Trece días antes de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CCIG) concluya su mandato, abogados de Acción Ciudadana (AC) y Movimiento pro Reformas, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para impedir que dicha comisión se retire del país, pese a que la propia CICIG realizó el mismo día su despedida formal de los guatemaltecos y a que, según juristas, la CC no tiene competencia en ese tema.

Roxana Orantes Córdova

Con un seminario que se prolongó durante dos días, en un conocido hotel capitalino, la CICIG se despidió de sus admiradores y expuso sus logros con un informe de 96 páginas, además de un documental llamado Lo hicimos: CICIG, el combate a la corrupción e impunidad en Guatemala.

El salón donde se desarrolló el evento tiene una capacidad para 1,500 personas. La intensa actividad se prolongó durante dos días, entre ocho de la mañana y cinco treinta de la tarde. El número de participantes varió, puesto que algunos abandonaban el lugar y llegaban otros, pero el promedio, según observadores, fue de 600 asistentes. El vocero de la CICIG, Matías Ponce, mencionó que llegaron 700 personas.

El grueso de los participantes, tanto panelistas como asistentes, estuvo constituido por ciudadanos vinculados a la izquierda: activistas pro derechos humanos, directores de ONG´s, y dirigentes indígenas del movimiento maya. Fue evidente la ausencia de académicos o juristas conservadores, indicó un asistente, quien asegura: “recuerda los mitines de Maduro”.

Dos actividades paralelas se desarrollaron en el seminario: la exposición de una línea de tiempo que ilustra los logros de la CICIG y un “mural gigante” donde los asistentes escribieron su compromiso personal en la lucha contra la corrupción. Cabe mencionar que la mayor parte de expresiones plasmadas en el proyecto fueron frases de apoyo, despedida y admiración al ente investigador.

En los 11 años de su mandato, 1,540 personas estuvieron vinculadas con investigaciones del Ministerio Público (MP). Su carácter polémico permaneció desde su gestación, durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), hasta la actividad citada, donde un considerable grupo de ciudadanos ingresó para expresar su desacuerdo con el quehacer de la institución.

Entre los inconformes estaban miembros de Guatemala Inmortal (GI), Francisco Valdés Paiz,  uno de los hermanos sobrevivientes al proceso de CICIG por el caso Rosenberg, conocido como un burdo montaje jurídico a nivel internacional. Además, los esposos Igor e Irina Bitkov intentaron ingresar pero no les fue permitido con el argumento de que no había espacio, aunque Irina Bitkova publicó en sus redes una fotografía donde es evidente que más de la mitad del salón estaba libre en ese momento.

La protesta de los afectados por la CICIG y de quienes sin haber sido investigados ni señalados en ningún caso, disienten de su actuación, fue el momento más mediático en las dos jornadas de la despedida.

“Una película de horror”

El abogado y columnista Giovanni Fratti, de GI, dijo a Perspectiva que la gestión de la CICIG, su informe final y el seminario de su despedida son como “una película de horror o de ciencia ficción”.

Según Fratti, uno de los elementos que muestran el absurdo de estos años bajo el mandato de la CICIG, es la actitud del grupo llamado G13, “que donaron dinero para esa aberración jurídica y que nunca admitieron su error”.

Lo importante en el evento, señala, fue el grupo de “individuos valientes que además de algunas viudas llegaron a protestar. Son muchas las personas que resultaron afectadas permanentemente. Algunos sufrieron por la deshonra, otros cumplieron hasta seis años en prisión preventiva (lo cual es ilegal), y finalmente fueron absueltos, pero su dignidad y honra ya estaban profundamente lesionadas”.

Y continúa: “¿logros? Un listado falso que solamente puede ser creíble para cierta cantidad de guatemaltecos cobardes que recuerdan a aquellos pobres diablos de la época colonial cuando dependían absolutamente de los funcionarios coloniales, esperando beneficios o resolución a sus problemas desde la metrópoli. Guatemala es un país que puede autogobernarse, no necesitamos un rey extranjero ni una intervención. Podemos gobernarnos solos”.

Un dato bastante polémico que se hizo patente en el seminario de la CICIG, fue la presencia de jueces que la propia entidad definió como “colaboradores” en medios internacionales.

Según afirma un abogado en las redes sociales: “Cuando CICIG, que actúa como querellante, invita a un panel a los jueces de sus casos para halagarlos, agradecerles y promocionarlos, la imparcialidad está contaminada y la probidad comprometida. Eso es corrupción”.

Similar situación puede mencionarse sobre la presencia y evidente aval a la CICIG por parte de Jordán Rodas, quien como Procurador de los Derechos Humanos (PDH),  tuvo más de una actitud que lo ubicó del lado de la fiscalía, cuando la misión de un “ombudsman” es garantizar que se cumplan los derechos de los reos y acusados, independientemente del delito que se les hubiera imputado.

Finalmente, es desconcertante la participación de la ex fiscal Thelma Aldana. Aunque expuso a través de videoconferencia (como Antonio Guterrez y los tres ex comisionados), no puede dejarse de mencionar que existe una orden de captura internacional contra la ex funcionaria, quien estaría asesorando al gobierno de El Salvador en el montaje de un ente homólogo de la CICIG.

Sin embargo, la condición de prófuga de Aldana no fue un obstáculo para que la fiscal Consuelo Porras y otras autoridades participaran en el evento, sin cuestionar sobre el paradero de la perseguida por la ley.

Tres comisionados después, el índice de impunidad se incrementó

En junio recién pasado, la CICIG presentó el informe titulado Una mirada a la justicia y el Estado de Guatemala. Según ese documento, el índice promedio de impunidad en el país osciló entre 92.4% y 97.6%, con un promedio de 94.3%.

El dato evidencia una situación crítica en cuanto a la resolución de los casos criminales, sobre todo porque en 2013, el comisionado Francisco Dall´Anese aseguró a los medios guatemaltecos que la impunidad había bajado del 95% al 70%.

De los tres funcionarios que estuvieron al frente de la CICIG el más protagónico fue Iván Velásquez, tanto por la mayor extensión de su mandato, como por su papel en la captura del ex presidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidente y otros funcionarios de ese gobierno.

Velásquez es un personaje amado y odiado en Colombia, donde se le conoce como cercano a la ex guerrilla (que a su vez, tuvo fuertes nexos con el narcotráfico y otros hechos criminales).

Entre las amistades cercanas a Velásquez están el ex candidato izquierdista Gustavo Petro y la juez Marta Lucía Zamora, quien estuvo a cargo de una sucursal de la CICIG en Xela. Zamora debió renunciar recientemente a su puesto en Colombia, donde se le señala de favorecer a ex guerrilleros en casos judiciales.

Dall´Anesse, quien ha dicho a los medios que su mayor logro en la CICIG fue el caso Pavón, cuyo principal acusado, el ex ministro Carlos Vielmann fue absuelto en España, está señalado en su país por “sacar documentos confidenciales y protegidos por el secreto bancario” para favorecer a su cliente, una funcionaria del Banco de Costa Rica procesada por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Finalmente Carlos Castresana, primer comisionado de la CICIG, era el titular de esa comisión cuando se llevó a cabo la investigación del caso Rosenberg, donde según Valdés Paiz, se ofrecieron beneficios a uno de los asesinos de Rosenberg a cambio de un testimonio que resultó falso.

Como en muchos de los casos, luego de varios años de calvario y prisión preventiva sin medidas sustitutivas, el fallo terminó absolviendo a los señalados. No puede dejar de mencionarse la crueldad contra algunos de los procesados en los casos de la CICIG-FECI, como el del político Manuel Barquín, a quien en la cárcel le administraron penicilina siendo alérgico y habiendo alertado esto, y a quien ya moribundo, la juez Erika Aifán negó una medida sustitutiva.

Aunque es un hecho indiscutible y aceptado que la CICIG se retirará de Guatemala el 3 de septiembre, los intentos por forzar la ley y mantener a la entidad en el país son evidentes. Un rumor asegura que la CC podría otorgar los amparos ya solicitados para garantizar la permanencia de la comisión.

El momento es álgido y las posiciones del sector ciudadano que se interesa en los temas nacionales están divididas entre quienes expresan en redes que la CICIG es “lo mejor que le ha ocurrido a Guatemala en su historia” y que su partida será como “quitarle un respirador a un paciente terminal”, y otro sector, para quien la partida de la CICIG es irreversible, puesto que:

“la CC no puede mediar en el acuerdo entre la ONU y el gobierno, porque no está citada en el mandato como parte interesada para la resolución de conflictos entre ambas partes. En todo caso, le compete a la Corte Interamericana de Justicia”.

Otra de las expresiones comunes en las redes sociales es que quienes se oponen a la CICIG seguramente son corruptos o familiares de personas señaladas por la justicia. A esto, un “tuitero” respondió:

“No soy anti CICIG. Soy anti: casos basados en testigos protegidos-colaboradores eficaces y la debatible veracidad de su palabra; encarcelamientos injustos, falta de pruebas, abuso de prisión preventiva, show mediáticos y linchamiento social de los acusados, entre otras cosas”.

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