantación de identidad que, paradójicamente, no pudieron realizarse sin la intervención de autoridades guatemaltecas, entre estas alcaldías, Dirección General de Migración y Cancillería.

Roxana Orantes Córdova

Cutino es una estructura criminal que engañó a muchos extranjeros, vendiéndoles documentos para regularizar su estancia en Guatemala, afirma Irina Bitkova, quien añade que su familia adquirió todos los documentos necesarios para identificarse en Guatemala, incluyendo la naturalización, autorizada por viceministros de Relaciones Exteriores, así como jefes de diferentes departamentos en la Dirección General de Migración.

Las cédulas de identidad, documentos usuales cuando los Bitkov llegaron a Guatemala, fueron firmadas y entregadas por alcaldes. Y la naturalización de Anastasia Bitkova, quien nunca cambió su nombre legal y obtuvo todos los papeles aparentemente legales, pero con Cutino como intermediario, fue firmada por Mayra Véliz, entonces subdirectora de Operaciones de Extranjería en la Dirección General de Migración.

¿Persecución política contra los Bitkov?

El comunicado distribuido durante la conferencia de prensa por un miembro del bufete que apoya a Igor Bitkov enfatiza en la obstrucción de la justicia que se estaría dando en el caso. Esto, con base en que la CICIG y la FECI no han accedido a investigar los delitos cometidos por la firma de abogados Cutino International, que habría contactado a los Bitkov en Inglaterra para ofrecerles residencia legal en Guatemala.

Pese a las diversas pruebas aportadas por la defensa de esta familia, el bufete no ha sido investigado y “las evidencias contundentes reflejan la participación de autoridades de alto nivel, las cuales participaron en la emisión de más de 5,000 casos no judicializados”.

Estos casos involucrarían a diversas autoridades guatemaltecas, entre quienes se cuenta Mayra Véliz. Según el comunicado que se menciona, Cutino goza de un “poderoso engranaje de influencias judiciales”, que abarcaría a la ex Fiscal General Thelma Aldana, al comisionado Iván Velásquez, al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval y otros funcionarios.

Desde su captura, ejecutada con lujo de fuerza y excesivo rigor para tratarse de un grupo familiar de migrantes, a quienes ampara la Convención de Palermo, los Bitkov y su defensa han alegado persecución política. Los antecedentes de su situación en Rusia y los intentos del gobierno de Vladimir Putin por destruirlos han sido ampliamente divulgados.

Para fundamentar el argumento de persecución política, el comunicado expresa que la CICIG y la FECI han actuado en colusión con el gobierno ruso. Para empezar, reitera Irina Bitkova en la conferencia, la CICIG pidió incluir el caso de esta familia en el proceso de la CICIG, respondiendo a la demanda del banco estatal ruso que perseguía a esa familia con el argumento de una deuda y que les obligó a dejar su país.

La inasistencia de Iván Velásquez a la Comisión de Helsinki, donde fue citado por senadores estadounidenses para aclarar si “la investigación y judicialización de la familia Bitkov fue a pedido del banco ruso BTV”, es otro de los puntos clave que, según la defensa, muestran la colusión.

Dos misivas enviadas por Roger F. Wicker, presidente de la Comisión Helsinki, y Bill Browder, creador de la Ley Magnitsky, al entonces presidente Alejandro Maldonado, piden al mandatario y a la ex fiscal Aldana que “cese la persecución criminal contra los Bitkov y se les brinde la protección de refugio como migrantes”.

Ningún argumento ha sido suficiente y recientemente, se reanudó el proceso contra Igor Bitkov, para quien la fiscalía pide 14 años de cárcel y al concluir la pena, repatriación a Rusia. Las pruebas del nuevo juicio, entre las que están los papeles firmados por Véliz y los documentos que comprueban la existencia de Cutino y su implicación, no fueron aceptadas por la juez y ni siquiera se accedió a escuchar a un ex empleado de Cutino.

Hay obstrucción de la justicia en este caso, señala repetidamente Bitkova. Y agrega que los responsables, tarde o temprano, deberán responder ante la justicia. Por el momento, Irina Bitkova  ha denunciado a Mayra Véliz, Thelma Aldana, Francisco Sandoval, Manolo Herrera, Estuardo Campos y a los fiscales de CICIG como involucrados en esta obstaculización.

La respuesta a esta denuncia fue la reanudación del proceso, pese a que la CC ya había ordenado cesar la persecución penal contra los Bitkov, señala Irina, quien afirma que está esperanzada en que pronto, EE.UU. colabore con Guatemala en la instalación de una fiscalía que investigará todos los casos de obstrucción de la justicia. Y concluye afirmando que los responsables podrían ser sometidos a la ley Magnistky.

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