La manifestación del magisterio organizado frente al Congreso, evidencia cómo el Presupuesto General de la Nación parece ser un botín codiciado por diferentes grupos de presión, que pueden convertirse en aliados políticos de quienes buscarán su reelección como diputados, señalan Edgar Ortiz, ex director del Centro de Estudios Económico-Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Un documento interno del Congreso, al que Perspectiva tuvo acceso, evidencia varias de las incongruencias de esta ley recién aprobada.

Roxana Orantes Córdova

Bajo una llovizna persistente que no logró ocultar el sol de mediodía, sindicalistas magisteriales de todo el país se congregaron alrededor del Congreso de la República, para exigir una ampliación presupuestaria de Q961.7 millones. Cualquier persona que conozca las condiciones del sistema educativo público podría pensar que los sindicalistas exigían el incremento para construir nuevos planteles, dotar a los estudiantes con materiales didácticos de calidad o por lo menos mejorar lo existente, bastante deteriorado.

El documento del Congreso, titulado Algunas consideraciones sobre el anteproyecto del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2019, señala que los alumnos de preprimaria tienen una asignación de Q4.99 diarios y los de primaria, Q3.75.

“Sin embargo, en 2018, el Mineduc solamente destinó Q1.11 por alumno. Hasta el último desembolso, recientemente entregado, se realizó el aporte de Q3.00”, señala el texto, y agrega: “pese a que faltan Q93.6 millones para cumplir con el mínimo que se estableció”. Incluso, podrían no alcanzar la meta prevista, considerando el retardo en las entregas a las juntas escolares y que muchos establecimientos educativos serán utilizados para centros de votación, ya que 2019 es año electoral, dice el análisis referido.

Entre las situaciones vinculadas con el presupuesto nacional que terminan afectando a los estudiantes, está la falta de compromiso del Ministerio de Educación  no cumple puntualmente con los pagos de servicios básicos, como energía eléctrica, alquileres de inmuebles, agua y cuotas de seguridad social. Los directores y personal (docente y administrativo) deben cubrir este rubro al que tienen que sumar la reconexión del servicio.

Ninguna de las consignas de los docentes que protestaban el miércoles alrededor del Congreso menciona la situación de los estudiantes. Lejos de esto, el incremento solicitado por los sindicalistas es para financiar el pacto colectivo  entre los sindicalistas y el mandatario Jimmy Morales.

Además de varias prebendas incluidas en el pacto, los maestros y personal administrativo tendrían un incremento salarial del 5%, equivalente a Q522 millones 717 mil. Joviel Acevedo, sin presencia pública desde el 27 de agosto, cuando atropelló a un ciclista en Alta Verapaz mientras conducía un vehículo propiedad del Ministerio de Educación, reapareció en las manifestaciones para exigirle a Morales que cumpla su parte, o de lo contrario, “el inicio del ciclo escolar está en peligro”, aludiendo a que podrían parar labores.

Esto evidencia el interés docente de los sindicalistas, quienes enarbolando anacrónica parafernalia del tiempo de la “guerra fría” y acompañados por tonadas revolucionarias de hace más de cuatro décadas, adquirían diversos productos ofrecidos por vendedores callejeros en la improvisada feria que se formó alrededor del Congreso.

El “estira y encoge” entre el mandatario que se comprometió sin tener certeza de cumplir, y el sindicalista que no vacila en suspender las clases para lograr sus propósitos (que siempre son económicos), es solamente una de las tantas trampas y trucos que tiene el Presupuesto General de la Nación,

Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien fue director ejecutivo del, señala:

“Al cumplir las demandas de los sindicatos magisteriales y otros en torno a los pactos colectivos, se está eliminando la eficiencia de un buen gasto público a cambio de un aliado político importante, que es el magisterio”.

“Entretanto, afirma, se castigó a entidades que no han sido obsecuentes ante el gobierno de turno, como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Un economista cercano al Congreso de la República que solicitó no ser identificado, indica que el proyecto de Presupuesto General de la Nación está muy manipulado. “Se sabe que algunos diputados vinculados con la Comisión de Educación buscan reelegirse, y por ello están avalando a Joviel Acevedo y su movimiento”.

“Veo un presupuesto excesivamente político. Es inevitable que el presupuesto sea un arma política, pero en esta ocasión, inevitablemente se castiga a determinados sectores, al tiempo que se realizó un “pacto con el diablo”, es decir, con Joviel Acevedo”, concluye Edgar Ortiz.

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