El candidato presidencial del Partido Unionista (PU), Pablo Duarte, concedió una entrevista a Perspectiva para dar a conocer algunos aspectos de su propuesta gubernamental. Duarte Sáenz de Tejada fue diputado durante los últimos veinte años, y según afirma, jamás estuvo vinculado con la corrupción.

Roxana Orantes Córdova

Pablo Duarte fue fundador del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de donde renunció cuando se hizo público el apoyo que el conocido “capo” de las Aduanas, Alfredo Moreno, había dado a la campaña electoral de Alfonso Portillo. “Ahí se dio a conocer la Línea por primera vez”, recuerda y agrega que Álvaro Arzú metió preso a Moreno, pero este fue liberado por Portillo.

Sobre el proceso electoral actual comenta: “estoy sumamente preocupado. No importa que los candidatos sean limpios o no, si tienen o no tienen tachas. Puntean los que tienen los líos más espantosos. Es lamentable, porque existen políticos con trayectoria limpia”.

Roxana Orantes Córdova

¿Cuál es la historia del Partido Unionista?

Hacia el final del gobierno de Álvaro Arzú, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), entró en una crisis motivada por el entonces jefe de bancada, Leonel López Rodas y su grupo de amigos, quienes lograron escamotearle el partido a Álvaro durante el inicio del gobierno de Alfonso Portillo.

La bancada se dividió y un grupo de diputados, entre quienes estaba Héctor Cifuentes, constituimos el partido. Así nace el PU.

¿Cómo se inspiraron en la gesta Unionista de los años 20 para nombrar su partido?

Álvaro nos habló de la gesta unionista que logró derrocar a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, en 1920. El unionismo fue uno de los pocos movimientos populares que hubo en nuestro país. Para que haya una revolución debe haber ciertas condiciones, como un enfrentamiento armado y cambios sustantivos en los campos económico y político. Esto sucedió en la Revolución Liberal de 1871 y en la del 20, aunque en 1944 no hubo tal.

¿Cuál es su propuesta de gobierno?

La primera línea será retomar el principio de autoridad. Actualmente no se sabe quién manda. Cada ministerio, secretaría y dependencia hace lo que le da la gana. Es necesario tener políticas de Estado y que se cumplan.

En segundo lugar, promover que personas idóneas ocupen los puestos públicos. Se hará un inventario de quienes trabajan en el Estado y se hará una purga de quienes están por tráfico de influencias: amigos, parientes y casos similares.

Para esto debe contarse con una Ley de Servicio Civil que permita establecer los requisitos para ser un servidor público. Eso resignificará la función del servidor público.

Otros dos puntos de importancia en la gestión del Estado son los emplazamientos y los pactos colectivos.

¿Qué implican los emplazamientos y los pactos para el Estado?

Cuando una institución está emplazada no puede realizar despidos. Es así como varios empleados ineficaces e ineficientes, incluso algunos que han cometido faltas serias, deben ser reinstalados si se les despide. Los pactos colectivos, especialmente los de Salud y Educación, lejos de mejorar estos servicios, son tratados con las condiciones más leoninas para el Estado.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) debe renegociar estos pactos, que llegan a condiciones tan absurdas en algunos casos, como en Salud y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que los puestos de trabajo son hereditarios.

Considero que es necesario hacer una depuración del Estado como la que hizo Álvaro Arzú al tomar posesión. Hay que retomar la gobernabilidad.

¿Qué es la gobernabilidad?

Cuando un gobernante quiere implementar una política de Estado, el mayor opositor suele ser el sindicato de la institución relacionada con ese proyecto. Se dan amenazas, chantajes y protestas ejercidas por diferentes grupos de presión. Eso no es ciudadanía.

La gobernabilidad es la capacidad del gobernante para echar a andar una política de Estado, logrando eliminar los chantajes y presiones. En mi gobierno no habrá paros que obstaculicen el tránsito.

No habrá huelgas y manifestaciones que no hayan sido autorizadas legalmente, según los procedimientos que existen. El primer paso para una huelga es la negociación y eso ya no se da.

¿Cómo reorganizaría el Estado?

Hay tres temas centrales. En primer lugar, la competitividad, que tiene como base la certeza jurídica. En segundo, la infraestructura, constituida por carreteras, telefonía y electrificación. En tercer lugar,  un proyecto integral de seguridad ciudadana que incluya el fortalecimiento de la inteligencia, la profesionalización de la Policía Nacional Civil y además, establecer el número de efectivos militares que se necesitan para cubrir las áreas fronterizas y las zonas donde se trasiegan drogas.

Las invasiones de fincas serán desalojadas. No necesitamos una orden judicial para echar a quien se mete en nuestra casa. No permitiremos grupos paramilitares que funcionan de manera ilegal. Si andan armados y atacan a las fuerzas de seguridad, deben saber que solamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza.

¿Qué actitud adoptaría hacia la CICIG?

Es un tema terminado. Estuvo once años en Guatemala. Cuando decimos que el Ministerio Público no está listo para realizar la persecución legal, se infiere que la CICIG fue un fracaso. Y esto está refrendado por una dependencia de la ONU, el PNUD, cuyo informe asegura que en Guatemala existe una tasa de impunidad del 98.5%.

Es decir, de cien casos, se resuelven 2.5. Esto muestra el fracaso de la pretendida lucha contra la impunidad, que era el propósito de esa comisión. Pero además, la mayor parte de sus casos son rotundos fracasos.

Muchos de los señalados han sido liberados porque no se les pudo probar nada.  En la inmensa mayoría de casos se usaron testigos falsos, nunca pruebas científicas. Guatemala no necesita de la CICIG. El tratado no se puede ratificar. El 20 de septiembre, la CICIG será historia. Como gobernante, no estaría en mis planes proponer el replanteamiento de un tratado similar.

¿Qué aspectos deben cambiarse en el sistema de justicia?

En un juicio no deben participar más de dos instancias. Actualmente, todos los casos terminan en la Corte de Constitucionalidad: penales, civiles, laborales. No puede ser que la CC siga interviniendo en diferentes asuntos y emitiendo fallos aberrantes. Habría que pensar en una reforma constitucional para modificar las atribuciones de esa corte, si fuera el caso.

¿Cuál es su opinión sobre el protagonismo de Thelma Aldana en una contienda donde probablemente no participará?

En primer lugar, no creo que tenga tantos adeptos. Su principal tema es la lucha contra la corrupción y según encuestas recientes, para los ciudadanos la corrupción está en el sexto lugar entre sus preocupaciones, que son empleo, agua, seguridad…

Todo lo que ella dijo anteriormente cuando fustigaba a los corruptos es lo que hace ahora. Se niega a presentarse a la justicia, intentó subterfugios para inscribirse como candidata y obtener inmunidad.

Demostró que muchas de sus afirmaciones cuando fue Fiscal General eran mentiras. Por ejemplo, cuando aseguró que no le interesaba participar en política y se dedicaría a la academia. Iván Velásquez la dejó preparada como candidata, pero a pesar de todo fracasó.

¿Cómo hace campaña con las innumerables restricciones que la nueva ley electoral impone?

La ley electoral actual fue impuesta por la CICIG. Es casi imposible hacer campaña con el bloqueo impuesto a los medios masivos y canales de televisión. Por ejemplo, si realizamos un mitin con cinco mil asistentes, y lo transmite la televisión, es visto por tres millones. Actualmente esto no es posible.

Está demostrado que esta lay electoral no funciona y que es un lamentable control a los principios democráticos. No hay debate, las redes sociales están controladas. Habrá que esperar si algún medio serio se anima a promover los debates.

Hago campaña caminando mucho. No se logra abarcar lo necesario. Trataremos de organizar estrategias de comunicación a través de redes. La meta es llegar a la segunda vuelta. Tenemos como ventaja que el símbolo es conocido, así como la presencia del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.

Somos un partido donde hay gente interesada en el país y que no está implicada en ningún hecho de corrupción. Durante 20 años como diputado en el Congreso, jamás fui señalado”.

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